APORTE DE LA PSICOLOGÍA FORENSE A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL SALVADOR

OSCAR RENÉ CASTILLO MONGE

Resumen:

En el presente artículo se reflexiona acerca de cuál es el aporte que brindaría la psicología forense para el conocimiento de “la verdad” en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los años del conflicto armado (1980-1992) -algunos de ellos señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad-, a partir de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Se trata de un trabajo no conclusivo, pero que intenta generar reflexión acerca de cuál puede ser el aporte a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y cuáles serían las posibles dificultades a las que las y los peritos psicólogos se deberán enfrentar en dicha tarea.

 

Sumario: 1) Introducción; 2) La impunidad a través de “el perdón y el olvido”; 3) La esperanza de “la verdad, justicia y reparación”; 4) Consideraciones finales.

Palabras clave: Psicología forense en El Salvador, reparación, derechos humanos.

“Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria […]. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”

Monseñor Óscar A. Romero, Homilía del 28/agosto/1977.

  1. Introducción

El presente artículo pretende responder a la siguiente pregunta: ¿Qué aporte deberá brindar la psicología forense al proceso de consolidación de la paz en El Salvador, a través de su contribución al conocimiento de “la verdad”[1] en las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado (1980 – 1992), la administración de justicia en tales violaciones y la reparación a las víctimas? De manera, que se trata de unas líneas de reflexión en torno a un solo escenario a la fecha inédito en un país tan partidocrático y tan lleno de hechos mediáticos: la declaración de inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”[2] (en adelante, “Ley de Amnistía de 1993”) ha eliminado –al menos en teoría- el principal obstáculo para conocer la verdad, administrar justicia y garantizar la debida reparación a tales víctimas primarias y secundarias[3] de tales violaciones; y por lo tanto, el sistema judicial salvadoreño debe echar mano –entre otras- de los dictámenes de las y los profesionales de la psicología forense del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”, en cuanto se trata de peritos de la conducta humana que orientan a las y los juzgadores en la administración de justicia.

El documento consta de 3 partes; la primera de ellas, aspira a ilustrar brevemente acerca del contexto de impunidad a través de “el perdón y el olvido” que se instauró en el país a partir de la vigencia de la Ley de Amnistía de 1993, casi inmediatamente se conociera el Informe de la Comisión de la Verdad, denominado “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador” (en adelante, se le designará únicamente “Informe de la Comisión de la Verdad”). En la segunda parte, se plantea un nuevo escenario para la psicología forense en El Salvador; y es en dicho apartado, en donde se pretende analizar los elementos que componen la respuesta a la ambiciosa pregunta de investigación del presente ensayo; para que por último, se presenten las consideraciones finales de éste artículo. De manera, que se destaca el hecho que no se pretende ser conclusivo, pues ello sobrepasa el alcance de las presentes líneas; no obstante, se busca contribuir a generar espacios de reflexión académica de cara a la oportunidad que tiene la psicología forense de contribuir a la consolidación de la paz en el país.

Finalmente, se busca que el contenido del presente ensayo también sea de interés para la comunidad académica internacional; particularmente, de la patria grande latinoamericana. Por tal motivo, es que ha sido propuesto para ser presentado en el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v 12.0, a desarrollarse el próximo 30 de noviembre de 2016.

  1. La impunidad a través del “perdón y el olvido”

Durante el período de 1980 a 1992 tuvo lugar en El Salvador un conflicto armado entre el Estado Salvadoreño y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante, “FMLN”); según se calcula, el saldo de dicha guerra civil fue de aproximadamente 75,000 personas muertas[4], miles de desaparecidos, miles de personas que migraron en forma irregular hacia otros países (principalmente, hacia Estados Unidos de América), y se calcula que un total de 525,250 desplazados internos principalmente de las áreas rurales a las áreas urbanas[5]; en suma, un marcado impacto a nivel del tejido social de las víctimas directas e indirectas.

Fue el 16 de enero de 1992, cuando luego de intensas jornadas de diálogo y negociación[6] se puso fin al conflicto bélico, con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN[7]. Es particularmente en los Acuerdos de México que se convino crear la Comisión de la Verdad[8]; la cual, tendría “a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”[9]. El Acuerdo de Paz de Chapultepec fue enfático ante la necesidad de superar la impunidad a través de la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, en los siguientes términos:

Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio, que las Partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”.[10]

Tanto en el fragmento citado, como en el resto de los Acuerdos, jamás se habló de una amnistía general e incondicional. Es en días posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero de 1992 la “Ley de Reconciliación Nacional”[11], la cual establece:

“Se concede amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes de el 1º de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro, contemplado en el Art. 220 del Código Penal”.[12]

Cabe señalar, que dicha Ley advierte una exclusión:

“No gozarán de esta gracia las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1º de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso.

Así mismo, no se aplicará esta gracia a los que hubieren sido condenados por el Tribunal del Jurado por cualquiera de los delitos cubiertos por esta amnistía.

La Asamblea Legislativa, 6 meses después de conocer el informe final de la Comisión de la Verdad, podrá tomar las resoluciones que estime convenientes en estos casos”[13].

El informe de la Comisión de la Verdad fue presentado un 15 de marzo de 1993. Tal informe, consideró que 32 casos en particular, constituían graves violaciones a los derechos humanos, cometidas tanto por el Estado de salvadoreño[14], los Escuadrones de la Muerte[15] y la guerrilla del FMLN[16]. La reacción por parte del Estado no se hiso esperar, y cinco días después, se aprobó la Ley de Amnistía de 1993, la cual establece:

“Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos. La gracia de la amnistía se extiende a las personas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional, contenida en el Decreto Legislativo Número 147, de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos y publicado en el Diario Oficial Número 14 Tomo 314 de la misma fecha”[17].

Además, la Ley de Amnistía de 1993 establece la siguiente disposición final:

“Deróganse todas las disposiciones que contraríen la presente ley, especialmente el Art. 6 y el último inciso del Art. 7, ambos de la Ley de Reconciliación Nacional, así como la interpretación auténtica de la primera de las disposiciones citadas que están contenidas respectivamente, en el Decreto Nº 147 de 23 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial Nº 14, Tomo 314 de la misma fecha y Decreto Nº 164 de fecha 6 de febrero del mismo año, publicado en el Diario Oficial Nº 26, Tomo 314 del 10 de febrero de 1992”[18].

A través de esa autoamnistía a todas luces contraria a los estándares de la Constitución[19] y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos[20], se lapidó la posibilidad de investigar seriamente toda violación a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado e imponer las sanciones pertinentes a las personas que sean señaladas como responsables de tales atropellos[21]; y en consecuencia, también se anuló la posibilidad de reparar integralmente a las víctimas de tales atropellos[22], instaurándose y perpetuándose una situación de impunidad[23]. En suma, se frustraron las condiciones ideales para que tuviese lugar el conocimiento de la verdad, la administración de justicia y la reparación necesarias para una verdadera transición política, orientada a la reconciliación y a la reunificación de la sociedad salvadoreña, nobles ideales de los Acuerdos de Paz de El Salvador, que sobrepasan a un simple cese al fuego[24].

No fue sino hasta el 13 de julio de 2016, cuando a través de sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993 y reconoció la reviviscencia de la “Ley de Reconciliación Nacional”.

  1. La esperanza de “la verdad, justicia y reparación”

Con la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, se abre un espacio para la esperanza que diferentes personas y sectores de la sociedad busquen obtener verdad, justicia y reparación, frente a las graves violaciones a los derechos humanos que el Estado, así como ciertos sectores sociales buscaron dejar en la impunidad a través de “el perdón y el olvido”. De manera que se plantea el escenario mencionado en la introducción al presente artículo: “el sistema judicial salvadoreño debe echar mano –entre otras- de los dictámenes de las y los profesionales de la psicología forense del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”, en cuanto se trata de peritos de la conducta humana que orientan a las y los juzgadores en la administración de justicia”.

Un punto de partida en la presente reflexión orientada a responder la pregunta de investigación planteada en el presente artículo, puede ser éste: ¿Qué puede aportar la psicología forense a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, que posibiliten el conocimiento de “la verdad” de tales hechos?

La ciencia de la psicología plantea que las víctimas de sucesos traumáticos que han amenazado o vulnerado su integridad personal son vulnerables a desarrollar Trastorno de Estrés Agudo; es decir, un marcado estado emocional de ansiedad luego de haber sido víctima de un evento traumático; o bien, al tener conocimiento –o el ser testigo- de un evento traumático en contra de una persona familiar, amiga o conocida, desarrollando consecuentemente síntomas de intrusión, estado de ánimo negativo, síntomas disociativos, síntomas de evitación o de alerta[25]. En suma, se trata de una reacción psíquica normal en personas que han sido expuestas a tales hechos traumáticos, pero que perfectamente puede evolucionar al desarrollo de un Trastorno de Estrés Postraumático “como resultado de los factores estresantes de la vida o a causa de más eventos traumáticos”[26], que no han sido resueltos eficazmente por las personas, ya sea generando nuevos recursos personales de protección y reforzando los ya existentes; o bien, desarrollando el proceso de duelo respectivo.

Por lo tanto, la psicología cuenta con los recursos técnico – científicos necesarios para identificar en una persona la presencia de sintomatología psicológica propia de una persona víctima de un evento traumático. En el caso de las graves violaciones a los derechos humanos, tales como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, constituyen eventos traumáticos suficientes como para dañar la salud mental de una persona, produciendo el desarrollo de sintomatología propia de un Trastorno de Estrés Agudo o un Trastorno de Estrés Postraumático.

Esto conduce a otro punto de reflexión: ¿es posible encontrar un Trastorno de Estrés Postraumático luego de más de 25 años de haber sido víctima de un evento traumático?

 

Este es un aspecto que necesariamente debe estudiarse y analizarse más detenidamente, en aras de ser responsable antes de emitir un juicio de valor al respecto; no obstante, no sería extraño que de haber existido una sintomatología frecuente en personas que han sido víctima de tales eventos, éste haya mutado en un período de más de un cuarto de siglo entre los hechos denunciados y la pericia psicológica; período de posguerra en el cual, sobre el país cierne un manto de impunidad y conflicto sociopolítico. De cualquier forma, un aspecto que puede orientar la evaluación pericial, es conocer cuál fue la sintomatología que la persona evaluada experimentó en los meses posteriores al evento traumático, cómo tal situación le alteró su salud mental y sus relaciones interpersonales (a nivel familiar, comunitario y social), explorar si la persona contó o no con una red de apoyo social u otros factores que le ayudaran a sobrevivir al daño psíquico experimentado, cómo le afectó el que tales hechos quedaran por varios años en impunidad, describir si la vida de la persona evaluada empeoró –y de qué forma- a causa de tales hechos, o si existió desestructuración de su tejido social, ¿será ese un camino adecuado para emitir tal diagnóstico, más de 25 años después de ocurridos los hechos denunciados?. Quizás podría ser significativamente orientador para la pericia, conocer si antes de los hechos denunciados, la persona en cuestión tenía un proyecto de vida y cómo tales hechos alteraron –y en qué medida- o no dicho proyecto. Se deberá señalar si tales consecuencias afectivamente han surgido después de los hechos denunciados; o incluso durante los mismos, según sea el caso[27].

Otro elemento que posiblemente sea de gran ayuda al momento de desarrollar la pericia, sea explorar cómo es la vida actual de la persona y cuál es –al momento- su sentir, pensar y actuar respecto a los hechos objeto de denuncia. Todo ello, deberá ser explorado a través del debido rastreo que facilite ilustrar de qué forma mutó el trauma psicológico, cuáles son sus necesidades psicológicas actuales, de cara a las supuesta violación a sus derechos humanos que se alega; ya que conocer estos elementos, también brindarán pautas para posibles recomendaciones por parte de la o el perito psicólogo, plasmadas en su informe pericial[28], de cara a contribuir a la garantía de una reparación integral a las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos[29].

No obstante, también sería interesante preguntarse ¿Podrá la psicología forense pronunciarse respecto a la fiabilidad del testimonio de una víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, luego de más de 25 años de haber ocurrido los hechos denunciados?

 

El relato de los hechos denunciados cobra gran importancia al momento de cotejarlos con la sintomatología identificada y valorar en qué medida ambos engranan y revisten de sólida fundamentación el dictamen pericial de la persona profesional en psicología forense. Por lo tanto, una herramienta que puede tener importante validez sea el uso del Análisis de Contenido Basado en Criterios (por sus siglas en inglés: CBCA); no obstante, está claro que para la aplicación de dicho recurso, deberá emplearse el tiempo necesario. La o el perito psicólogo puede encontrarse con la limitante de la edad de la persona evaluada y la existencia de posibles dificultades para recordar diversos detalles de los hechos denunciados; o bien, el que debido al tiempo que ha trascurrido desde que ocurrieron los hechos, haya sido suficiente como para olvidar algunos detalles, o incluso deformar algunos otros elementos de los recuerdos; sobre todo, cuando ha existido manipulación mediática de los hechos o estos han sido utilizados para fines político – partidarios, entre otras. Reconstruir los hechos, incluso puede implicar una posible revictimización para las personas que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, por lo que puede haber resistencia por parte de la persona evaluada a brindar su declaración de los mismos, con la cantidad de elementos necesarios para que se pueda valorar la fiabilidad del testimonio. Es claro que la persona profesional en psicología forense haga un manejo responsable y ético de la pericia para minimizar la posibilidad de una revictimización.

De gran aporte será que se cuente con información documental suficiente para que la psicóloga o el psicólogo forense sepa orientar su pericia; además, posiblemente sea necesario entrevistar a varias personas, en calidad de fuentes colaterales, o bien, el trasladarse hasta el lugar en donde supuestamente ocurrieron los hechos, para facilitar el testimonio de las personas a peritar.

Y en éste artículo, se plantea como última interrogante: ¿Qué metodología se utilizará en el caso en donde no se trata de peritar a una víctima en particular, sino colectivos de personas? Realizar esto sería una novedad para muchas y muchos –y probablemente para todas y todos los- profesionales de la psicología forense en El Salvador, ¿se aprenderá empíricamente, a través de la práctica y en el mejor de los casos guiados por documentos que sistematizan el procedimiento de peritajes colectivos en otras latitudes?[30], ¿Destinará el Estado salvadoreño fondos para capacitar al personal de psicología forense –y quizás también de trabajo social forense y psiquiatría forense- en ésta nueva metodología de peritación psicológica?

  1. Consideraciones finales

La Ley de Amnistía de 1993 dictó un camino equivocado para la reconciliación, la reunificación y la consolidación de la paz en la sociedad salvadoreña: el camino de la impunidad a través de “el perdón y olvido”. Ahora con la declaración de inconstitucionalidad que ha abolido dicha Ley, se abre un nuevo escenario para la dignificación de las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos durante el conflicto armado en el país. Es en ese nuevo escenario, en donde la psicología forense puede brindar un importante aporte al proceso de consolidación de la paz en El Salvador, contribuyendo a que se conozca “la verdad” de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los años del conflicto armado, orientando de esa manera las decisiones de las autoridades judiciales; y contribuyendo, a la reparación integral de las víctimas.

El presente artículo no plantea conclusiones, precisamente porque el reto para la psicología forense es complejo y requiere del suficiente análisis y reflexión académica y científica, que por ahora escapa al alcance de estas líneas; más bien, se ha buscado plantear algunas reflexiones que pueden servir como punto de base para nuevos análisis y mejores propuestas metodológicas de ejecución de la pericia psicológica a las víctimas de tales violaciones, contribuyendo a su reparación; y por ende, a su redignificación. Una vez ello sea una realidad, se tendrán las condiciones para que en el país se consolide la paz, se supere la polarización social y se avance a transformar la sociedad actual, por una en donde exista pleno respeto y garantía de los derechos humanos para todas y todos. ¿Está preparada la psicología forense en El Salvador para asumir tal reto?■

[1] Es necesario aclarar que la verdad no es un concepto psicológico; en todo caso, es el sistema de justicia quien busca conocer “la verdad jurídica”. El maestro Gerardo Hernández lo explica brevemente así:

“Juzgar y condenar a los hombres incursos en posibles delitos ya no dependía de la voluntad soberana ni de la divina, ahora dependía de las condiciones propias derivadas de procesos donde se reconstruía la verdad a partir del ejercicio probatorio. El juez solicitaba la prueba y con ella, impartía justicia: ‘Dadme la prueba que yo os daré el derecho’, reza la máxima jurídica” (Hernández, G.; Psicología jurídica iberoamericana; Bogotá: Manual Moderno; 2011; pág. XVIII)

[2] Decreto Legislativo No. 486, del 20 de marzo de 1993, publicado en el Diario Oficial No. 56, Tomo No. 318, del 22 de marzo de 1993

[3] No se omite mencionar, que la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder establece que la expresión “víctima” incluye a las personas familiares de las víctimas directas de hechos que violan la legislación penal vigente en los Estados Miembros (párrafos 1 y 2). En consonancia, el Código Procesal Penal, Art. 105, numeral 2), considera también víctimas a las personas familiares de la persona directamente ofendida.

[4] Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador; “Breve reseña de los Acuerdos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) auspiciados por el Secretario General de las Naciones Unidas”. Disponible en: Organización de las Naciones Unidas; Acuerdos de El Salvador: En el camino de la paz; San Salvador: Arcoiris; 1992.

[5] Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; Migración e integración en El Salvador: Realidades y respuestas; San José, Costa Rica: CNUAH – HABITAT, International Development Research Center, FUNDE; 2000; pág. 4.

[6] Los Acuerdos de Paz constituyen un proceso auspiciado por el Secretario General de las Naciones Unidas, que incluyó los Acuerdos de Ginebra (04 de abril de 1990), los Acuerdos de Caracas (21 de mayo de 1990), el Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos (26 de julio de 1990), los Acuerdos de México (27 de abril de 1991), el Acuerdo de Nueva York (25 de septiembre de 1991); y finalmente, el Acuerdo de Paz de El Salvador (firmado en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992).

[7] Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

[8] Esta instancia estuvo integrada por tres personas designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas: el expresidente colombiano Belisario Betancur, el venezolano Reinaldo Figueredo y el estadounidense Thomas Buergenthal.

[9] Acuerdo de México, IV Comisión de la Verdad.

[10] Acuerdo de Paz de El Salvador (firmado en Chapultepec), Capítulo 1: Fuerza Armada, N° 5 Superación de la impunidad.

[11] Decreto Legislativo No. 147, del 23 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial No. 14, Tomo No. 314, del 23 de enero de 1992.

[12] Ley de Reconciliación Nacional, Art. 1.

[13] Ibíd., Art. 6.

[14] Casos atribuidos al Estado Salvadoreño: 1) El asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA, 2) Ejecuciones extrajudiciales: a) Masacre de San Francisco Guajoyo, b) Asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, c) Asesinato de las religiosas norteamericanas, d) Masacre de El Junquillo, e) Asesinato de periodistas holandeses, f) Masacre de Las Hojas, g) Masacre de San Sebastian, h) Ataque contra un hospital del FMLN y ejecución de una enfermera, i) Asesinato de la Dra. García Arandigoyen, j) Bombas colocadas en el local de COMADRES y en el local de FENASTRAS, k) Asesinato de Hector Oquelí y Gilda Flores; 3) Desapariciones forzadas: a) Ventura y Mejía, b) Rivas Hernández, c) Chan Chan y Massi; 4) Masacres de campesinos por la Fuerza Armada: a) Masacre de El Mozote, b) Masacre del Rio Sumpul, c) Masacre de El Calabozo.

[15] Casos atribuidos a los Escuadrones de la Muerte: 1) Asesinato de Monseñor Romero, 2) Asesinato de Mario Zamora, 3) Asesinatos en el Cantón Tehuicho; y, 4) Asesinatos de Viera, Hammer y Pearlman.

[16] Casos atribuidos al FMLN: 1) Ejecución sumaria de alcaldes, 2) Ejecuciones extrajudiciales: a) Masacre en la Zona Rosa, b) Asesinato de Herbert Anaya Sanabria, c) Asesinato de Romero García “Miguel Castellanos”, d) Asesinato del Dr. Francisco Peccorini, e) Asesinato del Dr. García Alvarado, f) Asesinato del Dr. Guerrero, f) Asesinato de militares norteamericanos sobrevivientes de un helicóptero derribado; 3) Secuestro de Inés G. Duarte y Ana C. Villeda; y, 4) Asesinatos de Jueces.

[17] Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, Art. 1.

[18] Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, Art. 6.

[19] Cfr. Constitución, Arts. 2 incs. 1° y 3° y 144 inc. 2°.

[20] Véase por ejemplo: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Arts. 1.1 y 2; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 2.2; y, Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional, Art 4.

[21] Corte IDH; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras: Sentencia de 21 de julio de 1989 (Fondo); 1989; párrafos 166, 176 y 181.

[22] Ibíd.; párrafos 166 y 174.

[23] Cfr. Corte IDH; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador: Sentencia de 25 de octubre de 2012 (Fondo, reparaciones y costos); 2012; párrafo 296.

[24] Cfr. Acuerdos de Ginebra (4 de abril de 1990), numeral 1.

[25] American Psychiatric Association; Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales [DSM – V]; 5ª edición; Arlington, VA: Asociación Americana de Psiquiatría; 2014; págs. 280 – 281.

[26] Ibíd.; pág. 284.

[27] Incluso, puede ser necesario pronunciarse en alguna de las categorías que propone el Protocolo de Estambul: a) No hay relación b) Puede haber relación c) Hay una firme relación entre el hecho alegado y los hallazgos d) Es típica de esa tortura, e) Da un diagnóstico que no puede ser causado por otra causa (Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos [OACDH]; Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes; 1999; párrafo 187).

[28] Espinosa B., A. y Tapias S., A. argumentan:

“Para efectos psicológicos y jurídicos, siempre resulta conveniente evaluar la presencia o ausencia de estos trastornos en el sujeto [haciendo referencia a la presencia de afectaciones emocionales en las víctimas], ya que indican el curso de acción del tratamiento y se convierten en la evidencia del daño psicológico, es decir, son indicadores de afectación que deben plasmarse en la pericia psicológica, en la prueba judicial y con base en ellos se plantean las solicitudes de reparación” (Espinosa B., A. y Tapias S., A.; Psicología y acompañamiento a las víctimas; [sin nombre de ciudad] Colombia: Ministerio de Justicia y del Derecho; sin fecha; pág. 11.

[29] Cfr. Corte IDH; Op. Cit.; 1989; párrafo 174. Cabe señalar que la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, establece que “debe garantizarse una reparación integral a las víctimas de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes, reparación que conlleva:(i) el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados; (ii) el resarcimiento;(iii) la compensación de los daños ocasionados;(iv) la indemnización de daños y perjuicios;(v) la rehabilitación y readaptación de la víctima;(vi) la satisfacción y reivindicación de las víctimas;(vii) las garantías de no repetición; y (viii) el conocimiento público de la verdad, entre otras formas de reparación” (2016; pág. 24)

[30] Consúltese por ejemplo: Corporación Colectivo Psicosocial Colombiano “Acción Psicosocial Transformadora – COPSICO”; Metodología para peritajes psicosociales a nivel colectivo en víctimas de violencia sociopolítica; Bogotá: COPSICO; 2013.

33 Comments

  • Angélica Guerra dice:

    Este tema genera en los lectores muchos aspectos de discusión, hay demasiados factores que analizar dentro de todo lo que implica dicho caso.
    En esta parte, especialmente quisiera resaltar que la psicología forense, materia en desarrollo en El Salvador, tiene mucho trabajo por hacer como lo exponenen en el artículo, y que la reconciliación, la reunificación y la consolidación de la paz en la sociedad salvadoreña es un trabajo multidisciplinario, que no solo implica conocer la verdad a través de la psicología forense, sino que solicionar jurídicamente de manera diferente al perdón y olvido inicial que actualmente están aboliendo.

    • Oscar R. Castillo dice:

      Muchas gracias por su comentario Angélica Guerra.
      Pienso que si a partir de la derogación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz se iniciaran las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los años de la guerra civil en el país, tendríamos que hacer un estudio multidisciplinario de cada caso, consultar antiguos expedientes (en aquellos casos que fueron denunciados en alguna institución; como por ejemplo, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador) y hacer un complejo estudio psicológico forense de casos de hace 25 años ó más. Algo que sin duda sería un reto, pero que contribuiría mucho a desarrollar la especialidad en el país y el subcontinente.
      Están pendientes las acciones que la Asamblea Legislativa vaya a diseñar para posibilitar el desarrollo de la justicia transicional en el país; de hecho, pareciese que al momento, no les interesa el tema, tanto a quienes históricamente han buscado el perdón y el olvido, como por parte de quienes antes se llenaban la boca criticando la impunidad y ahora se hacen los desentenidos.
      Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en el país, para que de verdad exista verdad, justicia, reparación y reconciliación.

      • Angélica Guerra dice:

        Muy de acuerdo con usted, definitivamente es un reto que muchos profesionales debemos asumir, si de manera multidisciplinario se aborda seguramente los resultados serán mucho más favorables. Este artículo ha sido realmente de interés, para mi como joven Salvadoreña y dentro de la profesión de psicología creo que su aporte es muy valioso.

  • Carolina dice:

    Dicha ponencia genera muchos factores que analizar dentro de todo lo que implica dicho caso… en uruguay queda mucho camino por recorrer!

    • Oscar R. Castillo dice:

      Gracias por su comentario Carolina.
      Pienso que no solamente a Uruguay le queda mucho camino por recorrer, sino que son muchos los países latinoamericanos que tienen una historia manchada por graves violaciones a los derechos humanos e impunidad, que aún falta mucho para que se pose sin temor la exótica ave de la verdad, la justicia y la reparación.

  • Gladys Camacho dice:

    Excelente ponencia

  • Licda. Greiling Arlette Guerrero Ceballos dice:

    Esta exponencia fue muy interesante porque pude conocer los diferentes temas sobre la impunidad a través de “el perdón y el olvido”; La esperanza de “la verdad, justicia y reparación”, sobre la Ley de Amnistía 1993 y sus recomendaciones finales

    Cabe destacar Por lo tanto, la psicología cuenta con los recursos técnico científicos necesarios para identificar en una persona la presencia de sintomatología psicológica propia de una persona víctima de un evento traumático.

    En el caso de las graves violaciones a los derechos humanos, tales como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, constituyen eventos traumáticos suficientes como para dañar la salud mental de una persona, produciendo el desarrollo de sintomatología propia de un Trastorno de Estrés Agudo o un Trastorno de Estrés Postraumático.

    • Oscar R. Castillo dice:

      ¡Gracias por su comentario Greiling Arlette!
      Sin duda un hecho constitutivo de grave violación a los derechos humanos es suficiente como para generar una reacción de estrés agudo o estrés postraumático; no obstante, ¿será que los síntomas perduran durante 25 años o más?, ¿cómo hacer un peritaje lo suficientemente consistente técnica y científicamente?, ¿nos servirán las herramientas habituales que utilizamos en los casos de abuso sexual, violencia intrafamiliar y demás caos que habitualmente se atienden en nuestras instituciones?, esas son algunas de mis dudas…

  • MARIA MARTA CORREA dice:

    Muy buena ponencia y cruda realidad. Desconocida en gran parte por mi, Gracias por el aporte!

    • Oscar R. Castillo dice:

      ¡Muchas gracias María Marta!
      Un gusto para mi poder describirte un poco una parte de la cruel realidad de mi país.

  • Gloria Lucía García Alvarez dice:

    Apreciado ponente. Sus reflexiones resultan bastante ilustrativas ante los procesos de paz que estamos viviendo en Colombia por estos tiempos. Le agradezco la luz que nos aporta a partir del camino recorrido por su país en este sentido.

  • Susana Inés Crotti dice:

    Muy buen trabajo además agradezco su aporte ya que me clarificó mucho sobre lo que sabía del tema.

  • pablo amezcua rios dice:

    felicidades por este trabajo sin duda muy nutrido .

  • Ana Yajaira Bula Vasquez dice:

    excelente tema ilustra como podemos participar de una forma activa en los procesos de paz, en estos momento en Colombia nos encontramos en un proceso de paz donde se hace necesaria nuestra participación de una manera activa. lo importante radica en que el perdón sea de corazón y que pueda haber una reparación económica, psicológica y moral para estas personas que de alguna u otra forma han sido victimas del conflicto armado. Muy bien gracias por sus aportes.

  • Sergio García Jiménez dice:

    Estoy de acuerdo con Angélica, pues son muchos los aspectos a analizar. Sin embargo y a pesar de su crudeza, la Psicología Forense en El Salvador tiene mucho por hacer y por construir. Como reflexión personal creo que no debemos permitir que estos hechos de terror y sangre se repitan en nuestra América, ni otro crimen infame como el perpetrado en contra de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, personaje a quien admiro mucho.

  • Ariana Rodríguez dice:

    Interesante la forma en la que la historia El Salvador inicia con una fase de “Perdón y Olvido” de la Ley de Amnistía previo al periodo de guerra, para luego continuar con la reapertura de la misma basándose en la inconstitucionalidad de esta. Según mi opinión, derivando todo de fines políticos.
    Aplaudo la idea de abrir los ojos de la población Salvadoreña ante lo ocurrido en la historia, sin embargo, aún no comprendo cómo se confiaría la veracidad de los relatos obtenidos de las personas injuriadas hace aproximadamente 24-25 años atrás, ya que tales historias pueden verse alteradas producto de errores en la memoria o el levantamiento de los sentimientos en el contenido de las mismas.
    ¡Muchas gracias por tan excelente aporte al realizar esta conferencia!

  • Angela T dice:

    Apreciado Oscar:

    Que valioso mostrar nuevos escenarios para la ps forense! No imaginé que estas necesidades siguieran vigentes en El Salvador, creí que solo en países como el mío Colombia nos enfrentàbamos a la demostración del daño después de tantos años.

    • Oscar R. Castillo dice:

      ¡Gracias por su comentario Angela T!
      Pues hace 25 años se firmaron los Acuerdos de Paz en El Salvador; sin embargo, la verdad, justicia y reparación no tuvo la suficiente prioridad que era necesaria para honrar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; y más bien, pudo más la impunidad de los poderosos.
      Ahora en teoría existe un nuevo escenario para corregir los errores del ayer; no obstante, aún falta ver si en la práctica ello se concretiza en verdaderos procesos judiciales que lleven a “juicios ejemplarizantes”; así, como en políticas, planes y programas orientados a implementar un complejo proceso de justicia transicional, que nos lleven a una verdadera reconciliación de la sociedad salvadoreña, a través del camino de la añorada verdad, justicia y reparación.
      Tristemente a la fecha, buena parte de quienes llevan las riendas del país, están más preocupados en otras cosas que en atender el clamor de las mayorías populares; y en este caso particular, el clamor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que como dijo nuestro arzobispo mártir: “sus lamentos suben hasta el cielo cada vez más tumultuosos”.

  • Tatiana Cabrera Badillo dice:

    La investigación nos plantea deferentes escenarios de la guerra, la cual abraza a varios países del mundo y es un grito desesperado de necesidad de PAZ al igual que el nuestro.
    Excelente investigación y sus planteamientos.

  • Graciela Hernandez Alvarez dice:

    Interesante tema. Valiosa ponencia

  • Angélica Guerra dice:

    Me parece que podría agregarse otro aspecto a la investigación con respecto a: cómo repercute los estragos de la violación masiva de derechos humanos y su impunidad en una generación, a otra; es decir cómo afecta las secuelas de la generación histórica que vivió ese conflicto, en toda otra generación que no lo vivió.

  • ULISES ZEPEDA dice:

    ES MUY BUENO LA INCURSION DE NUESTRA PROFESION EN OTROS AMBITOS Y CON TANTA TRACENCENCIA SALUDOS Y FELICIDADES

  • Mailin Ramos dice:

    Felicidades por tan buena ponencia

  • Marcela Rodríguez dice:

    Considero que este artículo es muy valioso y conlleva aportes significativos en el desarrollo de la psicología forense como ciencia en El Salvador. Sin duda un país marcado por la violencia y muchas cicatrices posguerra, lo que representa un enorme reto, tanto con ese sector de la población que fue víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, tales como los crímenes de guerra que significaron graves daños a la salud mental; como con la generación actual, que a mi punto de vista y como ciudadana salvadoreña, estamos viviendo otro tipo de guerra.

  • Marcela Rodríguez dice:

    Respecto a las últimas interrogantes planeatadas sobre qué metodología se utilizará en el caso de peritar con colectivos de personas cuyos derechos humanos han sido violentados, definitivamente significaría algo innovador. Esto representaría un reto para los profesionales de la psicología forense, en unificar esfuerzos, conocimientos y experiencias para crear técnicas y métodos de intervención adaptados a nuestra población, tomando en cuenta los diversos factores socioculturales.
    Creo firmemente que existe la capacidad profesional para hacerlo realidad, sin embargo existen muchas límitantes a nivel del Estado, como el factor económico, ya que como es evidente, el tema de la salud mental de los salvadoreños no es prioridad de inversión.

  • Susana Crotti dice:

    Muy buen trabajo además agradezco su aporte ya que me clarificó mucho sobre lo que sabía del tema.

  • Diana Linares Vásquez dice:

    Excelente aporte para un caso tan delicado acá en El Salvador. Considero que habrán muchos más obstáculos que los planteados por los sectores que se vieron beneficiados con dicha ley inconstitucional, sin embargo el papel de la psicología forense será clave para determinar el camino a seguir hacia la resolución de los delitos que han quedado impunes.

  • Mardo Castellanos dice:

    Un orgullo saber que en nuestro país El Salvador existan personas con tanta capacidad para ofrecer un aporte tan importante como este. Un tema de tanta relevancia que nos enseña la importancia real de la Psicología Forense. Excelente.

  • Feliciano Jojoa H dice:

    Excelente aporte para entender aún más el proceso de paz que se lleva en Colombia, sobre todo en el área de Derechos Humanos y la psicología Forense, siempre se ha tomado el proceso de Paz del Salvador como guía orientadora, el Gobierno Colombiano aunque de manera aún incipiente empieza a tratar los temas de Salud mental ..

  • Jessica García dice:

    Gracias por la información, son temas que desafortunadamente desconocemos en gran medida y en ciertas regiones como lo es en este país.

  • Liliana Gonzalez Beltran dice:

    En colombia al igual que en el Salvador hemos estado en guerra por más de 60 años, y se han vulnerado los derechos humanos en todas sus formas, razón por la cual tambien las víctimas reclaman justicia y reparación y es aquí donde la psicología forense puede aportar mucho para una debida reparación a las victimas orientando a los administradores de justicia.

  • Carmenchuquimia_v dice:

    Estupendo trabajo academico agradezco la informacion, me gustaria saber qe hago para ser miembro de esta asociacion. Muchas gracias.

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