ANALISIS CRIMINOLOGICO DE LA EJECUCI

ANALISIS CRIMINOLOGICO DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL LÍDER CAMPESINO ROGELIO MARTÍNEZ MERCADO

 MONICA VELASQUEZ

HADA GARCIA

CAROLINA TORRES 

Resumen

Desde un enfoque criminológico el presente documento recoge, los elementos, histórico contextuales fundamentales para comprender y analizar la dimensión e impacto de  la  ejecución extrajudicial, de Rogelio Martínez Mercado,  líder campesino de San Onofre Sucre, integrante del Movimiento Nacional de Vìctimas de Crímenes de Estado – MOVICE.

Se conserva en este análisis una  perceptiva de derechos humanos – DDHH y del derecho internacional humanitario – DIH, y se hace en el marco de la negociación de la Ley de víctimas y Ley de tierras.

Este análisis se hace teniendo en cuenta  el contexto de violencia sociopolítica en Colombia en el cual se ha dado la creación del paramilitarismo por parte de la estructura estatal, el proceso de desmovilización y la reingeniería de éstos mismos. Por otro lado, se tiene en cuenta el despojo de la tierra y el territorio que ha cobrado más de 56 vidas en el último año, la descripción del la víctima y su contexto,  los victimarios, la responsabilidad del Estado colombiano en este caso,  así como la propuesta de intervención y acompañamiento desde la Psicología Jurídica.

Introducción

Analizar un caso de violencia sociopolítica como es la  ejecución extrajudicial deRogelio Martínez, líder campesino, de San Onofre (Sucre), pone de manifiesto un contexto de violación sistemática de los derechos humanos en Colombia.

La investigación, comprensión y análisis del caso de Rogelio Martínez implicó encontrar múltiples tipos de violaciones que se han venido dando y repitiendo en el país, por lo tanto éste se lee en el marco de un contexto específico y no como un hecho aislado lo cual da una característica diferente al conceptualizar el asesinato de Rogelio no como un simple homicidio en persona protegida de acuerdo a la tipificación nacional según el Código Penal Colombiano sino como una ejecución extrajudicial según la interpretación internacional desde una perspectiva de los derechos humanos.  El presente es un informe criminológico que comprende un análisis de la situación contextual del caso, sus actores y la norma jurídica aplicable. Así mismo se anexa en audio una entrevista realizada a la esposa de Rogelio Martínez, la cual contribuyó en buena medida para el diagnostico de la política criminal en este caso de violación grave a los derechos humanos.

Gracias a la participación y vinculación del equipo de trabajo en organizaciones defensoras de los derechos humanos, como lo es el Movimiento de Victimas de crímenes de Estado – MOVICE  se facilitó en gran parte la comprensión general y particular del caso y la formulación de propuestas, conclusiones y sugerencias respecto del trabajo con víctimas, familiares y defensores de derechos humanos en Colombia.

Agradecemos la participación y colaboración de Julia, esposa de Rogelio, quien con sus palabras permitió mayor claridad del caso.

 Contextualización del caso

Rogelio Martínez Mercado fue un líder campesino y defensor de derechos humanos que ejercía un papel activo en la defensa de la tierra como otros campesinos lo han hecho en Colombia. Fue asesinado el 18 de mayo de 2010 presuntamente por la estructura paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María.

Junto a su familia y aproximadamente 52 familias, Rogelio se desplazó en el año 2001 de la Finca la Alemania de 556 hectáreas lugar donde habitaba, y la cual fue objeto de interés de paramilitares quienes los obligaron a desplazarse. El despojo se dio por paramilitares que estaban al mando de Rodrigo Peluffo Mercado, alias “Cadena” del Bloque Héroes de los Montes de María y la finca fue utilizada como una base para-militar.

El deseo de regresar a la Finca la Alemania y exigir sus derechos le generó varias violaciones a sus derechos como amenazas, señalamientos de  ser tildado de auxiliador de la guerrilla, esto, por ser del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE.

Rogelio denunciaba las amenazas de las cuales era víctima, puso en conocimiento de su situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó las medidas de protección del Ministerio del Interior el cual dio cuenta del riesgo extraordinario que corría Rogelio Martínez según resolución 001803 el 15 de enero del 2010 (tomado de http://justiciaypazcolombia.com/Asesinado-ROGELIO-MARTINEZ-MERCADO) basado en un estudio de riesgo de la Policía Nacional , no obstante le manifestaron que el subsidio de reubicación era por solo 15 días y que debía tomar la desición en el momento en que se le estaba informando de la decisión, por esta razón, Rogelio se vio obligado a firmar un documento que indicaba que él no aceptaba dicho programa.                     

Algunas Consideraciones conceptuales frente al caso

Violencia Socio Política

Según el Banco de Datos del CINEP (2010), por Violencia  Política se entiende aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado.

Tal tipo de violencia puede ser ejercida:

1. Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como Violación Derechos Humanos.

2. Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente, y en este caso:

 Esa violencia se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra y entonces se tipifica como Acciones Bélicas, se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se tipifica como Infracción al Derecho Internacional Humanitario;

3. Por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por motivaciones ideológico – políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen otras posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes mencionadas. En algunas ocasiones los autores son identificables como ajenos al Estado y a la insurgencia; en otras, la identidad de los autores no es posible determinarla pero sí hay elementos para identificar los móviles.

Dado que el elemento identificable en todos estos casos es la motivación, estos casos se tipifican como Violencia Político – Social. Dentro de esta categoría se clasifican algunas prácticas de la insurgencia que en estricto sentido no pueden calificarse como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tales como el secuestro y algunas prácticas de “limpieza social”, pero que se originan en un evidente móvil político.

Violaciones a los Derechos Humanos

Según la Defensoría del pueblo (sf) por violación a los derechos humanos debe “entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

La autoría estatal, como elemento determinante para tipificar una violación de derechos humanos, puede darse de varias maneras:

a.  Cuando el acto de violencia es realizado directamente por un Agente del Estado (a este respecto se entiende por Agente del Estado aquel que tiene funciones represivas o de control, o a quien se le ha asignado la protección de un derecho) que ejerce una función pública;

b.  Cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de agentes del Estado;

c.  Cuando el acto de violencia se produce gracias al desconocimiento de los deberes de garantía y protección que tiene el Estado respecto a su ciudad.

Concepto de Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario 

Cuando los actos de violencia se producen dentro de un conflicto armado, ya sea entre dos Estados (conflicto con carácter internacional), ya entre fuerzas beligerantes al interior de un Estado (conflicto con carácter no internacional), hay que calificar de otra manera los hechos violentos, pues el conflicto armado puede llevar a privar de la vida o de la libertad a los adversarios, afectar su integridad y sus bienes y destruir determinados bienes públicos.

“El Derecho Internacional Humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la guerra o del conflicto en cuestión. Tampoco entra a calificar los métodos del conflicto en relación con su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de toda guerra o conflicto armado que es la victoria sobre el adversario o, en cada acción bélica, la obtención de una ventaja militar sobre el adversario, objetivos que de todos modos exigirán eliminar vidas humanas, afectar la integridad y la libertad de personas y destruir bienes materiales. Si el DIH se propusiera salvaguardar valores éticos puros, no le quedaría más remedio que condenar la guerra y censurar todos sus desarrollos que incluyen eliminación de vidas humanas y daños en la integridad y libertad de las personas. Lo único que se propone es impedir los sufrimientos y destrozos innecesarios, o sea aquellos que no reportan ninguna ventaja militar sobre el adversario.” (CINEP, 2010)

Dentro de las fuentes más importantes del Derecho Internacional Humanitario estan los Convenios de La Haya de 1899 y de 1907; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; los dos Protocolos adicional de 1977; declaraciones, convenciones o protocolos internacionales que miran a restringir el uso de ciertos medios de guerra o a especificar puntos de los anteriores instrumentos, y lo que se ha llamado “el Derecho Consuetudinario de la Guerra”. Este último se sintetiza en la Cláusula Martens, redactada por el jurista ruso que elaboró el preámbulo del Convenio IV de La Haya de 1907 que fue reproducida en el Preámbulo de Protocolo II de 1977: “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda baja la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la ética universal”.

En el caso de Rogelio Martínez, se encuentra un tipo de violación al DIH que es, Por atacar objetivos ilícitos, es decir objetivos no militares (ya sea personas, lugares o bienes). Los diversos instrumentos del DIH contraponen los bienes considerados como “objetivos militares”, o sea, aquellos que en una guerra está permitido atacar, a los “bienes de carácter civil”, o sea, aquellos que no es permitido atacar.

Los “objetivos militares” los define así el Protocolo I de 1977:

“aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida” (artículo 52 Protocolo I de 1977)”.

 Esto implica que no puede definirse un objetivo militar de manera “preventiva”, sino en razón de lo que realmente aporta a la acción militar del adversario.

Victimización y Revictimización

Rogelio Martínez y su familia fue victimizado en muchas ocasiones y este proceso  se genera cuando una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. En el estudio del proceso de victimización hay que considerar dos dimensiones: los factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o (en la versión extendida del concepto de víctima) traumatizante, y, por otra parte, los factores que determinan el impacto de tal hecho sobre la víctima. (Domínguez, 2008)

De otro lado debemos considerar la revictimización o victimización secundaria, frente a la cual muchos autores coinciden en definirla como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, supone, un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión a cerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a las necesidades de las mismas (Kreuter, 2006; Soria 1998; Landrove, 1998).

Reparación

Cuando nos referimos a reparación, por necesidad tenemos que pensar antes en un daño previo, el cual es pertinente en el caso de Rogelio Martínez, entendiendo que había sido victimizado en el periodo de 2001-2010, lo cual concierne a una situación de pérdidas, duelo y muerte (tierras, amenazas y muerte).  En el contexto de violaciones a los DDHH y al DIH, la ONU (1997), ha establecido que el derecho a obtener reparación abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima y el conjunto de medidas que deben adoptarse, medidas de restitución cuyo objetivo es lograr que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes. Para el caso en estudio, la familia tiene el derecho a la reparación patrimonial y no patrimonial, con el fin de recuperar su situación anterior, que según la entrevista con Julia, la esposa aun no se evidencia reparación alguna.

Aproximaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según Informe 2010

La CIDH se ha pronunciado en diferentes ocasiones frente a la situación de violencia en Colombia. Hasta el momento han sido fallados 11 casos, sentencias en contra de Estado Colombiano, y en la actualidad existen más casos en espera. Tal como lo dice el informe de la CIDH (2010), es particularmente consciente de la compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil. También es consciente del efecto que el negocio del narcotráfico ha tenido en el empleo de la violencia y de los esfuerzos del Estado destinados a combatir ese fenómeno. Se observa que a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “AUC”), grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos y que tras cinco años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz únicamente se han proferido dos condenas que aún no se encuentran en firme. De igual forma, el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y es necesario que las investigaciones se adelanten con celeridad y de que se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos.

A la par de esta situación, la CIDH denota la continuidad de la violencia en Colombia, ya que se siguen  recibiendo denuncias sobre la comisión de crímenes por parte de agentes del Estado y grupos armados al margen de la ley. Además de los grupos armados emergentes, las FARC y el ELN continúan perpetrando actos de violencia con el fin de atemorizar y castigar a civiles y comunidades y emplean minas antipersonales en violación a las normas del derecho internacional humanitario. Estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil alimentan la continuidad del fenómeno del desplazamiento interno.

En el mismo informe de la CIDH (2010), se publican las cifras disponibles sobre muertes en el marco del conflicto, el “Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” de la Vicepresidencia de la República –conforme a su metodología — señala que entre enero y octubre de 2010 se habrían producido 12.811 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 32 masacres con 153 víctimas. Por su parte el CINEP –siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras— indica que entre enero y junio de 2010 se habrían producido 192 ejecuciones extrajudiciales; 19 homicidios intencionales de personas protegidas y 11 desapariciones forzadas. Indica que a junio de 2010 se han registrado seis episodios de “falsos positivos” que se proyectan en 11 víctimas de ejecución extrajudicial y 21 episodios de años anteriores con 29 víctimas que no habían sido registradas anteriormente. La CIDH considera pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.(CIDH, 2010 Informe Anual sobre la situación de Derechos humanos en Colombia).

En el informe la comisión destaca que el 20 de agosto de 2010 el Congreso de la Republica promulgó la Ley 1408 de 2010, la cual tiene como objeto rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, adoptar medidas para su localización y plena identificación, y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados. Asimismo, la Comisión observa con satisfacción la aprobación unánime en el Congreso de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual constituye un paso más hacia la ratificación de dicho Tratado. Cabe señalar que a noviembre de 2010 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 14.118 desapariciones forzadas.

Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años 2006, 2007 2008 y 2009. El esclarecimiento de estas denuncias y el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a los responsables y prevenir incidentes futuros, sigue siendo materia de especial interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional. El Estado informó que dio inicio a la primera fase del Acuerdo para llevar a cabo un Seguimiento a la Implementación de las 15 medidas en materia de derechos humanos suscrito con la OACNUDH en diciembre de 2009.

A continuación se presenta un cuadro que abstrae los delitos similares cometidos en el primer semestre de 2010, según la base de datos del CINEP (2010), el cual nos permite ver la dimensión en cifras de la situación de las organizaciones de victimas y de los defensores y defensoras de DDHH en Colombia.

TIPO DE DELITO ASOCIADO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Persecución y Homicidio a miembros de Organizaciones y Familiares de Victimas	El 18 de enero/10 paramilitares amenazaron a una sobrina del asesinado Alcalde de El Roble, Sucre (2003) Eudaldo Díaz Salgado. El lenguaje de los correos de amenaza deja en claro que persiguen a la familia Espitia Díaz por la denuncia y el seguimiento judicial a dicho crimen.
	El 10 de febrero/10 las madres de las víctimas de la masacre de La Herradura, ocurrida en 2003 en Riosucio, Caldas, fueron amenazadas vía telefónica, como lo han sido en muchas otras ocasiones por reclamar justicia.
	El 6 de marzo/10, miembros de la fuerza pública amenazaron a los integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE– en Pereira, Risaralda,, mientras conmemoraban el día Internacional de las víctimas. Con un enorme despliegue de fuerza contra los manifestantes y registros fílmicos y fotográficos trataron de impedir la manifestación internacional de las víctimas.
	El 10 de abril/10 nuevamente fue amenazado un hijo del asesinado Alcalde de El Roble Sucre (Eudaldo Díaz Salgado), mediante un panfleto en el cual le advertían que aún no habían acabado la tarea de exterminar a su familia.
	El 10 de abril/10 nuevamente fue amenazado un hijo del asesinado Alcalde de El Roble, Sucre (Eduardo Díaz Salgado), mediante un panfleto en el cual le advertían que aún no habían acabado la tarea de exterminar a su familia
	El 14 de abril/10 paramilitares “desmovilizados” de las AUC al mando de Fredy Rendón alias “El Alemán” ejecutaron a la lidereza Ana Isabel Gómez Pérez en Los Córdobas, Córdoba. La víctima era de la junta directiva del Comité de Familiares de Víctimas del Conflicto, la cual aglutina a más de 4000 personas y había luchado intensamente por la devolución de las tierras robadas por los paramilitares., terratenientes y empresarios.
	El 1° de mayo/10, al finalizar la marcha del primero de mayo en Pereira, Risaralda, agentes de la SIJIN y de la Policía sin portar identificaciones, detuvieron arbitrariamente a Julián Andrés Montaño, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE–e intentaron detener a otros del mismo movimiento pero encontraron la oposición de sindicalistas y otros marchantes. Intentaron judicializar a Julián pero no exhibieron ninguna prueba válida.
	El 11 de mayo/10 murió envenenado, según sus allegados, por paramilitares de las AUC que sirven de testaferros a quienes les robaron las tierras a los campesinos de Urabá, como Fredy Rendón o “El Alemán”, Raúl Hazbún, Jairo Humberto Echeverri Bedoya y Diego Echeverri Rico, el líder de las víctimas de esa zona, Albeiro ValdésMartínez, empeñado en la restitución de la tierra a las víctimas. Se había reunido con paramilitares el día anterior (lunes 10 de mayo) dentro de las negociaciones de devolución, y al final de la tarde informó que la reunión había concluido y que salía en ese momento de Turbo hacia El Totumo. Al otro día fue hallado muerto y en el hospital afirmaron que había muerto de manera “natural”, lo que no resulta creíble para su organización ASOVIRESTIBI. Su padre y uno de sus hermanos habían sido ejecutados por paramilitares.
	El 18 de mayo/10 fue ejecutado por paramilitares en San Onofre, Sucre, el líder campesino del MOVICE – SUCRE, Rogelio Martínez. Había regresado a su finca El Alemania de donde había sido desplazado por los paramilitares y había impulsado a muchas familias a retornar, a denunciar el robo de los territorios y a reclamar. Había llevado al sitio a la Comisión Ética sobre los Crímenes de Estado, por todo lo cual era perseguido.
	El 23 de mayo/10 fue ejecutado en Santander de Quilichao, Cauca, el líder de las víctimas campesinas del Alto Naya, Buenos Aires, Cauca, Alexander Quintero. Era el Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la zona y había resistido a partir de la masacre de 2001 reclamando al Estado por las víctimas de su sector.
	El 2 de junio/10 hombres armados amenazaron a Gloria Esther Rudas, en Soledad, Atlántico, cuando se dirigía a la escuela pública. Es desplazada de Remolino, Magdalena, donde uno de sus hermanos fue desaparecido y asesinado y ha sido perseguida por buscar justicia.
	El 9 de junio/10 paramilitares detuvieron, torturaron y amenazaron a Darwing Julián Chinome Marín en Bogotá, por ser hijo del líder cívico y sindicalista de la USO Gilberto Chinome, ejecutado el 28 de julio de 2005. Un hermano de Darwing fue llamado por teléfono por los victimarios, quienes le recordaron que cinco años antes lo habían llamado también para avisarle que habían matado a su papá y ahora lo llamaban para avisarle que tenían a su hermano. Luego de torturarlo todo el día, lo entregaron en la noche.

Como podemos ver en el cuadro se relacionan, en el primer semestre de 2010, 12 casos con delitos asociados o similares al homicidio del líder  Rogelio Martínez, sin contar los casos de persecuciones a organizaciones campesinas, estudiantiles, indígenas y comunitarias.

Para ampliar nuestro análisis a continuación presentaremos una tabla con información especifica de asesinatos en personas protegidas en Montes de María Sucre, con el objetivo de dimensionar al situación de los y las  pobladores y pobladoras, examinando como factores permanentes la sistematicidad  de la violación y los derechos humanos, la presencia permanente del paramilitarismo, la falta de garantías y protección a lideres y lideresas, la vinculación de la población civil en el conflicto armado, la permanente violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.  Tomamos como  fuentes principales: la base de datos del proyecto Colombia Nunca más, la base del Banco de datos del CINEP entre otras.

Delitos  y violación DDHH y el derecho internacional humanitario.	Descripción general de los hechos
Ejecución extrajudicial, :homicidio intencional persona protegida	Paramilitares que se movilizaban en una motocicleta ejecutaron con impactos de arma de fuego a un joven de 19 años de edad y a su amigo Fabian. Los hechos tuvieron lugar hacia las 7:30 p.m., en el parque del barrio Alfonso Montoya del casco urbano.2001-01-03
Ejecución extrajudicial, amenaza, homicidio intencional persona protegida, desplazamiento forzado,	Paramilitares del Bloque Norte de las AUC, que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban brazaletes con la sigla AUC, ingresaron a Chengue, corregimiento de este municipio, donde ejecutaron a treinta y cuatro campesinos. De ellos, diez habían sido llevados por los paramilitares y, en consecuencia, reportados como desaparecidos. Sin embargo, algunas horas después de la masacre, se supo que cuatro menores que hacían parte de las diez personas desaparecidas, habían sido puestos en libertad por los victimarios. “Los otros seis campesinos”, informa una de las fuentes, “aparecieron muertos por el sector del municipio de Carmen de Bolívar, en un lugar conocido como Macayepo”. El ingreso de los paramilitares al lugar de los hechos, donde permanecieron por espacio de dos horas, se produjo a las 3:00 de la madrugada “por los lados de Chinulito, corregimiento de Colosó, en tres camiones”. Algunas fuentes informan que los victimarios actuaban bajo las órdenes de una mujer que respondía al sobrenombre de “Beatriz”. Se denuncia, además, que éstos “llegaron gritando y pateando las puertas de las viviendas; las derribaron al suelo; sacaron a los habitantes a la fuerza de sus casas, para luego reunirlos en la plaza principal del pueblo”, donde “separaron a niños y mujeres” de los hombres. “Varios campesinos fueron obligados a tenderse en el piso para asesinarlos con un tiro en la cabeza”, a otros “los degollaban con machete” y, por último, a otros “los mataban con macetas de piedra y palo”. Luego procedieron a incendiar treinta viviendas de la población y las pocas que quedaron fueron pintadas con consignas alusivas a las AUC. Según declaraciones de testigos de los hechos, “horas antes y minutos después de ocurrida la masacre (…), la zona fue sobrevolada por helicópteros militares”. Uno de los habitantes precisó que “dos helicópteros verdes militares volaron en círculos”, y añadió: “Son los mismos que he visto antes, sólo que ahora iban y venían. No sabemos qué querían”. Los sobrevuelos militares, ocurridos después de la salida de los paramilitares, se extendieron por espacio de 15 y 30 minutos. Por otra parte, la información añade que tres días antes de la acción una avioneta paramilitar “similar a la que el año pasado lanzó panfletos antiguerrilleros cuando llegaron los paramilitares” sobrevoló el área. La masacre ocasionó el desplazamiento masivo de unas 900 personas, de una población que cuenta con aproximadamente 1200 habitantes. Sobre esta situación agrega una de las fuentes: “La población está muy atemorizada, horrorizada, porque la mayoría de las víctimas fueron asesinadas a machetazos y el desplazamiento no es sólo de Chengue, sino de corregimientos como Don Gabriel, Salitral, La Ceiba, Buenos Aires y El Tesoro, todos ubicados en la subregión de los Montes de María
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares de las AUC ejecutaron a seis campesinos, en zona rural del corregimiento El Yeso. Según la fuente, ” se llevaron consigo a seis personas con rumbo desconocido, que posteriormente aparecieron acribilladas a varios kilómetros del casco urbano de la población.”2001-03.
Persecución política, ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ejecutaron a Yazmín del Carmen Guerrero, el hecho ocurrió en el corregimiento Las Piedras.2001-05-16
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares ejecutaron de dos impactos de arma de fuego en la cabeza a una mujer en momentos que llegaba a su sitio de vivienda ubicada en la Cra. 22 No.13-12 del barrio La Ford. Yolanda, era Fiscal Especializada de Orden Público y tenía a su cargo numerosos procesos de alto riesgo, entre ellos investigaba sobre la masacre de Chengue, corregimiento del municipio de Ovejas (Sucre) ejecutada por paramilitares el pasado 17 de enero.
Persecución política, ejecución extrajudicial, :desaparición forzada personas, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares del Bloque Montes de María de las AUC desaparecieron a Never, en momentos en que se encontraba en el parque Santander. El cadáver de la víctima, quien laboraba como chef de cocina fue hallado el 19 de mayo de 2005, en una fosa común junto a varios cadáveres que fueron sepultados en la finca Texas, ubicada en el municipio de San Onofre.2002-07
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida	Miembros del Ejército y la Policía Nacional ejecutaron a cinco jóvenes. Las víctimas fueron presentadas como guerrilleros del Frente 5 de las FARC-EP muertos en combate en el sitio Platanalcito, en momentos en que pretendían montar un retén ilegal. Sin embargo agrega la fuente que: “Las personas citadas se encontraban a las 6:30 p.m., en Ovejas, en la bomba ubicada en la salida hacia El Carmen de Bolívar. Estaban caminando normalmente cuando fueron detenidos por el Ejército, llevándoselos para el matadero, lugar que se encuentra al lado de la bomba. Luego, el Ejército llamó a la policía del municipio quienes se trasladaron al lugar y de repente se escuchó una balacera. Entre el Ejército y la Policía asesinaron a los retenidos. Los trasladaron luego a Corozal, a pesar de la oposición de los familiares y la comunidad de Ovejas. En la morgue los vistieron como guerrilleros. Se pudo comprobar que los disparos se los hicieron por la espalda. Las víctimas eran personas de bien, nativas de Ovejas.
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida.	Paramilitares ejecutaron al educador y sindicalista afiliado a la Asociación de Educadores de Sucre, ADES, Fecode-CUT. Según la denuncia, los paramilitares lo interceptaron y bajaron por la fuerza de su vehículo cuando se dirigía a su trabajo junto con otros compañeros.2002-08.
ejecución extrajudicial, desaparición forzada, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares del Bloque Montes de María de las AUC desaparecieron a Jorge Luis, después de que varias personas lo vieron en una motocicleta blanca, con otra persona. El cadáver de la víctima, fue hallado años después, en una fosa común localizada en la finca Buenaventura, corregimiento de Pajonal.2002-10-08
Ejecución extrajudicial tortura, homicidio intencional persona protegida.	Voceros de organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que: “Paramilitares torturaron y ejecutaron a Enrique Emilio, en momentos en que se encontraba en la zona urbana”.2003-01
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida.	Cerca de 30 paramilitares de las AUC que se movilizaban en un vehículo camioneta 300, de color rojo ejecutaron a dos personas, luego que irrumpieran a las 8:45 p.m. en el corregimiento Puerto Franco.2003-02
persecución política, ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida	El alcalde Eudaldo Diaz Salgado fue ejecutado por grupos paramilitares. El alcalde denunció amenazas contra su vida durante el consejo comunal con el presidente Uribe, realizado el 1 de febrero/0203.
Ejecución extrajudicial, amenaza, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares ejecutaron a tres personas en zona rural. El hecho sucedió luego que irrumpieran en la finca Villa Esperanza, ubicada en la vereda El Tesoro, municipio de Ovejas y tras amenazar de muerte a una mujer procedieron a llevarse consigo a las víctimas con rumbo desconocido. En la huida amenazaron a los pobladores de la vereda. Los cadáveres de Julio, de Marco de Jesús y el de su hermano Eulises, fueron hallados con varios impactos de bala en la vereda Berruguitas, municipio de San Onofre.2003-04.
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida.	Dos personas madre e hijo, fueron ejecutadas de varios impactos de arma de fuego en un establecimiento público, por paramilitares que se movilizaban en una motocicleta a la altura del corregimiento Buenavista. El hecho se presentó en horas de la tarde. Agrega la fuente que: “Rosemberg Buelvas había sido amenazado de muerte meses atrás por grupos al margen de la ley, pues lo acusaban de ser vocero de la guerrilla”.2003-05-
Ejecución extrajudicial, tortura, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María, torturaron y ejecutaron a tres mujeres, familiares entre si. Sus cadáveres fueron hallados en varias fosas comunes ubicadas en la parte alta del cerro Bogotá a una hora del corregimiento Pajonalito.
ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida,	Una persona fue ejecutada de varios impactos de arma de fuego, por miembros de un grupo paramilitar en un barrio periférico de la ciudad. Junto al cadáver los paramilitares dejaron un letrero, donde sindican a la víctima de ser uno de los jefes de las milicias urbanas de las FARC – EP que operan en el departamento.2003-08
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares que se movilizaron en una motocicleta ejecutaron de dos impactos de arma de fuego a un campesino. El hecho se presentó en la plaza de mercado de éste municipio.2003-08-11.
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida.	Paramilitares que se movilizaban en una camioneta de color rojo y portaban armas largas, irrumpieron hacia las 6:00 a.m., al corregimiento La Peñata y ejecutaron a cinco campesinos pertenecientes a una asociación de pescadores y cultivadores de legumbres en la vereda San Jorge, parcela patrocinada por la Alcaldía de Sincelejo:
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida.	Tropas de la Brigada 1 de la Infantería de Marina de la Armada Nacional ejecutaron a un joven de 15 años de edad e hirieron a otro, en la finca La Candelaria. Según la fuente: “El incidente se registró en momentos que tropas de contraguerrillas adelantaban las operaciones en la región, las cuales están ancaminadas a dar con el paradero de la cuadrilla de terroristas que en los últimos días ha efectuado robo de ganado y extorsiones a varios ganaderos y dueños de fincas en la región”.2003-09-22
Ejecución extrajudicial, desaparición forzada, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares desaparecieron a una persona, en momentos en que se encontraba en la plaza principal de este municipio. El día 5 de marzo de 2009, los restos de Yaniris fueron entregados a sus familiares.2003-10-06
Ejecución extrajudicial, personas, homicidio intencional persona protegida	Paramilitares ejecutaron extrajudicialmente a un ex Dirigente campesino de 54 años. La víctima recibió dos impactos de bala en la cabeza y dos en el cuerpo. El hecho ocurrió en momentos en que cruzaba un arroyo en cercanías a la comunidad de Pichilín, sobre la vía hacia Colosó (Sucre).
Ejecución extrajudicial, personas, homicidio intencional persona protegida	Hugo Alvis empleado del SENA y afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, fue ejecutado por paramilitares e igualmente fue herida otra persona en momentos en que se desplazaban en un vehículo de su propiedad.2004-03-14.
Ejecución extrajudicial, personas, homicidio intencional persona protegida.	Paramilitares desaparecieron forzadamente a un reconocido torero de las corralejas del corregimiento Berrugas luego de que finalizara el evento de toreo, así como a cuatro primos más y ejecutaron a otros dos primos identificados como José Fermín y Jader Enrique, cuyos cuerpos fueron hallados en fosas comunes en éste municipio. Señala la fuente que: “Las autoridades comenzaron días antes de Semana Santa.
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida, desaparición forzada y desplazamiento forzado.	Paramilitares ejecutaron a cuatro personas entre ellas a los hermanos Ivan y Edwar de 18 y 23 años respectivamente, cuyos cadáveres fueron hallados en dos fosas comunes. Los hermanos Cervantes que fueron reconocidos por sus prendas de vestir fueron desaparecidos por paramilitares en momentos en que se desplazaban hacia la ciudad de Barranquilla. La Fiscalía reconoce que en los dos últimos meses algunos pobladores de San Onofre han dejado el miedo y comenzaron a denunciar (hay al menos 30 casos de desapariciones y homicidios puestos en conocimiento de las autoridades, pero los habitantes hablan de por los menos 2.000 víctimas). 2004-04-20
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida.	El Concejal del municipio de Galeras por el partido Convergencia Popular Cívica, fue ejecutado por grupos paramilitares cuando se movilizaba en un vehículo de servicio público a las 7:15 de la mañana luego de obligarlo a descender del vehículo. Imbett se había desempeñado como concejal de Galeras durante dos periodos consecutivos, además “Fue uno de los 18 capturados por la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría en la denominada Operación Galeras que se cumplió el 6 de noviembre en residencias y fincas de los municipios de Galeras, Colosó y Corozal, mediante 30 allanamientos. Estuvo sindicado, al igual que el resto de los capturados, por el delito de rebelión y de integrar la red logística y de milicias de los frentes 35 y 37 de las Farc y del Eln, sin embargo dicho proceso fue precluído”, aseguró la fuente.2004-04-27.
Ejecución extrajudicial, homicidio intencional persona protegida	Ofer Hernández miembro activo del Sindicato Unico de la Industria de Materiales para la Construcción, Sutimac, y expresidente de la Asociación de Técnicos Constructores de Sincelejo, fue ejecutado por paramilitares.2004-09-11
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Un integrante de la infantería de Marina ejecutó a un civil de 42 años en el corregimiento Chinulito. Señala la fuente que la víctima “Hacía tres años había abandonado su parcela en Chinulito, cuando se presentó el desplazamiento masivo de campesinos”2004-10-06.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Una persona fue ejecutada, dos más fueron detenidas y varias personas inocentes fueron ultrajadas por miembros de la Fuerza Pública al mando del comandante de apellido “Colón”. Posterior a estos hechos fueron presentados ante la opinión pública “como si se hubiese registrado la baja en combates, siendo totalmente falso”; es la denuncia que hacen varios representates de los corregimientos Higuerón, Palo Alto, Brisas y del caserío Plan Parejo ante la Defensoría del pueblo. Ante esta denuncia el Comando de la Brigada 1 de la Infantería de Marina afirmó a la Defensoría que: “En san Onofre y toda la jurisdicción de este destacamento militar se desarrollan operaciones permanentes contra las organizaciones generadoras de violencia, dentro de un marco legal y constitucional y siempre respetando los derechos de los civiles”.2004-10-29.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Un comerciante fue ejecutado extrajudicialmente de tres impactos de bala por grupos paramilitares que hacen presencia en esta región de los Montes de María.2004-11-01
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Tropas de la Infantería de Marina ejecutaron a un hombre de 34 años. Según la Infanteria de Marina: “La persona habría muerto en combate (…) y era conocida con e alias de “Enrique”, encuadrillado del frente 35 de las Farc que opera en los Montes de María”. A su vez los familares aseguraron que: “Se enteraron que en el sector de Garrapata donde la víctima laboraba en una parcela llegaron tropas y se lo llevaron detenido, pero que luego se habrían escuchado unos disparos. Cuando un amigo nos informó sobre la aprensión, nos dirigimos a la Brigada y allá nos hablaron sobre una persona dada de baja en esa zona pero nunca pensamos que aque alias “Enrique” presentado a la prensa como guerrillero de las Farc, fuera el familiar desaparecido (…) Esta muerte la denunciaremos ante la Procuraduría y defensoría, pues existen muchas dudas sobre este caso…”.2004-11-29.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Un comerciante de 35 años fue ejecutado de un impacto de fusil por paramilitares. El comerciante y su conductor salieron de Sincelejo y a la altura del corregimiento Naranjal los armados los hicieron detener y posteriormente le dieron muerte; su cadáver fue hallado tres días después en avanzado estado de descomposición en un paraje solitario en cercanías a éste corregimiento.2005-03-29.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Un taxista fue ejecutado de cuatro impactos de bala, por paramilitares que se transportaban en una motocicleta de alto cilindraje quienes atacaron a la víctima, cuando transitaba por el barrio Pablo Sexto en su vehículo de servicio público2005-06-02.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Un campesino de 22 años fue ejecutado por paramilitares que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El hecho ocurrió en el corregimiento de Pijiguay. Según la fuente: “El asesinato ocurrió a menos de un kilómetro del lugar en donde se encuentran las tropas …”2005-06-09.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Paramilitares ejecutaron de un impacto de bala en la cabeza a un joven de 18 años, cuyo cadáver fue hallado, en un paraje solitario de la vereda San Pelayo.2005-06-18.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Una mujer fue ejecutada de cuatro impactos de bala, por grupos paramilitares que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas de largo y corto alcance, quienes tras sacar por la fuerza a la víctima de su vivienda ubicada en la calle de Las Flores del corregimiento don Gabriel procedieron a darle muerte en la vía que comunica con el caserío Salitral.2005-06-1.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Paramilitares que se movilizaban en una motocicleta RX-115 ejecutaron a un comerciante y reconocido ciclista de 41 años en el barrio Mochila, en momentos en que se desplazaba en un vehículo Dahiatsu.2005-06-22.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Paramilitares que se movilizaban en una motocicleta RX 115, de color azul ejecutaron de varios impactos de bala al comerciante y ganadero. El hecho sucedió hacia las 10:40 a.m., en el barrio Las Mochilas. Carlos, días antes había recibido amenazas de muerte.2005-06-23.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta de la Sabana conjuntamente con miembros del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina Número 4 ejecutaron a Ariel, a quien sacaron por la fuerza de la zona urbana. Según la denuncia, aunque los militares lo presentaron ante los medios masivos de información como un guerrillero del Frente 35 de las FARC-EP muerto en combate, versiones de familiares y vecinos de la zona de La Sabana aseguran que: “Ariel Martínez no era miembro de la subversión y fue sacado por las tropas del área urbana de Galeras”.2005-11-08.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida.	Tropas adscritas a la Brigada 1 de Infantería de Marina, Armada Nacional ejecutaron de varios impactos de bala a Juan Francisco y Odulio, padre e hijo respectivamente y reconocidos campesinos, a quienes presentaron como guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP muertos en combate en zona rural del corregimiento Chinulito. Según la denuncia: “Las declaraciones de la Brigada 1 de Infantería de Marina fueron desmentidas por moradores de la región de Chinulito y por familiares de las víctimas, quienes afirmaron que: no eran ni son guerrilleros, se trata de desplazados, personas buenas dedicadas toda su vida a labores del agro. El uniforme de guerrilleros con que aparecieron y las armas y otros elementos, se los colocaron los soldados para tapar la falta que cometieron”.2005-11-27.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Nacional ejecutaron a dos reconocidos obreros que laboraban en la plaza de mercado de Sincelejo, a quienes presentaron en los medios masivos de información como guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP muertos en combate en zona rural, en horas de la noche. Según la denuncia: “Los coteros del Nuevo Mercado señalan que no entienden qué pudo haber sucedido y exigieron una explicación a las autoridades. Agregaron que quienes murieron eran personas buenas que sobresalieron por su buen comportamiento. Eran dos coteros (cargadores de bultos) dedicados desde hace varios años a laborar en el Nuevo Mercado de Sincelejo”.2005-12-16.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Paramilitares siguen violando los derechos humanos de los líderes comunitarios de Sucre. Según la denuncia: “El día 4 de abril fue asesinado el líder comunitario Víctor Olivera, quien se desempeñaba como presidente de la Asociación de Retornados de la vereda San Francisco Nuevo Porvenir (Montes de María), la cual agrupaba a 77 familias. El hecho ocurrió a las 7: 30 p.m., en su residencia ubicada en Nuevo Porvenir”. Agrega la denuncia: “Cabe resaltar que Víctor Olivera venía denunciando lo relacionado con la muerte de su hija, presentada por parte de personal del Ejército, como guerrillera muerta en combate. El asesinato de Víctor ocurrió a escasos dos (2) kilómetros del Batallón de Infantería de Marina, BAFIM Nº 4 de Corozal”.2006-04-04.
Ejecución extrajudicial, homicidio  intencional persona protegida.	Miembros del Ejército Nacional ejecutaron a tres campesinos a quienes presentaron como subversivos dados de baja en combate; el hecho fue dado a conocer luego de que un Fiscal de Derechos Humanos profiriera orden de captura contra siete militares.2007-04-06.Principio del formulario
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Paramilitares ejecutaron al campesino Garibaldi Berrío, durante hechos ocurridos en la finca La Pava Arriba ubicada en el corregimiento Plamparejo. Según la denuncia: “Se conoce que por presiones de grupos paramilitares había sido desplazado de manera temporal de su finca, lugar donde ocurrieron los hechos. La finca por un tiempo fue ocupada por paramilitares de la zona, al regreso de Garibaldi aun hacían presencia tres sujetos que al parecer realizaban funciones de vigilancia y con quienes se le vio discutiendo. En la actualidad la finca se encuentra custodiada por Ejército de Colombia a órdenes de la Fiscalía para la Justicia y la Paz”.2007-05-27.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Tropas adscritas a la Brigada 11 del Ejército Nacional siguen ejecutando civiles, a quienes presentan como “guerrilleros dados de baja en combate”. Según la denuncia: “Tres jóvenes que se encontraban en un estadero ubicado a las afueras de este municipio fueron obligados a abordar una camioneta blanca sin conocer su destino, posteriormente fueron reportados por las tropas adscritas a la XI Brigada del Ejército de Colombia como dados de baja en un combate. La Procuraduría Regional de Sucre investiga la desaparición y posterior asesinato de estos tres jóvenes”.2007-06-11.
Ejecución extrajudicial ,homicidio  intencional persona protegida	Tropas del Ejército Nacional ejecutaron a dos obreros de la construcción, cuyos cadáveres aparecieron en predios de la finca El Paraíso. Según la fuente Fabio Alberto y Elonais Manuel: “Yacían enfundados en ropas de campaña y el destacamento militar que los abatió proclamó el éxito de la operación Excalibur, desplegada a partir de la misión táctica Orión 85 y lanzada contra milicias de la guerrilla. Las bases endebles sobre las que fue edificada esta historia oficial se desmoronaron cuando los investigadores de la Fiscalía hicieron un examen racional de los hechos. La responsabilidad penal se encuentra hoy en hombros de José Dionisio Ramos Castillo, un informante de profesión que había convertido los ‘falsos positivos’ en una ominosa forma de vida.2007-11-01.

San Onofre

El municipio de San Onofre está ubicado en la zona norte del departamento de Sucre,  su cabecera está localizada a los 09º 44′ 24″ de latitud norte y 75º 31′ 40″ de longitud Occidental y se encuentra a una altura de40 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). La temperatura media del municipio es de28°C. Las aguas del mar Caribe lo bordean en56 kilómetrosde costa al oeste, y limita además, por el norte con los municipios de Cartagena y Arjona, pertenecientes al Departamento de Bolívar, al sur, con el golfo de Morrosquillo, y los municipios de Tolú, Toluviejo, Colosó y Chalán, pertenecientes al departamento de Sucre y por el este con los municipios de María la Baja y el Carmen de Bolívar, pertenecientes al departamento de Bolívar.

El departamento de Sucre se encuentra subdividido en 5 regiones Morrosquillo, Montes de María, Sabanas, San Jorge y Sabanas; y San Onofre, forma parte, oficialmente, de la región Morrosquillo, aunque cuenta con diferentes tipos de relieve y de él haga parte una porción de la región de los Montes de María. La extensión del municipio es de 1.102.42 Km2, la mayor dentro de la subregión, lo cual equivale, según cifras oficiales, al 10.36% con relación al total del departamento.

En cuanto a su división política, de San Onofre, hacen parte, los corregimientos de Aguacate, Aguas Negras, Barranca, Berlín, Berrugas, Bocacerrada, Buenos Aires, El Cerro de Dos Casas, El Chicho, El Pueblito, Higuerón, Labarcés, Libertad, Pajonal, Pajonalito, Palacio, Palmira, Palo Alto, Planparejo, Rincón, Sabanas de Macanal y San Antonio.

Situación de conflicto en Sucre  y san onofre

Sucre fue escenario en los últimos diez años de la llegada de los grupos paramilitares que vinieron como consecuencia de la expansión paramilitar desde Antioquia y Cordoba, el encargado inicial de hacer esta expansión en este Departamento fue Edward  Cobo Tellez, alias “Diego Vecino”, enviado por Salvatore Mancuso, con el fin de crear un poder territorial basado en el discurso contrainsurgente creado por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo que se consolidó entre los años 1997 y 1998, y que a partir del año 1999 y hasta el 2002, desarrolló una ofensiva de ocupación de territorios a lo largo y ancho del país. El discurso contrainsurgente tenía de transfondo la movilización de varios sectores de la sociedad que coincidieron en la defensa de unos intereses y en la conquista de unos objetivos. De un lado “la clase emergente” proveniente de los dineros del narcotráfico, del otro, unas elites regionales que resistían a cambios de la constitución del 91: circunscripción nacional para Senado e impulso del voto de opinión. Tales objetivos se darían a conocer años después al salir a la luz pública la alianza entre paramilitares y políticos.

 

Paramilitarismo en san Onofre

Los grupos de autodefensa empezaron a tener una cobertura en varias regiones del país, de una manera coordinada, con la clara intención, no solo de desalojar de ciertas zonas estratégicas a intereses económicos legales e ilegales a los grupos guerrilleros, sino con una clara intención de consolidar un aparato político y armado que les representara la obtención del poder en gran parte del país. Uno de los mayores beneficios que ha recogido esta alianza es la utilización indebida de entidades y recursos públicos, con fines de enriquecimiento, basado en apropiación de dinero y tierras, y el apoyo a las estructuras políticas y armadas

Las autodefensas comenzaron a lograr influencia a través de prácticas de dominación sobre la población, basados en los mecanismos de temor y coacción, con el fin de ostentar el poder regional, y junto con candidatos, gobiernos locales y regionales propios y miembros de las fuerzas militares estatales, impusieron un clima de terror que les permitió obtenerlo. Entre los años 2000 y 2004 en Sucre ocurrieron 16 masacres según Observatorio PPDH Y DIH. Vicepresidencia de la Republica. 2005, el  de las cuales 8 son atribuidas a las autodefensas y una a la guerrilla; sobre las otras no se tiene certeza

San Onofre conforma un corredor estratégico junto con el municipio del El Carmen de Bolívar, este último, es neurálgico para la logística de los grupos ilegales en razón a que es el principal centro económico de la región y adicionalmente punto de encuentro entre la troncal del Magdalena y la Troncal de Occidente. En la medida en que es un corredor hacia el mar, los grupos armados lo utilizan para sacar droga e ingresar armas. De ahí el elevado número de acciones protagonizadas por estos grupos y de violaciones de los derechos más elementales de la población.

Según denuncias realizas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, como voceros de las comunidades del municipio de San Onofre en el departamento de Sucre, “Más de 3000 víctimas de violaciones a los derechos humanos se cometieron entre los años de1999 a2005 en este municipio”. Para los pobladores, la cifra de desaparecidos puede alcanzar los 2000. Muchas de estas víctimas fueron ultimadas en la Finca El Palmar, la cual era utilizada como centro de operaciones narco-paramilitares. Se dice que en esta finca puede haber más de 300 cadáveres enterrados en fosas comunes.

En San Onofre, se formó una convivencia obligada con los paramilitares y a partir de aquel momento toda la vida económica, cultural y social de la comunidad de San Onofre instalada en esta zona quedo regulada por el grupo paramilitar perteneciente al Bloque Héroes de los Montes de María. La población de San Onofre no reconoce un solo jefe paramilitar que haya derivado una acción directa sobre una porción específica del territorio, los nombres de Edwar Cobo Téllez, alias “Diego Vecino”, Rodrigo Antonio Mercado Pelufo alias “Cadena”, Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique” y Marco Tulio Pérez alias “El Oso”, se relacionan entre sí y en diferentes zonas del municipio. Aunque delimitaron sus territorios, como el caso de “El Oso”, en la zona costera del municipio, llegó un momento en que sus acciones fueron ejecutadas en zonas que supuestamente controlaban otros jefes, sobreponiendo acciones indiscriminadamente.

 Finca la Alemania

La finca La Alemania es una finca con una extensión de555 hectáreasadjudicada a un grupo de 52 campesinos de San Onofre en el año de 1997, los cuales se hicieron a un crédito para pagar la finca.  Para el año 2000 el grupo de campesinos contaba con una infraestructura buena para el desarrollo de actividades ganaderas y agropecuarias. Entre los principales productos cosechados estaban: arroz, maíz, yuca, ñame, plátano y árboles frutales. Las actividades ganaderas estaban asociadas al ganado lechero y de engorde, además contaban con animales como caballos, burros, carneros, toros y gallinas. Entre la maquinaria e insumos para la realización de sus actividades, la finca contaba principalmente con una báscula industrial, una cortadora de pasto, sillas de montar, cantinas y herramientas. Además de la infraestructura comprendida, principalmente por corrales, bodegas y viviendas. La finca contaba con 5 campamentos, que alojaban aproximadamente, al 50% de los propietarios y sus familias: Jojan, La Alemania, El Campamento, El Veinte de Enero o El Veinte y Los Corrales del Medio o Los Corrales.

 Los años 2000 y 2001, la situación de prosperidad para la comunidad de la Alemanía se vería truncada y sólo hasta el año 2006 la situación se aliviaría un poco. Todos sus habitantes fueron obligados a desplazarse, debido a la incursión de un grupo paramilitar que hacía parte del Bloque Héroes de los Montes de María, en la finca. El saldo de las amenazas e intimidaciones durante esos años, dejó como resultado tres personas asesinadas y un desaparecido. Las tres personas asesinadas fueron Prisciliano Herrera en el año 2002, Alberto Villamizar en el año 2003, y Garibaldi Berrio en el año 2006. La persona desaparecida fue Arasil Baena en el año 2001. Además falleció Jairo Martínez copropietario de la finca.

El grupo paramilitar se instaló en la finca parta el año 2001, se apoderó del ganado, animales y maquinaria. Los campamentos que utilizaron para vivir fueron principalmente El Campamento y El Veinte, donde habitaban cerca de 100 hombres. Pero las pretensiones de los paramilitares no solo era el de tener como campamento propio la finca, también intentaron quedarse con ella en complicidad con un antiguo representante legal de la finca que ahora se encuentra preso. “Quitaron ganados, y nos dijeron que teníamos que desocupar la finca, nosotros teníamos también una problemática teníamos una deuda y ellos pensaban de comprar la deuda para quedarse con la finca. Eso es lo que ellos pretendían”. Debido a estas intenciones, ahora la finca se encuentra en proceso de remate, cuyo trámite dio inicio a partir del año 2001, y sus propietarios se encuentran con la incertidumbre de lo que vaya a pasar con el proceso y con ellos. Los propietarios de la Alemania interpusieron una demanda por los hechos ocurridos, pero solo hasta el año 2007, según ellos, antes no se prestaban las condiciones para hacerlo. También realizaron la denuncia del desplazamiento en el año 2006.

Para algunos propietarios que tenían otros predios, diferentes a La Alemania, la historia fue la misma, abandono, desplazamiento y en algunos casos despojo. “Muchos compañeros que se fueron hacia Sincelejo, tenían otras tierras, tenían que dejar alquilada la finca pero llegaban los paras y no podían recibir dinero, a dos compañeros los obligaron a vender tierra aparte de La Alemania”

La Finca La Alemania fue tomada por los paramilitares como campamento propio, como lugar de ajusticiamiento y como fuente de ingresos. En un recorrido por la finca se aprecian los rastros de algunas fosas comunes que según relatos de los pobladores, la Fiscalía ya ha excavado. No se pueden elaborar cálculos cercanos de cuantas víctimas pueden haber enterradas en la finca, pero seguro son muchas, comentan los propietarios, después que el grupo se instalara en ella durante aproximadamente 4 años.

De otra parte, al interior de la finca eran llevadas reces robadas en otras zonas del municipio, las mataban en la finca y las comercializaban.  Los propietarios de los predios vecinos de La Alemania, también tuvieron que desplazarse, y el lugar de destino fue la cabecera de San Onofre, dejaron sus tierras abandonadas, pero al igual que en La Alemania, los paramilitares se apoderaron del ganado y los demás animales. Tan solo ahora, este año, están intentando retornar.

El control paramilitar permeo todas las esferas del poder y de la justicia en San Onofre, “sabían de todo lo que se movía en él…cuando uno regresaba ellos ya sabían lo que uno iba a hacer…nos decían, no pongan denuncia en la Fiscalía, no en el DAS, porque tenemos hombres allá…Una vez un compañero fue a poner una denuncia, no alcanzó a entrar a la finca, cuando lo asesinaron. La denuncia fue que él había visto enterrar una persona en la finca…fue a Sincelejo”, cuenta un campesino.

VICTIMA Y VICTIMARIO

Para hablar del victimario de una víctima o víctimas es importante contextualizar la situación como ya se ha hecho en este análisis, puesto que de esta forma se puede entender la magnitud y la clase de violación cometida.

Victima: Rogelio Martínez

Ocupación: campesino, líder, defensor de derechos humanos en San Onofre, Integrante del MOVIVE capitulo Sucre.

Estado civil: Casado

Hijos o hijas: 3 hijos y 3 hijas.

Rogelio Martínez, nació en los montes del María, hijo de Manuel Martínez dirigente campesino de la ACNUR, Asociación nacional de usuarios Campesinos, en Sucre, desde muy pequeño Rogelio Martínez acompaño a su padre a las tomas de tierra en los montes de María.

Rogelio Martínez vivio durante mas se 10 años en la finca la Alemania junto a  52 familias se desplazó de la Finca la Alemania de556 hectáreasen el año 2001 lugar donde habitaba, la cual fue objeto de interés de paramilitares quienes los obligaron a desplazarse. El despojo se dio por paramilitares que estaban al mando de Rodrigo Peluffo Mercado, alias “Cadena” del Bloque Héroes de los Montes de María y la finca fue utilizada como una base para-militar.

El deseo de regresar a la Finca la Alemania y exigir sus derechos le generó varias violaciones a sus derechos como amenazas, señalamientos que ensuciaban su nombre al ser tildado de auxiliador de la guerrilla, esto, por ser del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE.

Rogelio denunciaba las amenazas de las cuales era víctima, solicitó las medidas de protección del Ministerio del Interior de las cuales era beneficiario al momento de su ejecución y se movilizó a Medellín para poner en conocimiento la situación de amenazas y de la Finca la Alemania a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien en octubre el 2008 tenía miembros en esta ciudad.

En el caso del homicidio de Rogelio Martínez Mercado no se puede ver éste como un caso aislado en Colombia. Es de recordarse que la lucha por la tierra en el país históricamente ha sido una de las grandes batallas emprendidas por campesinos de diferentes etnias que defienden su tierra y territorio de poderosos empresarios que utilizan diferentes mecanismos de represión para lograr adquirir las tierras ajenas en donde ven prometedoras multiplicaciones de sus dineros por las riquezas de éstas en biodiversidad ya sean minerales, hídricas, corredores estratégicos, etc.

Haciendo referencia al caso de Rogelio Martínez en Sucre y de Alexander Quintero en el Cauca, VERDAD ABIERTA.COM puso de manifiesto el 25 de mayo de 2010 cifras de violaciones de derechos a campesinos y campesinas que están luchando por su tierra “Con el asesinato de dos líderes de víctimas en Sucre y Cauca, en la última semana, ya son 42 los dirigentes asesinados por exigir sus tierras desde la desmovilización de los ‘paras’.  400 han sido amenazados. (Tomado de http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=2483)

Lo anterior es planteado para hacer referencia del homicidio de Rogelio como uno más dentro de un tipo de violencia premeditada, planeada, organizada y que sigue unos propósitos como lo es la violencia sociopolítica. En este sentido, hablar del victimario en este caso, debemos en primer lugar poner de manifiesto que hay victimarios materiales e intelectuales, entendiéndose éstos últimos como aquellos que planean los crímenes pero se valen de otras personas para concretizarlos, siendo los victimarios materiales quienes lo hacen.

La Declaración Universal de los Derechos humanos enuncia que todos los seres humanos tenemos unos derechos inalienables y que son los Estados quienes tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos y hacer que sus derechos se cumplan. Estas aseveraciones se hicieron de la siguiente forma textual: “Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre” (tomado de http://www.un.org/es/documents/udhr/) y en el artículo 2 de la Declaración

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (tomado de  http://www.un.org/es/documents/udhr/)

En este sentido, al Estado colombiano le cabe la denominación de victimario al no haber protegido la vida de Rogelio Martínez. Por otro lado, aunque se mencione como autores materiales a los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María, se conocen condenas al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en años anteriores por la creación de los grupos paramilitares demostrándose no solo su aquiescencia sino su actuación conjunta. A modo de ejemplo, en el caso de la masacre de la Rochela se puede evidenciar dichas afirmaciones en la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 11 de mayo de 2007:

71.  Por su parte, la Comisión considera que la masacre “no se produjo en el vacío” y ocurrió “como consecuencia de una serie de acciones y omisiones que tuvieron lugar desde días antes, y en un contexto social y normativo determinado”. Además, la Comisión indicó que la creación de los grupos paramilitares fue propiciada por el Estado como una herramienta de lucha contrainsurgente al amparo de normas legales que se encontraban vigentes al momento de perpetrarse la masacre de La Rochela.  Asimismo, señaló que “en los casos en los cuales paramilitares y miembros del Ejército llevan a cabo operaciones conjuntas o cuando los paramilitares actúan gracias a la aquiescencia [o] colaboración de la Fuerza Pública, debe considerarse que los miembros de los grupos paramilitares actúan como agentes estatales”. Según la Comisión, en el presente caso “existen elementos de prueba que demuestran la comisión de actos de agentes del Estado con grupos paramilitares en la ejecución de la masacre perpetrada en La Rochela” y, por lo tanto, “son imputables al Estado tanto las violaciones a la Convención Americana cometidas como resultado de los actos y omisiones de sus propios agentes como aquellas cometidas por los miembros del grupo de autodefensa que operaba en la región con su apoyo y que, a tales efectos, éstos deben ser considerados como agentes del Estado”. (Tomado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.pdf)

Y en esta misma Sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que ya en oportunidades a tras esta misma Corte se había manifestado frente a la creación de los paramilitares por parte del mismo Estado colombiano y a las violaciones cometidas por dichos grupos con aquiescencia y participación de la fuerza pública:

78.     Este Tribunal recuerda que ya se ha pronunciado sobre la responsabilidad internacional de Colombia por haber emitido un marco legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensa que derivaron en paramilitares y por la falta de adopción de todas las medidas necesarias para terminar de forma efectiva con la situación de riesgo creada por el propio Estado a través de dichas normas.  Además, ha declarado la responsabilidad de Colombia por el incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas efectivas de prevención y protección de la población civil que se encontraba en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado respecto de grupos paramilitares. Asimismo, en varias oportunidades la Corte ha determinado la responsabilidad de Colombia en casos de violaciones cometidas por grupos paramilitares con el apoyo, aquiescencia, participación y colaboración de miembros de la Fuerza Pública.

De esta manera, el Estado colombiano es responsable por el asesinato de Rogelio, el cual fue materializado por hombres de la estructura paramilitar.

El jefe paramilitar Rodrigo Pelufo Mercado, alias “Cadena” del Bloque Héroes era quien comandaba el sector de los Montes de María (ubicados entre los departamentos de Sucre y Bolívar) y ha sido a este bloque al que se le ha adjudicado el asesinato de Rogelio Martínez, siendo así que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciara: “estructuras paramilitares que operan en la región que en los últimos 15 años se encuentra azotada por esta estrategia criminal en medio de una significativa presencia de la fuerza pública” (tomado de http://www.justiciaypazcolombia.com/Asesinado-ROGELIO-MARTINEZ-MERCADO)

Bloque paramilitar Héroes Montes de María

Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Bloque Héroes Montes de María estaba comandado por Edgar Cobos Téllez, alias Diego Vecino y a su vez este bloque tenía otros comandantes de acuerdo a la estructura de tres bloques, siendo uno de estos el Frente Golfo de Morrosquillo con base en San Onofre, el cual estaba bajo el mando de alias Cadena y operaba en Sincelejo, Corozal, Betulia, El Roble, Sampués, Los Palmitos, Tolú, Coveñas, San Antonio de Palmitos, Tolú Viejo, Ovejas, Morroa, Chalán, Colosó Córdoba: San Antero, Chinú, San Andrés de Sotavento, Purísima, Chimá. (tomado de http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article2675)

Modo de operar del Bloque

Para establecerse en un territorio y expandirse en éste, el Bloque Héroes de los Montes de María realizaba combates con la guerrilla en zonas aledañas y posteriormente a la victoria entraban a los municipios y realizaba masacres en contra de la población civil, siendo este el mecanismo de represión para permanecer el territorio de su interés generando miedo y de esta forma dominación. Con esta forma de proceder realizaron hasta su desmovilización en  2004, 42 masacres, desplazamientos forzados y homicidios.

En cuanto a los inicios

…Los primero referentes del paramilitarismo en la zona de Montes de María y su entorno, están ligados a la aparición del narcotráfico y sus estructuras armadas privadas, las cuales comenzaron a usar el Golfo de Morrosquillo como una de las principales salidas de drogas ilícitas, especialmente de cocaína. La presencia de la mafia se vio reflejada en la adquisición de tierras, las cuales fueron usadas como zonas de recreo y refugio para algunos capos…

… No hay que perder de vista la influencia que el narcotráfico tuvo en esta dinámica, ya que si bien la región no es importante para el cultivo de cultivos ilícitos si lo es para el tráfico de la droga que se produce en la Serranía de San Lucas y el bajo Cauca. De hecho, con el objetivo de garantizar estos corredores algunos capos compraron tierras en municipios como San Onofre, Palmitos, Tolú, Toluviejo y Coveñas…

… Hay que enmarcar esta incursión con lo que sucedía en ese momento en el nivel nacional, ya que paralelamente a la incursión de las AUC en los Montes de María y su entorno, se da la entrada de esta organización al Sur de Bolívar. De esta manera no solo se llevó a cabo una ofensiva encaminada a apropiarse de los cultivos de uso ilícito en la Serranía de San Lucas, sino que también se desarrollo una fuerte disputa por los corredores que permitían sacar la coca a la costa Caribe y de ahí enviarla a Centroamérica o directamente a Estados Unidos. (Tomado de http://www.erta-tcrg.org/cri6224/2008/paramilitaires/pdf/bloquemontesdemaria.pdf)

Desmovilización

En el marco del Proceso de Paz que se adelantó con los grupos paramilitares en el Gobierno del Presidente Uribe Vélez, 594 hombres del Bloque Héroes de Montes de María se desmovilizaron el 14 de julio de 2005 en el corregimiento San Pablo del municipio María La Baja, Bolívar, no obstante, el dominio y forma de operar en la zona sigue siendo la misma, situación que se explica con una de las aseveraciones que hiciera uno de los asesores políticos de las autodefensas “lo que está llegando a su fin son las AUC como marca registrada, no el paramilitarismo como tal”. (Tomado de http://www.erta-tcrg.org/cri6224/2008/paramilitaires/pdf/bloquemontesdemaria.pdf). De esta manera los defensores y defensoras de derechGos humanos siguen siendo amenazados, perseguidos y judicializados injustamente siendo así que se recuerda que

…los miembros del MOVICE en Sucre han sido constantemente amenazados de muerte y hostigados, como ilustra el caso de las varias amenazas recibidas por la Sra. Ingrid Vergara y su hija menor de edad y el Sr. Juan Daniel Díaz Chamorro así como la detención arbitraria del Sr. Carmelo Agamez desde el 15 de noviembre de 2008. http://www.fidh.org/Asesinato-del-lider-campesino-Rogelio-Martinez

OBJETIVO GENERAL

Analizar y diagnosticar la política criminal respecto del caso de homicidio del líder campesino y miembro del MOVICE -Rogelio Martínez, revisando los componentes de contexto, actores y norma jurídica que aplican para el caso en mención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

1. Conceptualizar las condiciones de contexto y tipología del delito de homicidio a líderes campesinos y defensores de derechos humanos, con énfasis en el caso de Rogelio Martínez.
2. Conocer la base de datos de delitos asociados a las persecuciones y homicidios  a líderes y defensores de derechos humanos en el contexto colombiano con relación a las leyes colombianas.
3. Aportar en el análisis investigativo de la política criminal en casos de persecución y homicidio en la coyuntura de la violencia socio-política en Colombia.

DIAGNOSTICO DE LA POLITICA CRIMINAL RELACIONADA CON EL DELITO de la ejecución extrajudicial del líder campesino Rogelio Matinés

En un primer momento en el desarrollo de esta investigación definimos que el centro del trabajo seria el análisis criminológico del homicidio en persona protegida de Rogelio Martínez, después del acercamiento al marco teórico, las entrevistas a personas especialistas en la temática y la perspectiva de los derechos humanos asumimos la categoría de ejecución extrajudicial,  de acuerdo con la definición extendida en el derecho internacional humanitario de los derechos humanos la definición de la ejecución extra judicial hace referencia a la ´privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de agentes estatales “una forma de pena sin proceso pena extrajudicial, este caso recoge varios elementos importantes para nuestro análisis.

1. La ejecución extrajudicial es cometida por agentes de la fuerza pública, en el caso de Rogelio Martínez se encuentran detenidos dos paramilitares que se desmovilizaron en el marco de la ley 975del 2005. Según las sentencia citadas anterior mente el paramilitarismo en Colombia en una política de Estado,
2. En nuestro país la ejecución extrajudicial se ha reconocido como un fenómeno sistemático en el marco del desarrollo del conflicto interno.
3. El perfil del campesino Rogelio Martínez, lo ubica como un ciudadano con un alta nivel de riesgo, antes de su muerte Rogelio visito varas instituciones de alto perfil como Ministerio del interior, procuraduría, defensoría.

Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia son crímenes que se desarrollan en el marco de un contexto de violencia sociopolítica, entendiéndose ésta como un tipo de violencia premeditada, organizada y sistemática que tiene unos objetivos claros ya sean políticos, económicos, sociales para dominar a través del terror a un grupo de personas organizadas o no que por su rol en la sociedad no les es útil (a quienes ejercen dicha violencia) para el modelo de sociedad que pretenden. (García, H. 2010 tomado de http://www.civis.se/La-violencia-sociopolitica-una).

En este sentido, en medio del análisis criminológico expondremos uno de los tantos casos que se han presentado en el país como consecuencia de la política de “Seguridad Democrática” implementada en el gobierno del ex Presidente Alvaro Uribe Vélez para los periodos 2002 – 2006, 2006 – 2010, sin embargo, no pretendemos reducir la problemática a este exclusivo rango de tiempo, entendiendo que son situaciones que se han presentado desde tiempos a tras, pero que se puede observar un notable incremento para el período mencionado.

Un análisis criminológico pretende formular y poner de manifiesto situaciones en donde se han cometido conductas punibles que son susceptibles de ser examinadas desde un punto de vista científico.

Describir el delito desde diferentes fuentes, CP, Convención Americana, etc mirar los derechos que se han violado a partir de los delitos cometidos (desplazamiento, derecho a la vida, etc), delitos: homicidio, ejecuciones extrajudiciales

La fuerza pública, en ejercicio de sus funciones constitucionales ha abusado de éstas para disponer de la vida de miles de campesinos y campesinas, jóvenes, en general, ciudadanos y ciudadanas que no participan en la confrontación armada del conflicto armado que vive Colombia

Diagrama de Gantt

Componentes Programación	Fecha
Actividades	Mayo				Junio
Act. 1. Planeación grupo investigador			x	x
Act. 2. Búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias: revisión de bibliografía, base de datos, medios de comunicación, entrevista con Defensor de Derechos Humanos del CINEP, entrevista con esposa de Rogelio			x	x
Act. 3. Sistematización y análisis de información				x
Act. 4. Redacción del informe criminológico					x
Act. 5. Presentación del informe criminológico						x
Recursos Humanos	Mayo				Junio
P1. Mónica Velásquez. Psicóloga candidata a Maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás			x	x	x	x	x
P2. Carolina Torres. Psicóloga candidata a Maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Secretaría Técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Miembro del ECIAF (Equipo Colombiano de Investigación en Antropología Forense)			x	x	x	x	x
P3. Hada Luz García Méndez. Psicóloga candidata a Maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Equipo Psicosocial de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.			x	x	x	x	x
P4. Investigador y Defensor de Derechos Humanos del Banco de Datos del CINEP				x
P5. Esposa de Rogelio Martínez Mercado				x
Recursos Físicos	Mayo				Junio
R1. Computadores, internet
R2. Grabadora audio
R3. Informes de derechos humanos, bases de datos
R4. Transporte búsqueda de información y grupo investigador

PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO

Planeación de Trabajo

Lo que abarca este informe de criminología no es solamente un tipo de violación o de delito, sino la descripción y contextualización de una situación o caso en donde concurren varias violaciones de derechos y derecho internacional humanitario en este sentido la revisión y obtención de información de fuentes primarias y secundarias será la forma de acercarnos a la problemática.

Para abordar este caso fue necesario la búsqueda y consulta de diferentes fuentes, la revisión de las baces de datos del  banco de datos del Cinep, la base de datos del proyecto Colombia nunca mas, diferentes artículos nacionales e 8internaiconales, documentales y reporte de la noticia en prensa.

Como este caso se encuentra en proceso  en investigación nos centramos en la recolección de información en las siguientes categorías: paramilitarismo, paramilitarismo en Sucre y Montes de María, proceso de desmovilización,  despojo de  tierra en Sucre, finca la Alemania.

Esto con el fin de ubicar de manera particular los hechos del homicidio en persona protegida de Rogelio Martínez, para construir una propuesta de atención integral y garantías de protección a lideres y lideresas que adelantan procesos de defensa en el tierra en diferentes zonas del país.

Lo que abarca este informe de criminología no es solamente un tipo de violación o de delito, sino la descripción y contextualización de una situación o caso en donde concurren varias violaciones de derechos, en este sentido la revisión y obtención de información de fuentes primarias y secundarias será la forma de acercarnos a la problemática.

Etapas para la política criminal del delito ejecución extrajudicial

Etapa 1

FORMATO DE REPORTE DIARIO DE LA DINÁMICA DEL DELITO – FRDDD

Fecha dd/mm/aa	Hecho, noticia	Fuente		Delitos, violaciones e infracciones	Víctima o víctimas	Victimario/s	Seguimiento (investigaciones, judicializaciones)
		Primarias	Secundarias

Etapa 2. Explicación del Formato

Este instrumento consiste en una tabla de recolección de información la cual permitirá recoger información día tras día de hechos de violencia.

1. Las entidades de donde se sacarán las informaciones son aquellas gubernamentales como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y las organizaciones no gubernamentales que reporten los hechos, así como las bases de datos consolidadas de dichas organizaciones como la Base de Datos del CINEP y la del Proyecto Nunca Más.

Las variables a tener en cuenta son tiempo, fuente, violación, delito o infracción, víctimas y victimarios., Por tiempo se entenderá las fechas de ocurrencia de los hechos. Las fuentes serán las organizaciones, personas, elementos y lugares de donde se obtenga la información.

En un solo hecho puede haber diferentes tipos de delitos, violaciones en infracciones, en este sentido se entenderá por delito aquella conducta típica y antijurídica según el código Penal colombiano; violaciones como las que atentan contra los derechos humanos e infracciones las que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario.

Se entenderá por víctima como aquella persona o personas a quienes se les vulnere sus derechos.

Victimario aquella persona o personas que por acción u omisión en términos de responsabilidades atentan contra los derechos de una o varias personas.

Instituciones y entidades vinculadas para la recolección de información

Estatales	Locales	Organizaciones de la sociedad civil	Medios de comunicación
Fiscalía Policía CTI DAS Procuraduría Defensoría del pueblo Medicina legal Alcaldía Iglesia Juntas de acción comunal Consejos verdales		ONGS Movimiento de victimas Organizaciones defensoras de DDHH Colectivos de abogados. Periódicos locales y nacionales Paginas web Periódicos alternativos Noticieros Documentales Periódicos murales

A partir del análisis del diagnostico de esta problemática, se generan espacios de reunión inter institucionales con el fin de generar planes para el seguimiento y prevención de las ejecuciones extrajudiciales en personas protegidas.

Esperamos vincular a todas las instituciones, organizaciones sociales, medios de comunicación locales y nacionales a generar estrategias conjuntas para el seguimiento de los casos, así como la necesidad de concertar un plan de atención inmediata para la protección de ,los predios despojados, las garantías para el retorno digno de los y las lideres campesinos.

Etapa 3. Elaboración del Plan Operativo

Entrevistas

Institución	Persona entrevistada
Banco de Datos del Cinep	William Roso, investigador
Proyecto Colombia Nunca mas	Marcela Duarte, Coordinadora nacional
Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado	Franklin Castañeda, comité nacional de impulso
Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado capitulo Sucre	Ingrid Vergara, secretaria técnica Capitulo Sucre.
Observatorio de DDHH, Coordinación Colombia Europa, estados unidos	Alberto  Yepes, coordinador Base de datos
Familiar del líder campesino	Esposa de Rogelio Martínez. Líder de la finca la Alemania

Construimos un protocolo general de entrevista  con preguntas abiertas, con el fin de identificar en cada una de las personas entrevistadas su conocimiento de la problemática, sus propuestas para superarla y su compromiso institucional en la prevención.

Etapa 4 – Etapa 7. Ejecución, consolidación, evaluación y elaboración de la política criminal

En el marco de esta trabajo no se desarrolla la ejecución de la política criminal consideramos importante hacer algunos aportes para segur trabajando en el marco del actual contexto de negociación y aprobación del proyectó de ley de víctimas y ley de tierras.

Una de las propuestas es trabajar a profundidad el tema de las garantías a lo y las defensoras de los derechos humanos, pues en importante la concertación pero mas importante aun es preservar la vida de miles de lideres e lideresas victimas en Colombia.

A continuación encontramos los puntos que propone el Movice para aborda realmente las garantías:

1. El reconocimiento y superación negociada del conflicto armado interno;
2. La falta de una estrategia para enfrentar y desmantelar las estructuras económicas, políticas y militares del paramilitarismo;
3. Las medidas para superar la impunidad de los graves crímenes contra los derechos humanos que ha vivido el país en los últimos años,
4. El Debate sobre la constitucionalización de la Estabilidad Fiscal, como barrera preocupante para el acceso a los derechos sociales de la población,
5. Los impactos en los derechos humanos de los tratados de libre comercio, el modelo de producción agropecuaria y la soberanía alimentaria como base material para la satisfacción de los derechos básicos de la población colombiana, entre otros.

 

Ley de victimas y ley de tierras

Colombia se caracteriza por la ausencia de una política de reparación integral para las víctimas, que entienda la reparación, la verdad y la justicia, como derechos interdependientes.

“La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que el archivo legislativo del proyecto llamado “Ley de Víctimas” es una ocasión perdida para avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

La Oficina reconoce que este debate ha contribuido a que las víctimas y sus derechos encuentren un lugar en la agenda pública y recuerda que la reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”

En consecuencia el proyecto de ley de victimas debe recoger los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y repacion integral como los siguientes:

Los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, de Naciones Unidas, trae una definición amplia sobre el concepto de víctima, que incluye a quienes han sufrido violaciones que van en contra de normas internacionales de DDHH y de violaciones graves al DIH, así como a los sujetos individuales y colectivos, incluyendo a quienes han sido receptoras directas e indirectas de la violación, reconociendo el daño producido a familiares y personas que tiene una relación inmediata con las víctimas directas.

Ley de tierras

Al analizar en su conjunto el proyecto  de ley, es posible establecer que la columna vertebral de las medidas de reparación son aquellas que hacen referencia al componente de la restitución, con las cuales de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales pretende  “Lograr que la víctima vuelva a la situación en que estaba antes de periodo de referencia (es decir el “statu quo ante”), e implica restablecer, entre otras, el ejercicio de sus libertades individuales, el derecho a la ciudadanía, la vida familiar, el regreso a su país, el empleo y la propiedad”.

La violencia sociopolítica en Colombia no se limita a una confrontación ideológica, sino que ha sido un conflicto en el que ha existido acumulación de riqueza, que ha ocasionado lo que muchos han llamado una verdadera contrarreforma agraria. De acuerdo con el último informe de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado con base en la II Encuesta Nacional de Verificación de 2008,  “la extensión en número de hectáreas perdidas a causa del desplazamiento forzado, sin contabilizar las formas de propiedad o tenencia colectiva oscilarían entre 5,0 y 5,5 millones de hectáreas” cifra en la que no se incluyen territorios colectivos. Muchas de las tierras despojadas, tal y como lo ha sostenido el MOVICE, hacen parte de los planes de expansión agroindustrial, caso palma aceitera, o son terrenos para el desarrollo de macroproyectos, o en ellas simplemente se alberga gran riqueza que están en su subsuelo  o son fuente de enorme e incalculada biodiversidad.

CONCLUSIONES

Las persecuciones y asesinatos a líderes de organizaciones y Familiares, así como otros crímenes de Estado podrían evitarse si existiera voluntad política para acabar con la estrategia criminal materializada por el paramilitarismo en Colombia. De otro lado, documentar los casos, realizando este tipo de análisis facilita la comprensión contextual del la violencia política en Colombia, en casos colectivos, pero también en casos individuales de violaciones a los derechos humanos.

El hecho de realizar oportunos diagnósticos a los actores, y a la sociedad violenta en sí misma, aporta en la labor investigativa con el fin de dilucidar los casos y  no continuar reforzando la cultura de la impunidad, logrando la identificación de responsables y la operacionalización de la justicia, tan importante elemento para lograr la paz y seguridad en nuestro país.

La sociedad civil  (organizaciones sociales y  líderes comunitarios) juega entonces un papel definitivo en la prevención del delito, desde el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, la cooperación en información clave para hallar los responsables de los hechos, pero sobretodo la necesidad de promover capacidades para ejercer y exigir los derechos humanos, no como un ideal, sino como la máxima expresión de la democracia, la justicia social y  la igualdad.

Rechazar los crímenes como el de Rogelio Martínez, posibilita resistir  frente a la impunidad, y a la normalización del delito. Esto representa, la evaluación de la aplicación de la ley en las diferentes regiones del país, el control oportuno en la corrupción política, y por último, la participación de los y las ciudadanas en las diferentes mesas de incidencia política. El Estado debe estar atento a las observaciones de la CIDH, y no omitir las cifras reales en cuanto a violaciones a los DDHH y al DIH, actuando con diligencia en la defensa y puesta en práctica de la constitución política de Colombia.

Según Garrido (2006), es fundamental resaltar la prevención del delito como el conjunto de medidas destinadas a impedir que un evento se produzca, o si ya se ha producido, que vuelva producirse o que el evento se reduzca en frecuencia o gravedad.  A continuación se ilustra a través de un cuadro el papel de cada uno de los actores en el proceso de prevención primaria, secundaria y terciaria.

Orientado hacia:	Establecer condiciones que reducen oportunidades	Estrategias para evitar que los problemas se consoliden	Disminuir daños y evitar repeticiones
Delincuente	Prevención generalPolítica social y sanitaria Política laboral y urbanística Protección de menores Adopción de menores	Prevención individualTrabajo social Terapia para drogadictos y otras problemáticas.	Política social de reinserción, rehabilitación
Víctima	Estrategias para evitar riesgos	Comportamiento en el encuentro con el delincuenteAutodefensa	Terapia de crisisRestitución
Comunidad	Control informalVigilancia vecinal	Ayuda en situación de crisis	Colaboración ciudadana para esclarecer los delitosApoyo a vecinos que han sufrido un delito
Medio ambiente	“Espacio defendible”Arquitectura Dinero electrónico Coches antirrobo de serie	Sistemas de protección:Cerraduras, Alarmas, sistemas de autoprotección según el contexto..	ReparaciónEvitar deterioro en edificios o zonas públicas

 Tabla 1. Tipos de prevención. Fuente: Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006).

Por su parte, las victimas deben seguir asociándose y organizando sus acciones en el maco de las leyes y la participación, para lograr la reparación de los hechos violentos sufridos, aquí se hace referencia no solo a la creación de nuevas políticas y leyes de victimas sino además al respeto por sus procesos de duelo y daño producido en las esferas patrimoniales y psicosociales.

Los victimarios deben responsabilizarse de sus acciones, accediendo a las sanciones pertinentes, a las políticas de prevención y al cumplimiento de la ley,  no propendiendo por falsas desmovilizaciones, o estrategias para evadir su responsabilidad, lo cual deja secuelas graves para la sociedad, asociadas con el progreso de los perpetradores y nada relacionadas con el ejercicio efectivo de la justicia.

RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta el grado de impunidad tan alto que existe en Colombia, se debería impulsar con mucha fuerza una Comisión de la Verdad con carácter vinculante en donde converjan instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, víctimas y representación de la población civil en general.

- Disciplinas agrupadas en las ciencias sociales deberían apuntar a construir propuestas de castigos alternos a la cárcel que cumplan con la finalidad de castigo y corrección, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades la cárcel no está cumpliendo completamente este papel y por el contrario en algunas personas ha generado mayores problemáticas.

- Este tipo de informes debería ser tenidos en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por Naciones Unidas para que se puedan hacer recomendaciones al Estado Colombiano con relación a los derechos violados y de esta forma entender la magnitud de dichas violaciones y no simplemente como cifras estadísticas.

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