POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE INTERVENCIÓN PARA AGRESORES SEXUALES: AVANCES DESDE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA Y REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE EN TRATAMIENTO PENITENCIARIO

DIEGO I. QUIJADA SAPIAIN

RESUMEN

El presente  artículo  busca  entregar antecedentes para un debate crítico acerca del actual tratamiento de ejecución penal en materia de agresores sexuales a partir de la experiencia chilena. Con este fin, el autor se apoya en distintos sistemas peni- tenciarios y legislaciones vigentes donde se han evidenciado reducciones de riesgo de reincidencia.

Palabras clave: Tratamiento penitenciario

/ Intervención penitenciaria / Reincidencia

/ Beneficios intrapenitenciarios.

This article seeks to provide the back- ground for a critical debate about the current treatment of criminal enforcement regarding sexual offenders based on the Chilean experience. To this end, the author relies on various prison systems and cu- rrent legislations wherein reductions in the risk of recidivism have taken place.

Keywords: Prison treatment / Peniten- tiary intervention / Recidivism / Intra- penitentiary benefits.

Title: Criminal intervention policy for sex offenders. Advances from the forensic psychology and review of the state-of-the- art in prison treatment

Introducción

De acuerdo a los últimos resulta- dos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana1, la población percibe a la delincuencia como el primer problema más importante de actualidad nacional con un 24.6 % de las men- ciones, después de la pobreza (17 %) y la educación (12.5 %), cifras que se mantienen  estables con otras encuestas nacionales de opinión pública2. En este sentido, la temática de la seguridad cobra especial relevancia para la polí- tica pública, toda vez que se relaciona directamente con los temores primarios de la sociedad repercutiendo de manera directa en la percepción de la población general. Atendiendo  a la problemática descrita, el nuevo programa de gobierno3 (2014-2018), liderado por el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha relevado la promoción de un sistema penitenciario integral que favorezca los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas que han estado en conflicto con la justicia penal; sin embargo, se ha foca- lizado nuevamente en potenciar aspectos como la salud, el trabajo y la educación que si bien han demostrado evidencia en el efectivo favorecimiento de dichos procesos en la población penal4, no lo ha hecho respecto de personas condenadas por delitos sexuales, infractores que a la fecha no reciben un tratamiento es- pecializado/diferenciado que posibilite reinsertarlos a la sociedad con cambios relacionados a su problemática etiológi- ca fundamental, esto es, reducir aquellos factores de riesgo que han evidenciado correlación empírica en la comisión de nuevos delitos de índole sexual.

Según el Estudio de Reincidencia realizado por la Fundación Paz Ciuda- dana y publicado el año 20135, el 50.5 % de los condenados que egresaron del sistema carcelario en 2007 reincidió en promedio dentro de los primeros 336 días. Por su parte, aquellos que lo hicie- ron en el sistema alternativo de condenas (medio libre), reincidieron solo un 27.7 %. En dicho estudio se sostiene6  que las personas condenadas por delitos contra la propiedad exhiben mayores porcen- tajes de reincidencia. En los hurtos  y los robos no violentos esta supera el 60 %, mientras que en los homicidios la reincidencia llegaría al 28.5 % y en los delitos sexuales al 13.3 %.

Considerando la evidencia reporta- da, la reducción de la reincidencia debe considerarse como uno de los objetivos fundamentales en el diseño de las polí- ticas públicas en materia de seguridad, ya que es uno de los indicadores más relevantes para evaluar la eficacia de los modelos de reinserción a la hora de reducir tasas de victimización. De ahí la importancia de generar conocimien- to empírico que oriente el accionar institucional para realizar mejoras en la planificación, gestión y evaluación de sus actividades dirigidas a disminuir la reincidencia delictual.

En materia de delitos sexuales, si bien ha habido una serie de avances en términos de la persecución del delito y aumento de las penas asociadas7, no ha habido una estrategia de prevención terciaria que posibilite la creación de programas de evaluación de reincidencia y tratamiento para este tipo  de infractores. Si bien sabemos que estos

delitos vienen cargados por un fuerte sentido de ofensa social y se constituye fácilmente en una noticia que amplifica la reacción de rechazo, generando una demanda por un castigo rápido y ejemplar8, no es menos cierto que desde un punto de vista de política criminal, la mayor eficiencia  en materia de seguridad pública, tiene que ver con no tan solo con incrementar y potenciar su persecución, sino que también, hacerse cargo de esa población una vez que cumple sus condenas o bien durante el mismo proceso de su ejecución, evitando la reincidencia delictual y por ende, la revictimización de otras víctimas.

Por otra parte, no han sido pocos los casos en que más de algún sujeto que ha sido condenado por este tipo de delitos (sexuales), vuelve a reincidir en la misma conducta, situación que enciende todas las alarmas tanto desde el punto de vista judicial como del de la propia comunidad, y es en ese con- texto que se empieza  a cuestionar la real efectividad de la pena en términos del propósito rehabilitador que debiese tener en estos casos9. Así las cosas, uno

de los principales cuestionamientos que se generan  a partir del tratamiento penitenciario10  en sujetos condenados por estos ilícitos, tiene que ver con la ineficacia de los actuales procedimien- tos de evaluación e intervención que se realiza en los recintos penitenciarios del sistema cerrado11, lo que finalmente conlleva a que el paso de la condena de este infractor solo tenga un fin punitivo y castigador mas no rehabilitador, lo cual se traduce finalmente en que la persona egresa al medio libre sin ningún tipo de intervención que propenda a reducir sus factores de riesgo.

Por su parte, en el ámbito de la evaluación profesional, no es poco usual que se releve en demasía la opinión de expertos o especialistas12, los cuales muchas veces arriban a valoraciones y conclusiones sin contar con instru- mentos fiables y objetivos que permitan contrastar o refutar dichas premisas 13, todas las cuales han evidenciado una pre- cisión limitada a la hora de estimar (por ejemplo) la posibilidad de reincidencia en el delito 14.

  1. 2. Estadísticas sobre delitos sexuales y reincidencia

En términos generales, y a diferen- cia de lo que comúnmente se suele creer respecto de la incidencia de los delitos sexuales, estos suelen representar un porcentaje muy reducido respecto de todos los delitos denunciados a nivel país. Según la última cifra reportada por la Fiscalía de Chile15, dentro del período del mes de enero hasta en el mes de diciembre del 2015, se denunciaron 19.193 delitos sexuales, de los cuales un 58.75 % corresponden a un agresor conocido por la víctima y un 41.25 % lo hace respecto de un agresor desconocido por la víctima. Esta información repre- senta solo un 1.44 % de todos los delitos ingresados al Ministerio Público el año 2015, cifras que se asemejan de manera similar en otros países de la región y de la orbe16. Estos reportes no represen- tan la totalidad de los delitos sexuales denunciados, por cuanto se estima que la cifra negra podría alcanzar al menos el doble de las cifras oficiales17.

Un aspecto interesante desde un punto de vista criminológico tiene que ver con el componente  de la problemá- tica social de este fenómeno, por cuanto si bien representa una preocupación de proporciones en el sistema penitenciario respecto de la población condenada por estos delitos (en términos de la concesión de beneficios intrapenitenciarios, salidas controladas, entre otros) no lo es menos respecto de la opinión pública, ya que la heterogeneidad de los agresores sexua- les en el plano criminológico y clínico suscita una serie de cuestionamientos y desafíos en lo que respecta a sus métodos de evaluación y más específicamente a los relacionados con la posibilidad de reincidencia delictual. En este sentido, la evidencia comparada nos reporta que el porcentaje de los agresores sexuales que vuelve a reincidir es bajo18, estimándose a nivel mundial en torno al 20 %19.

Sin perjuicio de los datos expuestos, existe en esta población una alta hetero- geneidad de la reincidencia, en que por un lado oscila entre aquellos  casos de un solo delito conocido, y, en el extre- mo opuesto,  los agresores en serie, que cometen decenas de delitos a lo largo de sus carreras criminales20.  En ambos casos, el riesgo de reincidencia —y tam- bién las posibilidades del tratamiento— van a depender de la tipología de agresor de que se trate y, específicamente,  de los factores de riesgo21.

La realidad en Chile no dista mucho de las estadísticas internacio- nales. La Fundación Paz Ciudadana22, en su estudio respecto a la reincidencia general en el sistema penitenciario chi- leno, concluye que solo el 13.25 % de la población penitenciaria egresada por cumplimientos de condena por delitos sexuales reingresa  a la cárcel por una nueva condena23, cifra equivalente a 53 personas de un universo de 400 personas condenadas por delitos sexuales24.

Es preciso mencionar  que el estudio concluye que este porcentaje de reinci- dencia judicial corresponde a una de las más bajas en comparación al resto de todos los otros delitos (hurtos, robos, ley de drogas, delitos contra la propiedad y lesiones).

En la actualidad, existe un cúmulo de evidencia meta analítica25 en que las tasas de reincidencia de agresores sexuales una vez que egresan del sistema penitenciario oscilan entre el 15 y el 20

% tras periodos de seguimiento que llegan hasta los veinte años luego que una persona egresa de su cumplimiento de condena. Herrero26 revisó siete estudios en meta análisis desde el año 1998 hasta el año 2013, concluyendo (según la evidencia reportada) que las tasas de reincidencia sexual oscilan entre el 11 % y el 17 % aproximadamente. En general los datos empíricos obtenidos a partir del estudio de miles de casos constituyen una buena aproximación a la realidad.

3. Tratamiento penitenciario y revisión del estado del arte Es sabido que la implementación de programas de intervención que propenda a reinsertar a sujetos condenados por delitos sexuales estará condicionada por las políticas públicas que el gobierno de turno quiera implementar para una determinada agenda en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, más allá de las intenciones o voluntades políticas que existan, diversos estudios
han reportado disminuciones significativas de reincidencia de sujetos condenados por delitos sexuales sometidos a intervenciones intensivas, en relación con la reincidencia de grupos de comparación, en especial cuando los tratamientos son de tipo cognitivo-conductual o sistémicos 27.

En materia de delitos sexuales e intervención penitenciaria, la aplicación de estos tratamientos en el sistema cerra
do es una actividad que por lo general se encuentra limitada a unos pocos países desarrollados y dentro de ellos a unos cuantos programas en prisiones. Ello significa que la proporción de agresores sexuales que recibe tratamiento es muy pequeña en relación con el número de agresores sexuales identificados y, normalmente, encarcelados. En algunos países como Estados Unidos y Canadá, la legislación contempla sistemas de tratamiento y mecanismos judiciales al respecto.

Estas legislaciones incluyen dentro del sistema carcelario procedimientos de evaluación, intervención psicosocial
y monitoreo protocolizado, lo cual asegura un tratamiento sistemático y permite el seguimiento de sus resultados
a través de estudios longitudinales 29 28. Asimismo, la legislación de estos países incluye para los agresores sexuales
de “alto riesgo” lo que se denomina “condenas indeterminadas”, la cual establece normativas para el cumplimiento, en lo cual cobran real importancia  las valoraciones de riesgo basadas en evidencia, por cuanto ayuda a determinar si un sujeto cumple los criterios requeridos y así estar apto para salir en libertad o para establecer condiciones  de supervisión post-cumplimiento de condena.

En Chile, países latinoamericanos y en España no existen condenas indeterminadas; sin embargo, existen algunas figuras legales,  tales como la libertad condicional y rebaja de condena, entre otras donde resulta necesario realizar valoraciones desde el ámbito de la psicología  forense para estimar el grado de riesgo de peligrosidad, violencia y reincidencia sexual o criminal. Si bien en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos por incorporar instrumentos forenses de tercera y cuarta generación, aún estamos muy lejos de poder regular dichas acciones dentro de un programa estatal a nivel nacional que permita intervenir de manera diferencial y focalizada con este tipo de infractores (y menos aún poder darles continuidad  en un programa de seguimiento en el sistema abierto).

El Departamento de corrección y rehabilitación del Estado de California 30 proporciona orientación sustancial para la implementación de programas basados en la comunidad y la cárcel para estos infractores 31. En este sentido, han estado promoviendo la práctica de programas basados en los principios de eficacia de la intervención dentro del en- tendido que lo que finalmente funciona en los establecimientos penitenciarios no es un programa o una sola intervención, sino que más bien un conjunto de acti- vidades que están interrelacionadas entre sí. Dentro de estas prácticas, el reporte consultado para este artículo señala (entre otros aspectos) que para poder intervenir con este tipo de población, se debe en primer lugar, protocolizar todas las acciones en las siguientes actividades:

  1. 1. Evaluar el riesgo de reincidencia del infractor concentrando los objetivos en las necesidades criminógenas.
  2. 2. Mejorar la motivación del infractor, dentro del entendido en que este debe estar motivado para poder par- ticipar en un real esfuerzo de cambio.

3.  La intervención objetivo a lo me- nos debe contener entre cuatro a seis necesidades  criminógenas  por cuanto intervenir menos de tres no reduce la reincidencia delictual. En este sentido, el programa contempla que se debe focalizar la intervención en el principio de riesgo para valorar el grado en el cual se encuentra el infractor. Posteriormente, la intervención debe actuar sobre el principio de necesidad con el objetivo de proporcionar  servicios de acuerdo a los déficits-sociales individuales que presenten estos infractores (por ejemplo consumo de drogas, alcohol, etc.). Finalmente poner en práctica el principio de capacidad de respuesta, dentro del entendido de poder reconocer los distintos temperamentos, culturas entre otros aspectos que pueden estar incidiendo en la adaptación a un respectivo programa de intervención. La reducción de la reincidencia requiere intervenciones en desarrollo que son sensibles a los estilos de aprendizaje de cada sujeto.

Por su parte, y en términos genera- les, los programas que finalmente han evidenciado efectividad en la disminu- ción del riesgo de reincidencia32, suelen tener las siguientes características33:

  • Suelen ser programas intensivos de larga duración (entre 10 y 12 meses).
  • Incluyen técnicas dirigidas específica- mente a las tres áreas problemáticas mencionadas: comportamiento sexual desviado, distorsiones  cognitivas y funcionamiento  social del sujeto.
  • A veces se utilizan,  en el contexto global del programa, agentes quími- cos inhibidores del impulso sexual en aquellos casos de evidentes factores de riesgo (sobre todo en aquellos casos donde existe desviación sexual marcada).
  • Se han utilizado tres medicamentos reductores del impulso sexual mas- culino: el acetato de ciproterona, el acetato de medroxiprogesterona y, más modernamente, el agonista análogo de la hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH).
  • En la aplicación suelen intervenir diversos terapeutas (con frecuencia hombre y mujer) que entrenan a los agresores sexuales en habilidades sociales específicas  con un doble propósito: 1) que aprendan a inhibir las conductas  delictivas, y 2) que aprendan las habilidades de comuni- cación necesarias para establecer rela- ciones sexuales adultas y consentidas.
  • En general, el tratamiento suele tener carácter voluntario, aunque la eventual participación del sujeto en el mismo suele ser recompensada con beneficios penales y penitenciarios (permisos de salida al exterior, me- jora del régimen de vida en prisión, o concesión futura de la libertad condicional).

Un aspecto característico de varios programas de tratamiento, como por ejemplo el correspondiente al Departamento de prisiones del estado de Washington 34 para agresores sexuales, tiene relación con que las prisiones que cuentan con estas políticas tienen un sis- tema integral que consiste básicamente en el confinamiento, el tratamiento, la supervisión, notificación y compromiso civil, cuyo objetivo final es la seguridad pública. Asimismo, cuentan con programas de seguimiento en la comunidad una vez que se cumplen las condenas.  Al finalizar las condenas,  además, existe un protocolo de notificación a la comunidad y un registro oficial para este tipo de infractores (situación que efectivamente ocurre en Chile con la implementación de la Ley N.° 20594  sobre las inhabilitaciones impuestas por delitos de connotación sexual cometidos contra menores de edad). Finalmente, y al igual que otras prácticas en otros estados 35, los profesio

nales asignan distintos niveles de riesgo de reincidencia (alto, bajo, moderado), los cuales además permiten realizar un efectivo seguimiento e intervención en la comunidad dependiendo de cada nivel, donde los infractores con alto riesgo de reincidencia además son supervisados por los departamentos  policiales, quie- nes además pueden proporcionar dicha información a la comunidad 36. Por lo general todos los programas varían el foco, la duración y el número de horas de tratamiento dependiendo de cada caso en particular, donde los casos de riesgo más bajos se evalúan en la comunidad con una supervisión menor a diferencia de los de alto riesgo 37.

En términos de la intervención y tratamiento, los ingredientes terapéuticos más comunes en estos programas, en términos generales, son el trabajo sobre distorsiones cognitivas, desarrollo de la empatía con las víctimas,  mejora de la capacidad de relación personal, disminución de actitudes y preferencias sexuales hacia la agresión o hacia los niños, y prevención de recaídas 38. En este sentido, estos tratamientos aplican formas innovadoras de intervención siguiendo la línea del modelo cognitivo conductual para trastorno de control de impulsos que en líneas generales se
caracteriza por perseguir incrementar las habilidades de automanejo del recluso más que alcanzar la curación total del sujeto. Las nuevas propuestas incorporadas por Marshall contemplan el incremento de la capacidad de los internos de satisfacer sus necesidades de manera prosocial, evitando la práctica de tendencias sexuales desviadas y
fortaleciendo el autocontrol de sus emociones y actos. Para tales efectos, el autor propone el trabajo intensivo desde un enfoque cognitivo-conductual en áreas como la autoestima,la empatía, las distorsiones cognitivas entre otros. Por su parte, no deja de resultar interesante que en términos generales, lo que existe en estos casos es un enfoque integral de gestión de casos para agresores sexuales, con presupuesto no tan solo para su encarcelamiento, sino que
también para su intervención, seguimiento y sobre todo, cosificando por nivel de riesgo de reincidencia con base en instrumentos forenses basados en evidencia. Finalmente, se debe garantizar el tiempo adecuado de la intervención, que para estos casos se ha encontrado evidencia en que infractores de alto riesgo deben pasar entre el 40 % y el 70 % de su tiempo en actividades y programas altamente estructurados entre tres y nueve meses. Posteriormente, el tratamiento para estos casos también contempla tratamiento en la comunidad, considerando un plan de intervención de por vida en aquellos casos que sean evaluados como de alto riesgo de reincidencia 39. En conclusión,  se ayuda al infractor a identificar  los factores de riesgo que se presentaron al momento de la comisión del delito, las conductas implicadas en todo el proceso delictivo y los tipos de situación que constituyen un riesgo. Una vez identificados  estos factores, se procura ayudar al sujeto a planificar sus acciones para afrontar mejor sus conductas y situaciones.

  1. 4. Situación penitenciaria en Chile

De la revisión de nuestra ley penitenciaria, conforme lo establece el Decreto N.° 518 de 1998, se concluye que efectivamente el tratamiento y ejecución de la pena persigue un fin de prevención especial de cara a la reinserción social, toda vez que el principio que rige en el decreto anteriormente señalado tiene que ver con el concepto de “progresividad” 41 . En este sentido, el régimen penitenciario debe utilizar todos los medios necesarios y adecuados
para cumplir dicha finalidad.

En Chile, sabemos que hoy no exis- te una oferta programática que se enmarque dentro de políticas de prevención terciaria (es decir, estrategias dirigidas a la población penal ya condenada y que tiene por objetivo  específico evitar la reincidencia delictual) para este tipo de agresores. En este sentido, y siguiendo a Macchino 42, al no existir estrategias de prevención terciarias para estos infractores de ley, se deja abierta la posibilidad de reincidencia al no entregar una oferta de servicios durante la condena o de una eventual oferta de apoyo con posterioridad a su cumplimiento. Al examinar  con detención la situación en Chile, efectiva- mente se constata que no se cuenta con programas diseñados especialmente para atender a los condenados por delitos sexuales en el sistema cerrado, situación que explica el que no se tengan datos o reportes sobre los resultados de la condena en estos delitos o estudios de seguimiento longitudinal una vez que se cumple la condena principal. A este respecto,  se puede señalar que dentro del contexto penitenciario de Gendarmería de Chile,  se ha consolidado la modalidad y tratamiento vinculado a la concesión progresiva de beneficios intrapenitenciarios a la población  general de condenados, con el propósito de incentivar las estrategias de reinserción social 43. El sistema formal de beneficios intrapenitenciarios, resulta ser una herramienta de reinserción sumamente potente ya que está demostrado a nivel internacional que en la medida que el condenado se enfrenta gradualmente a su proceso de libertad, tiene mayores posibilidades de reinserción versus el interno que cumple su condena de principio a fin. Es en este contexto que leyes como el Decreto N.° 32144  de 1925 buscan establecer condiciones de libertad condicional a partir del cumplimiento de una serie de requisitos entre ellos la observancia de haber demostrado comportamiento intachable y haber adquirido un oficio que no extinga la duración de la pena. Asimismo la Ley N.° 1985645, la cual crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, cuya intención es la reducción de la condena. De esta misma manera el Decreto N.° 94346 que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario, otorgando condiciones aptas para entregar herramientas que fomenten la integración social del su- jeto. Por su parte, el Decreto N.° 518 de 1998 establece un Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en el cual se incorpora de manera inédita en su título quinto, actividades y acciones para la reinserción social donde se establecen una serie de permisos a la población condenada que forman parte de las actividades de reinserción social y confieren a quienes se les otorgan gradualmente, mayores espacios de libertad (salida esporádica, salida dominical, salida de fin de semana, y salida controlada al medio libre). En consecuencia con lo señalado, y siguiendo a Espinoza 47, si bien la posibilidad de otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios resulta ser una práctica positiva para las posibilidades de reinserción de la población recluida, es necesario considerar una serie de alcances en lo que respecta a los sujetos condenados por delitos sexuales. En este sentido, resulta imperante tomar en cuenta que el proceso de concesión contempla una serie de dificultades relacionadas a la falta de uniformidad en los procedimientos,  a la diversidad de criterios utilizados, a la escasez de recursos humanos para la elaboración de informes técnicos, entre otros aspectos. En el caso que nos ocupa en este trabajo, y tal como se ha reiterado, los agresores sexuales presentan  características criminológicas disímiles respecto del grupo de delincuente habitual, toda vez  que la complejidad de factores involucrados en el comportamiento de la agresión  sexual requiere de la instalación de programas especiales que procure dar respuesta a la reinserción de estas personas con mayor focalización y coherencia, respondiendo a las necesidades de intervención específicas. Por lo anterior, la mera observación de una conducta intachable en el cumpli- miento de la condena, o el solo hecho de mostrar interés por participar de los estudios o talleres o en asistir a un curso de capacitación en oficio no debiesen ser solamente criterios de inclusión que les permita postular a los beneficios intra- penitenciarios, toda vez que la evidencia internacional no ha reportado a la fecha que estas sean actividades idóneas para reducir la reincidencia delictual en agresores sexuales.

Como se explicó y como se ha reiterado en este artículo, en cada caso, el riesgo de reincidencia y por ende las posibilidades de tratamiento van a de- pender de la tipología del agresor de que se trate y, específicamente, de los factores de riesgo que confluyan en cada sujeto48. Por su parte, la eficacia de los tratamientos dependerá en gran medida del buen pronóstico en estos, el cual es un factor clave en la prevención de reincidencia en agresores sexuales.

  1. 5. Conclusiones

De lo dicho hasta ahora hay varios aspectos que merecen mención especial. En primer término, como principal objetivo se pretendió orientar respecto de la importancia de generar conoci- miento empírico que oriente el accionar institucional para realizar mejoras en la planificación, gestión, y evaluación de sus actividades dirigidas a disminuir la reincidencia delictual desde un punto de vista de la política criminal. Desde esta premisa, y a la luz de la extensa evidencia aportada, no resulta menos cierto que para poder incorporar dentro de la política criminal verdaderos avances en esta materia, se debe en primer término considerar que la implementación de programas de evaluación e intervención destinados para estos infractores de ley, más que convertirse en un gasto público innecesario, permite reducir objetivamente el riesgo de reincidencia en estos delitos y aportar claramente a la seguridad ciudadana. Desde esta lógica, el sentido de eficiencia cobra especial relevancia, por cuanto además de reducir las tasas de denuncias y procedimientos judiciales, se reducen los costos del Estado para intervenir y tratar a las víctimas durante periodos prolongados de tiempo. Por otro lado, se promueve la prevención terciaria lo que finalmente potencia una real política criminal que considere la visión integral de la pena, en el entendido del sentido rehabilitador que debiese tener la condena más allá del mero confinamiento del individuo.

Un reto hoy para el actual sistema penitenciario chileno en materia de reinserción y tratamiento para este grupo de infractores, tiene que ver con la posibilidad de implementar programas que en la actualidad presentan un cúmulo de evidencia demostrable, en los cuales la implementación está avalada por políticas gubernamentales que han relevado la prevención terciaria como política pública en materia de seguridad. En este sentido, resulta imperante que se  incorpore dentro de la política criminal un tratamiento diferenciado para este tipo de infractores que contemple un modelo de pena regida por el principio de proporcionalidad a la que además se incorpore  una medida de seguridad. Para tales efectos, se hace evidente que resulta necesario un diagnóstico eficaz de riesgo que esté basado en principios demostrables de evidencia. Lo anterior, deja claro que la discusión en esta materia, más que focalizarse en aumentar las penas para estos delitos, debe estar centrado en proporcionar recursos que estén destinados a ampliar la oferta pro- gramática en los recintos penitenciarios que promuevan la incorporación de pro- gramas orientados a evaluar, intervenir y reducir riesgo de reincidencia para estos infractores por módulos diferenciados en cada caso. Asimismo, el presupuesto estatal debiese incorporar la creación de centros de tratamiento en el medio libre que puedan darle continuidad a las intervenciones  realizadas en el sistema cerrado una vez que egresan de los recintos penales. Solo de esa forma, y en la medida que se visibilice la problemática de la violencia sexual, será posible que el problema  sea tratado con seriedad y responsabilidad, de modo que a través de la sociedad se permita  la resocialización de estos infractores de ley.

Por otro lado, resultó interesante describir la evidencia en materia de tratamiento en países comparados,  en donde algunas legislaciones contemplan procedimientos y protocolos específicos de tratamiento penal para estos infracto

res junto a un monitoreo especializado, todo lo cual, asegure un tratamiento sistemático con reportes longitudinales. Asimismo,  se pudo observar que además de la especificidad de tratamientos para condenados por delitos sexuales,  se contemplan la diferenciación por conde- nados de alto y bajo riesgo. Lo anterior permite orientar el tipo e intensidad de intervención vinculada para cada caso, donde los recursos deben estar orien- tados a infractores que presenten alto riesgo de reincidencia toda vez que la evidencia nos muestra que, respecto a los sujetos que son diagnosticados de bajo riesgo, existe una alta probabilidad de que no volverán a reincidir en el mismo comportamiento criminal.

Finalmente, como otro punto re- levante a discutir dentro de las actuales políticas de tratamiento penitenciario en nuestro sistema, dice relación con la norma general que tienen todos los internos a la hora de solicitar beneficios intrapenitenciarios.  Lo anterior, si bien considera la opinión de profesionales que realizan algunas evaluaciones sin instrumentos protocolizados del área forense, se releva la importancia de constructos que al día de hoy no han mostrado evidencia desde un punto de vista de los factores de riesgo dinámicos reportados para agresores sexuales (como por ejemplo la conciencia de delito o disposición al cambio). Muy por el contrario, se toman como elementos relevantes la mera observación de una conducta intachable en el cumplimiento de la condena, o el solo hecho de mostrar interés por participar de los estudios o talleres o en asistir a un curso de capacitación en oficio. Desde esta mirada, para este tipo de casos debiese existir un tratamiento especial que incorpore una mirada de riesgo que contemple la promoción de programas de intervención diferenciados para poder obtener los beneficios progresivos contemplados en las actuales normativas y reglamentos penitenciarios del actual sistema chileno. Sin embargo, para poder incorporar estas prácticas, necesariamente se requiere la instalación de una política criminal que incorpore la necesidad de intervenir con estos infractores de ley no solo en el cumplimiento de una pena, sino también que permita el seguimiento y continuidad en la misma comunidad en la cual se desenvuelve, con el fin de generar un dispositivo de enlace con otras instituciones del sector de justicia. De esta forma, no solo estaríamos siendo responsables con la persona que egresa del cumplimiento de su condena, sino también protegeríamos a la ciudadanía de futuras victimizaciones  respecto de personas que no han recibido ningún tipo de tratamiento más allá de la observación general de la conducta intrapenitenciaria como criterio de inclusión para la obtención de beneficios carcelarios.

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8 Comments

  • BELISARIO VALBUENA dice:

    En Colombia aún estamos lejos de implantar una política eficaz contra este tipo de agresores

  • Gonzalo Gomez dice:

    buen tema, felicitaciones, evidencia que en Colombia nos falta mucha investigación y voluntad política al respecto

  • Daniela Rocha Jurado dice:

    Excelente trabajo, muy interesante. Una duda que tengo al respecto es la posibilidad de denuncia en Chile; esto puesto que en mi país, Colombia, la mayoría de delitos no son denunciados, lo que afecta a la investigación en torno a la reincidencia. Me gustaría saber como se podría generar un estudio comparativo y longitudinal que logre controlar variables como la falta de denuncia o, por ejemplo, el perfeccionamiento de la conducta criminal por parte del delator, que puede llegar a mostrar baja reincidencia y, en su lugar, sea una falta de conocimiento de los delitos.

  • Yoder Rivadeneira Díaz dice:

    Felicitaciones, un tema bien tratado. Trabajar en políticas públicas es una tarea inmediata

  • Carolina dice:

    Excelente trabajo, muy interesante.

  • Dr. Carlos Ruiz dice:

    Muy buen trabajo, muy instructivo y orientador. Gracias

  • Cleta Antonia Torres Pérez dice:

    Definitivamente en México, vamos atrasados en este tipo de trabajos los cuales requieren sistematización pues se cuenta con la información necesaria para estructurar un punto de partida al respecto. Felicitaciones por el trabajo realizado.

  • Edgar Niño dice:

    En Colombia falta demasiada voluntad política para sacar adelante este tema

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