“La psicología jurídica y forense debe ser una de las miradas que reemplace la venda de los ojos de la justicia ciega y errante” Tapias

La situación de violencia social, política y familiar en Colombia ha planteado la necesidad explícita de psicólogos que coadyuven al aparato de administración de la justicia, esta demanda es creciente desde las instituciones judiciales, las policiales, los profesionales de otras disciplinas, las víctimas, etc. Coyunturalmente la modificación del sistema penal mixto vigente en Colombia hacia el sistema acusatorio, amplía las posibilidades de intervención y de ámbitos laborales para los psicólogos jurídicos y forenses.

Frecuentemente se ha tratado de solucionar dicho requerimiento a través de las Universidades, sus docentes y sus psicólogos practicantes, pero cada vez es más evidente que se requiere de profesionales muy bien calificados y experimentados, por lo cual se han fundado programas de Postgrado que acreditan a profesionales como especialistas, logrando formar psicólogos jurídicos que afronten los problemáticas  de manera idónea; no obstante es superior el número de psicólogos que se requieren. Incluso el Ministerio de educación a través de los exámenes de calidad de la educación superior ECAES, recientemente reconoció a la Psicología Jurídica como un área electiva de evaluación de los programas de pre grado Psicología, de manera que la Academia también ha estado presente y ha sido responsable de esta evolución.

El ejercicio profesional en el ámbito judicial, se ve matizado por la elevada responsabilidad de los asuntos que le conciernen y de allí se deriva que debe regularse  la mala praxis en pro del bienestar social.

Con todo lo mencionado, la necesidad social, la posibilidad académica, la responsabilidad con la comunidad  justifica la creación de la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense, como un ente que difunda la disciplina, promueva la formación, regule el ejercicio profesional y vincule profesionalmente a los psicólogos jurídicos y forenses con las entidades estatales encargadas de administrar justicia.