ABORDAJE EPISTEMOLÓGICO DEL DELITO DESDE LOS PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA (AFC)

DANIELA ROCHA JURADO

Resumen

Con el fin de entender los comportamientos legales a partir de las ciencias de la conducta, se realizó un análisis epistemológico de uno de los objetos de estudio del derecho y de la psicología forense, el delito, desde el abordaje científico del análisis funcional de la conducta (AFC). Se planteó como hipótesis que las bases teóricas y metodológicas de ambas perspectivas son compatibles, y que la traducción de la definición del delito a términos conductuales y funcionales optimiza el alcance científico y práctico de la psicología forense. Estas hipótesis fueron comprobadas, encontrándose que, además de clarificar el objeto de estudio de la psicología forense aplicada al derecho penal, el análisis funcional es un método teórico y práctico que puede ser aplicado tanto a la teoría de la psicología forense y el derecho, como a la práctica en la realización de informes periciales.

Palabras clave: Análisis funcional de la conducta(AFC), conducta, delito, psicología forense, derecho

Un punto importante en el desarrollo de un sistema de gobierno es la codificación de sus prácticas de control. El estudio de la ley o de la jurisprudencia se ocupa, generalmente, de los códigos y prácticas de gobiernos específicos, pasados o presentes. Trata también de ciertas cuestiones con las que un AFC tiene cierta relación. ¿ Qué es la ley? Qué papel juega la ley en el control gubernamental? Y, de modo especial, ¿qué efecto tiene sobre la conducta del controlado y sobre los miembros que pertenecen a la misma instancia gubernamental? (Skinner, 1963, pág. 318)

Introducción

¿Qué diferencia hay entre el conocimiento que estoy brindándole al Juez y la opinión que otro testigo le pueda dar?¿Es mi informe lo suficientemente científico como para que se decida sobre la vida de una persona a partir de mi criterio? Estas, entre muchas otras, son las preguntas que se hace un psicólogo forense antes de entrar en un juicio oral. La epistemología, como estudio de la ciencia, puede ayudar a responder estas preguntas y clarificar términos de la psicología forense, el informe pericial y de sus objetos de estudio, siempre y cuando sea tratada como el estudio del conocimiento científico y no como el estudio del conocimiento filosófico.

Así, la psicología forense se ha caracterizado por ser una rama de la psicología que busca constantemente validez y confiabilidad en los instrumentos, herramientas y avances que realiza, pero para su análisis epistemológico, es imposible “hablar de cualquier sistema de cosas utilizando los mismos recursos internos del sistema en cuestión” (Gödel, en Padrón, 2007, Pág. 2). Es decir, no se puede evaluar la cientificidad de la psicología forense partiendo de sí misma, de su propio lenguaje. Por esto, el presente texto se construyó basándose en una solución a este paradigma:

Crear [o utilizar] un meta-lenguaje que nos permita hablar adecuadamente del lenguaje-objeto[…] Pasando al caso de la paradoja epistemológica, esa solución consistiría en crear [o utilizar] algún sistema externo que considere los distintos filtros preteóricos (Padrón, 2007, pág. 2)

En esta revisión epistemológica se tiene como metalenguaje los principios científicos del Análisis Funcional de la Conducta (AFC), y como lenguaje-objeto la psicología forense. Siendo uno de los objetivos de la psicología forense investigar las ciencias de la conducta para entender los comportamientos legales del sujeto (The American Academy of Forensic Psychology, 1987 en Urra, 2002), este trabajo se enmarca no solo en un informe epistemológico, sino en el ejercicio de la psicología forense desde su función teórica.

¿Porqué el AFC? Porque en este se encuentran bases teóricas y epistemológicas científicas, donde “las mismas consecuencias prácticas han creado la atmósfera científica en la cual las afirmaciones están constantemente sujetas a prueba, donde nada existe superior a una descripción precisa de los hechos y donde estos son aceptados” (Skinner, 1963, pág. 42). Esto indica que el AFC es uno de los paradigmas que busca responder por la psicología como ciencia, y no como filosofía o metafísica. Además, “está empíricamente fundamentada, demostrable y refutable” (Kaholokula, Bello, Nacapoy, & Haynes, 2009, pág. 1).

¿Y cómo aplicarlo a la psicología forense? Primero, comprendiendo que estudia esta. La psicología forense es definida como

La ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la Justicia, y coopera en todo momento con la Administración de Justicia, actuando en el Foro (tribunal), mejorando el ejercicio del Derecho (Urra, 2002, pág. 1).

Hasta el momento, esta definición implica la comprensión de los saberes de la psicología, pero el lugar de aplicación también debe ser definido para su completo abordaje. Por definición, el derecho “es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica” (Villoro, 2000 en Rocha-Ochoa, 2006, pág. 109).

El derecho es, entonces, la comprensión y ejecución de un sistema de regulación y, por ende, modificación, de la conducta. Dicho así, se evidencia que la psicología tiene cabida en el derecho, al permitir entender cómo, hasta el momento, se ha buscado modificar el comportamiento de multitudes, con un fin funcional y beneficioso para una mayoría. Entonces, recordando la definición de psicología forense y del derecho, el metalenguaje escogido, el AFC, se puede aplicar en tanto que: primero, la psicología forense tiene una epistemología científica; y segundo, el campo de acción de la psicología forense se relaciona directamente con el AFC, al ser la búsqueda y comprensión de la regulación de la conducta de masas.

Por todo lo anterior, más que justificable, se considera negligente no tener en cuenta el AFC en la psicología forense, pues se basa en los principios científicos de la conducta humana que, en teoría y en práctica, dan lugar a un abordaje demostrable y refutable, aplicable al derecho y al ejercicio de informes periciales.

El AFC, además, ofrece ciertas ventajas para poder abordar todo lo anterior, pues:

Podemos identificar aspectos significativos de conducta y de ambiente, descuidando, por tanto, otros que resulten menos significativos por mucho interés que sean capaces de despertar en nosotros. Podemos rechazar explicaciones tradicionales siempre que las hayamos contrastado, revelándose como inoperantes en un análisis experimental (Skinner, 1971, pág. 34).

Como en este trabajo no se va a realizar ni experimentación ni observación, se hará uso de los principios ya encontrados en las investigaciones científicos del AFC, con el fin último de lograr una interpretación basada en datos científicos, y no de inducciones e inferencias no científicas.

Se escogió como objeto de estudio el delito, ya que la psicología forense tiene una extensión monumental y el objeto de estudio con mayor facilidad operacional encontrado fue el del derecho penal. Este análisis no solo aclarará puntos importantes sobre el tema estudiado, también será de gran utilidad para ejemplificar cómo aplicar la lógica científica de la psicología al derecho.

Para abarcar este tema, se definirá el término delito desde el derecho y se dividirá esta definición en sus partes. Cada parte se interpretará y redefinirá desde, como ya se ha dicho, los principios científicos del AFC, para, al final, dar una comprensión del concepto desde la ciencia y dar lugar a científica del delito.

Objetivos e hipótesis

Objetivos

General.

Definir científicamente el delito a partir del Análisis funcional de la conducta

Específicos.

  1. Comparar y contrastar las bases epistemológicas y teóricas del AFC y de la psicología forense aplicada al ámbito penal
  2. Dar un objeto de estudio científico claro y operacional del delito para la psicología forense
  3. Proponer la aplicación de tal definición del delito a la práctica de la psicología forense

Hipótesis

Hipótesis general.

Es posible dar una definición científica y funcional del delito

Hipótesis específicas.

  1. Las bases epistemológicas y teóricas del AFC y de la psicología forense son compatibles
  2. El AFC optimiza la definición operacional y clara de uno de los objetos de estudio de la psicología forense, el delito
  3. LA definición obtenida es aplicable a la práctica de la psicología forense

Metodología epistemológica: Análisis Funcional de la Conducta (AFC)

El AFC nace durante el desarrollo de la corriente comportamental y de la psicología científica, en el siglo pasado. Las explicaciones sobre el comportamiento humano inician con Watson y Pavlov, quienes introducen los modelos de condicionamiento directo o clásico (Estímulo-Respuesta) y ubican a la conducta humana como el objeto de estudio de la psicología, el cual debe ser sujeto a leyes científicas, al igual que los objetos de las ciencias naturales. Esto basándose en la teoría de evolución de Darwin, de donde también se abstrae la función adaptativa de la relación organismo-ambiente (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995).

Como métodos de investigación, proponen la observación y la experimentación, siendo el estímulo “cualquier objeto externo o situación interna que el organismo pudiera captar mediante el correspondiente órgano sensorial” (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995, pág. 29) y la respuesta, todo “lo que el organismo hace o dice” (Watson, 1992 en Ribes, 1980, en Segura, Sanchez, & Barbado, 1995 P. 29). A partir de lo anterior, se propone un análisis basado, no en la división sano-enfermo, sino en la historia de aprendizaje del individuo. Cabe recordar que el medio es la base fundamental de la génesis y dirección de la conducta, dando lugar al ambientalismo radical y rompiendo con el psicologismo, o la búsqueda en el interior del individuo del porqué se comporta  (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995).

Luego se desarrollan los modelos basados en el condicionamiento operante (ABC: Antecedent-Behavior-Consecuence), con autores como Thorndike, Hull y Skinner. Así, se complementan, corrigen y desarrollan los avances del condicionamiento clásico. En el caso específico de Skinner, evidencia que la conducta es “la actividad continua y coherente de un organismo íntegro”(Skinner en Segura, Sanchez, & Barbado, 1995 pág. 35), y la unidad de estudio de la psicología es la operante, es decir, la conducta en relación a un estímulo y, también, a una consecuencia.

El condicionamiento operante da lugar a conductas nuevas, de mantenimiento y perfeccionamiento. Tales conductas son “una respuesta útil que modifica el entorno” (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995, pág. 34). Es importante recalcar que, aunque toda conducta operante tiene una función en relación al entorno, tal funcionalidad no es sinónimo de bienestar del individuo, pues puede tener un funcionalidad en relación a determinada variable ambiental que, a largo plazo, o en relación a otras variables, puede ser negativa.

Dentro de las posibles consecuencias que tiene una conducta, se describe el refuerzo, que aumenta la probabilidad de aparición de una conducta, y el castigo, que disminuye la probabilidad de aparición de la conducta. Skinner “insiste en que para identificar a un estímulo reforzante hay que probar empíricamente el efecto que produce en un organismo dado, considerando superfluas ciertas formulaciones teóricas del proceso” (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995, pág. 35)

También indica que el condicionamiento operante siempre está anclado al exterior del organismo, como ya se había dicho en el condicionamiento clásico; esto no significa que se niegue la existencia de las variables internas, sino que no se les da una importancia explicativa. “Y, respecto a la relación conducta-Sistema nervioso, aunque exista un correlato neurológico para cada comportamiento, su conocimiento –si fuere posible- sería de poca utilidad para los fines de la psicología” (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995, pág. 35).

Paralelo a los avances del condicionamiento operante, Kantor comienza a desarrollar el interconductismo como teoría general y científica para la psicología. Este se basa en “la interconducta entre las funciones del estímulo–respuesta, basada en un continuo de sucesivos contactos entre los organismos y los objetos de estímulo” (Lichtenstein, 1984 en Segura, Sanchez, & Barbado, 1995 Pág. 59). En otras palabras, tiene como objeto de estudio la interacción entre el estímulo y la respuesta, en donde la conducta no se considera únicamente como la respuesta del organismo, sino la interacción entre el organismo y el ambiente. Este autor consideraba esencial basarse en la interacción, para evitar reduccionismos; Kantor insiste en que “la causa (de la conducta) radica tanto en la respuesta como en el estímulo” (Kantor, 1978, en Segura, Sanchez, & Barbado, 1995 Pág. 61), viendo la respuesta, en muchos casos, como el cambio, luego de la conducta, de una variable existente, previa a la conducta.

Como se puede observar, hay una continuidad en los distintos acercamientos a la ciencia de la conducta, al mismo tiempo que una continua refutación y replanteamiento del problema. Una de las bases principales y transversales es que es una ciencia probabilística, puesto que la conducta puede o no darse, según el poder discriminativo dado por la historia de condicionamiento clásico, operante o interconducta que tiene el organismo (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995). De esta forma, en la ciencia de la conducta se busca:

Predecir y controlar la conducta del organismo individual. Esta es nuestra variable dependiente, el efecto del que vamos a averiguar la causa. Las variables independientes – las causas de la conducta- son las relaciones externas de las que la conducta es función. Las relaciones entre ambas-las relaciones causa-efecto en la conducta- son leyes científicas (Skinner, 1981 en Segura, Sanchez, & Barbado, 1995 P. 33).

Este método propuesto exige métodos que impliquen, primero, realizar análisis individuales; segundo, determinar la causa de determinada conducta; tercero, observar la conducta en función de relaciones externas contingenciales; y cuarto, definir leyes científicas en la psicología. Hasta el momento, se ha logrado encontrar principios científicos de la conducta, como los expresados a partir de relaciones contingenciales de refuerzo y castigo, o de discriminación de estímulos por historia contingencial, los cuales se pueden aplicar a varios ámbitos y casos específicos solo a partir de análisis detallado e individual del caso. En el presente texto, se propone aplicar estos principios a entender las conductas punibles, llamadas delitos.

Conducta.

Como resumen de todo lo anterior, se define la conducta como “la actividad continua y coherente de un organismo íntegro”(Skinner en Segura, Sanchez, & Barbado, 1995 pág. 35), que está en constante relación con el medio. Para comprenderla, se debe acudir al ambiente del organismo que se comporta, y la interacción que se genera entre ambos: “El análisis experimental del comportamiento va directamente a las causas antecedentes del ambiente” (Skinner, 1974), al igual que a las consecuencias en el ambiente del comportamiento. Y, para tener un abordaje completo de la conducta, se debe estudiar también la historia de aprendizaje, genética y ontogenética, del organismo, marcada por la aplicación o privación de refuerzos positivos y negativos, que dan lugar al comportamiento actual del individuo, estando este siempre en merced del ambiente y su historia contingencial. En resumen, es lo que realiza un individuo como resultado de su relación con el ambiente/contexto, y su génesis se da a partir del ambiente.

Análisis del Delito

El delito se define como una conducta/acción típica, antijurídica y culpable (Burón, 2003), siendo, la tipicidad, una previa descripción del hecho en la ley penal; la antijuricidad, una contradicción con el derecho penal y los bienes jurídicos; y la culpabilidad, como la responsabilidad personal del hecho (Burón, 2003).

Para nuestro interés, el delito, antes que típico, antijurídico y culpable, es una conducta. Afirma Burón (2003) que “en la doctrina penal existen no pocas discrepancias a la hora de precisar qué ha de entenderse por acción, y se afirma, incluso, que hasta el momento no se ha hallado un concepto de acción plenamente satisfactorio” (ROXIN, 1997, en Burón, 2003, P. 10). De esta manera, el autor manifiesta que se han buscado definiciones que acuden a la personalidad, el centro anímico-espiritual, el yo consciente y la manifestación de la voluntad humana (Burón, 2003, P.10); pero estas, en general, son palabras que acuden a una definición no material de un evento material, olvidando la observación propia de la conducta y la definición de esta a partir de lo que el medio objetivo está aportando.

Cabe recordar el Canon de Morgan (1984, en Bayés 1971), donde se considera que

En ningún caso podemos interpretar una actividad como el resultado de una actividad psíquica superior, si puede interpretarse como resultado de otra facultad que se encuentra situada en un lugar inferior (Morgan, 1984 en Bayés, 1971).

Si el objeto de estudio del derecho penal se define como un centro anímico-espiritual, pierde su cualidad de ciencia al estudiar un fenómeno que no pertenece a la realidad, que no puede tener contraste empírico y sobre el cual no puede haber una experimentación verificable. Por esto, la definición que se dio de conducta anteriormente es sumamente útil para entender el delito, pues se comprende ahora como lo antijurídico y típico que realiza un individuo como resultado de su relación con el ambiente/ contexto, y su génesis se da a partir del ambiente. Así, para estudiar y evaluar la conducta criminal, es importante determinar la función de está en términos contingenciales: es decir, realizar un AFC; de la misma manera, es esencial comprender que es lo típico y lo antijurídico.

Tipicidad.

Como se dijo anteriormente, la tipicidad es una previa descripción del hecho en la ley penal; y la ley, desde el derecho, “es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar” (Código Civil de Colombia, Ley 57 de 1887, art. 4); el derecho penal estudia y aplica leyes que prohíben, mandan y castigan un comportamiento determinado, a partir de un comando verbal y que es impuesto de manera mandataria con consecuencias negativas. “Las leyes prohibitivas son aquellas que ordenan hacer algo, prohíben o impiden determinada conducta como las leyes de carácter penal” (Rocha-Ochoa, 2006).

Estas se ejercen por una entidad jurídica que tiene, o espera tener, un efecto contingencial, y se hacen evidentes al presentarse o la ausentarse la conducta específica (tipificada). En términos conductuales, se puede traducir en que “la ley es una afirmación de una contingencia de refuerzo mantenida por una instancia gubernamental” (Skinner, 1963, pág. 318), aunque, en el caso penal, es una contingencia de castigo. La tipicidad es, pues, la especificación no solo de una conducta sino de su castigo.

Como estímulo verbal, una orden cumple una doble función. Especifica la conducta que tiene que realizarse y genera una situación aversiva de la conducta que solamente será posible escapar llevando a cabo aquella conducta […] Un repertorio seleccionado de respuestas se pone bajo el control de estímulos verbales apropiados que pueden entonces ser usados para sincronizar o coordinar la conducta de los miembros del grupo (Skinner, 1963, pág. 317)

Este ejercicio ha sido justificado en el derecho por The Deterrence Theory (Teoría de la disuasión), que se basa en la elección racional en economía: “el supuesto de que las personas sopesan los costes y los beneficios de cada posibilidad” (Stiglitz, 1993). En el ámbito penal, el castigo resultante a un delito debería disuadir al criminal a no actuar delictivamente según la certeza, la severidad y la celeridad (o inmediatez) de la pena (Chalfin & McCrary, 2014).

A pesar de que, según la teoría, el posible delator se debe dejar disuadir por el castigo para no cometer un delito. Cuando un sujeto comete un delito, al parecer, no evalúa el costo-beneficio de sus acciones y rompe con el supuesto de elección racional. Este comportamiento no racional no es comprensible bajo los supuestos de evaluación y disuasión de The Deterrence Theory, en parte porque, para entender un comportamiento, es menester evitar las explicaciones mentalistas como disuasión, elección (de la que se hablará a profundidad más adelante) o evaluación.

Entonces, en lugar de suponer que el criminal se disuade o decide, se debe preguntar sí hay unas condiciones (contingencias) o posibilidades (probabilidades) externas a este sobre las que se comporta, y es sobre tal comportamiento que se abstrae las categorías como disuasión o decisión. Las condiciones, en el caso del área penal, son aplicadas por el gobierno, quien busca modificar y extinguir una conducta prohibida. Los términos certeza, severidad y celeridad nombrados en la Teoría de Disuasión se pueden entender, desde la teoría comportamental, como la comprensión general de tal contingencia a partir de su efectividad para modificar la conducta, la consecuencia de castigo impuesta al criminal, y la rapidez con la que es impuesta. Esto, en otras palabras, es la descripción de la conducta del ente legislador.

En ciertos casos, la conducta del ente legislador logra ser funcional, es decir, modifica la conducta de los ciudadanos; pero, en el caso del delito, tal contingencia fracasa, y la tipicidad pierde su valor contingencial al no afectar al criminal. Factores que pueden afectar son más contextuales que internos, y algunos de estos ya han sido identificados, inclusive, desde The Deterrence Theory:

La oferta agregada de delitos va a depender de la inversión social en policía y prisiones, al mismo tiempo que en oportunidades en el mercado laboral, que incrementa el costo relativo de tiempo invertido en actividades ilegales (Chalfin & McCrary, 2014, pág. 2).

En libros cómo ciencia y conducta humana (1951) y más allá de la libertad y a dignidad (1971), se realiza un análisis funcional de la ley y el gobierno, aplicado al comportamiento del ente legislador. El ente legislador sería así “una instancia de control [que] manipula determinados conjuntos de variables” (Skinner, 1963, pág. 313) y, como todo organismo, también debe ser reforzado para mantener su conducta legisladora, su propiedad de control. Su fracaso residiría, no en la psique de los ciudadanos, sino en los mecanismos de control ejercidos por la ley para que esta misma sea contingente.

Por ejemplo, lo que puede suceder es que, contextualmente, “la instancia que gobierna codifica sus prácticas de control y mantiene las contingencias establecidas para ello, raramente intenta hacer efectivo el código de otro modo” (Skinner, 1963, pág. 319); en otras palabras, no hay una educación y entrenamiento contingencial frente al delito y “la instancia gubernamental deja en manos de otros el condicionamiento real del individuo” (Skinner, 1963, pág. 319). En resumen, cuando el delito ocurre, el castigo escrito, normativo, expresado en un Código Penal, no es contingencial para quien lo ejerce, por lo que se deben estudiar las contingencias pasadas que dieron lugar a que tal conducta, reforzada por otros factores ambientales, se haya dado. Esto podría ser evaluado en la práctica de la psicología forense, incluyendo, en las llamadas áreas de ajuste o esferas de funcionamiento, la relación que el presunto criminal ha tenido con las contingencias gubernamentales y legales.

En resumen, el comportamiento criminal no depende de las funciones psicológicas superiores del delator, sino del mismo contexto, en este caso, jurídico, social y laboral, que afectará contingencialemente la probabilidad de delinquir. Es así que, al estudiar el delito, se debería comprender por qué la contingencia de castigo, tipificada, ha fracasado en el indiciado y que elementos ambientales han afectado la probabilidad de ejercer la conducta estudiada.

Antijuricidad.

Para complementar, la ley penal no solo tipifica la conducta, también implica que sea antijurídica, es decir, que sea una contradicción con el derecho penal y los bienes jurídicos. La conducta que se tipifica se describe “en términos de sus efectos sobre los demás… Se mencionan las propiedades de la conducta que son aversivas para los demás” (Skinner, 1963, pág. 318). De esta forma, todas las conductas tipificadas tienen en común que son aversivas para otros (aunque no toda conducta aversiva está tipificada), o que violan los derechos explícitos en la constitución, leyes y autos de la población, el Estado y el individuo, estando así dentro de lo que se consideraría antijurídico.

Estos derecho vulnerados se entienden como “poderes con los que el hombre llegó al mundo” (Rocha-Ochoa, 2006) y tales poderes existen en tanto están explícitos en ciertos documentos como, por ejemplo, la Carta Magna de los Derechos Humanos. Al revisar estos, se evidencia un ideal individual y colectivo, en donde se muestra todo lo que una persona, por su condición de ser humano en la sociedad actual, debería ser y tener. Esto muestra que, más allá de poderes, estos derechos son la(s) función(es) por la(s) cual(es) el sistema jurídico y, en el caso que nos corresponde, el sistema penal, ejercen las contingencias y comportamientos.

Así, para que los derechos se respeten, debe existir una relación contingencial con la ley, que los salvaguarda por medio de ciertas técnicas de control. Por un lado, el sistema legal hace uso del refuerzo positivo, en tanto que exige mantener satisfechas ciertas necesidades del individuo que se consideran esenciales; por otro, el sistema usa el refuerzo negativo, en tanto evita los aversivos frente a tales necesidades. Así, el delito, como antijurídico, al violar derechos de un individuo o una población, sería un comportamiento por parte del delator aversivo para la víctima, que debería no haber sucedido al estar prohibido por la ley, y que va a ser castigado por ir en contra de los derechos y deberes: es decir, el comportamiento legal está en función de tales derechos y principios inviolables.

Todo lo anterior lleva a entender que el acto delictivo, por una parte, es una consecuencia negativa para el ente legislador, al no ser obedecido (o reforzado); y, por otra, sugiere, en el delator,  una funcionalidad, bien sea mediata o inmediata, de una conducta que implica ejercer daño sobre otro individuo, a pesar de ser castigada por la ley y aversiva para la víctima. Es decir, como toda conducta tiene una funcionalidad, el ejercicio del delito, en tanto comportamiento que es aversivo o privativo para otro, tiene implícito que el delator tenía un porqué de su comportamiento. Este porqué, como toda explicación de una conducta, se encuentra en el ambiente del delator y en su historia de aprendizaje.

Traduciendo, entonces, la tipicidad y la antijuricidad a términos conductuales, la definición del delito, hasta el momento, sería: el ejercicio de una conducta aversiva para otros (bien sea Estado, comunidad o individuo) especificada y castigada por la ley, explicable a partir de la relación del individuo con el ambiente.

Ahora bien, recordando que la conducta es interacción con el ambiente y, en este caso, el ambiente implica una persona, entidad o sociedad víctima, también se debe estudiar la conducta en relación al otro en tanto receptor. Es decir, que incluye estudiar la modificación en la conducta de la víctima que el delito generó. En este caso, el delito pasa a ser el ambiente en relación a una conducta a evaluar. Al igual que con el delator, las conductas de las víctimas, que no son definidas como delito, sino como consecuencias del delito, deben tener en cuenta los antecedentes y la historia de aprendizaje de la víctima. Estas conductas se evalúan actualmente con conceptos como trauma, estrés o ansiedad. Cada uno de estos términos implican una conceptualización y análisis epistemológico completo desde, siguiendo la lógica del presente escrito, el AFC.

Culpabilidad.

El término de culpabilidad, desde el derecho objetivo, se define como:

Atribuir o hacer penalmente responsable a una persona por el hecho injusto llevado a cabo […] El fundamento de la culpabilidad es el libre albedrío: El reproche que se dirige al sujeto, tiene su origen y fundamento en que pudiendo actuar de otro modo, no lo hace (Burón, 2003, pág. 15).

Estas características implican: libre albedrío y responsable penal. El libre albedrío, en principio, es un término filosófico cuyo significado, para Mill, Leibnitz  y Voltaire, es “hacer lo que uno quiere hacer” (Skinner, 1971). Es decir, es un comportamiento fundamentado en un deseo o la voluntad (querer) de realizarlo: explica un evento material por un evento no material, un comportamiento por una situación mental. Además, cae en una explicación tautológica: la definición libre albedrío implica la acción de querer, y la definición de querer implica tener voluntad/ libre albedrío para realizar algo.

Esto, como todo lo anterior, puede ser abordado desde una explicación no dualista y funcional. En la ciencia de la conducta ya se ha dicho que

La conducta operante está estrechamente asociada con la voluntad. Un acto deliberado llevado a cabo para obtener lo que se desea es una operante […] [pues] las razones o fundamentos para una acción que persigue un fin son simplemente alguna de las variables de las cuales la conducta es función (Skinner, 1963, pág. 321).

Así, en lugar de buscar comprender la voluntad del evaluado, se debe estudiar la función de la conducta delictiva, generada por contingencias o relaciones con el ambiente, que realmente son las que llevan a actuar al delator cómo lo hizo y no de otra manera.

El segundo término, responsabilidad penal, desde el derecho, es definido como “la realización de un juicio de valor negativo sobre la conducta concreta del individuo, es decir, un reproche” (Sanz, 2000, pág. 29). Es decir, es una conducta verbal caracterizada por una crítica del delito y el delator, ejercida por el ente judicial y no por quien es juzgado, que trae en sí un castigo. Este reproche se ejerce sobre el delator a partir del supuesto de libre albedrío, ya que

Desde el punto de vista tradicional, la persona es libre. Es, por tanto, autónoma en el sentido de que su conducta no tiene causas. Por consiguiente, es responsable de lo que hace y será justamente castigado cuando lo merezca (Skinner, 1971, pág. 30).

Los dos términos se unen al demostrar que el primero, el libre albedrío, es funcional para el ejercicio del segundo, la responsabilidad penal. Esto en tanto que, al ser la persona libre, es justo que se castigue; igualmente, al ser la ley distinta a la persona, y no tener libre albedrío, no es culpable ni recibe responsabilidad penal por ejercer conductas aversivas, sino que ejerce sus conductas justificadas en hacer justicia. Esto, aun así, tiene sus límites, que se encuentran en la funcionalidad del ejercicio legal y penal ya nombrado anteriormente, los derechos. Los limites se pueden expresar en el Derecho Internacional, en tanto regulador del comportamiento de los Estados, y en el mismo pueblo sobre el que se ejercen las contingencias, si este lo desobedece y castiga.

Exceptuando estos dos casos, al ser el sistema penal el encargado de hacer justicia, se considera la pena (que puede ser un aversivo para el delator) como un mal individual por un bienestar colectivo, siendo reforzado por la población. En su lugar, el hombre, al tener libre albedrío, podrá recibir el castigo de la ley, y este hecho será considerado justo al ser contingente con sus acciones, aversivas para otros, anteriormente cometidas.

Lo anterior indica que el uso del término culpabilidad es una forma verbal de evitar castigo frente al uso de aversivos para modificar conductas tipificadas y antijurídicas, si y solo si estos castigos son ejercidos por un ente judicial y están en función de los derechos y deberes; es decir, en términos tradicionales, tiene un poder legítimo y legal para hacerlo. Es importante evidenciar que tal culpabilidad no se relaciona, al menos en la justicia punitiva tradicional, con la víctima. Es el ente legislador el que hace justicia, y esta justicia suele ser dada bajo términos de castigo negativo, como la cárcel.

En casos de justicia restaurativa, restitutiva o terapéutica, el análisis cambiaría completamente y, además de incluir también a la víctima como parte de la contingencia delincuencial, se estudiaría el delito a partir de otros factores, más allá de la responsabilidad, por lo que podría inclusive dejarse de utilizar el término. Esto ya había sido dicho antes por Skinner, quien afirmó que “cuando una instancia gubernamental recurre a técnicas auxiliares que no están basadas en el castigo, cae en desuso el concepto del hombre como ente responsable” (Skinner, 1963, pág. 324). Aunque queda poner en experimentación tal hipótesis para confirmarla o negarla, esta se basa en que ya no sería necesario justificar el castigo ejercido por el ente judicial y, en su lugar, se podría comenzar a investigar las causas de la conducta delictiva. Por esto, el estudio de la responsabilidad, la culpabilidad y la libertad, “así como las consecuencias prácticas a ella inherentes, debe ser re-experimentada cuando un análisis científico revela relaciones de control insospechadas entre la conducta y el ambiente” (Skinner, 1971, pág. 30)

Imputabilidad.

Para terminar de comprender el uso del concepto de responsabilidad a nivel legal, se debe tener en cuenta los casos en que se deja de considerar responsable al sujeto. Esto también está escrito en las leyes, de forma que

Es inimputable quien, en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (Codigo Penal Colombiano, 2000, pág. 96)

Y se acude a términos cómo actiones in libera causa,  a partir

La anomalía o alteración psíquica permanente (art. 20.1º) 2ª) el trastorno mental transitorio (art. 20,1º); 3ª) la intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos (art- 20.2º) 4ª) el síndrome de abstinencia de las mismas sustancias (art. 20,2º) 5ª) la alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia (art. 20,3º) (Burón, 2003, pág. 56).

En otras palabras, son eximentes o atenuantes las contingencias que implican cambios drásticos en la probabilidad de presentar conductas punibles, usualmente por estímulos precedentes, bien sea de orden genético, biológico o cultural. Por el contrario, las contingencias ambientales mediatas, como el contexto de crianza, pocas veces se tienen en cuenta para eximir la conducta criminal. De esta forma, se identifica como conducta punible la que se genera bajo contingencias ambientales inidentificables, que pueden ser compartidas con otros sujetos en la sociedad; y se identifican como conductas inimputables aquellas que se ejercen bajo una (s) contingencia (s) determinada (s), estipuladas legalmente.

Esta diferenciación, más que tener un origen moral y ético, se podría entender como el límite de las técnicas de control legales que puede tener un gobierno: “podría decirse, con mayor simplicidad, que ciertas técnicas de control gubernamental son consideradas ineficaces cuando compiten con intensas variables […] (por lo que) no tiene ningún objeto intentar aplicar un control gubernamental” (Skinner, 1963, pág. 322).  Esto puesto que la conducta de una persona con una dificultad bio-psicológica, o en una situación alterada de conciencia, o en un contexto explícitamente no controlado por el gobierno, limita la posibilidad de la modificación de su conducta por el castigo o refuerzo negativo que ejerce el gobierno, al tener una historia, bien sea filogenética, bien sea ontogenética, diferente a la de la mayoría de la población.

En este sentido, en lugar de evaluar solo determinadas capacidades y situaciones previas, sería de gran utilidad buscar entender todas contingencias relacionadas con el ejercicio del crimen, para abordar de forma más objetiva, valida y confiable las demandas de la justicia. Esto puesto que es importante tener cuidado con las explicaciones reduccionistas o de variable únicas, ya que las variables que indican eximentes o atenuantes, “como cualquier otra variable a las que estemos haciendo referencia, es relevante o no, según las condiciones específicas en la ocurrencia de cada tipo de interacción en cada individuo” (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995, pág. 160); y, por otro lado, hay un riesgo conceptual al que somos proclives en la práctica clínica [y forense]; el caer en uno de los dos extremos: no existe esta variable o, en el otro extremo, tratamos de aplicarlo a todas y cada una de las interacciones, incluso a aquellas que, por su complejidad y lejanía de comportamientos primarios, lo hacen, no solo altamente difícil, son también conceptualmente incorrecto (Segura, Sanchez, & Barbado, 1995, pág. 160).

En el proceso, un psicólogo podría identificar las contingencias que cumplen con el requerimiento legal para ser inimputables y las que no están estipuladas legalmente, evaluando también las demás contingencias relacionadas al delito estudiado.

Conclusión: Aplicación del Análisis Funcional del Delito

La primera conclusión obtenida es que el delito, desde los principios del AFC, se entiende como el ejercicio de una conducta aversiva para otros (bien sea Estado, comunidad o individuo) especificada y castigada por la ley, y relacionada con la historia contingencial del individuo, siendo innecesario el término culpable. Este último término estaría sustituido en el AFC por el ambiente, al entender que la relación del individuo con su ambiente es la causa del delito, y no los eventos internos que, aunque suceden, no son explicativos. Esto puede ser criticado por indicar cualquier variable ambiental como eximente de un delito pero, en su lugar, se considera que la pena se ha desarrollado, históricamente, en función de la modificación de una conducta delictiva o de la eliminación del organismo que la realiza, por lo que estudiar el ambiente es más efectivo para determinar qué tan funcional es la pena que entenderla en términos de responsabilidad, y así, de manera muy efectiva, asistir al sistema penal y al juez.

A partir de esta conclusión, se puede observar que el AFC puede estudiar el delito en un informe pericial, no solo como base metodológica, sino como base epistemológica clara y previa a cualquier abordaje pericial penal en relación al delito. Este informe con el objetivo, adaptable al caso específico, de encontrar la relación ambiente-individuo de un evento aversivo específico, que se ejerce a pesar de estar este especificado y castigado por la ley, para entender las contingencias relacionadas al crimen y definir la funcionalidad de la tipicidad según el caso específico.

Este abordaje sería compatible con lo adelantado hasta el momento en psicología forense, puesto que ambos constan de un estudio de caso único, se basan en una explicación probabilística y el AFC optimiza la calidad de la psicología forense en tanto ciencia que describe, explica y predice la conducta criminal.

Así, se definiría más claramente el objeto de estudio de los informes periciales, y se comenzarían a estudiar las contingencias establecidas por el contexto inmediato y mediato del delincuente para encontrar las causas de su comportamiento, según las demandas del sistema judicial para el informe pericial. No basta, ahora, con buscar rasgos de personalidad y generalizaciones en el evaluado;  estas se tendrían en cuenta como variables disposiciones del individuo, pero harían parte de un estudio completo que también entendería las variables disposiciones del entorno y la historia conductual del organismo y su medio, que permitiría determinar la probabilidad de la delincuencia pasada, presente y futura, en un estudio descriptivo, explicativo y con alcances de control.

Además, el AFC ampliaría el espectro de estudio de la psicología forense, ya que, primero, se cambiaría el abordaje pericial de una postura organocéntrica, basada en víctima o victimario, a una relacional, basada en la conducta criminal y su ambiente; segundo, daría lugar a la comprensión del delito desde el delito mismo como conducta y no desde un sujeto estudiado, dando pie a una postura más neutral, que abarcaría el testimonio y la evaluación tanto del indiciado como de la presunta víctima en un mismo informe; tercero, incluiría el ambiente como parte esencial del estudio pericial; y cuarto, dentro de este ambiente, el Estado y la Ley serían organismos fundamentales que interactúan con el organismo que ejerce el delito.

Esto último lleva a la psicología forense a aumentar sus alcance: por un lado, el AFC aplicado a estudios periciales tendría un alcance de control de la conducta delictiva, que daría el primer paso para que el evaluado sea parte de una terapia que modifique su conducta problemática, siendo natural la transición de una justicia tradicional a una justicia terapéutica, sin realizar cambios revolucionarios en el sistema. Por otro lado, más allá del caso único estudiado, el psicólogo forense podría, en un estudio juicioso del Estado y la ley como variables de una contingencia, evidenciar las fortalezas, limitaciones y fallas del sistema legal actual para mejorarlo.

Así, el AFC puede aportar bases epistemológicas, teóricas y científicas a la psicología pericial (estudiado en este ensayo únicamente al derecho penal), permite realizar un estudio pericial efectivo sobre el delito y optimiza los alcances científicos del sistema penal. El uso del AFC en los informes periciales y en la psicología forense es parte de un desarrollo científico continuo y no disruptivo. Esto puesto que se podrían utilizar las técnicas ya adelantadas, como la entrevista por áreas de ajuste, el SVA, CBCA, las pruebas psicotécnicas y psicodiagnósticas, desde una visión funcional y relacional.

Sería ideal continuar con el análisis epistemológico desde el AFC de otros objetos de estudio abordados por la psicología forense, como los del derecho de familia, del civil o del de trabajo, para facilitar su compresión desde la psicología. También, se debe hacer un estudio juicioso del AFC como metodología de informes periciales, que, aunque es fácilmente adaptable desde los avances que se han hecho en la clínica, debe ser evaluada a partir de las diferencias de las poblaciones estudiadas en la psicología forense y las limitaciones bien conocidas que estas representan. Por último, se puede también realizar una traducción de los valiosos instrumentos y técnicas desarrolladas hasta el momento en psicología forense, que pueden ser abordadas por el AFC.

Referencias

Bayés, R. (1971). Introducción. En B. Skinner, Ciencia y conducta Humana, una psicología científica (págs. 13-28). Barcelona: Galton.

Bunge, M. (1988). La ciencia. Su método y su filosofía. Buenos Aires: Siglo XX.

Burón, J. (2003). Psicología médico-forense, la investigación del delito. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer S.A.

Chalfin, A., & McCrary, J. (2014). Criminal Deterrence: A Review of the Literature. Econometrics Laboratory, University of Berkeley.

Codigo Penal Colombiano. (2000). Codigo Penal Colombiano. Bogotá: Senado de la República de Colombia.

Colegio Colombiano de Psicólogos. (2017). Campo de Psicología Jurídica y Forense. Obtenido de Colpsic: http://www.colpsic.org.co/productos-y-servicios/campo-psicologia-juridica-y-forense/93

Fernández-Parra, A. (1997). Comportamiento. En A. Fernández-Parra, Trastornos del Comportamiento en la Infancia (págs. 43-47). Granada: Grupo Editorial Universitario.

Florián, V. (2002). Diccionario de Filosofía. Bogotá: Panamericana.

Huprich, R. &. (2009). Clinical Psychology: Assessment, Treatment, and Research. Elsevier Academic Press.

Kaholokula, J., Bello, I., Nacapoy, A., & Haynes, S. (2009). Clinical Psychology: Assesment, traetment and research. (R. Luque, & L. Valero, Edits.) Elsevier.

Mejia, D., Ortega, D., & Ortiz, K. (2014). Un análisis de la criminalidad urbana en Colombia. Bogotá.

Nuñez de Arco, J. (2014). Psicología criminal y criminalística. La Paz: El Original San Jose.

Padrón, J. (2007). Tendencias Epistemológicas de la Investigación Científica en el Siglo XXI. Cinta de Moebio, 28, 1-28.

Rocha-Ochoa, C. (2006). Manual de introducción al Derecho. Bogotá: Universidad del Rosario.

Rodríguez-Cely, L. A. (2010). Psicología Forense y Victimología: Descripción de criterios e instrumentos para la evaluación psicológica forense de posibles lesiones y secuelas psicológicas. Pontificia Universidad Javeriana.

Sanz, A. (2000). El concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general del derecho. Anuario de la Facultad de Derecho, 27-55.

Sanz, A. (2000). El concepto jurídico de Responsabilidad en la teoría general del Derecho. Anuario de la Facultad de Derecho, 27-55.

Segura, M., Sanchez, P., & Barbado, P. (1995). Análisis funcional de la conducta: Un modelo explicativo. Grananda: Universidad de Granada.

Skinner, B. (1963). Ciencia y conducta humana, una psicología científica. Barcelona: Fontanella S.A.

Skinner, B. (1971). Más allá de la libertad y la dignidad. Estado Unidos: Hackett Publishing Company.

Skinner, B. (1974). About behaviorism. Nueva York: Alfred A. Knopf.

Skinner, B. (1989). El Análisis de la conducta, una visión retrospectiva. Colombus: Merrill Pub. Co.

Skinner, B. (1991). The behaviour of organisms 50 years later. En B. Skinner, El análisis de la conducta: Una visión retrospectiva (págs. 159-176). México: Limusa S.A.

Stiglitz, J. E. (1993). Economics. Estados Unidos: Norton & Company, Inc.

Urra, J. (2002). Confluencia entre Psicología y Derecho. En J. Urra, Tratado de Psicoloía Forense (págs. 1-33). Madrid: Siglo XXI Editores, S.A.

Vázquez-Mezquita, B. (2007). Manual de psicología forense. Madrid: Sintesis.

[1] “Una diferencia que vale la pena destacar es que, para unos, la epistemología estudia el conocimiento en general, desde un punto de vista filosófico[…] mientras que para otros la epistemología se restringe a uno de los tipos de conocimiento: el científico[…] con lo cual el término pasaría a ser sinónimo de las expresiones Filosofía de la Ciencia” (Padrón, 2007, pág. 2)

[2] El derecho penal “estudia el comportamiento humano frente a los hechos considerados por el ordenamiento jurídico como delitos, las penas creadas por el Estado como ente sancionador de tales conductas” (Rocha-Ochoa, 2006, pág. 188).

10 Comments

  • Manuel A. Rubio O. dice:

    Interesante documento, permite saber con precisión la participación del psicólogo forense en procesos de identificación delictiva y su participación en la recuperación del victimario, obviamente seria mas interesante la participación en la detección temprana, preventiva si se quiere entender así, pero igual, como lo dice el texto, finalmente llegaremos en algunos casos a buscar la reparación.

    • Daniela Rocha Jurado dice:

      Buenos Días Manuel,

      Estoy de acuerdo contigo en tanto que es esencial trabajar en torno a la detección temprana y prevención.Recordemos que en el texto se dice que el objetivo de las ciencias de la conducta es “Predecir y controlar la conducta del organismo individual” (Skinner, 1981 en Segura, Sanchez, & Barbado, 1995 P. 33), por lo que el objetivo al final sería también controlar la conducta criminal inclusive antes de que se presente. Esto siempre a partir de la evaluación contingencial del delito, que debe estudiarse con la presencia y ausencia del mismo, para poder determinar las variables (refuerzo/castigo) implicadas en esta conducta y poder limitar o extender la presencia de estas.

      Saludos desde Colombia,

      Daniela Rocha Jurado

  • Jaime Alberto Echeverri Vera dice:

    Excelente ponencia.
    Felicitaciones!!

  • Dr. Carlos Ruiz dice:

    Maravilloso trabajo, muy instructivo y orientador para mi ejercicio.. Gracias

  • Gloria Lucía García Alvarez dice:

    Muy interesante esta visión de la psicología jurídica. Se acerca mucho a la psicología clínica, a la psicología ambiental, a la psicología social y comunitaria. Esos elementos comunes permiten pensar en la prevención y la modificación de conductas inadecuadas, entre ellas las delictivas que caen las categorías de víctimas y victimarios. El lenguaje con que está escrito este magnifico documento amplía notablemente el enfoque pericial y da la opción de pensar no solo en el castigo social o penal sino en el planteamiento de otras alternativas. Me gustó mucho. Gracias…

  • Carolina dice:

    Excelente trabajo! Gracias por compartirlo

  • Cleta Antonia Torres Pérez dice:

    Uno de los Modelos teóricos dentro de la psicología, muy rechazado en sus inicios y me atrevería a decir, que aun actualmente hay quien lo desaprueba rotundamente. No cabe duda que el AFC adquiere una utilidad impresionante en el ámbito forense!

    Excelente ponencia, Gracias por compartir!!

    • Daniela Rocha Jurado dice:

      Completamente de acuerdo contigo, ha sido un modelo teórico rechazado ampliamente, pero que puede brindar herramientas muy valiosas.

      Saludos desde Colombia,

      Daniela Rocha Jurado

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *