DESDE LA LÓGICA PUNITIVA HACIA EL CONCEPTO DE MEDIACIÓN DEL CONFLICTO

ROBERTO HORACIO CASANOVA

Introducción

            Los aglomerados urbanos conforman y presentan conflictivas sociales de los modos diversos. Dígase ciudad o urbe, se plantean realidades socio-espaciales cambiantes, que en la actualidad despliegan distintas realidades, sostenidas en una lucha de discursos de poder. Malestares entre los sujetos, los grupos, sectores, clases, que se ven influidos por las geografías y la arquitectura de la ciudad. Estamos pensando así en la vida en la ciudad como una encrucijada en las cuales las calles, rutas, puentes, vías de paso, son pensados como canales donde se pone en juego intereses y reclamos de los individuos y agrupaciones. La vida en la ciudad es característica en sí misma, variando en cantidad de habitantes, en su diagramación, en las políticas urbanas, etcétera, que tendrán resonancias en la convivencia, en las representaciones sociales, en las asignaciones de sentidos, en el acceso a derechos e intereses.

            Se propone entonces un debate, una discusión en torno a modos de afrontar el reclamo social y su conflictiva en el marco espacial de las ciudades de Argentina. Es pensar a la ciudad en su variante de espacio político donde se despliegan discursos, pugnas de poder, luchas y reclamos de individuos, sectores  y grupos. Espacios a los que la protesta social se adapta, y donde las autoridades buscan crear una regulación, que sin dudas, sostendrá algún tipo de interés de ciertos grupos de poder dominantes.

            Con estas variables en cuenta se desplegará a continuación un abordaje de la conflictiva desde una lectura psicosocial. De la lectura de cuatro proyectos de ley de regulación de la protesta social se ha de elaborar aquí una serie de reflexiones en las que se problematizan las características de cada uno de ellos. Se plantearán dificultades de aplicación a nivel normativo y/o socio políticos; haciendo hincapié en factores de índole psicológica que podrían estar en juego de fondo, como variables inevitables a la hora de pensar los vínculos sociales y políticos de los sujetos parte de una comunidad. Desde el modo de presentación que aquí se plantea, se piensa necesario realizar un recorrido por cada uno de los proyectos presentados. Revisando las propuestas en un orden –desde una lectura propia- de mayor penalización de la conducta hasta arribar al concepto de mediación obligatoria. Paso siguiente será presentar un desarrollo más pormenorizado del concepto de mediación conjuntamente a la denominada intervención penal mínima.

            Se cree relevante esta temática seleccionada, ya que desde la ciencia psicológica es factible intervenir con aportes que logren complejizar y observar cuestiones que ahonden profundamente y no se ciernan puramente a lo manifiesto. El juego de poder en todo esto queda demarcado como en toda decisión política en una comunidad; entonces es la mirada clínica y la ética de nuestra profesión la que podría signar de un modo diferencial aquellas decisiones que un grupo pueda implementar o proponer. Los discursos de poder están plasmados -y eso trabajaré aquí– en los proyectos de ley que se analizarán a continuación. Desglosar estas estructuras es un primer paso a fin de no acallar voces y no ser parte –con el silencio o una posición “apolítica”– de un modelo que anule, someta y controle en base a intereses mezquinos a sectores postergados históricamente en nuestra región.

            Se plantea aquí una problemática social en la cual al profesional de la psicología se le presenta un campo en el cual puede intervenir a la hora de generar formas de participación más activas, comunicativas y responsables por parte de los sujetos; a la par de una labor de contención comunitaria. Favorecer a través de distintas herramientas, según sus saberes científicos la reducción de riesgos existentes en estas situaciones conflictivas. Pensar al psicólogo forense en un rol de mediador, efector y planificador que permita el diálogo y la comunicación entre los distintos grupos de la comunidad a fin de llegar a una resolución posible que respete la subjetividad y derechos de todos los sectores.

Proyecto convivencia ciudadana: Modificación del Art. 194 del Código Penal

            En primer lugar, se debe observar que el eje central del proyecto presentado por el diputado nacional por el partido PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un sentido claramente punitivo. En el Art. 194 del Código Penal de la Nación se lee: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.” Sturzenegger remarca en forma explícita e implícita en sus fundamentos, el valor de la norma vigente, enmarcándola en una lógica penal sostenida desde la teoría del delito. No solo enfatiza la importancia del bien jurídico protegido aquí por las leyes –libre circulación, transporte, servicios públicos, etcétera-, sino también se sobreentiende que afirma el tipo penal denominado peligro abstracto. Refuerza así el concepto de peligrosidad de la protesta, del reclamo social, sosteniendo y extendiendo la ley vigente. Al decir quién “impidiere”, “estorbare” o “entorpeciere”, se está hablando de la posibilidad de afección a bienes jurídicos y derechos del ciudadano. En el código penal y en los fundamentos de Sturzenegger, se entienden estos verbos y acciones, como derivados de ciertas situaciones y junto al empleo de medios puntuales, como un modelo que afecta derechos y libertades de otros.

Pero lo que en su discurso no se plantea, es que los límites de la protesta se han perdido en la actualidad. Las acciones pueden caer dentro del rango de tipicidad del Art. 194 del C.P., sin saber los agentes que están infringiendo una norma. Quién protesta, lo puede hacer en la búsqueda de reparación, exigiendo derechos. Y debemos entender en forma práctica que no todos los sujetos comprenden o conocen lo que los códigos pautan. Las normas y leyes son generales y no atienden a las particularidades y singularidades de cada necesidad.

            Sturzenegger da a entender que estos modos de protesta y reclamo afectan a los derechos y libertades indispensables de los ciudadanos. No solo apoyándose en el derecho constitucional a la libre circulación, sino también, al derecho a bienes y servicios básicos como lo son transporte, agua o elementos energéticos. Propone Sturzenegger adicionar al artículo en cuestión: “Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior hayan sido realizadas en el marco de una reunión de personas que peticionan a las autoridades y no hayan ejercido violencia formal o material en las personas ni en las cosas, la pena será de una multa de Quinientos ($500) a cinco mil ($5000) pesos. No será punible la conducta descripta en el párrafo anterior si se garantizará la libre circulación de la rutas nacionales, autopistas, semi – autopistas, avenidas y calles para su utilización por el sistema de transporte público o privado de pasajeros y particulares. Así mismo se deberá, con un plazo no menor a veinticuatro (24) horas, dar aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de esta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”. Y prosigue párrafo aparte: “Para el caso que no pueda realizar la individualización de los sujetos comprendidos en la norma, serán pasibles de lo prescripto en los párrafos anteriores las organizaciones que los nucleen y/o organicen y/o convoquen. En este caso, las multas se fijan en el doble de lo previsto para los particulares”.

            Se observa claramente una ampliación del tipo penal traducida en una multa pecuniaria. Pero la norma no observa realidades prácticas, como puede ser no contar con medios de pago. Ciertos grupos protestan para obtener mucho menos del valor de la multa mínima planteada. Por otro lado, habla de exclusión de responsabilidad penal, a quienes dejen abiertos ciertos carriles que aseguren la circulación de los que tetno participen en el encuentro. Si bien esto parece justo, y parece asegurar en cierta medida los derechos de todos los afectados; debemos pensar la realidad humana y sus límites. El ser humano no se rige en ciertas situaciones desde el marco de la lógica jurídica.. Ciertos escenarios son a veces el desborde del abandono, la desidia y la violación de Derechos. Posicionándome desde mi profesión – la psicología -, puedo pensar que desde una escalada de violencia social, institucional y desprotecciones, no se da lugar muchas veces a una organización como propone esta modificación de la norma. Parece simple decir que se libere un carril o una vía; pero no es simple ceder un metro más cuando a un individuo o grupo se le ha arrebatado parte de su condición humana. Lo mismo podría pensarse con la idea de que se deba avisar con un plazo no mayor a las 24 horas lugar y fecha de la protesta, a fin de que la autoridad competente organice los espacios. Esto más bien refleja un control del reclamo, y deja muy por fuera la prevención del mismo. No prevención en el sentido de callar voces, sino en el sentido de que los individuos no lleguen a dicha instancia por ver desprotegidos sus derechos. Quién sufre de un abandono del Estado, no espera mucho del mismo, cuando ha exigido y no ha sido escuchado por las vías institucionales. No es factible pensar tampoco que espere ser escuchado o atendido a la hora de advertir con anterioridad su reclamo de justicia.

            La ampliación de la norma promueve que en el caso de no poder ser individualizados los sujetos a fin de ser penados, podrá sancionarse a las organizaciones que los nucleen, organicen y/o convoquen. Y agrega, que las multas serán del doble que lo previsto para los particulares. Esta propuesta, el diputado la destaca como moderna, novedosa y que busca eficacia en la sanción. El aumento de la multa lo aduce a la responsabilidad mayor por parte de las organizaciones en el proceso de la protesta y sus integrantes. Desde mi lectura, observo nuevamente la fuerte impronta punitiva, que castiga pero no resarce la problemática de fondo. Observo a su vez, un mecanismo de control que busca responsables, rostros, nombres, y no brega por soluciones de fondo.

            Y aquí debemos hacer un alto, y entrever que Sturzenegger apuntala el derecho del ciudadano a circular. Pero no deja igualmente asentada a la protesta como un derecho del ciudadano. Menciona el diputado la libertad de protesta, libre expresión, pero no lo relaciona directamente el concepto de ciudadano. Más bien queda implícito que se debe proteger a un tipo de ciudadano que no puede transitar por consecuencia de la protesta de ciertos grupos. Fundamenta la ampliación de la norma, trayendo a argumentación que a partir de la década de los 90 en Argentina fue creciendo la protesta “no institucionalizada” como modo de –según sus palabras– llamar la atención de las autoridades y el resto de la ciudadanía; y con el sentido de que apoyen o desaprueben ciertas políticas públicas o privadas. Sturzenegger opina que la finalidad ha sido lograr a través de esto, comunicar su postura frente a determinadas situaciones que les afectan, y lograr obtener notoriedad e influencia, que no han podido lograr mediante otros mecanismos institucionales. En este punto se debe observar que a lo largo de sus fundamentos, nada se habla de las motivaciones de la protesta. De la necesidad de eficacia del reclamo, de ser escuchados. Como se dijo más arriba, el presente proyecto parece tener más bien un espíritu punitivo, que no busca resolver o mediar, sino penar de mejor modo.

            Sin embargo, el diputado menciona algo interesante sobre este modo de protesta. Menciona que apunta a desaparecer del anonimato y ser escuchados por parte de ciertos grupos. Y cita el diputado a un párrafo del libro Derecho Penal y Protesta Social, de Eugenio Zaffaroni, donde subraya la idea de que no cualquiera que sufre una injustica puede cometer actos ilícitos, cortar rutas o dañar la propiedad ajena, existiendo vías institucionales para efectuar el reclamo. Pero Zaffaroni también advierte que no existen – ni existieron nunca – Estados de derecho que pongan a disposición de todos sus habitantes, los medios y vías para lograr la efectividad de todos sus derechos. El diputado con esto estaría remarcando límites de la protesta y de los derechos.

            Sturzenegger desarrolla entonces el aspecto  normativo del derecho a la protesta y expresión, citando los Arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional y los tratados universales internacionales y regionales de los Derechos Humanos. Se refiere a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión (Art. 18 Declaración Internacional de los DDHH), libertad de expresión y libertad de reunión y asociación pacífica (Arts. 19 y 20  mismas declaración). Pero deja en claro un punto –según su lectura– que en los últimos años la protección y goce de estos derechos se ha visto excedida, avasallando y afectando los derechos de otros ciudadanos que ven violados sus derechos a la libre circulación por vías y arterias del país. Todo esto garantizado por la Constitución Nacional en el Art. 14 y sancionado protegido por el Art. 194 del Código Penal.

            El funcionario cita y apoya los desarrollos de la Relatora Especial para la libertad de expresión de la CIDH, quién da a entender que las huelgas, cortes, copamiento del espacio público, puede generar daños y perjuicios que serían necesario prevenir y reparar. Y remarca el diputado el pensamiento de dicha relatora cuando menciona que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, siendo cierto que su ejercicio puede ser abusivo, causando daños colectivos e individuales importantes. Pero se debe analizar cada cita y cada sentido de la argumentación, ya que sin dudas lo plantea desde una posición y desde cierto grupo de pertenencia. Y según lo expresado, pareciera ser –como ya se mencionó– que lo que aquí se protege es el bien jurídico propiedad y la libertad contractual de cierto rango de ciudadano.

            Finalmente, el diputado realiza luego una pormenorización y cálculo estadístico, del costo monetario que significaron para la Ciudad de Buenos Aires los cortes efectuados durante el año 2013. El resultado orientativo resulta en 470 millones de pesos argentinos. Lo interesante más allá de la exactitud o no de los cálculos, es que concluye: “Estos cálculos aproximados, sirven para cuantificar el posible impacto de la protesta social sobre el resto de los ciudadanos”. Y a continuación el diputado sanciona: “Por ello es necesaria la reforma propuesta (…) reglamentando y legalizando la llamada “protesta”, con un criterio de equidad, que establezca un marco de convivencia y tolerancia para el ejercicio de los derechos de los unos de los otros”. Las comillas en la palabra protesta dejan que pensar. No queda claro si busca destacar o relativizar su sentido. Lo que queda claro es el interés en la afección económica de los que no protestan. Y el diputado dice plantear una ley moderna que apunte a un marco de equidad. Pero es discutible ello, ya que la protesta en muchos casos es una herramienta en la búsqueda de la equidad y justicia social. La protesta muchas veces es una búsqueda para acceder a derechos. Y las pérdidas económicas que remarca en sus estudios, no calculan las faltas y pérdidas económicas históricas y generacionales de ciertos grupos desprotegidos.

Ley de consolidación del derecho a la petición social y la convivencia ciudadana

            Desde el partido del Frente Renovador, se tiene como objeto a través de este proyecto de ley, ordenar el normal funcionamiento de los transportes por tierra y establecer la correcta actividad de los servicios públicos de educación, agua, salud, transporte, electricidad, comunicaciones y demás servicios esenciales para la comunidad. A la par de ello, reconocer que toda persona tiene derecho a la petición social entendida como el ejercicio colectivo de la libertad de expresión y la responsabilidad cívica. Por otro lado, se remarca la inadmisibilidad de la petición social como causa de justificación frente a la comisión de cualquier tipo de delito. De comienzo entonces queda claro que estamos frente a un constructo normativo, atento a las conductas típicas y a las causas de justificación. Aunque resulte redundante, es necesario remarcar el encuadre penal del proyecto (como en el proyecto anteriormente analizado). El espíritu y la lógica penal – carcelaria está presente en los orígenes y fundamentos de estos proyectos. Sin embargo, el presente se diferencia del propuesto por Sturzenegger en el proceso de administración de la petición social.

            Se propone la implementación de circuitos y espacios públicos, dispuestos por el poder ejecutivo de la Nación, y a fin de ejercer legítimamente el derecho a la petición social. Como condición, que sean ámbitos idóneos y relevantes a fin de permitir a los sujetos poder expresar sus pedidos y ser escuchados por sus destinatarios. Esto valdría para funcionarios con capacidad de decidir o una parte significativa de la población. Se aclara en el proyecto, que dichos espacios deberán estar dispuestos en las jurisdicciones Federal, Provincial, Ciudad de Buenos Aires, y los municipios. Dotando los espacios de las adecuaciones y recursos tecnológicos necesarios, y remarcando la visibilidad efectiva de la manifestación pública.

            Se observa un punto interesante – y no se cree sea casual – en torno a la clasificación de las manifestaciones. Por un lado describe las espontáneas y por el otro, aquellas que han sido planificadas con antelación y previamente notificadas a la autoridades correspondientes –y que las mismas dispongan los medios pertinentes-. Aquí nuevamente se debe analizar esta tendencia positivista a la clasificación de las acciones y expresiones humanas (como se ha realizado en el apartado anterior de este escrito). El constante intento de la legislación biologicista con el fin de realizar taxonomías y organizar las conductas de los hombres en incisos. Pero el factor humano no puede proclamarse en líneas de acción única e inconmovible, ninguna norma podrá prever, anticipar, y respetar todas las expresiones de los sujetos y  sus peticiones sociales. Esto se observa en las bases penalistas del proyecto, el cual sanciona con multas y/o trabajo comunitario a quienes en forma espontánea, se manifiesten por fuera de los espacios dispuestos. El proyecto desarrolla pormenorizadamente en sus incisos lo montos pecuniarios, y los tipos de trabajo comunitario, tiempos y formas. De igual modo que el proyecto a cargo de Sturzenegger, no se contempla la situación social de ciertos sujetos y grupos. Tampoco se propone incisos que planteen o den lugar a excepciones para el análisis de cada situación. Pensar en sancionar con trabajo comunitario a aquel sujeto que peticiona el acceso a un trabajo digno, resulta quizás irónico y hasta me atrevo a pensar vejatorio.

            Vejatorio e indigno por momentos, al contemplar que la propuesta de ley implementaría cursos de educación cívica y convivencia ciudadana – por un plazo de 6 meses -, de asistencia obligatoria a los imputados por violar la norma. No vejatorio e indigno por la calidad del curso, sino más bien por la situación y por el carácter de sanción del mismo. Un régimen punitivo que nuevamente no abarca las necesidades de cada sujeto y más bien pareciera tener un intención de “re – educación”. Pero se debe focalizar en el trasfondo de esta educación. Cursos en los cuales podría enseñarse modos de convivencia adecuados desde una mirada que no contemple la historia y atravesamientos de quiénes reclaman. El peligro intrínseco es que sean clases de adoctrinamiento que acallen voces y aplaquen el reclamo de dignidad. Demás decir que el carácter obligatorio dista de comprender los procesos de implicación subjetiva de los hombres. Todo sistema de enseñanza precisa de un deseo por parte de quién asiste o al menos la creencia de una ganancia para sí y los suyos. Esto podría no existir en estos casos, sumado al carácter coercitivo y la percepción de injusto que pudieran tener los sancionados.

Por otro lado, en este proyecto – como en el anterior citado – se asegura el reconocimiento de responsabilidades penales. Serán las agrupaciones y las personas jurídicas, en los casos de poder detectarlas. Y estas también serán responsables jurídicamente de aquellos individuos que no se puedan identificar y que se puedan asociar a alguna agrupación. Entonces, las agrupaciones que no respeten la norma, serán sancionadas y con más severidad.

            La norma que se propone aquí, no contempla un factor psicológico en los posibles manifestantes. Su pertenencia socio – espacial. El reclamo puede darse en ciertos espacio –de forma espontánea o no -, sostenido en un sentimiento de identificación y adherencia a un simbolismo e historia particular. Ejemplo de este proceso es el reclamo social en ciertos puentes limítrofes de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano zona sur, pareciera tener – más allá la visibilidad mediática obtenida -, un significado adicional para ciertos grupos. Son sitios donde en las últimas décadas se han realizado encuentros, manifestaciones, de una importancia sociopolítica por demás relevante. Sitios donde se reconocen logros comunales, grupales, sindicales. Sitios donde también han ocurrido actos de violencia tanto por parte de agrupaciones como por parte del Estado. Sitios donde se recuerdan heridos y muertos. En ocasiones ciertos espacios son símbolo de reclamos y tragedias anteriores, como lo es en torno a lo sucedido en el caso Kosteki y Santillán en el año 2001 -Avellaneda, Provincia de Buenos Aires-. Se está planteando aquí de forma crítica al presente proyecto, la complicación de desenlazar espacio – historia – significados – reclamo social – afectos y emociones humanas.

            Los fundamentos de este proyecto se sostiene en el vacío legal existente entre lo que dicta la Constitución Nacional en torno al derecho por parte de los individuos a peticionar a la autoridades; y por otro lado, el derecho a transitar libremente por el territorio argentino. Se plantea que este vacío en el caso de no poder normarse será claramente un germen de violencia que al multiplicarse irresponsablemente conspira contra la normal convivencia urbana y la concordia social. Por ende, la evolución y aumento de la tensión y conflictiva en este marco, pondría en riesgo la integridad física de las personas, atentaría contra sus bienes y limitaría el pleno ejercicio de derechos de todos. Y menciona el proyecto el punto referente a la presencia de normativas en torno al derecho a la libre circulación, pero la ausencia en relación a la petición social. El proyecto destaca la necesidad de regular la manifestación social.

            En relación a lo arriba mencionado, se debe destacar que el presente proyecto parece intentar regular lo que denomina petición social. Pero lo realiza proponiendo limitaciones a quien peticiona, como un derecho con menos categoría que otros. No propongo una escala de derechos o de relevancias, sino destaco que en esta ley se invoca la necesidad de controlar y vigilar la petición social, asegurando que el “resto” no sea afectado. El proyecto si reclama en su discurso una escala de relevancia de derechos.

            Es oportuno resaltar las palabras seleccionadas en el texto del proyecto. Se deja en claro que se busca regular la “petición social”, dejando de lado otras acepciones. Véase a continuación que:

  • No se decide emplear el concepto reclamo, que se definiría como la acción de pedir o exigir algo por derecho, de reivindicación. Se deja de lado el factor que se ha venido hasta aquí mencionando en torno al reclamo de derechos por parte de quienes se movilizan.
  • Se descarta el término manifestación, entendida como una reunión pública de gente que desfila para dar su opinión o reivindicar algo. No sería la más adecuada para la finalidad del proyecto, el cual busca ubicar a las personas en espacios definidos. El desfile de reivindicación – según la propuesta – ya no debiera ser por las calles y vías libremente.
  • Se omite el uso de la acción de protesta, descripta como la muestra de disconformidad o descontento. Al igual que la propuesta de Sturzenegger, el descontento de quién protesta no es el eje central de la norma. Si lo es el descontento del ciudadano que ve imposibilitado su libre tránsito. Esta Ley asegura el contento de la ciudadanía que desea cruzar un puente. Pero qué ocurre con la conformidad de quienes son dispuestos en “peticionódromos”. –permítaseme el neologismo-.

La concepción del espacio público como un espacio que debiera convertirse en un espacio común de convivencia ciudadana es clara –según la propuesta-. Citando el proyecto: “Lugar donde a nadie se le restringirá el ejercicio pleno de sus derecho”. Pero como se ha dejado en claro a lo largo de este apartado, pareciera que el lugar de ciudadanía no es simétrico. Pareciera que el espacio en común, lo es más para ciertos derecho y/o grupos que para otros. Se infiere implícitamente en la propuesta, el vector productivo de la norma. En el cual se debe asegurar la producción de bienes, liberar los obstáculos de las vías del territorio nacional. Como opción, reunir los obstáculos en espacios puntuales que no interrumpan. Como crítica o posibilidad, por qué no pensar en facilitar a esos grupos las herramientas adecuadas para poder producir bienes, sustentabilidad, plena inclusión y goce de derechos.

Convivencia en manifestaciones públicas, régimen

Desde la agrupación política Frente para la Victoria se propone un Ley que tiene como objeto garantizar el ejercicio de  los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación, e integridad física durante el desarrollo de manifestaciones públicas. Es interesante observar que se centra en la definición de manifestación pública como: “toda reunión no violenta de personas con un interés común, sea prevista o espontánea, que se desarrolla por un período limitado de tiempo en el espacio público con el objeto de reivindicar derechos o reclamar ante autoridades públicas o entidades privadas”. Y a continuación especifica la condiciones de legitimidad de toda manifestación pública cuando, a) no impide el normal funcionamiento de los servicios públicos, especialmente lo referido a la educación, la seguridad y la salud pública, b) no impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada, c) permite la libre circulación, especialmente de grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados, enfermos, entre otros, d) los manifestantes no cometan delitos previsto por el código penal durante el encuentro, y e) es notificada en los términos de la presente ley. De no cumplirse con estos términos, esta propuesta entiende a una manifestación como ilegítima. Sin embargo, se debe destacar que se postula que el Estado debe asegurar, tutelar y poner a disposición todos los medios necesarios para resguardar la integridad de lar personas en la reunión – manifestantes o no –  y el carácter pacífico de la misma, con la debida protección de los bienes de orden público y privado. Con esto último, nuevamente se reconoce el factor de protección jurídica a los bienes, eje que ha atravesado otras propuestas hasta aquí analizadas. El resguardo de la propiedad emerge como relevante – no se dice no lo sea -, pero por momentos opacando el interés por el resguardos de otros viene jurídicos en relación a los Derechos Humanos de los grupos participantes.

Se presenta nuevamente un modo de estructurar la manifestación, similar a otras propuestas, en la que se debe informar a las autoridades – a la policial en este caso – sobre lugar, tiempo estimado, objeto y delegado representante de la manifestación. Sin embargo, surge una novedad en torno al concepto de mediación, ya que la autoridad policial deberá notificar luego a las autoridades civiles del Ministerio de Seguridad a fin de ello. Se observa entonces como las fuerzas pasan a tener un rol administrativo en el camino de la mediación, entregando certificados de petición y movilizando el proceso.

Se debe observar detenidamente el sentido de la mediación obligatoria que propone la presente Ley, ya que parece un eje central para comprender la dirección de la propuesta de fondo. Se mantiene en claro que ninguna manifestación podrá ser desalojada por la fuerza pública, si no existiere previamente un espacio de mediación a cargo del personal civil del Ministerio de Seguridad (se excluye el personal de seguridad en esta tarea). Se establece que en la mediación, junto al personal del Ministerio de Seguridad y el representante y/o delegado de los manifestantes, pueden estar presentes autoridades del ámbito público o privado con competencia para resolver el conflicto, y funcionarios del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.

El objeto de la mediación se limitará a pactar las condiciones del cese de la perturbación a derechos de terceros que eventualmente genere la manifestación. Y a su vez, canalizar los reclamos y pactar las reuniones entre los manifestantes y las entidades públicas o privadas en relación. Es decir, el mediador civil se encargará de llevar adelante una agenda a fin de solucionar los conflictos. También el mediador civil podrá recibir denuncias por incumplimiento de lar normales legales y reglamentarias por parte de las fuerzas y actuar en la resolución de dichas irregularidades.

Sin embargo, lo llamativo del proceso de mediación es el plazo estipulado para la misma, pautado en 2 horas. Excedido el plazo, se entiende a la manifestación ilegítima, del mismo modo si el delegado no asiste a la misma. Respecto a este plazo, es cuestionable desde distintos aspectos. Pone en la mesa un plazo de 120 minutos en los cuales debiera bastar para llegar a algún tipo de conclusión, ¿pero es esto posible? Puede serlo. Pero la problemática surge cuando no alcanza. Cuando las problemáticas precisan de procesos más complejos de diálogos, de presencias, y de cierto marco de escucha que puede llevar un plazo mayor. Es un comienzo y un avance plantear este espacio, pero es un límite a su vez. Observo muy dificultoso poder pautar un tiempo para ciertos procesos, pero a su vez, necesario para organizar una estructura inicial de trabajo. Hasta se establece un efecto inmediato de la mediación obligatoria, ya que comenzada la misma, en el caso de estar cortado totalmente los caminos, se deberán liberar parcialmente los mismos. Estamos en presencia de un proceso de negociación, donde el mediador es agente de comunicación y facilitación. De hecho, deberá notificar en el plazo de 48 horas al delegado sobre sus actuaciones y lo resuelto con las entidades a quienes se les peticiona.

La Ley presentada tiene como eje la resolución de conflictos y la evitación y prevención de daños a los participantes – y no participantes -. Esto queda también asentado en la pormenorización en torno a la actuación de la fuerza policial. Se deja explícitamente asentados los principios del uso de la fuerza, en torno a la legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso. El mismo detalle en torno a la identificación del personal policial actuante, el registro de munición y armamento utilizado, la prohibición del uso de armas de fuego y la aclaración de que las armas no letales solo serán utilizadas para defensa de los funcionarios ante peligro inminente y nunca para dispersar la manifestación. Con esto se intenta reformular el rol de las fuerzas policiales en estas situaciones. Su función de prevención en contra de la acción represiva. Es lógico entonces el detalle en los incisos de la ley, a fin de limitar y destacar el empleo de la mediación como solución primordial.

Otro factor novedoso de la Ley en cuestión, es la propuesta de difusión de aquellas  manifestaciones encuadradas en legítimas en medios de radio, televisión, gráficos y digitales. La finalidad es que el Estado garantice la visibilidad de las demandas y reivindicación de derechos. Garantía que se extiende también a las manifestaciones consideradas ilegítimas por esta Ley, las cuales podrán ser difundidas también si sus integrantes lo deseasen. Nuevamente aquí se puede observar un modo de intervención conciliador, mediador, que brega por el acceso a medios y a modos democráticos de participación ciudadana.

Esta ley promueve a través de sus herramientas, un equilibrio de derechos, entre la libre circulación por el territorio argentino y el derecho a la protesta social. Un equilibrio de derechos que el Estado se plantea garantizar y lo hace aquí a través del otorgamiento de reglas precisas a la ciudadanía. Pero también dispone reglas para las instituciones públicas y sus funcionarios. Y pone énfasis en aquellos grupos que protestas realizadas por vías no institucionales. A diferencia de las leyes antes trabajadas, aquí se promueve la creación de espacio de diálogos y mediación. Podría pensarse como una institucionalización del reclamo. Pareciera que se apunta a romper una brecha existente hace años entre la ciudadanía y los funcionarios, políticos y agentes del Estado.

Finalmente, es interesante  resaltar y en oposición a lo observado en otras propuestas, es la orientación no punitiva de esta Ley. Aquí no se apunta a restringir derechos, ampliar tipos penales, o crear nuevos tipos legales. Más bien se propone afianzar y garantizar derechos. Presenta una vía no punitiva, y más bien, se focaliza a resarcir derechos y evitar la violencia institucional en torno al reclamo social.

Principio de intervención mínima

            Antes de proseguir con el cuarto proyecto a describir y a partir del cual se trabajará el concepto de mediación y del rol del psicólogo forense, es factible plantear alguna referencia en torno al denominado principio de intervención mínima. Esto a fin de plantear la lógica que sustenta dicho principio como una base de pensamiento para comprender una posible finalidad que la alternativa de la mediación puede brindar al Derecho Penal. Se podría rastrear un punto de inicio posible de este principio en las ideas del sistema presentado por Cesare Beccaria está constituido básicamente por un elenco de garantías que limitan la intervención punitiva del Estado, que era el reclamo de la sociedad de la época, o sea, limitar el poder del soberano a través de la libertad y igualdad del ciudadano. Este sistema responde a una nueva perspectiva, basada en la valorización de la persona, con afirmación del principio de la dignidad humana, donde está ya no es vista como cosa, sino asegurando su libertad e igualdad (Beccaria, 1764). Como expresa el autor: “Es mejor prevenir los delitos que punirlos. Este es el fin principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad, o al mínimo de infelicidad posible, por hablar según todos cálculos de los bienes y de los males de la vida. […] Prohibir una multitud de acciones indiferentes no es prevenir los delitos que de ellas puedan nacer, sino crear otros nuevos: es definir caprichosamente la virtud y el vicio, que nos han sido predicados como eternos e inmutables” (Beccaria, 1764).

            Pensando en la actualidad, se puede decir que este principio se presenta como una garantía frente al actuar y poder punitivo del Estado. Plantea que el poder de la pena, del derecho penal, solo debe intervenir frente a aquellos delitos graves que ataquen a un bien jurídico relevante. Se puede decir que protege y minimiza los daños que la acción punitiva pueda generar, pensando en alternativas a la pena que tengan un menos costo social. Podría plantearse aquí las ideas de Juan Bustos Ramirez (1997) en relación al bien jurídico que el Derecho Penal protege y el castigo que se emplea. Refiere que la norma penal es un recurso excepcionalísimo frente al conflicto social, y cuando el Derecho Penal actúa es que han fallado todos los controles existentes de manera previa frente a la situación conflictiva.

            De este modo y teniendo en cuenta esta alternativa, podría pensar en una disminución del costo social que en muchas ocasiones causa el Derecho Penal y el despliegue de su poder en pos de un “bien social”. Llegado a este punto, se han presentado distintas propuestas a fin de regular la protesta social.vSe ha dejado en último término el proyecto de la Diana Conti a fin de poder plantear el mecanismo por ella propuesto como un espacio de intervención posible y de incumbencia de la psicología forense y sus prácticas.

Mediación obligatoria frente a los conflictos sociales

Este proyecto de Ley a cargo de la diputada Diana Conti, propone la creación de una comisión de mediación para intervenir en los conflictos que tengan como causa reivindicaciones sociales, comunitarias, políticas, estudiantiles o de otra índole, con exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto y cuya solución competa al Estado Nacional o pueda ser facilitada por el mismo. Quedan incluidos cortes de rutas, interrupción de vías terrestres, navales, aéreas, toma u ocupación de inmuebles públicos, y cualquier manifestación similar. Y es interesante ver como la tarea queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quién deberá poner en marcha los procedimientos y asignar funcionarios para la tarea y coordinación de resoluciones. Entonces, en relación al apartado anterior, se observa la mediación como herramienta de solución de conflictos; donde las partes podrán llegar a un acuerdo o no. Lo interesante es un modo de encarar la problemática a través de vías democráticas y de trabajo en conjunto. Trabajo y diálogo entre la ciudadanía, las instituciones y el Estado. La mediación no solo hace todo esto, sino que genera responsabilidades. Crea nuevas posturas y exige a los implicados asumir responsabilidades. Podría decirse, crea protesta y deja de lado la queja (en ocasiones ejercida mediante violencia). Y deja por sentado en modo taxativo que el uso de la fuerza pública será el último recurso. Siempre priorizándose el uso de la mediación como herramienta, y cuando no exista la comisión de actos ilícitos durante el encuentro. Pero esto con cierta aclaración, ya que si luego de la mediación, se llegare a un acuerdo, no se sancionara ningún acto ilícito en torno a no permitir la libre circulación de otros ajenos al conflicto. Sin embargo, si luego de ello, no se habilitara el paso por las vías interrumpidas, será admisible el uso de la fuerza pública para modificar ello.

Se observa un dispositivo de intervención que apunta a reconocer la tensión social existente en torno al reclamo de derecho y de reivindicación. Aquí se propone una herramienta donde el Estado cumpla un rol activo en el proceso de subsanar faltas. Se crea un dispositivo de gestión del conflicto, y prevención de violencias de diferentes tipos. Como se dijo en el apartado anterior, un proceso de negociación, en el cual se garantice derechos de unos y de otros. Buscando flexibilización en las acciones y algo que creo central en todo este proceso, brindar un espacio neutro, controlado de escucha, con profesionales capacitados y capaces. Se demarca que aquí la psicología forense puede actuar en este proceso de mediación. Por un lado en una labor de evaluación y diagnóstico de situación, dando herramientas a distintos funcionarios o responsables a fin de una comprensión más profunda de la escena. Aquí se presenta entonces una función de asesoramiento, que en relación a la problemática que hasta aquí se viene analizando, podría el profesional orientar a los distintos órganos judiciales desde cuestiones propias de su disciplina. Y en una línea de trabajo, sin dudas participar en el diseño de proyecto y programas de prevención –confección y asesoramiento en campañas de información social para la población-, intervención e integración de los distintos actores implicados a fin de arribar a la solución del conflicto.

Aquí los aportes que pueda realizar el profesional de la psicología jurídica tendría como finalidad la construcción de soluciones enmarcadas en la mediación y la negociación a fin de paliar y prevenir todo daño emocional, social, comunitario en los distintos actores intervinientes. Se presenta como una alternativa al sistema punitivo, a la vía legal, una herramienta que actúe desde una lógica del consenso mutuo y no desde la fuerza jurídica.

No esta demás pensar por otro lado que el campo de los Derechos Humanos ha sido tradicionalmente por el saber del Derecho, quedando la psicología relegada en relación a su participación activa en programas y políticas de acción. En el entrecruzamiento discursivo que se crea entre la Ley y la Psicología, es el psicólogo forense quién podría tener un rol más activo en los discursos de los Derechos Humanos. Esto realizándolo no solo desde un marco teórico, sino a través de los modos arriba mencionados, y sin dudas, asesorando a funcionarios en la planificación de programas de intervención.

            La construcción de programas de mediación colectiva es desde la ciencia psicológica y puntualmente el especialista en psicología forense un campo de acción posible y no del todo desarrollado. A través la conformación de grupos de trabajo, de investigación, el asesoramiento a funcionarios, ilustración a magistrados y personal judicial, se crea un espacio donde subrayar con énfasis el carácter participativo y voluntario de los actores en un proceso de mediación. Se debe destacar, aunque parezca obvio, la necesidad de la voluntariedad de las partes en este mecanismo, a fin de poder arribar a una solución que respete las necesidades y subjetividad de todos los sectores implicados. No es menor tampoco pensar en el respeto de la subjetividad de los participantes en las encrucijadas de la protesta social. No solo desde las políticas de Estado, como mencionan Varela, Sarmiento y Regueiro (2005) sino también desde el Poder Judicial ciertos sectores se han visto defraudados durante las últimas décadas. Me refiero a todo tipo de sectores, tanto como el que protesta como el afecto secundariamente. Como señala Laurence Tribe -en otro contexto como lo son las políticas sociales de Estados Unidos, pero con un valor de sentido aplicable a esta realidad- los resultados esperados por la Justicia no justifican los costos:…”Demasiadas leyes y poca justicia, demasiadas normas y pocos resultados” (Singer, 1996).

A modo de conclusión

El que haya transcurrido hasta aquí por las hojas del presente escrito, encontrará una clara crítica a cualquier proyecto que bregue por una postura punitiva o el reforzamiento de la lógica penal. Esto no se ha intentado ocultar. Es postura de quién suscribe apoyar todo dispositivo que apuntale el concepto de diálogo y mediación. Esto debido a la formación que me sostiene en mis argumentos y mi análisis. La psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano, reconoce una variedad de factores humanos que superan la normativa legal que establecen los códigos. Nunca podrá un legislador codificar la singularidad de un sujeto, ni las particularidades de los grupos que conformen. La mediación como dispositivo de solución de conflictos sociales abre vías de elaboración de posturas y posiciones. Es más esperable procurar eliminar asimetrías, tensiones y generar respuestas por este modo, que por medio de la sanción o su reforzamiento. El ser humano es dinámico, incierto y desea ser escuchado. A veces es solo eso, el derecho a la dignidad de ser atendido en su reclamo. Poco le importa a veces ser duramente sancionado, ya que es más lastimoso no ser reconocido como sujeto, como individuo de derechos y garantías.

Pensar los conceptos del principio de intervención mínima como un estandarte que permita plantear la mediación y negociación de conflictos por parte del psicólogo forense, es un campo de acción que requiere un gran cúmulo de iniciativa, formación y esfuerzo profesional. Una alternativa a la lógica punitiva de ciertos programas y políticas legislativas en donde el campo de la psicología puede asesorar a través de sus herramientas y conocimientos.

Finalmente, comprender lo que se menciona en este escrito desde un inicio, el complejo entramado social que las características de la ciudad presenta, es molde en el cual se pone en juego toda un serie de dinámicas, vínculos y políticas que en otros entornos no serían posibles – al menos con las características a tener en cuenta que los proyectos de ley y sus intenciones plantean-

Bibliografía de Consulta

Beccaria, C. (1764)                                             De los delitos y las penas. Buenos Aires: Losada, 2005

Bustos Ramirez, J. (1997)                                  Introducción al Derecho Penal. Bogotá: Temis, 2005

Bloque Frente Para la Victoria (2014)                Proyecto de Ley de Convivencia en manifestaciones públicas. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Mimeo, Buenos Aires.

Bloque Frente Renovador (2014)                       Proyecto de Ley de Proyecto de Ley de Consolidación del derecho a la petición social y la convivencia ciudadana. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Mimeo, Buenos Aires.

Conti, Diana y Comelli, Alicia (2014)                Proyecto de Ley de Mediación Obligatoria frente a los conflictos sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Mimeo, Buenos Aires.

Singer, L. (1996)                                                Resolución de conflictos. Madrid: Paidós Iberica

Sturzenegger, Federico (2014)                           Proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Mimeo, Buenos Aires.

Varela, O., Sarmiento, A., Regueiro, B.             Psicología y Ley. Buenos Aires: Ediciones Clave Azul Vida Académica. 2005

14 Comments

  • ULISES ZEPEDA dice:

    MUY ABUNDANTE Y RICA LA APORTACION FELICIDADES A LOS PONENTES

  • Cleta Antonia Torres Perez dice:

    Me ha parecido una ponencia particularmente interesante, una temática muy novedosa,al menos para sociedades más civilizadas, en mi país (México) estamos aún muy distantes de un proyecto como este. Gracias por compartir!

  • LESBIA GONZALEZ dice:

    Saludos Roberto casanova:

    Me quedo con este parrafo suyo:

    “Pero el factor humano no puede proclamarse en líneas de acción única e inconmovible, ninguna norma podrá prever, anticipar, y respetar todas las expresiones de los sujetos y sus peticiones sociales.”

    Es tan verídica, como podemos en pelno siglo XXI seguir con taxonomías, usted resalta la mediación y otros medios de resolución de conflictos, los cuales van en la via de la mayor evolución humana, ese terreno apenas se asuma en nuestras culturas, pero será sin duda el medio a seguir, los viejos paradigmas primitivos de castigo y recompensa irán desapareciendo espero muy pronto.

    Felicidades,

  • pablo amezcua dice:

    felicidades, un informacion interesante

  • Milena Arias dice:

    Gracias por la ponencia.

  • gellen dice:

    muy interesante, hacia tiempo queria saber un poco sobre esta tematica

  • Magdalena Chavez Mariscal dice:

    Felicidades un tema de suma importancia ojala que como sociedad lleguemos pronto a una madurez mediatica

  • Alba Luz Robles Mendoza dice:

    Gracias por la ponencia escrita. La información fue interesante y fue vasta y compleja.
    Saludos, Alba Luz

  • Juan camilo Chica dice:

    Gracias por la ponencia escrita.

  • Gloria Lucía García Alvarez dice:

    Cordial saludo…
    Muy interesante y profunda su disertación. Un documento valioso para ser analizado puesto que es una propuesta formativa para los psicólogos que ejerzan como mediadores en los conflictos sociales de grupos humanos cada vez más complejos que reclaman justicia y comprensión de sus comportamientos. Creo que hay que cerrar la brecha entre el trabajo de los psicólogos y los juristas, abogados, fiscales y jueces.
    Muchas gracias…

    Gloria Lucía García Alvarez
    Universidad Católica de Colombia
    Psicólogos Consultores
    Evidencia Digital

  • Graciela Hernandez Alvarez dice:

    Gracias por compartir su ponencia, muchas felicidades por su trabajo.

  • EDGAR U SANTACRUZ A dice:

    Ponencia muy interesante, gracias por compartir su experiencia y conocimiento

  • Jacqueline George dice:

    Trabajo muy enriquecedor y bien fundamentado que nos aporta otra visión donde prima la conciliación sobre lo punitivo.
    Gracias por los aportes.Felicitaciones.

  • Dary Esperanza 5 Nieto Sua dice:

    Posicion critica con calros fundamentos, desde el quehacer profesional del psicologo. la mediación no puede perder su ecencia en cualquier contexto donde se requiera, si hablamos de solución de conflictos.

    Gracias por sus aportes y felicitaciones.

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