EL ROL DEL PSICÓLOGO JURÍDICO EN LA REVICTIMIZACIÓN EJERCIDA POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA, HACIA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (DFI)

 

GINA MARCELA SUAREZ BUSTAMANTE

Entender el proceso de Revictimización conocida también como Victimización Secundaria que es toda acción u omisión que empeore el estado físico y/o psíquico de la víctima cuando busca ayuda y se relaciona con el sistema legal, instancias en las que puede encontrar insensibilidad, incomprensión, nuevas agresiones, que se ponga en tela de juicio, dilaciones o falta de información (Echeburua, Corral, Amor, 2004); implica en Colombia, entender múltiples articulaciones y tensiones entre, no solo el aparato que sostiene la elaboración de las políticas dirigidas hacia el tratamiento de la víctima de DFI, sino también desde el carácter epistémico mismo de la relación entre el sujeto especializado que interviene y el sujeto que es intervenido. Desde este horizonte, la revictimización puede dislocarse desde tres nudos que la reproducen constantemente y complejizan el tratamiento de la integralidad de los sujetos víctimas de la violencia.

En este ensayo se tratara el tema de la revictimización desde tres puntos de vista: (1) analizando el papel institucional, en la construcción de políticas que actúan como modelos de atención victimizadoras, (2) en la producción de estas mismas, a través de agentes victimizadores que aplican, reproducen y ejecutan estrategias, planes y programas de acuerdo a los lineamientos estandarizados de instituciones que hacen parte del sistema de atención a población en condición de desplazamiento. (3)  Esto, cuestiona, el carácter ético al que se enfrenta el psicólogo en situaciones enmarcadas en comportamientos que implican tensiones entre su rol y las implicaciones jurídicas que se presentan en este tipo de problemáticas sociales como lo es el DFI.

El primer desafío que enfrenta el país es la violencia ejercida por las organizaciones criminales, específicamente por grupos armados ilegales, los cuales se han expandido debido al crecimiento de los cultivos ilícitos, el control de territorios geoestratégicamente ubicados, en el marco de la oscura y triste realidad del narcotráfico; situación que genera desplazamientos forzados individuales, masivos, sumados a las masacres y muertes colectivas, algunas conocidas y otras tantas desconocidas.

Esta problemática obliga a las familias habitualmente campesinas, indígenas y afrodescendientes a que sus niños, niñas, mujeres y hombres convivan en situaciones precarias e indignas, debido a que se ven obligados a abandonar su lugar de residencia, sumado a la pérdida de sus actividades económicas habituales y a la perdida de libertades personales las cuales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. Generalmente estas situaciones de violencia acontecen con pérdidas de un ser querido, generando así procesos de duelo, escenario que se añaden a los contextos de precariedad, donde los recursos son escasos y las condiciones de exclusión social hacen parte de la vida cotidiana de estas población.

En medio de este conflicto armado interno, las comunidades de diferentes regiones del país, no solamente han sido desplazadas, sufriendo el desarraigo cultural, territorial, climas de terror y miedo, desconfianza, aislamiento, silenciamiento de lo sucedido, ansiedad, preocupación, impotencia, incredulidad, confusión, ruptura de dinámicas comunitarias de transmisión de poder, saberes culturales y mecanismos de resolución de conflictos, sino también, negligencia en algunas ocasiones o ausencia de las obligaciones en la atención, orientación y acompañamiento de las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD). En efecto, estas víctimas experimentan un temor denominado por Serrano y Vázquez (2007), como el Miedo Al Delito que hace referencia al temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas nuevamente de la delincuencia y más aún, cuando estas víctimas han sido violentadas por integrantes de grupos que todavía hacen presencia en las regiones.

“Las cifras presentadas por el Registro Único de Población Desplazada, RUPD, dan cuenta de 2.977.209 personas en condición de desplazamiento. Este sistema ha arrojado un promedio de 275.000 personas desplazadas desde el 2002”. (Ordoñez, Articulo del 27 de Julio de 2009).

Dado que, las Encuestas de Victimización que son los indicadores para medir la criminalidad y la violencia, son otro foco de estudio relativo con respecto a lo investigativo y metodológico, a la generación de instrumentos, ya que las Encuestas de Victimización son una valiosa fuente de información, pero pueden complementarse con nuevas técnicas. (Hernández, 2011).

En igual sentido, las víctimas de esta problemática social, como es el DFI, se enfrentan a diversas situaciones que en algunas ocasiones tienden a victimizar aun mas a las personas que sufren el desplazamiento y desarraigo de sus lugares de hábitat; evidenciándose generalmente falta de voluntad política del gobierno y las instituciones para dar una respuesta real y efectiva al desplazamiento y garantizar el Goce Efectivo de Derechos a los migrantes forzados. Es más, en ocasiones el temor que expresan las víctimas, está claramente relacionado con la sensación de incertidumbre y desconfianza en las instituciones facultadas en prevenirlo y si bien este temor no siempre tiene correlación, lo irrefutable es que esta desconfianza está relacionada con la inadecuada imagen de los organismos encargados de la justicia en cuanto a su ineficiencia y grado de corrupción.

A partir de “La Sentencia T-025, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, abarca un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país, por un evidente “estado de cosas inconstitucional”. Afirma la Corte que el respeto y garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas, para garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. El no acatamiento de la ley por parte del Estado constituye una falla en la realización de aquellas funciones que le son propias, por lo cual debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas, dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada, prevaleciendo siempre la efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de las políticas públicas”

Desde esta perspectiva y en el marco de la Ley 387 de 1997 se conforma el SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada), el cual debe velar por el goce efectivo y el restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados a las familias colombianas desplazadas por el conflicto armado, a través de la conformación de Comités Municipales y Departamentales de Atención a Población Desplazada, en los cuales intervienen instituciones como: Acción Social, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), INCODER (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural), SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), Policía Nacional, Fuerzas Militares, Alcaldías Municipales, Gobernaciones Departamentales, entre otros.

Estas instituciones han elaborado una serie de políticas, planes y programas en el marco del Enfoque Diferencial, el cual permite restituir los derechos de esta población, partiendo del hecho de que cada ser es individual, con características particulares, costumbres diferentes entre cada región y/o municipio, que se desarrollan en un contexto social y colectivo pero con características que atañen a cada persona, que además siente y expresa de manera diferente el impacto que le ha dejado el conflicto y por ende la problemática social del Desplazamiento. De hecho, el Enfoque Diferencial, es un método de análisis que toma en cuenta las diversidades e inequidades existentes en la realidad, con el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los derechos de la población. Emplea un análisis de la realidad que pretende hacer visibles las diferentes formas de discriminación contra aquellas poblaciones consideradas diferentes. El Enfoque Diferencial parte de un concepto claro del derecho a la igualdad, el cual supone que personas en situaciones similares deben ser tratadas de forma igual, y que aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera distinta, en forma proporcional a dicha diferencia. Se reconocen desde el derecho internacional, entre otras, las necesidades diferenciales de protección de las víctimas del desplazamiento y los refugiados, como también necesidades específicas que tienen los niños y niñas, los adultos mayores, las mujeres y las minorías étnicas.  (Ministerio de Cultura, 2009).

Sin embargo, en el desarrollo y aplicación por parte de las  políticas institucionales se exige un cumplimiento  de las mismas y se privilegia la cuantificación a través de metas de cumplimiento en algunas ocasiones, mas allá de la atención personalizada y cualificada que atañe a cada persona dada la complejidad del impacto emocional y social, ocasionado por  esta problemática. Esta dinámica institucional se refleja en situaciones no muy lejanas que hemos visto a través de los medios de comunicación como las acciones de tutela, donde la población desplazada exige el cumplimiento de sus derechos y se emite por la Corte Constitucional los Autos 092/2008, Auto 251/2008, Auto 004/2009, Auto 006/2009, Auto 005/2009, Auto 007/2009, Auto 008/2009  y Auto 011/2009, sumado a las no muy lejanas, manifestaciones de esta población exigiendo el cumplimiento oportuno de sus derechos, como seres integrales emanados dentro de una sociedad que cada vez ejerce mas exclusión social y por ende revictimización de esta situación.

Es en este tipo de situaciones, como se mencionaba anteriormente, donde los funcionarios del sistema, se ven obligados, debido al cumplimiento de metas institucionales, a ejercer su rol, en algunas ocasiones de una forma mecánica y ligera sin tener en cuenta las necesidades psicosociales que demanda la atención a esta población en condición de desplazamiento, tornándose como agentes revictimizadores, durante la atención, apoyo y acompañamiento a las familias colombianas que han tenido que vivir la dinámica del conflicto armado.

En efecto, es importante tener en cuenta que las Naciones Unidas en su Declaración de  1985, menciona: “La Asamblea General Recordando que el VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente recomendó que las Naciones Unidas continuaran su actual labor de elaboración de directrices y normas acerca del abuso del poder económico y político, Consciente de que millones de personas en el mundo sufren daños como resultado de delitos y del abuso de poder y de que los derechos de esas víctimas no han sido reconocidos adecuadamente, Reconociendo que las víctimas de delitos y las Víctimas Del Abuso De Poder, y frecuentemente también sus familias, los testigos y otras personas que les prestan ayuda, están expuestos injustamente a pérdidas, daños o perjuicios, y que además pueden sufrir dificultades cuando comparecen en el enjuiciamiento de los delincuentes.

En consecuencia a todas estas situaciones, las víctimas se han venido organizando a través de los Movimientos de Víctimas, reseñados por García, Pablos (1996) citado por Tapias, A (2011), como ejemplos emblemáticos de Resiliencia y estrategias de afrontamiento positivos con ellos se observa víctimas dignas, fuertes, con conocimientos y en  posición de exigibilidad de beneficios psicológicos y jurídicos. Estas organizaciones son diferentes de los grupos de mutua ayuda que básicamente tienen fines terapéuticos, en contraste, los movimientos asociativos se trazan objetivos psicojurídico de defensa de sus derechos, de recuperación de su dignidad y salud mental, mantienen la historia real y no solo la verdad probada jurídicamente, propenden por visibilizar las injusticias y por el restablecimiento de la verdad, la justicia y la reparación.

Precisamente, estos movimientos contribuyen a dichos procesos de Resiliencia, entendida esta, como la capacidad de recuperarse de la adversidad para obtener fortalecimiento y crecimiento de esta experiencia, incluyendo así, procesos de adaptación, aprendizaje y cambio. Molano, González, Muñoz, Realpe, Acosta, González, Puerto, Rangel, Jiménez, Rodríguez, Martínez, Posada, Bayón, Muñoz, Monroy, Sarmiento, Cardozo, Pinilla, Orozco, Quijano, Bozon, Méndez, Contreras, Cortez y Fajardo (2009)

En Colombia un ejemplo de movimiento de víctimas es ASFADDES – Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos que se propuso desde su inicio, como misión, luchar coordinadamente con todos los asociados y organizaciones afines, por encontrar los detenidos desaparecidos, exigiendo al estado colombiano la plena vigencia y la garantía del derecho a conocer la verdad, la aplicación de la justicia, la reparación integral y la recuperación de la Memoria Histórica. Y como objetivos se ha propuesto mantener la memoria, dignificar las víctimas, tipificar la desaparición, posicionarse como grupo de opinión y brindarse apoyo mutuo. (Tapias, A, 2011)

En este sentido, como menciona Tapias (2008), los Psicólogos Jurídicos como expertos en lo humano estamos llamados a evocar soluciones viables, integrales, eficaces y no solamente represivas, a cooperar con la justicia que con frecuencia puede no tener nada que ver con el Derecho, a poner el toque humano en el frio y rígido sistema judicial, a cuestionar las normas, sus principios y su eficacia, a fomentar la responsabilidad prosocial no solamente de las personas directamente implicadas sino de los estamentos gubernamentales y de la sociedad en general. Sin caer en simplismos nuestro ideal apuntaría hacia fomentar la justicia y la humanización de lo jurídico, es decir, construir una administración del derecho más justa y humana, lo que no necesariamente coincide con aplicar la ley al pie de la letra.

De tal manera que el psicólogo jurídico, debe utilizar estos elementos para orientar, asesorar, intervenir y ejecutar en su “deber ser”, promoviendo acciones encaminadas a la restitución de derechos de la población víctima del conflicto armado, no solo desde el cumplimiento de una metas institucionales, sino de igual forma o en mejor medida desde el fomento del buen trato, la atención, acatando las características individuales de cada ser y de su situación, la cual no podemos seguir erróneamente pensando que es la misma en toda la población desplazada, debido a que cada desplazamiento, cada  masacre, cada víctima del conflicto armado ha sido particular por sus condiciones emocionales, sociales, políticas, de lugar y tiempo, el cual amerita una atención especializada para cada caso.

Así mismo, los Psicólogos Jurídicos estamos obligados a seguir analizando, diseñando y asesorando políticas sociales e instituciones del orden gubernamental y no gubernamental para que encaminen sus lineamientos de atención a la optimización del Goce Efectivo de Derechos que sean además eficaces, capacitando así a sus funcionarios para que con calidad humana, ética y profesionalismo, evitemos la revictimización y negligencia en nuestro quehacer profesional dirigido a las familias colombianas victimas del desplazamiento forzado interno.

Ahora bien,  si tuviéramos en cuenta lo mencionado hasta el momento, podremos llevar a cobo óptimos procesos de Reparación a las Víctimas, teniendo en cuenta que en el contexto de violaciones a los DDHH y al DIH, Naciones Unidas (1997), se ha establecido que el derecho a obtener Reparación abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima y el conjunto de medidas que deben adoptarse, medidas de restitución cuyo objetivo es lograr que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes.

Así mismo y como lo plantea el IIDH (2006), el derecho a obtener Reparación deberá incluir tanto medidas individuales como colectivas. Por un lado, Individualmente, las víctimas y sus familiares o las personas a su cargo podrán interponer un recurso efectivo, las medidas colectivas incluyen el reconocimiento público por parte del Estado de su responsabilidad y la adopción de medidas para garantizar la no repetición del delito. La Reparación entonces la debe garantizar el Estado y es un proceso integral que busca resarcir la situación brindando caminos para que las victimas se recuperen en el sentido Económico, Social y Psicológico.

Por ejemplo, las medidas de reparación y reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas no se pueden quedar en la reparación sencillamente patrimonial y económica, que si bien este componente resuelve algunos problemas del momento crítico que enfrentan los familiares, no integra todos las aspectos coyunturales de la perdida en sí misma, que como lo fundamenta la Corporación AVRE (2007), a las perdidas físicas y materiales se les suman los duelos por las pérdidas de sentido y de significado, que tienen un gran impacto en la cultura y en la cohesión de las comunidades, teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto, en este caso el Colombiano, en el cual en muchas ocasiones la población se ve expuesta a amenazas y revictimizaciones por agentes del Estado que supuestamente brindan soporte. En este orden de ideas, los procesos de duelo individual y colectivo se ven truncados afectando seriamente la salud mental de las víctimas y sus procesos de recuperación emocional.

Por tanto la Memoria Histórica, se constituye en una herramienta para algunos casos única, construida en las prácticas sociales de las comunidades y parte de una serie de significados propios dados en la dinámica histórica de cada pueblo. Según la Fundación Manuel Cepeda Vargas (1998) “la recuperación de la memoria tiene una importancia cultural política y es un proceso que puede contribuir a la reconstrucción y fortalecimiento de redes sociales y a la recuperación crítica de procesos históricos. Al contar y escuchar se provoca un proceso de reconocimiento, no sólo de quiénes somos, del nosotros, sino del quiénes son, de los otros. Este planteamiento permite pensar a la memoria como reparación social”.  Girón y Puerto (2006).

De ahí, que la Constitución De Parte Civil dentro del proceso penal  sea todo ese panorama jurisprudencial y doctrinal respecto a la indemnización de perjuicios a la víctima / ACCION DE REPARACION DIRECTA Y ACCION CIVIL. En el Consejo de Estado la primera posición de la Sala es la de que no se admite simultáneamente la reclamación de los perjuicios por la jurisdicción civil y contencioso administrativa. Existen otros criterios jurisprudenciales que respaldan la tesis según la cual quien se constituye en parte civil en un proceso penal puede accionar contra la entidad demandada ante el juez Contencioso Administrativo. Sobre esta posición destaca el contenido en sentencia del 15 de mayo de 1997, expediente: 10.150, actor: Fortunato Pérez Polo. (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2005. Articulo recuperado de http://www.colectivodeabogados.org/)

En síntesis, llegaría afirmar que no solo es tarea del Psicólogo Jurídico, sino de todo un sistema conformado por una interdisciplinariedad de áreas, la responsabilidad y el compromiso por ser idóneos, éticos y ante todo no perder la calidez humana y la empatía  en la atención, acciones psicosociales y reconstrucción de un país que sigue creciendo paradójicamente, en un mundo inmerso de violencia, enmarcada por la corrupción, la negligencia y el mal uso del poder político, que desafortunadamente descentraliza el fundamento de las instituciones que velan por el bienestar social, psicológico y económico no solo de unas víctimas, sino de un país completamente víctima del DFI y de todo hecho de violencia en el marco del conflicto armado.

Referencias

ACNUR, Unidad de Protección. 2004. “Reseña. Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional de Colombia”. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2523.pdf (Consulta: 07/08/2010)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2005). Articulo del lunes 13 de junio, Recuperado de http://www.colectivodeabogados.org/

Corporación AVRE (2007). Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política. http://www.corporacionavre.org/

Díaz, F y Gutiérrez de Piñeres, C. (2008). La Psicología Jurídica y La Victimología. En Tapias, A y Gutiérrez de Piñeres (Eds.), Psicología Jurídica Perspectiva Latinoamericana. Edición electrónica. Bogotá-Colombia

Echeburua, Corral y Amor (2004). Evaluación del daño Psicológico en las Víctimas de Delitos Violentos pp. 227-244. Volumen 4 de la Revista Psicopatología Legal, Clínica y Forense.

Girón, C. Puerto, B. (2006). La dimensión simbólica y cultural de la reparación integral. Modulo Cultura y Memoria Fundación. Manuel Cepeda Vargas. Bogotá.

Hernández, G (2011). Psicología  Jurídica  Iberoamericana. Bogotá. Editorial Manual Moderno

ICBF. (2007). “Medida: Vinculación A Programas De Atención Especializada Para El Restablecimiento De Derechos Vulnerados.  Elaborado porla Subdirección de Lineamientos y Estándares, Versión Marzo 12.

IIDH. (2006). Atención integral a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos: Taller Psicojurídico. San José: IIDH. P.65-89

Ministerio de Cultura (2009). Enfoque Diferencial y Acción Sin Daño. Articulo del 18 de Agosto. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=26023

Molano, González, Muñoz, Realpe, Acosta, González, Puerto, Rangel, Jiménez, Rodríguez, Martínez, Posada, Bayón, Muñoz, Monroy, Sarmiento, Cardozo, Pinilla, Orozco, Quijano, Bozon, Méndez, Contreras, Cortez y Fajardo (2009). Intervención en Crisis Durante la Fase de Emergencia para Víctimas de Desplazamiento Forzado y Desastres. Memorias del Diplomado. Edita Ministerio de Protección Social, Organización Internacional para Las Migraciones e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Naciones Unidas (1997). Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. 49 períodos de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1997/20) 02/10/1997: C. Derecho a obtener reparación.

Naciones Unidas (1985). Declaración Internacional Sobre el Delito y Sus Víctimas. Articulo recuperado de www.periciascaligraficas.com/v2.0/resultados.

Ordoñez, F. (en prensa). Desplazados ¿Hasta Cuando La Victimización? Agencia Prensa Rural.

Serrano, A. y Vázquez, C. (2007). Tendencias de la criminalidad y percepción social de lnseguridad ciudadana en España y la Unión Europea. Madrid: Edisofer, S.L.

UNH9CR-ACNUR. “Ley 387 del 18 de Julio de 1997: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”.

 

 

 

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13 Comments

  • Lauren Novoa says:

    Es un tema bastante complejo considerando la linea de delincuencia que se maneja dentro del país, donde los derechos de muchos son vulnerados solo por satisfacción, poder y riqueza, de igual modo los planteamientos a este tema esperemos no se queden solo en reformas e implementaciones y que la labor realizada por el psicólogo jurídico sea mas respaldada y que este de una u otra manera sea eje importante en el proceso de cambio.

  • GERMAN AMADO says:

    Buenos Dias.
    Muy buena ponencia Gina, felicitaciones y gracias.
    Totalmente de acuerdo que para una revictimizacion y por que no una resocializacion; debemos estar todos atentos; tanto psicologos, como estado y la sociedad en general.
    Saludos.
    Gracias.

  • Natalia says:

    Es un tema complejo, difícil de abordar, los damnificados son los mas débiles, de clase pobre y siempre serán revictimizados por las políticas deshumanizadas. Es muy importancia que el rol de Psicologo Jurídico pueda ser tomado en cuenta, y empape a las distintas disciplinas de su saber para lograr un cambio real.

  • Zulma Mongui says:

    Muy buena ponencia. Aborda el fenómeno de revictimización desde diferentes perspectivas. Muchas Gracias.

  • Gloria Terrats says:

    De acuerdo con los comentarios anteriores, creo que el psicólogo jurídico tiene un papel importante como colaborador en los distintos estamentos judiciales

  • Gloria Lucía García Alvarez says:

    Cordial saludo.
    Detras de esta presentación percibo una persona muy sensible a nuestras problemáticas colombianas. Gracias por tan brillante análisis.

    Gloria L. García A.
    Unidad de Psicólogos Consultores
    Evidencia Digital
    Universidad Católica de Colombia

  • ULISES says:

    EL TEMA DARIA PARA PODER TENER MAS ENFOQUES PUES DEL TODO ES ALGO MUY COPLEJO PUES APLICAR BENEFICIOS PUEDEN SER MAL ENTENDIDOS POR LA SOCIEDAD Y LA PROPIA POBLACION PENITENCIARIA SINJ EMBARGO, ES ALGO QUE ES ALGO MUY RECURRENTE Y POCO VISTO POR NUESTRAS INSTITUCIONES DE APLICACION DE LA JUSTICIA SALUDOS

  • Edgar Santacruz says:

    Muy buena ponencia, felicitaciones

  • Tanya Maricela Loor Zambrano says:

    Hola a todos, muchas gracias por entrar en este tema que es muy importante, todos los psicologos deben tener el maximo cuidado en sus intervenciones con el objetivo de no revictimizar

  • Lissett Martínez says:

    El trabajo intredisciplinario en el tema de Justicia y la no revictimización en mi País aun esta en proceso de conformación muy valioso tu aporte.

  • Es un tema muy difícil,por lo tanto hay que tener mucho cuidado al momento de intervenir o defender alguna persona en caso de revictimización, no vaya a ser que más adelante uno como profesional se meta en problemas

  • Araceli Amanda Basolo says:

    Felicitaciones!!! Es un excelente análisis para evitar la revictimización y el importante rol del psícologo jurídico.

  • Brissa Ramirez says:

    creo que muchas veces se da l segunda victimizacion por la carga de trabajo y la mala politica economica, porque muchas veces nuestros gobernantes que son los encargados del presupuesto publico prefieren grandes obras visibles como parques o infraestructuras gigantes (que no tiene nda de malo) pero les restan presupuesto a las instituciones lo que recorta el elemento humano, y la carga de trabajo, tiende a desencibilizar a los servidores publicos encargados de los departamentos de atencion a victimas

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