LA ARTICULACIÓN COMUNITARIA COMO ALTERNATIVA A LOS DISPOSITIVOS PENALES JUVENILES EN ARGENTINA

ROBERTO HORACIO CASANOVA

Resumen

La Ley N° 22278 sancionada en el año 1980, establece el régimen penal aplicable a los menores (RPM) que incurren en delitos. En primer lugar se debe destacar la vigencia de la misma, siendo esta publicada con una década de anterioridad a que la Argentina ratificara la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Han transcurrido alrededor de 25 años de tal asignación a nivel constitucional de Derechos y sin embargo nuestro parlamento no ha actualizado el rigor de la legislación en relación al régimen penal minoril, quedando pendiente la confección de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil donde el Estado respete lo dictado en la CDN. Es posible plantear algún modo de intervención respecto de esta problemática actual, la cual respete dispositivos de intervención –políticas públicas, instituciones, el tratamiento profesional– desde un discurso de los DDHH, el pleno respeto de la CDN y la Constitución Nacional. Un cumplimiento progresivo del paradigma de los DDHH que tamice lo que, en el mientras tanto, se implemente con el RPM vigente, a las espera de un mecanismo superador que arbitre estos conflictos en el territorio nacional.

Introducción

            La Ley N° 22278 sancionada en el año 1980, establece el régimen penal aplicable a los menores (RPM) que incurren en delitos. En primer lugar se debe destacar la vigencia de la misma, siendo esta publicada con una década de anterioridad a que la Argentina ratificara la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Han transcurrido alrededor de 25 años de tal asignación a nivel constitucional de Derechos y sin embargo nuestro parlamento no ha actualizado el rigor de la legislación en relación al régimen penal minoril, quedando pendiente la confección de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil donde el Estado respete lo dictado en la CDN.

Más allá de esta deuda, es posible plantear algún modo de intervención respecto de esta problemática actual, la cual se guie y respete dispositivos de intervención –políticas públicas, instituciones, el tratamiento profesional– desde un discurso de los Derechos Humanos, el pleno respeto de la CDN y la Constitución Nacional. Un cumplimiento progresivo del paradigma de los DDHH que tamice lo que, en el mientras tanto, se implemente con el Régimen Penal de Minoridad hoy vigente, a las espera de un mecanismo superador que arbitre estos conflictos en el territorio nacional.

El desarrollo de acciones que posibiliten la construcción y puesta en práctica de alternativas al encierro institucional –en sus variadas formas- de jóvenes que transgreden la Ley Penal, es un claro ámbito de inserción e incumbencia de la Psicología Jurídica. Allí donde el discurso de la Psicología y del Derecho se entrecruzan, creando un campo de saber, donde la doctrina de los legalismos en ocasiones se queda sin argumento y pide auxilio a la especialidad de la subjetividad a fin de tomar decisiones, planificar acciones y resolver cuestiones que la ciencia objetiva no logra dar respuesta.

Entonces el profesional de la psicología aquí no solo debiera auxiliar y asesorar a la Justicia en lo que arriba se menciona. También se encuentra presente en su campo de acción, la posibilidad de asesorar a funcionarios gubernamentales a la hora del diseño de políticas públicas, programas y proyectos de acción comunitaria, en los cuales se tenga en cuenta un factor que muchas veces se deja de lado en esta problemática de la criminalidad juvenil: la contención familiar y comunitaria de un joven que se encuentra en conflicto social. Profesional que desde la ética no debiera conformarse como herramienta de un aparato de poder punitivo y de control. Por lo contrario, una posibilidad pudiera ser lograr presentarse como efector y programador de intervenciones que contemplen la restitución del derecho a la convivencia comunitaria del joven, la inclusión, atento al principio de intervención mínima (Rodríguez, 2012), a fin una resolución de conflictos que observe variables multideterminadas y no puramente intrapsíqicas –la clásica y aún vigente ecuación positivista: criminalidad, peligrosidad, locura y encierro.

 

Ley N° 22278  Régimen Penal de Minoridad

Se debe comprender el modo en que actúa el sistema penal respecto a individuos menores de 18 años, en base a la Ley Nº 22278 de Régimen Penal de Minoridad y las modificaciones introducidas a partir del decreto –ley Nro. 22.803. El RPM (Régimen Penal de Minoridad) que tuvo como antecedente a la Ley N° 10903 –Ley Agote-, establece que no es punible el menor de 16 años. Tampoco es punible el menor de 18 años por los delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad hasta dos años, multa o inhabilitación (Art. 1). Este es el límite de edad que el sistema penal declara, donde no puede implementar una pena, sea cual fuere el hecho imputado. Pero esto no significa que la acción cometida carezca de consecuencias, la norma reglamenta que en caso de imputación contra alguno de ellos, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a comprobar el delito, tomará conocimiento directo del menor y de sus padres, tutores o guardadores, ordenará los informes y peritaciones necesarias para el estudio de su personalidad, y de las condiciones familiares y ambientales en las que se encuentre. Si fuera necesario, ubicará al menor en un lugar adecuado para su mejor estudio el tiempo que proceda. Si de tales estudios surgiera que el menor se encuentra abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta; el juez dispondrá del menor por auto fundado, previa audiencia con sus padres o tutores (Art. 1). Entonces, si bien el joven es no punible, es susceptible de imputación, de atribución de responsabilidad de un hecho reprobado, a pesar de que no se le pueda reprochar penalmente (Rodríguez, 2012). La ley permite al Juez interviniente disponer del sujeto provisionalmente, es decir, el adolescente deberá permanecer donde el magistrado lo indique, lo que incluye establecimientos e instituciones –aún de quedar absuelto puede disponer del joven dada las circunstancias señaladas.

No se puede dejar de hacer notar aquí la amplitud de criterio que se delega a los funcionarios, a la hora de diagnosticar cuestiones como peligro moral y problemas de conducta.

Menciona el Art. 2 de la ley, que es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriere en el delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1. (…) la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el artículo 4. Entonces, todo joven entre 16 y 18 años que haya cometido lo denominado delito, será sometido a juicio. Se regula en la misma norma la obligada custodia del menor por parte del Juez, a fin de procurar la adecuada formación de este mediante su protección integral. El magistrado podrá ordenar las medidas que crea conveniente respecto al menor, que siempre serán modificables en su beneficio, la restricción del ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o tutor, el discernimiento de la guarda, cuando correspondiera (Art. 3). Observamos aquí que se deja traslucir cierta intención de intervención socioeducativa –formación y protección integral-, que puede ser la ventana donde los profesionales operen en el sistema penal juvenil por indicación del Juez; esto a través de sus informes técnicos razonablemente justificados, los cuales aconsejen el dispositivo y medidas más adecuadas para el joven. A su vez también se hace mención a las obligaciones de los padres, obligaciones de las cuales no se los releva, pero que deben aceptar al orden judicial restrictiva de su patria potestad. A tal punto que el Juez tiene la facultad de retirar la guarda del sujeto de ser necesario, y cesar tal resolución en cualquier momento que se crea necesario mediante fundamentación razonable (Rodríguez, 2012).

Brevemente, respecto a los requisitos de imposición de la pena prevista en el Art. 2, se establece en el Art. 4 de la ley de RPM que previamente hubiera sido declarada su responsabilidad penal y civil si correspondiera, conforme a las normas procesales; que hubiera cumplido 18 años; que hubiera sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos requisitos; si por las características del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión personal del juez fuera necesario aplicar una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla a la pena prevista para la tentativa. Si la aplicación de la sanción fuese innecesaria lo absolverá, para el caso podrá prescindir del requisito de los 18 años cumplidos. Para poder un adolescente recibir una condena debe ser declarado penalmente responsable mediante juicio, haber cumplido 18 años y recibido al menos un año de tratamiento tutelar (no se desarrollará aquí las características procesales y tribunalicias en torno a un joven de entre 16 y 18 años que ha infringido la ley penal).

Se cree relevante a fin de pensar la inclusión del joven en la comunidad y su protección por parte de la misma, lo  sancionado en el Art. 5º del RPM, que dispone la no aplicación de las disposiciones relacionadas con la reincidencia por actos cometidos antes de los 18 años. De este modo, se evitan consecuencias penales que la reincidencia acarrea en la ejecución de la pena y en concordancia con entender a un sujeto que no tiene capacidad plena de responsabilidad antes de su mayoría de edad.  Por otro lado, el Art. 6º dice que las medidas de privación de libertad se harán efectivas en institutos especializados. Cuestión que se planteará más adelante, respecto a un posible modo de intervención comunitario respecto a esta problemática, que no sostenga el encierro en instituciones, y logre proteger y asegurar derechos de un modo más inclusivo.

 

Factores a tener en cuenta en relación al Régimen Penal de Minoridad

Debemos comprender que el RPM no es un sistema penal independiente, sino la aplicación del Código Penal de adultos a sujetos menores de 18 años con ciertas características. El Magistrado tiene un amplio margen de discrecionalidad a la hora de leer las condiciones del adolescente a fin de intervenir. Esto se puede plantear como problemático ya que se espera que las leyes sean claras con límites previsibles –más allá de la sana crítica que se le otorga a Su Señoría. Es el Juez quien puede decidir en base a ello desde una absolución hasta una condena que se adhiera a los plazos máximos, en concordación a lo que el magistrado observe desde su lectura como situación de riesgo – y con una respectiva tutela. Se plantea entonces, que toda disposición judicial se basa más bien en cuestiones de índole personal y no tanto del hecho cometido. Entonces, más allá de la gravedad y daños del hecho cometido, si de los estudios realizados surgiera que el menor se encuentra abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta; el juez puede disponer del mismo. (Rodríguez, 2012). Así, la intervención opera con punición por el sujeto y sus características, y no tanto por la acción o hecho cometido y tipificado.

Aquí entonces se observa que el Juez tiene la potestad de comprobar si los padres del joven tienen las aptitudes de contener al menos, pudiendo asegurar su asistencia económica, psicológica, su control, y así permitirles trasladarlo a su domicilio. De no contar los padres con estas herramientas, el Juez probablemente pueda ordenar una internación en algún tipo de institución. El Juez aquí entonces no dice por hecho cometido, sino por tipo de familia que sostiene. Cayendo en una controversial decisión en relación a qué se considera vital y necesario a la hora de poder contener a un sujeto. Se pone el acento en cuestiones intrapsíquicas del adolescente, en la dinámica familiar y su estado socioeconómico –no pensando en vulnerabilidades adquiridas por desprotecciones estatales, origen de su actual situación de riesgo. No se tiene en cuenta sin embargo el rol de la comunidad como posible estructura que asegure las condiciones básicas del joven.

En relación a la posibilidad de una medida tutelar asignada por el magistrado, se debe leer que tal decisión no solo incide sobre el sujeto, sino como herramienta de amenaza y ejemplificación hacia la comunidad. Pero además es una medida que no posee límites claros de tiempo, espacio y modalidad. Puede extenderse o suspenderse según el Juez lo crea necesario. Esto crea un suelo de incertidumbre al adolescente que se ve reflejado en la práctica misma, y también a su entorno familiar y comunitario más amplio. No solo implica desconocer cuándo culminará la medida, sino el hecho mismo de estar privado de su libertad, en situación de encierro en instituciones totales, a pesar de no ser un una cárcel.

            Las palabras –como en la mayoría de los casos- aquí operan como formadores de sentidos y realidades. Condicionan y delimitan campos de acción. La justicia, especialmente el sistema penal, habla de menores, no de niños y adolescentes. El imaginario sostiene a la niñez como un mundo de juego, de previsibilidades, que se educa, que posee un núcleo familiar con redes de apoyo sólido, una realidad que no delinque. Cuando esto no es así, estos niños y adolescente pasan a ser menores, menores en conflicto con la ley. Es la niñez judicializada que el prejuicio y el imaginario social no logra elaborar, debiendo encasillarlo en una categoría que ordene lo extraño y no deseado. Categoría que en la ley de RPM es la de abandono, o peligro material o moral que actúa como un dispositivo de captación selectiva de aquel sector de la niñez a la cual se aplica: niñez de la pobreza y la exclusión. Dispositivo de control social instituido, que se materializa a través de instituciones cerradas y totales, con internaciones que alejan a los elementos nocivos para la sociedad, la cual escribe las normas a través de sus grupos de poder. Régimen Penal de Minoridad que por un lado presenta un discurso de protección, pero en el trasfondo se puede observar un fin de resguardo social a través de la figura tutelar del elemento peligroso –para el discurso manifiesto, el sujeto de derechos vulnerados y en riesgo.

Queda demarcado entonces que esta norma en general coexiste con un sistema penal de adultos, no es un sistema distinto adaptado a la singularidad del problema. Si bien se defienden garantías y derechos, el RPM da herramientas al magistrado para vulnerar a los niños/niñas/adolescentes si las condiciones lo ameritan. Sin embargo, en ninguna línea de la norma se ordena realizar intervenciones que sigan este rumbo, el de una medida tutelar que resulte en una situación de encierro institucional. La jurisprudencia en el área y la práctica en sí ha ido arbitrando medios –no suficientes- a fin del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y los Derechos Humanos. A la par del actuar ético de los profesionales técnicos y asistenciales intervinientes que asesoran al magistrado en sus posibles decisiones y que asisten al joven –y su familia- en su institucionalización.

La comunidad como punto de articulación e integración

            La intervención del psicólogo en la problemática aquí planteada respecto a jóvenes que infringen la Ley Penal, ha de realizarse en la medida que se adapte a los límites que disponga el marco legal. De por sí se debe trabajar en medio de un discurso que desde el inicio habla de un adolescente que comete un delito y no de un adolescente que tiene problemáticas en torno a su salud mental, ambiente familiar, problemáticas de inclusión social, y que no ha podido poner en juego mecanismos de afrontamiento distintos al acto delictivo (planteando un modo de lectura posible de la escena).

            Respecto al equipo técnico y su intervención, se puede pensar que el denominador común de acción es aquello normativizado en la CDN, y especialmente lo enunciado en el Art. 40 del mismo, donde se expresa que el adolescente debe ser tratado de manera que: a) se promueva su sentido de la dignidad y el valor, b) se fortalezca su respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las personas, c) se tenga en cuenta su edad y momento de desarrollo, d) se promueva la reintegración a la comunidad y e) asuma una función constructiva en la sociedad.

            No debemos obviar que generalmente estos sujetos que infringen la Ley, siempre son captados por profesionales representantes de algún aparato Estatal con sus respectivos proyectos y Políticas Públicas. Esto último es importante a la hora de pensar uno de los puntos que plantea el Art. 40 de la CDN, respecto a la reintegración a la comunidad.  Los dispositivos que se vayan a implementar deben ser pensando en la acción en el campo mismo, con acompañamiento, supervisión e integración de la comunidad. No olvidemos que la tendencia a la patologización individual del sistema jurídico tiende a ocultar patologías sociales y problemas comunitarios que son base del individuo (niño / adolescente) – síntoma. La articulación del sistema judicial, el sistema de protección de menores, protección social, la familia, pudiera ser un modo de abordaje que venga a ordenar un resultado dañino y riesgoso para más de un actor. La noción que se cree del adolescente que infringe la ley penal, dependerá de la lectura que las instituciones le otorguen. En esta lectura son de suma importancia las voces y la participación de la comunidad a la hora de desplegar sus cosmovisiones. Es decir, si solo actúan instituciones que fabriquen un perfil de adolescente anormal peligroso probablemente el resultado sean intervenciones y políticas públicas que desemboquen en los sistemas de seguridad y control más eficaces, en cárceles. El resultado que se espera de esto no es inclusión social, sino que obtendremos más presos.

            Los psicólogos en este ámbito a la hora de presentarse como efectores de salud y programadores de proyectos comunitarios, debieran pensar en base a lo propuesto por la CDN (Convención de Derechos del Niño); la cual promueve orientar al joven a una responsabilidad y compromiso ciudadano. Sujetos activos y capaces de comprender las necesidades de los otros. Un proyecto institucional acorde debiera crear lazos que promuevan el respeto por la diferencia, a la vez de tener como meta la igualdad e inclusión social. No focalizando en el individuo, sino en el sujeto en comunidad y desde la comunidad. Por ello, un sistema penal que separa al adolescente de su comunidad le quita herramientas para encontrar espacios donde ocupar una función de responsabilidad. A la vez, le quita a la comunidad un integrante, rompiendo lazos posibles y existentes. Es labor de los actores afines, funcionarios, profesionales, buscar el medio de encontrar las ayudas y recursos disponibles en la comunidad, todo esto se podría lograr fortaleciendo relaciones entre el Estado, La Justicia y la Comunidad.

            Ningún desarrollo humano es posible –en la promoción de la Salud Mental- al margen de su comunidad. Espacio de intercambio cultural con sus respectivas tensiones que se deberán analizar a fin de buscar la solución del conflicto. Claro está que aquí se refiere a los adolescentes, con sus propias características, donde gran parte de sus actos no contemplan las consecuencias. Este será otra labor del profesional interviniente, en vías de lo pautado en el Art. 40 de la CDN. La tensión con la comunidad será un punto a trabajar nodal, ya que un camino delictivo por parte del sujeto viene a romper aquel orden que integra a la comunidad humana, quebrándose así un proyecto vital. Recuperar esto es objetivo explícito en un proceso de articulación con lo comunitario.

Participación Social e Intervención Comunitaria. Herramientas y alternativas al encierro

            Pensar la participación social, como acciones que se hacen a fin de promover un cambio en un ámbito de las relaciones sociales, puede ser un eje a la hora de movilizar un modo de intervención en la problemática hasta aquí planteada. Acciones que son instrumentales, se realizan para obtener un fin, son además voluntarias.

            La idea de una comunidad más activa en el proceso de decisión respecto a los jóvenes que la integran y que han infringido la ley penal, es una idea que abre las puertas a una sociedad con mayor acción política. Pensando la participación como una serie de recursos, la participación pensada como una estructura colectiva e individual –recursos institucionales y personales- que posibilitan la participación. Se dice entonces que se valora la participación respecto a su carácter social, no individual. Sin dejar de lado, que se debe motivar a los sujetos a la participación. Importante aquí serían los programas y políticas públicas que se aboquen a esto (el psicólogo en su rol de efector y programador). Pueden existir varios tipos de motivaciones, pero se pensara en la motivación social, donde si los demás valoran positivamente la participación, los sujetos tienden a incrementar su intervención en la temática. Motivación colectiva también, donde si hay un gran colectivo que participa, el sujeto tiende a participar el a su vez.

            No podemos dejar de pensar en ningún momento a la comunidad como una integración de individuos que crean algo nuevo, donde existen dinámicas, tensiones, conflictos, pactos, luchas de poder, discursos, normas, etcétera. Allí también rondarán la simbología y los discursos en torno a la criminalidad en relación a jóvenes, donde existirán modelos de interpretación para el caso.

            Los diferentes actores se verán conmovidos y movilizados por la temática de distintos modos, reaccionarán de distintos modos tras interpretar la situación, el riesgo que supone, lo que está en juego. Se pondrá en actividad toda variable psicosocial existente en el aparato cognitivo a fin de realizar una lectura posible. Se está hablando de interpretar, y asignar algún valor a los hechos y las acciones, a fin de incluirse o no en un movimiento de acción participativa política.

            Es interesan aquí nombrar a La Psicología Social Comunitaria surgida en América Latina en  la segunda mitad del Siglo XX,  que plantea la valoración de la acción llevada a cabo a través de modelos que respondan a las realidades con las que se trabaja. La intervención comunitaria sigue un proceso de fases con cierto grado de retroalimentación mutua. La Intervención Comunitaria es el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa de esta en la transformación de su propia realidad –pensando aquí adolescentes que infringen la ley penal y sus motivaciones o desmotivaciones. En este proceso se presentan dos características principales de la metodología cualitativa; recursiva y serendipia (Mori Sánchez, 2008): a) Es recursiva, ya que las propuestas de trabajo se van elaborando a medida que avanzamos en la recopilación de información problema sobre el cual se pretende trabajar y puede replantearse en la medida en que los datos recogidos lo requieran y b) serendipia, debido a que se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. Con ello contribuimos a reforzar las acciones en beneficio de la comunidad. Beneficio que dependerá desde el lugar en donde se presente el equipo y su capacidad para observar imprevistos como variables no pensadas.

A modo de posible modelo de intervención, se plantean las siguientes fases de intervención comunitaria, técnicas cualitativas y participativas. Esto pudiera ser una base a la hora de pensar un programa conjunto de intervención comunitaria (Mori Sánchez, 2008):

  1. Diagnóstico de la comunidad. En esta primera fase de la intervención comunitaria se busca contextualizar una comunidad, a la que se debe analizar haciendo una previa identificación de las características sociodemográficas, socioculturales, niveles educativos, sistemas de salud, necesidades, problemas, recursos y comportamientos comunales; ello nos guiará hacia la formulación de propuestas de desarrollo y alternativas de solución frente a situaciones adversas. Todo ello haciendo uso de una metodología que permita recolectar y evaluar los datos de manera objetiva y sistemática.
  2. Características del grupo. La segunda fase de la intervención comunitaria se orienta a identificar y analizar las características de los actores sociales, quienes conformarán los diversos grupos de trabajo para los programas que surjan a propósito del diagnóstico de comunidad. Debemos describir el grupo y establecer diferencias o semejanzas entre uno y otro.
  3. Evaluación de las necesidades del grupo. La tercera fase de la intervención comunitaria permitirá realizar un análisis profundo de las necesidades, problemas y recursos que el grupo etéreo, fuente de la intervención, presenta y con lo que aporta a la construcción del programa; se trabaja la jerarquización y priorización de problemas y necesidades identificando en ello los recursos que presentan como grupo; se establece además, la relación con lo problemas propuestos por toda la comunidad en la primera fase.
  4. Diseño y planificación de la intervención. La estructura de la cuarta fase de la intervención comunitaria es necesaria para plantear bajo que criterios se seguirá con la intervención para ello debemos considerar 10 elementos, los mismos que deben ser desarrollados cuidadosamente, para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Estos elementos son: justificación, objetivos, metas, sistemas de evaluación, monitoreo, recursos, presupuesto, plan de acción y cronograma de actividades.
  5. Evaluación inicial. Esta fase se orienta a obtener la línea de base del programa, esta resume información con la que el grupo de trabajo cuenta al inicio de la intervención, para ello debe establecerse indicadores en función a los temas que se trabajaran y el problema que se intentará resolver. Permite conocer la brecha entre la población objetivo y el resto de la población, así como su distancia con los estándares vigentes respecto a los tópicos que se abordará.
  6. Ejecución e implementación. Esta fase operativiza todo el trabajo estructurado en las fases anteriores, se implementan las sesiones preparadas en la fase cinco, haciendo uso de estrategias participativas. Durante esta fase debemos aplicar nuestra matriz de monitoreo, estructurada en la fase cinco, buscando comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución, mediante la identificación de los aspectos limitantes y/o ventajosos, con propósito de detectar de manera oportuna las fortalezas y deficiencias de los procesos de ejecución, a fin de hacer ajustes para una óptima gestión de las iniciativas, para optimizar los resultados esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía.
  7. Evaluación final. Una vez cubiertos los objetivos de la intervención o agotado el curso planificado y presupuestado de los programas previstos, aquella se dará por finalizada, en el sentido de que cesará la actuación externa y formal del personal y la estructura organizativa puesta en marcha para realizarla siendo estrictos, el esfuerzo interventivo no debería tener, probablemente, un final en el tiempo, pues es dudoso que los esfuerzos interventivos externos con recursos y actuación limitados casi siempre , alcancen plenamente los objetivos planteados.
  8. Diseminación. La diseminación de programas interventivos es otra operación relativamente novedosa y apenas planteada en la práctica habitual, se refiere a la difusión efectiva de programas ejecutados (con resultados conocidos) a la comunidad donde se implementó el programa y a otros entornos organizacionales o sociales.

            Se está haciendo referencia al reconocimiento de las subjetividades circulantes en su contexto social, una tarea cognitiva, ética y política. Dimensión ética que requiere de la explicitación de los valores desde los que se trabaja. La perspectiva ética se basa en el respeto de la dignidad y derechos de todos los hombres, considera al Otro como actor social, promueve autonomía y protagonismo en grupos y movimientos comunitarios, valora los recursos propios de cada comunidad. Y dimensión política que se refiere al ámbito de lo público, a la circulación del poder, al ejercicio de la ciudadanía (Montero, 2006)

            A su vez se debiera trabajar con la incorporación del conflicto, el cual forma parte constitutiva de la vida en comunidad. Es percibido como tensión, cuando individuos o colectivos sociales son sometidos a fuerzas que se oponen o excluyen mutuamente. Tiene componentes subjetivos y vinculares. Los conflictos se construyen en el interjuego de diferentes estructuras (sistemas valorativos, representaciones sociales, sistemas de poder, etc.) y se expresan a través del lenguaje, en la interacción, en un contexto determinado. Los conflictos son un llamado a realizar cambios, son expresión de situaciones de crisis que provocan la necesidad de redefinir relaciones. Estas son inevitables y suelen expresarse en tensión, aumento de la incertidumbre sobre el futuro, sufrimiento, confrontación, competencia, quejas, disputas, violencia. La problemática no se presenta en la existencia del conflicto, de la tensión, sino en el modo de percibirlo, transitarlo y los mecanismos de resolución. Jóvenes en conflicto con la Ley Penal, parte de una comunidad, donde quizás el psicólogo como agente de salud debiera ocupar este lugar de promover la solución de conflictos. Quizás en un rol de mediador frente al conflicto social.

            La psicología comunitaria incorpora el conflicto, lo afronta y lo transita con estrategias diferentes. Como refiere Margarita Ussher (2006), el conflicto forma parte constitutiva de la vida del hombre. Es percibido como tensión, cuando individuos o colectivos sociales son sometidos a fuerzas que se oponen o excluyen mutuamente. Tiene componentes subjetivos y vinculares. Los conflictos se construyen en el interjuego de diferentes estructuras (sistemas valorativos, representaciones sociales, sistemas de poder, etc.) y se expresan a través del lenguaje, en la interacción, en un contexto determinado. La valoración que se hace del conflicto no depende sólo de sus componentes concretos sino también del significado que las personas le asignan a través de la construcción social del mismo. No nos encontramos entonces frente a realidades tangibles sino frente a relatos que nos hacemos a nosotros mismos y le hacemos a los demás. Vemos entonces que el problema no radica en la existencia del conflicto sino en la forma de percibirlo, transitarlo e intentar resolverlo. Está presente en una misma situación la perspectiva de amenaza y la posibilidad de crecimiento.

            Se reconfigura así el rol del psicólogo comunitario como agente y facilitador del cambio social, lo cual supone una toma de conciencia de nuestra inserción social y de los intereses históricos a los que servimos. Ignacio Martín-Baró (1986) se cuestionaba sobre la relevancia social de la psicología y la necesidad de ubicarse desde la perspectiva de las víctimas para lograr un proceso de reparación social.

            El conflicto forma parte constitutiva de la vida del hombre. Es percibido como tensión, cuando individuos o colectivos sociales son sometidos a fuerzas que se oponen o excluyen mutuamente. Tiene componentes subjetivos y vinculares. Los conflictos se construyen en el interjuego de diferentes estructuras (sistemas valorativos, representaciones sociales, sistemas de poder, etc.) y se expresan a través del lenguaje, en la interacción, en un contexto determinado. La valoración que se hace del conflicto no depende sólo de sus componentes concretos sino también del significado que las personas le asignan a través de la construcción social del mismo. No nos encontramos entonces frente a realidades tangibles sino frente a relatos que nos hacemos a nosotros mismos y le hacemos a los demás. Se observa entonces que el problema no radica en la existencia del conflicto sino en la forma de percibirlo, transitarlo e intentar resolverlo. Está presente en una misma situación la perspectiva de amenaza y la posibilidad de crecimiento.

A modo de conclusión

            Se podría pensar desde que posición un psicólogo, ya sea como efector de salud, en un rol técnico, como asesor o programador de un dispositivo, de un proyecto o de políticas públicas, dice lo que dice. ¿Qué discursos de poder se ponen en juego en sus intervenciones? Cuando boga por activar redes de apoyos para el joven en conflicto social, fomentar la contención familiar y comunitaria, ¿Qué concepto de familiar y comunidad observa? Cuando aborda aquello normativizado por la CDN respecto a la restitución del derecho a la convivencia comunitaria, ¿Realmente conoce la estructura y dinámica de la comunidad que sostiene o expulsa al joven? Este profesional se planta representante de discursos de poder que acallan voces y controlan cuerpos, o intenta enfrentarse al poder que restringe, que totaliza, que complica el crecimiento de la multiplicidad. Cuál es el grado de compromiso de los profesionales a la hora de conocer los modos y realidad de los sectores populares. Son esto puntos a observar, que superan el presente texto, pero que hacen ruido y desde una postura ética no se pueden omitir dentro de una lectura compleja.

            Una alternativa posible al encierro, a un régimen penal de minoridad, que aborde la problemática desde una lectura y una intervención que no se guie por lo modos sancionatorios del código penal, pudiera ser promovido, apostando al grado de compromiso ético del profesional de la psicología actuante. Además, pensar en un sistema de responsabilidades compartidas entre sociedad, comunidad e individuo, que respete la diferencia, sostenga la igualdad de oportunidades, de acceso a derechos y dignidad. El pleno respeto por la CDN dependerá así no solo de los actores implicados, sino de las políticas públicas implementadas y de lo que el sistema judicial y el Estado realicen en tal dirección.

Bibliografía

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