UN DERECHO SIN DERECHO: REALIDAD DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

LADY PAOLA GÓMEZ DÍAZ

Las víctimas del Conflicto Armado Colombiano Según la Ley 975 de 2005 tienen Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral ¿Pero Realmente el Estado Colombiano los ha Garantizado?

El conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace varias  décadas es de gran complejidad e involucra altos índices de violencia, generando sin duda un impacto directo en la situación de los derechos humanos y en particular, en las víctimas del conflicto armado.

Los grupos armados organizados al margen de la ley como las FARC, ELN, EPL y PARAMILITARES han generado política de atentados contra la población civil, provocando miles de víctimas en todo el país, siendo el caso de las masacres donde grandes números de personas indefensas acusadas de pertenecer al grupo ilegal contrario o como colaboradores del ejército nacional fueron asesinados (Castro, 1999).

A estas víctimas se les ha generando no solo daños físicos, económicos, sociales, sino también psicológicos e incapacidad en ocasiones para realizar la reestructuración de nuevos proyectos de vida y desempeñarse en diferentes campos laborales (Echeburua, 2005).

A raíz de esto, el estado Colombiano resolvió crear finalmente la Ley 975 de 2005 la cual tiene como objeto facilitar el proceso de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de grupos organizados al margen de la ley y garantizar de esta manera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, es decir, que esta ley propone no solo, la desmovilización de integrantes de grupos armados ilegales, sino también, que la victimas puedan participar en el acceso a sus derechos.

Es por ello, que se hace necesario definir los derechos de las víctimas, recordando lo que contempla la ley sobre cada uno de ellos y la forma en que el estado ha buscado garantizar su acceso y la manera en que las víctimas han vivenciado la participación en este proceso.

Finalmente, se discutirá los elementos que deben tenerse en cuenta desde la psicología jurídica y lo que esta podría aportarle al desarrollo de las actividades que plantea la ley, ahora que, coyunturalmente atravesamos un momento histórico, en el que el encuentro con la verdad, la justicia y la reparación son indispensables en un proceso de construcción de paz.

A lo largo de la historia, las víctimas de las acciones delictivas de grupos armados organizados al margen de la ley son afectadas en todas las dimensiones de su vida, pues están expuestas a que se les vulnera sus derechos a la vida, la libertad, la expresión, la salud, educación, entre otros, y la vivencia de estos hechos violentos trae como consecuencia la presencia de trastornos de carácter psicológico como son el estrés, ansiedad, el estrés post trauma, despersonalización, modificaciones en la personalidad, desorientación en el proyecto de vida, entre otros.

En razón a esto, es que el estado colombiano define a las víctimas en su artículo 5 de la ley 975 de 2005, como a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, y plantea en los artículos 6, 7 y 8 de esta misma ley, los derechos a la verdad, justicia y reparación (CNRR, 2007).

El derecho a la Justicia (artículo 6) está contemplado como el deber que tiene el estado de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por estos grupos ilegales y asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones (Ley 975, 2005).

La consecuencia de esto es que a la fecha el estado solo ha hecho presencia con la asignación de integrantes de fuerza pública en estas regiones, y no ha entendido la integralidad de este derecho, como el que debe de partir, de la responsabilidad de realizar acciones de prevención y reconocimiento, para generar protección y respeto a los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos de toda la población, con el objetivo que no se presenten mas hechos que generen nuevas víctimas y “victimarios”.

El otro es el derecho a la verdad (artículo 7), contemplado como inalienable, pleno y efectivo donde se conocen los delitos cometidos por estos grupos ilegales y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada (Florián, 2007). De ahí que la verdad es un derecho básico que tienen todas las personas afectadas por un hecho ejecutado en el desarrollo de un conflicto armado y que les ha causado daño; al punto de ser importante conocer las razones que dieron lugar a las violaciones en sus derechos fundamentales (Peña, 2009).

Pero tenemos que la situación de las víctimas es mucho más complicada, ya que instituciones como la Fiscalía General de la Nación se ha limitado a escuchar la verdad de los victimarios durante el desarrollo de las versiones libres dejando a un lado la verdad de las víctimas, pues a la fecha en estas diligencias judiciales, como uno de tantos ejemplos, no se ha escuchado la declaración de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños, niñas y hombres. Esto implica que el estado debe buscar estas verdades, respetando claro está, el derecho a la intimidad de las personas afectadas.

Autores como Gaviria (1999) señala que dentro del sistema penal tradicional, donde el conflicto es entre el ofensor y el estado, se ignora a la víctima como un sujeto de derechos y se le confina a convertirse en un mero testigo dentro de la investigación de un delito, debido a que no se pretende la reparación de esta, sino el castigo de aquel que cometió el ilícito.

A lo anterior también añadía: “ llama particularmente la atención el hecho de que una vez ocurrido el delito, todas las miradas se dirigen hacia el delincuente, de manera que toda la actividad del estado a través del aparato judicial gira en torno al propósito de castigar el hecho punible y de resocializar a su autor, el cual no deja ni siquiera entrever el de proteger a la víctima” (Gaviria, 1999)

También es importante destacar que durante la participación de las víctimas, en el acceso a sus derechos en el proceso de justicia y paz, algunas de ellas se ven enfrentadas no solo a las efectos del delito en sí, si no también son llevadas a vivenciar una doble victimización, catalogada por Soria y Saiz (2005) como “aquella que se deriva de las relaciones de la víctima con las instituciones sociales (servicios sociales, sanitarios, medios de comunicación, jurídicos, etc.)”.

En razón a lo anterior, es que se habla de revictimización (victimización secundaria), la cual es dada a través de los contactos con las instituciones del sistema de justicia y paz donde funcionarios encargados de “administrar la justicia”, son en ocasiones quienes transfieren el rechazo hacia este tipo de victimas y su familia, quien no solo sufre un proceso de duelo, sino que también se convierte en objeto de una actitud estigmatizadora y apática, que se traduce en maltrato por parte del funcionario que suele responder usando juicios de valor frente a la razón por la cual ocurrieron los hechos.

Es así como vemos que a la fecha estos derechos no han sido garantizados en su totalidad y que aun al estado le falta concientizarse de la dimensión en las consecuencias de este flagelo y velar porque los derechos de estas víctimas sean realmente respetados y no se conviertan en lo que plantea Peters (1995) en la investigación victimológica donde muestra que el contacto entre la víctima y la administración de justicia penal, es simplemente una fuente de frustración, de decepción y de molestias, en lugar de ser una contribución a la solución de los problemas de la víctima.

Así mismo, el temor hacia denunciar también es otra estilo de conflicto que mantiene a la población bajo control y en una condición de inseguridad que les imposibilita actuar y que conlleva a que al no conocerse la verdad, no existan responsables y tampoco exista en supuesto victimas a las cuales reparar.

Por otra parte, la ley establece en su artículo 8 el derecho a la reparación integral, propuesta como las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas (Davide, 2007). Pero para que esta reparación se dé, debe existir un declarante y la presentación de unas pruebas que responda por los hechos aun, cuando la ley establece que la condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible (Palau, 2006).

Esto significa que si la victima de las violaciones cometidas desea acceder a este derecho debe promover un incidente de reparación como estipula el artículo 23 de la ley 975 y demostrar la existencia del daño y del nexo causal entre éste y las actividades del acusado, pues de no comparecer al proceso penal, o si lo hace  según Gómez (2006) pero no logra demostrar la existencia del daño o la relación de causalidad, no podrá ver satisfecho su “derecho” a la reparación.

En razón a esto vemos como la ley puede llegar a cometer grandes injusticias y desigualdades pues beneficiaria exclusivamente a aquellos que logren acceder a la administración de justicia y cumplir con las exigencias probatorias y procedimientos que se plantean a quienes intervienen en el proceso penal (Montoya, 2005).

Por ello la actitud del estado debe ser proactiva con el fin de disminuir esta problemática que ya a la fecha está generando dificultades de tipo psicológico en personas que no cuentan con los recursos económicos para buscar las pruebas necesarias para acceder a la reparación y de allí la expresión de sentimientos por parte de las victimas de indefensión y frustración, pues el estado no tiene como garantizar a las victimas el acceso total a sus derechos.

En relación a lo anterior es que se evidencia que este proceso de justicia y paz no es solo desde el campo del derecho, sino que también tiene un componente psicológico donde se afecta la emocionalidad de las víctimas, y de allí el valor del trabajo de la psicología jurídica,  pues aunque se ha hablado de la importancia de esta en el proceso de reparación a las víctimas, no se han generado claridades, ya que hasta ahora algunas instituciones del sistema de Justicia y Paz, han venido realizando intervención con psicólogos no especialistas en el campo jurídico, trabajando solo desde los presaberes de los profesionales y limitado además a su resorte institucional.

Es importante tener conocimiento que instituciones como la Fiscalía General de la Nación entre otras, que integran el sistema, no poseen un psicólogo jurídico que aporte a su trabajo en el desarrollo de actividades propias de la ley como son las versiones libres, teniendo en cuenta que dentro del quehacer del psicólogo jurídico esta el aplicar tratamiento a las víctimas y realizar prevención, atención y peritajes, que pueden ser plasmados en un dictamen que oriente las decisiones judiciales (Tapias,  2003).

Esta disciplina puede aportar al estudio de los comportamientos psicosociales de las personas o grupos relacionados, establecidos y controlados por el derecho en sus diversas vertientes, así como aquellos procesos psicosociales que guían o facilitan los actos y las regulaciones jurídicas (Soria, 1998).

Es así como la psicología jurídica juega un papel muy importante en el desarrollo de diferentes actividades en esta ley, pues puede brindar asesoría sobre norma jurídica de manera individual y grupal para orientar a las víctimas en la exigibilidad para el restablecimiento de sus derechos, la reparación o indemnización,  brindar tratamiento de apoyo para víctimas directas o indirectas, así como también cobija la intervención en crisis (versiones libres), la asesoría a las víctimas para remitirlas según sus expectativas al sistema judicial (narración del hecho violento) y asesoría al gobierno sobre políticas de manejo de grupos de víctimas de la violencia.

Dentro de la evaluación que posee la psicología jurídica esta la realización de peritajes entendido desde Garrido, Masip, y Herrero (2006)  como un procedimiento que consiste en realizar evaluación psicológica de las partes en conflicto para que se tomen decisiones de orden judicial, es decir evaluar las perturbaciones psicológicas de una persona tras ser víctima de un delito y que podría aportar al proceso de incidente de reparación, teniendo en cuenta que éste, aportaría en la defensa de la víctima puesto que a la fecha estos incidentes han contemplado el daño moral como afectación, más no el perjuicio ocasionado a nivel psicológico.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la tarea en este proceso radica en estructurar no solo el enfoque de trabajo de la ley en cuanto al abordaje desde las diferentes disciplinas, sino también, el reorientar la inversión social de manera que sean atacadas las causas de la violencia y no solo reparar las consecuencias como lo plantea la ley 975 de 2005, pues de esta manera será más factible que los esfuerzos por generar condiciones tengan resultados, ya que podríamos decir que esto es lo que no ha permitido que el estado brinde las garantías para que el cumplimiento de los derechos de la ley sean completos.

“Los desafíos que plantea la ley son retos enormes para el estado, pero también para la sociedad en conjunto y sus ajustes no deben hacerse solo en el marco político sino también en el psicosocial”.

REFERENCIAS

Bocchi, D. (2007). Las víctimas de la ley 975 de 2005. Cuadernos de Cooperacion y Desarrollo (V,3). Podec: Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia. Bogota: Kimpres Ltda.

Castro, H. (1999). Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz en Colombia. Recuperado en junio de 2010 de www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/bo2.html#Conflicto Armado.

CNRR. (2007). ¿Soy una Víctima? Tengo derechos. Cartilla institucional. Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Echeburúa, E. (2005). ¿Cómo evaluar las lesiones psíquicas y las secuelas emocionales en las víctimas de delitos violentos?. Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 5, 57-73.

Florian, H. (2007). La ley de justicia y paz- Desafíos y temas de debate. Bogota: Cerec

Garrido, E,. Masip, J,. y Herrero, M. (2006). Psicología Jurídica. Madrid: Pearson Prentice Hall

Gaviria, V. (1999). Algunos Aspectos Civiles Dentro del Proceso Penal. Bogota: Universidad Externado de Colombia.

Gómez, M. P. (2006). Una mirada hacia delante: Elementos para la reparación colectiva en Colombia. Bogotá: Géminis.

Ley 975. (2005). Entro en vigencia la ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz. 25 de Julio de 2005. Recuperado de: http://www.presidencia.gov.co/

sne/2005/julio/25/12252005.htm

Montoya, A. (2005). Reparaciones en Colombia: una Discusión Inaplazable. Revista Arcanos, 11, 8-16.

Palau, N. (2006). Tramite de la Ley de Justicia y paz- elementos para el control ciudadano al ejercicio del poder político. Disposiciones del Decreto 4760. Bogotá: Géminis Ltda.

Peña, D. A. (2009). Por los Caminos de la Reconciliación en el Nororientes Colombiano. En Ferreira, C., Morales, J., Peña, D., Ramírez, e., Reyes., y Serrano, G., Por los caminos de la Reconciliación. (2ª ed). Bucaramanga: Futura.

Peters, T. (1995). 5vo Curso Internacional de Criminología. Justicia Restauradora- Justicia y Atención a víctimas del delito. México.

Soria, M. A. (1998). Psicología y Práctica Jurídica. Barcelona: Ariel, S.A.

Soria, M. A., y Saiz, D. (2005). Psicología Criminal. Madrid: Pearson Prentice Hall

Tapias, A. Ensayo sobre otro que hacer de la psicología jurídica. Aba Colombia: Asociación colombiana para el avance de la ciencias del comportamiento. 14 de agosto de 2003. Recuperado en http://www.abacolombia..org.co/bv/juridica/juridica02.pdf

13 Comments

  • Andrea Dalko says:

    Es una realidad en la que hay mucho por hacer. Estoy de acuerdo que la intervención del psicologo jurídico no es en todos los ámbitos del poder judicial. En cuanto a la temática que se plantea en este trabajo, acuerdo plenamente que es impresindible la intervención desde está área para que cuando se aplica la ley, se pueda lograr la inscripción de un acto. Tanto el derecho como la psicología se ocupan de instalar cierto orden, una ley. Deben trabajar en conjunto y de manera interdisciplinaria para que se logren algunos cambios de fondo.

  • juliana tabares says:

    muy buena la ponencia, pero lastima que no se hace mucho por estas personas que han sufido tanto en esta guerra

  • Nora says:

    no deben hacerse solo en el marco político sino también en el psicosocial”.

    Este aparte lo dice todo Dra. LADY PAOLA GÓMEZ DÍA, sin esto lo otro no se dará en su cabalidad, es la integridad del ser, su entorno su formación tanto en familia como en educación escolarizada.Pero será que nuestro Estado sí le interesará que la población se eduque?, y que se reeduque a los adultos? y que los gobiernos den ejemplo con sus actuares,: somo pocas glondrinas sembrandola semilla para que se dé.Y que se destine más a lo social que se llenen estomagos, que se n oportuniade básicas alos más desprotegidos.Que haya equidad, no es posible qu eun reinsertado PAramilitar gane más que una madre de los hogares que colabora en cuido de otros.No hay Equidad, mientras no haya Equidad que justicia puede haber?
    Felicitaciones y gracias.

    Nora Quevedo LAbrador
    Juez de Paz Santiago de Cali Colombia

  • Sergio Uriel De Jesús Santoyo López says:

    Desgraciadamente, nunca se ayuda a aquellos que han pasado por situaciones como estas, solo cumplen con lo formal y hasta ahí. ¿que acaso no entienden la magnitud de lo ocurrido y de los daños hacia las víctimas?. Pero bueno, hay que “seguir progresando” como dicen algunos gobiernos.

    Felicidades por la ponencia.

  • Leticia Ortiz says:

    Bueno en general me pareció interesante su ponencia y me pregunto que pasa con los gobiernos que en realidad no distribuyen sus recursos de acuerdo a las reales necesidades de la poblacion y en estos van incluidas estas personas.

  • Rodrigo Andrés Mardones Carrasco says:

    Esta exposicion me hace pensar sobre el trauma psicosocial y su entendimiento en nuestra area. La psicología clínica tradicional ha abordado el trastorno y la enfermedad como entes o unidades que surgen en el interior de los individuos sin considerar el medio del sujeto. Sin embargo, y contrariamente al modelo biomédico, cuando hablemos de trauma, nos referiremos a un trastorno situado dentro de un contexto sociopolítico, histórico, económico e interpersonal, que hace de cada padecimiento una experiencia distinta que los manuales de diagnóstico no pueden abarcar en su totalidad. Hablar de salud mental desde este punto de vista nos remite a considerar no sólo al sujeto y su experiencia, sino también al tramado de relaciones del sujeto con los elementos de su medio.
    En psicología se habla de trauma para referirse a aquellos problemas psíquicos originados por el impacto que una determinada experiencia o vivencia tiene una persona. Se trata de una experiencia violenta, que se presenta generalmente de manera inesperada y que genera daño psíquico (Martín-Baró, 1990).
    El problema inherente del modelo médico en psicopatología, en especial del trauma psíquico, (trastorno por estrés post traumático en palabras del DSM-IV), es el pretendido aislamiento frente a las realidades sociohistóricas en que surge y la obstinación en considerarlo un trastorno particular, de cada individuo, sin considerar la naturaleza social de las personas. Por ello, referente a los problemas psíquicos concernientes a los desastres naturales, es que una mejor aproximación es hablar de trauma psicosocial.
    Desde esta perspectiva Matín-Baró (1990) alude a tres aspectos esenciales en la comprensión del trauma psíquico:

    a) El trauma tiene un carácter dialéctico. El trauma, es en sí, en cuanto a su ubicación en la particular relación social del individuo. No necesariamente una situación de carácter social genere per se un trauma o que un individuo pueda nunca sufrirlo.

    b) El trauma se reproduce así mismo. En cuanto surge de las relaciones sociales de los individuos y al verse gravemente afectadas, provocan patrones de socialización que mantienen el trauma lo que genera y multiplica los casos de individuos traumatizados.

    c) El trauma como cristalización de una sociedad desigual. El trauma constituye en sí la concreción en que los individuos se ven afectados por el tejido de relaciones sociales aberrantes y deshumanizadoras de una sociedad injusta.

    En la persona que ha sufrido un trauma, produce una vulnerabilidad que le acompañará durante toda su vida y que bajo ciertas circunstancias pueden generar síntomas patológicos. Como los procesos traumáticos se desarrollan siempre en un contexto social, cultural y político determinado, los eventuales síntomas se han de interpretar en función de dicho contexto. Es por ello necesario repensar nuestra labor social y política incluso sobre estos temas.

    Saludos

  • Francy Correa says:

    Cordial Saludo;

    Muy buena ponencia respecto a una de las problemáticas que aquejan a la población colombiana en su mayoría. No obstante se puede evidenciar una vez más la negligencia por parte del estado en cumplimiento en cuanto a leyes y decretos que protejan la integridad de cada uno de sus habitantes (en este caso los que sen afectados por situacionesde conflicto) como es el caso en exposición. Es bueno aclarar que nuestro país tiene una de las Constituciónes más completas que se hayan conocido, sin embargo esto siempre se reduce a solo escritos y permanecer plasmado en un papel, por que a la hora de revisar el accionar de las mismas, se podría afirmar es casi nulo.

    Las víctimas no solo deben enfrentarse a las consecuencias que les ha generado el conflicto en sí, además deben soportar y reignarse a no recibir ayuda de quien tiene la obligación de proporcionarselas como es el Estado a través del cumplimiento de políticas establecidas para este tipo de sucesos. Todo lo contario lo que hacen es remover la situación de dolor através de procesos que en nada alivian la situación.

    Sin duda alguna la atención de la victima desde el plano psicológico es fundamental, ya que este proceso puede rescatar y fomentar su capacidad de resilencia.
    Desafortunadamente las políticas de Estado en su mayoría estan motivadas por intereses personales, por lo tanto quien realmente necesita su acogimiento no lo tiene.

    Francy Correa
    Estd. de Psicología
    Colombia.

  • Jorge Ugueto says:

    Muy buena exposición acerca de un tema de suma importancia. La realidad que le ha tocado vivir a Colombia debería servir de ejemplo para el resto de nuestros países. Cuando se tratan de resolver los conflictos de manera violenta, las consecuencias van a ser fatales.
    Hay dos aspectos de enorme importancia jurídica y psicosocial que me gustaría resaltar:
    1) La forma en que el conflicto se ha transformado en un asunto entre el Estado y los grupos irregulares (es decir, en un conflicto político-militar), dejando de lado a las víctimas.
    2) El hecho de que la atención tienda a centrarse en el victimario y la víctima sea poco tomada en cuenta.

  • KARLA MENDEZ says:

    muy buena ponencia , es un tema que debemos investigar mas a fondo y buscar algo sobre su prevencion

  • Beatriz San MIllán says:

    Es una situación bastante difícil que debería tomarse mucho más en serio por la salud de las víctimas y para restablecer la confianza en la autoridad.

  • Juan Camilo Camargo says:

    Excelente ponencia,!felicitaciones¡ es clara y evidencia una de las problematicas psicojuridicas actuales en Colombia, la cual debe tener un abordaje directo por parte de los psicologos juridicos, debido a que deben ser estos quienes se encarguen aparte de concientizar al estado de la importancia de la reparacion a las victimas, el desarrollo de programas que permitan dicha reparacion.

    Es importante resaltar la parte en donde la Docotora Gomez habla acerca de que el estado centra su atencion en el castigo del agresor ante el hecho y no sobre las concecuencoias que dicho hecho ha provocado sobre la victima, especialmente cuando se trata de secuelas psicologicas…

  • Juan Camilo Camargo says:

    Excelente ponencia,!felicitaciones¡ es clara y evidencia una de las problematicas psicojuridicas actuales en Colombia, la cual debe tener un abordaje directo por parte de los psicologos juridicos, debido a que deben ser estos quienes se encarguen aparte de concientizar al estado de la importancia de la reparacion a las victimas, implementar el desarrollo de programas que permitan dicha reparacion.

    Es importante resaltar la parte en donde la Doctora Gomez habla acerca de que el estado centra su atencion en el castigo del agresor ante el hecho y no sobre las concecuencoias que dicho hecho ha provocado sobre la victima, especialmente cuando se trata de secuelas psicologicas…

  • Edna Medina says:

    Me parece interesante que se toque el tema de delitos enmarcados en violaciones graves a los derechos humanos. SIn embargo, me parece que se toma a la ligera el hecho de que no se cuente con psicologos juridicos en las instituciones encargadas de velar por las victimas o que solo se tenga en cuenta la verdad del victimario en versiones libres, ello no es asi, y lo digo porque en las audiencias llevadas a cabo en el Tribunal, tanto la Fiscalia como la Defensoria del Pueblo tienen en cuenta la opinion de expertos y de hecho las victimas (no todas claro) han tenido la oportunidad de hablar. Aun falta mucho, claro es un proceso de construccion, pero le recomiendo con todo respeto que se informe un poco mejor sobre la labor que se esta realizando.

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