EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO

CÉSAR ACARAPI APAZA

El presente artículo hace referencia a los factores psicológicos que la literatura psicológica especializada considera en casos de violencia de género. También se hace un análisis de que factores se evalúan en las instancias estatales encargadas de la atención a mujeres víctimas de violencia, específicamente de los Servicios Legales Integrales Municipales. Entre los factores psicológicos que se consideran en estas instituciones se destaca la evaluación del daño psicológico, pero de forma “preliminar”. No se evalúa la credibilidad del testimonio y mucho menos el riesgo de violencia debido a que no se incluye al supuesto agresor en la evaluación psicológica en este tipo de casos, pese a que la bibliografía especializada  así lo sugiere.

  1. Introducción

En la actualidad existen diferentes planteamientos de orden social y legal que conciben la violencia hacia las mujeres como el resultado de la construcción social del género y no como una cuestión doméstica o genética, lo cual  pone en discusión la terminología que se usa para referirse a esta, como: violencia de pareja, violencia intrafamiliar o violencia doméstica, siendo más adecuado hablar de violencia de género (Estrada, Gutiérrez, Gamboa y Rodríguez, 2014). Sin embargo, aún se  recurre a diferentes términos para referirse a la violencia contra la mujer que van de una menor a mayor especificidad (Arbach y Pueyo, 2014).

En ese entendido, independientemente al término que se use para designar la violencia contra la mujer, la violencia de pareja hace alusión a la violencia física, sexual y psicológica entre personas relacionadas de manera íntima, independientemente el estado civil, estado de convivencia, puede aparecer en diferentes momentos de la relación (inicio, consolidación y ruptura) y en edades, cada vez más tempranas (Loinaz, Ortiz, Sánchez y Ferragut, 2011, citado en Muñoz y Echeburúa, 2015).

Asimismo, se considera que este tipo de violencia es la más frecuente y la más compleja al momento de aplicar una sanción en el sistema judicial (Álvarez, 2013), que conjuntamente con la violencia doméstica, los abusos y las agresiones sexuales son considerados delitos del ámbito privado, de los cuales gran parte constituyen casos de la delincuencia negra y encabezan la lista de casos judiciales archivados o desechados por falta de pruebas (Fariña y Arce, 2014).

Según, la Organización Mundial de la Salud entre el 15% y 71% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por su pareja en algún momento de sus vidas (Mujica, Zevallos y Vizcarra, 2013). Los datos estadísticos del Centro de Información de las Naciones Unidas en Bolivia (2015) establecen que es uno de los países a nivel latinoamericano con los más altos índices de violencia de género y violencia sexual hacia las mujeres, incluso con una tasa de feminicidios que se incrementa.

Desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley Nº 348 del 9 de marzo del 2013) se reconocen 16 tipos de violencia contra las mujeres: física; feminicida; psicológica; mediática; simbólica y/o encubierta; contra la dignidad, la honra y el nombre; sexual; contra los derechos reproductivos; en servicios de salud; patrimonial y económica; laboral; en el sistema educativo plurinacional; en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer; institucional; en la familia; contra los derechos y la libertad sexual.

En el caso particular de la ciudad de El Alto y de acuerdo a los datos de la Dirección de Género de este municipio el 2016 se registró un total de 4959 casos en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), de los cuales sobresalen: 266 casos de violencia física, 247 casos de violencia psicológica, 47 casos de violencia sexual, 101 casos de violencia contra derechos y la libertad sexual, y 68 casos de violencia patrimonial y económica, recayendo el resto a  solicitudes de asistencia familiar y requerimientos  judiciales.

A pesar de la incorporación de diferentes tipos de violencia y  el reconocimiento  de estos como delitos de orden público los datos estadísticos reflejan una serie de problemas en el proceso judicial. Según el reporte estadístico del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (2014) de las gestiones  2012 y 2013 señala que 199.971 mujeres fueron víctimas de violencia. De los cuales, en 2012, el 16% están en procesos por la vía familiar y el 30% por la vía penal. En 2013, los procesos familiares significaron el 3% de la denuncia y el 40% los penales. Solo el 46% de las denuncias de violencia contra la mujer en 2012 y 2013 están en proceso judicial, lo que deja en la impunidad al 54% de las víctimas.

Estos problemas en la administración de justicia no son recientes, sino que datan desde varios años atrás, tal como lo refleja el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007) sobre el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las américas, donde se señala que en Bolivia del 100% de los expedientes de casos que abordan materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas, del cual el 41%  correspondía a delitos sexuales.

En cuanto a la denuncia de violencia la Ley 348  en su Art. 42 establece varias instituciones estatales a las cuales puede acudir la víctima, como: Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU), Servicio Plurinacional de Defensa de la Victima (SEPDAVI) y Autoridades indígena originaria campesina, las cuales posteriormente  remiten los casos al Ministerio Publico u Fiscalía.

En una investigación para establecer las formas de evaluación en cinco instituciones de la ciudad de El Alto (entre ellas el SLIM) que trabajan sobre la temática de violencia intrafamiliar y doméstica, se identificó que la mayoría de estas aparentemente brindan una atención en psicología forense, sin embargo los psicólogos carecían de especialización en violencia intrafamiliar, así como instrumentos adecuados para la evaluación y abordaje psicológico de las víctimas (Velásquez, 2012).

La Ley 348 en su Art. 95 determina como pruebas documentales: certificado médico, informe psicológico y/o de trabajo social, documentos de propiedad de bienes, minutas de trabajo, cartas, mensajes de texto, correos electrónicos u otros obtenidos lícitamente. No obstante, desde varios años atrás los informes psicológicos (de las instancias mencionadas anteriormente) desde un inicio son solo preliminares, mismos que durante el proceso judicial pueden ser ratificados o descartados por el peritaje psicológica forense.

Bajo este lineamiento, la evaluación psicológica se centra en la evaluación del daño psicológico relacionado a  situaciones de violencia intrafamiliar, que desde el ámbito jurídico precisa su acreditación  mediante una metodología científica, siendo insuficiente el relato subjetivo de la víctima (Paves, 2016), para lo cual se hace imprescindible la evaluación  de la credibilidad del testimonio, ya que en la mayoría de estos casos no hay testigos u otro tipo de pruebas (Asensi, 2008). Por otro lado, es necesario la valoración del riesgo de violencia a futuro del agresor para así estimar la probabilidad de agresión a la víctima, considerando los altos índices de violencia contra la mujer y feminicidios en Bolivia, lo cual podría efectuarse al momento de la denuncia, antes de la sentencia y al momento de excarcelación (Acarapi, 2016).

En ese sentido, en el  presente artículo  se hace un análisis de los factores psicológicos que se consideran en la evaluación psicológica en algunas de las instancias gubernamentales en los casos de denuncia de violencia contra las mujeres, así como los factores psicológicos que la literatura psicológica especializada sugiere evaluar en estos casos.

  • Daño psicológico

Dentro de la terminología jurídica el daño psicológico adopta dos formas: lesión psicológica y secuela psicológica. El primero hace referencia a una alteración clínicamente significativa que afecta en mayor o menor grado la adaptación de la persona en distintos ámbitos de su vida personal (familiar, laboral y social), entre los cuales se destacan: trastornos adaptativos, trastornos de estrés postraumático y la descompensación de una personalidad anómala. En cambio, la secuela psicológica es la estabilización y consolidación de estos desajustes psicológicos, que no remiten con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Generalmente se muestran con la modificación permanente de la personalidad que dificultan la adaptación del sujeto a su entorno con la aparición de  rasgos nuevos, estables e inadaptativos, como: dependencia emocional, suspicacia, hostilidad y aislamiento social (Echeburúa, Corral y Amor, 2002).

El daño psicológico tiene un carácter transversal y es el resulta de todo tipo de violencia (sexual, física, psicológica), así como de la vulneración de derechos fundamentales, siendo inexcusable cuando se juzga un caso de violencia psicológica, puesto que sin daño no hay víctima y, por extensión, caso. Esta contingencia convierte la prueba del daño psicológico en prueba continua y única en violencia psicológica en los casos de denuncia de violencia de género (Arce, Fariña y Vilariña, 2015).

Es así que en los casos de violencia intrafamiliar es poco frecuente o raro que una sola conducta violenta genere como consecuencia un trastorno mental reactivo (daño psicológico) en la víctima, si es posible pero en casos excepcionales, ya que este surge como el resultado de una agresión crónica (Paves, 2016), además de que no existen lesiones patognomónicas de la violencia intrafamiliar (Checa, 2010) siendo pertinente la valoración de  lesiones o secuelas psicológicas a consecuencia  de la agresión física y/o  psicológica (Asensi, 2008)  con énfasis en el posible nexo causal (relación causa-efecto).

En el caso de los SLIM de la ciudad de El Alto, los informes psicológicos que se emiten vienen a ser pruebas que acompañan la denuncia de la presunta víctima en contra de los presuntos agresores, sin embargo es frecuente observar la realización de  evaluaciones “preliminares” del daño psicológico en las victimas, la identificación de indicadores  emocionales y/o cognitivos  relacionados con la violencia o en su caso el estado de ánimo de las víctimas,  dejando de lado el criterio clínico o forense. Tampoco se considera la evaluación psicológica de los supuestos agresores, considerando que en violencia  de género se sugiere la evaluación de la denunciante y el denunciado (Lorente, 2007, citados por Muñoz y Echeburúa, 2016).

Según Alfaro (2017) los informes psicológicos  de los SLIM no ayudan mucho en la denuncia ya que durante el proceso judicial  estos, en muchos casos, se caen debido a que se manejan impresiones diagnósticas erradas, producto de evaluaciones psicológicas inadecuadas y parcializadas, que no consideran el beneficio de la duda. Y que no incluyen hipótesis alternas para evaluar la dinámica de la pareja durante el proceso.

  • Credibilidad de testimonio

El testimonio de la víctima se constituye como el principal, y a veces único, medio de prueba de la existencia de violencia intrafamiliar (Álvarez, 2013), puesto que en la  mayoría  de  los casos  no existen testigos u  otro  tipo  de pruebas, incluso suele pasar un tiempo considerable hasta que la víctima presente la denuncia (Asensi, 2008). Sin embargo, no se descarta la posibilidad de denuncias falsas, especialmente en casos de separación o divorcio (Mickkelson, Guthel y Emens, 1992, citados en Arce y Fariña, 2007).

En recientes estudios e investigaciones sobre la credibilidad del testimonio en adultos, Arce y Fariña  (2007) diseñaron un protocolo psicológico forense de evaluación denominado “Sistema de Evaluación Global”, un procedimiento adaptado al contexto legal español que evalúa la realidad de la huella de memoria y la huella psíquica con el control de la simulación. Se fracciona la estimación de la credibilidad de las declaraciones en función de dos parámetros: la validez y la fiabilidad. La validez sirve para establecer la admisibilidad de la prueba para el análisis de contenido, en tanto la fiabilidad se relaciona  con los indicios de realidad que contiene la declaración.

El Sistema de Evaluación Global se estructura en torno a 10 tareas: obtención del testimonio, repetición de la obtención del testimonio, estudio de la motivación, evaluación de la validez del testimonio, análisis de la realidad de las declaraciones, análisis de la fiabilidad de las medidas, medida de la secuela psicológica del evento traumático, evaluación del testimonio de testigos, análisis de las características psicológicas de los actores implicados e implicaciones para la redacción del informe pericial (Arce y Fariña, 2015).

Según la normativa española los medios de prueba en los casos de violencia contra la mujer son analizados y estudiados a partir de su importancia al momento de la denuncia.  Sin embargo, el testimonio de la víctima no acostumbra a ser prueba suficiente ya que requiere verificaciones periféricas objetivas que le doten aptitud probatoria, tales como: atestado policial, testimonios de terceros, las partes de lesiones y la prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio o de secuela psicológica como expresión de la victimización. Desde un inicio el informe psicológico forense no forma parte de la denuncia, situación que no  varía mucho en otros momentos procesales (Arce y Fariña, 2015).

En estos casos la credibilidad del testimonio no es tomada en  al momento de la denuncia en los SLIM, dado que en estas instituciones se prioriza la defensa de las mujeres por lo que no se cuestiona el relato de las denunciantes, tampoco se  incluye el relato del denunciado, lo cual no permite un análisis correlacional de los hechos. Sin embargo, la normativa no lo permite, salvo si  el caso  se encuentra en proceso judicial.

  • Riesgo de violencia

La prevención de la violencia recientemente ha incorporado  técnicas de predicción de la violencia como una nueva función complementaria a los tradicionales tratamientos de agresores y víctimas. Consiste en la estimación de  la probabilidad de ocurrencia del comportamiento violento a futuro, orientado al servicio de protección de las víctimas que pueden aplicarse en numerosos contextos jurídico-penales y asistenciales (Echeburúa y Pueyo, 2010).

La multiplicidad de causas y la infrecuencia de la conducta violenta grave hacen de su predicción una tarea difícil, pero técnicamente viable. El maltrato frecuente de la pareja depende de la peligrosidad del agresor, de la vulnerabilidad de la víctima y de la situación de la relación de pareja. La utilidad de la valoración del riesgo está relacionada con la importancia de la identificación y de la gestión de la violencia en el ámbito profesional correspondiente, así como con la detección de los tipos de agresores. Lo que permite la adopción de medidas de protección específicas e individualizadas para las víctimas cuando se detecta por primera vez la violencia en función del grado de riesgo estimado (Echeburúa, Amor, Loinaz y Corral, 2010).

Si bien la normativa boliviana a través del Art. 32 de la Ley 348 establece que las medidas de protección son de aplicación inmediata y tienen la finalidad de interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, así como garantizar la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. En la práctica esta es deficiente puesto que las instancias llamadas por ley, como: Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Ministerio Publico y el Órgano Judicial, no realizan la valoración del riesgo en la mayoría de  los casos para determinar las medidas de protección (Alianza Libres Sin Violencia, 2016).

Es preciso puntualizar que la concepción de la valoración del riesgo de la normativa boliviana es diferente a la valoración del riesgo de violencia desde un punto de vista psicológico y más aún en casos de violencia contra las mujeres. Factor que en los SLIM no se consideran, a pesar que es una de las instancias a las que acuden  las victimas por primera vez, en la mayoría de los casos, lo que imposibilita la estimación del riesgo de violencia a futuro.

  1. Conclusiones

En base a lo anterior se establece la existencia de una serie de falencias y limitaciones en cuanto a la normativa boliviana para la evaluación psicológica forense en violencia contra las mujeres en las instituciones gubernamentales especializadas. En el caso específico de SLIM de la ciudad de El Alto, si bien estas instituciones municipales prestan una atención específica a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia contemplada dentro de la Ley 348, la atención que se ofrece no  se fundamenta en la psicología forense.

En cuanto a los factores psicológicos que se consideran en la evaluación en casos de violencia, se hace la evaluación  del daño psicológico, pero con carácter “preliminar”, ello no es lo adecuado y tampoco está contemplado dentro  los procedimientos de la psicología forense, ya que facilita a la revictimización de la víctima. Incluso estos informes tienden a ser confirmados o descartados en el proceso judicial a través de peritajes psicológicos forenses.

Se prioriza la evaluación de la víctima por una cuestión ideológica más que  científica, no se incluye la evaluación del agresor. Dado que en estos casos es necesaria la evaluación de la denunciante y el denunciado para analizar la dinámica de la pareja, y así identificar el daño psicológico en la víctima y la  estimación de la probabilidad de riesgo de violencia del agresor a futuro. Sin embargo, la normativa no lo considera como factor a evaluar en estas instituciones y como elemento que acompañe a la denuncia, aunque si es posible una vez en el proceso judicial, pero se desconoce si esto se cumple.

La credibilidad del testimonio en casos de violencia tampoco es un factor considerado al inicio de la denuncia, a pesar que la literatura psicológica sugiere que es necesario incluir la probabilidad de denuncias falsas, especialmente  cuando se trata de separación o divorcio.

Con todos estos aspectos es necesario comenzar a pensar en la  modificación de la normativa y de las instituciones que prestan atención a las víctimas de violencia, de tal forma que se incluya a los psicólogos forenses en los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, así como la inclusión de estas entidades como parte del Instituto de Investigaciones Forenses del Estado Plurinacional de Bolivia, con el objeto de eliminar la burocracia y la revictimización de las víctimas.

  1. Referencia bibliográfica

Acarapi, C. (2016). Factores de evaluación psicológica en el contexto penitenciario. Disponible en: http://psicologiajuridica.org/archives/6573

Alfaro, V. (Junio de 2017). Módulo de Psicología Forense en la Pareja. Maestría en Psicología Jurídica y Forense, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia

Alianza  Libres Sin Violencia (2016). Informe sobre el cumplimiento del estándar de la debida diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia, versión resumida, datos comparativos 2015-2016.

Álvarez, F. J. (2013). El control del engaño en la evaluación psicológica forense de la violencia de género: posibilidades y limitaciones en el contexto chileno. Disponible en: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074013700096/pdf?md5…pid

Arbach K. y Pueyo, A. (2014). Evaluación del riesgo de violencia contra la pareja: validación y eficacia predictiva del RVD-BCN. En García, E.  Psicopatología forense. Comportamiento humano y tribunales de justicia. Bogotá: Editorial El Manual Moderno.

Arce, F. Fariña, F. y Vilariño, M. (2015). Daño psicológico en casos de víctimas de violencia de género: estudio comparativo de las evaluaciones. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-psicologia-salud-152-linkresolver-dano-psicologico-casos-victimas-violencia-S2171206915000046

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Asensi, L. (2008). La Prueba Pericial psicológica en asuntos de violencia de género. Disponible en: https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num21/21proper.pdf

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Checa, M. (2010). Manual práctico de psiquiatría forense. Barcelona: Elsevier

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Estrada, C., Gutiérrez, H., Gamboa, C. y Rodríguez, F. (2014). Violencia de género: aspectos psicológicos, medico legales y marco jurídico para peritaje. En Chan, C., Estrada, C. y Rodríguez, F. Aportaciones a la psicología jurídica y forense desde Iberoamérica. México: Manual Moderno.

Mujica, J., Zevallos, N. y Vizcarra, S. (2013). Estudio de estimación del impacto y prevalencia de la violencia sexual contra mujeres adolescentes en un distrito de la Amazonia peruana. Disponible en: www.interarts.net/descargas/interarts1732.pdf

Muñoz, J. y Echeburúa, E. (2016). Diferentes modalidades de violencia en la relación de pareja: implicaciones para la evaluación psicológica forense en el contexto legal español. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.apj.2015.10.001

Paves, M. (24 de marzo de 2016). Peritajes psicológicos de daño como medio de prueba para acreditar VIF y maltrato habitual. Periódico El Mercurio. Disponible en: http://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2016/03/24/peritajes-psicologicos-de-dano-como-medio-de-prueba-para-acreditar-vif-y-maltrato-habitual.aspx

Velásquez, C. (2012). Manual especializado de evaluación y peritaje psicológico forense en violencia intrafamiliar. Bolivia: All Pres Labores Gráficas.

12 Comments

  • Jaime Alberto Echeverri Vera dice:

    Excelente ponencia Dr. César!
    Felicitaciones!!

  • Dr. Carlos Ruiz dice:

    Extraordinario trabajo, asienta mi criterio respecto a la importancia del estudio de los casos de violencia en los cuales se podría sospechar manipulación de la mujer en su propio benéfico

  • Guiomar Bejarano Gerke dice:

    Estimado Colega!!!

    Muchas felicitaciones por el trabajo!!!

  • Gloria Lucía García Alvarez dice:

    El marco de referencia pertinente a la violencia entre los seres humanos tiene connotaciones amplias. Las violencias pueden ser:
    a. Hombre contra mujer
    b. Mujer contra hombre
    c. Mujer contra mujer
    d. Hombre contra hombre
    e. Padres contra hijos
    f. Hijos contra padres
    g. Etc., Etc….
    Unas veces tiene connotación sexual, otras envidia, otras celos, en fin, las motivaciones son muy amplias. Gracias por ocuparse en esta temática y aportarnos una buena ilustración sobre el tema.

  • Carolina dice:

    Excelente trabajo! Gracias por compartirlo

  • Eva Tapia López dice:

    Muchas gracias por compartir conocimiento.

  • Mónica Di Nubila dice:

    Habrá que proponer que los equipos interdisciplinarios que afronten la violencia contra las mujeres incluyan un historiador, así se comprenderán mejor las causas estructurales.

    Gracias por aportar al debate en este tema que todavía está en sus inicios.

  • BELISARIO VALBUENA dice:

    Importante considerar el RIESGO DE VIOLENCIA y el PERFIL DEL AGRESOR, muy buen tema.

  • Cleta Antonia Torres Pérez dice:

    Siendo un tema tan complejo como lo es la Violencia y aun más relacionarlo con la perspectiva de género, sin duda una ponencia valiosa en su contenido.

  • Egberto dice:

    Este tema es de permanente actualidad por los delitos de violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico y los femicidios. Hay legislaciones que han asimilado la violencia doméstica a violencia de género por errores de técnica legislativa, lo que ha traído más confusión. Una cosa es violencia doméstica y otra violencia de género. La violencia de género “machista o patriarcal” hacia la mujer se proyecta en gran medida en el ámbito hogareño o doméstico, pero no es su único escenario, pero sí el más común. Otro aspecto, importante es el hecho de la ausencia de las evaluaciones de riesgo de la víctima para la adopción de las medidas de protección, algo en que se está fallando en muchas latitudes.

  • Guery Zabala Gumucio dice:

    Gracias por tu aporte Cesar, creo que también hay que proponer evaluar si hay en la mujer desarrollado el Síndrome de Mujer Maltratada, como parte del diagnóstico de daño psicológico, ya que en este se encuentran diversos factores, que hacen a que una mujer sostenga una relación violenta.
    Además sumar, que muchos profesionales de los SLIM, no tienen formación en psicología forense, menos en prevención y/o atención en casos de violencia intrafamiliar, es un tema de contar con los requerimientos mínimos para hacerlo, el tiempo necesario, porque les piden informes, que deben entregar en 48 horas, cuando una evaluación sólida, que impediría que se caiga, les tomaría más tiempo
    Nuevamente Gracias por tu aporte y reflexión

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