INIMPUTABILIDAD: SUJETO PELIGROSOS

MARÍA DE LOS ANGELES IZCURDIA

Para  hablar  de  ininputabilidad  en  nuestro  sistema  jurídico,  primero resulta necesario definir el concepto de imputabilidad, ya que nuestro derecho penal hace una valoración de ambos extremos al momento de que en el proceso penal debe  determinarse  la  circunstancia de que  un sujeto es jurídicamente inimputable.

Este señalamiento resulta de mayor importancia ya que será un tribunal el  que  en  definitiva  determine  la  tales  criterios  (imputabilidad  o ininputabilidad).

La   función   del   psicólogo   en   relación   a   ello,   será   informar   en cumplimiento  de  su  rol  pericial  si  el  sujeto,  a  quien se  le  imputa  un  acto delictivo, ha sido capaz de comprender y dirigir su conducta, conforme esa comprensión, al momento de cometer la acción.

Al respecto, el estudio de la capacidad jurídica de la imputabilidad, es decir la capacidad que tendrá un sujeto de ser declarado culpable (la capacidad de ser reprochado jurídicamente por una conducta delictiva), implica entonces examinar el doble aspecto señalado: capacidad de comprensión y capacidad de dirección.

Justamente si se encontrara algún tipo de alteración o interferencia en cualquiera de los dos aspectos, se podría hablar de alguna causal de inimputabilidad.

Cabe  aclarar  que  las  causales  de  inimputabilidad  en  nuestro  Código Penal, no son exclusivamente psicológicas y/o psiquiátricas, sino que también las hay de orden jurídico. Aunque hoy, nos convoca hablar exclusivamente de aquéllas en las que somos competentes para expedirnos.

En razón de ello es que, ningún perito psicólogo (mucho menos uno que se desempeñe en el fuero penal) puede desconocer el texto del artículo 34 del Código Penal Argentino.

Es  necesario  aclarar  que  dicho  artículo,  trae  en  sí  las  palabras  que motivan esta exposición. Ya que, el mismo es el conocido artículo que da lugar a la declaración de “inimputabilidad” y en su cuerpo enuncia la potencial “peligrosidad” que ella implica.

En términos prácticos, el hecho de que un sujeto sea “inimputable” por causas de “enajenación mental” según el Código Penal, es homologable a decir que es un sujeto “peligroso” para sí y para la sociedad.

Cabe interrogarse ¿Qué significa ser peligroso?.

La peligrosidad es -jurídicamente hablando- la probabilidad de que un sujeto de acuerdo a sus condiciones psicofísicas realice una conducta auto o hetroagresiva.

Cuando el sujeto ya ha realizado este tipo de conductas, puede decirse que se encuentra en lo se denomina un “estado peligroso”.

Dicho “estado peligroso” es  la probabilidad de que un sujeto cometerá o volverá a cometer una conducta desviada.

En general  se  considera  al  estado  peligroso  como  un estado  jurídico psicosocio biológico que surge de la estructura psicofísica-social del individuo y que le confiere probabilidad de transgredir la norma.

La determinación del estado de peligrosidad contempla la existencia de características de vulnerabilidad   asociadas a grupos de riesgo, que -por definición- son aquellos en los que existe proclividad a realizar conductas auto o heteroagresivas.

Ahora bien, en términos de evaluación psicológico pericial  habrá que tener  claro  los  parámetros  y  criterios  que  hacen al  examen mismo  y  a  las posibilidades de que colabore con la función jurisdiccional de dictar sentencia.

Es así como, el perito psicólogo considerará que el análisis que realiza debe estar fundado en el contexto en que el episodio sucedió; porque puede darse la posibilidad de que el sujeto, en el momento en que efectúo la acción disvaliosa, estuviera en una situación de perturbación que afectara su conducta habitual. Por lo tanto, el examen psicológico, si bien debe investigar el antes y el después del hecho en el devenir intrapsíquico del imputado, debe centrarse en “la situación misma” del acontecimiento que se juzga.

Para  ello,  la  evaluación pericial  tendrá  en  consideración los  aspectos ligados por un lado a la capacidad de comprender la criminalidad de la acción que se realizara, y por el otro a la capacidad de dirigirse de acuerdo a  esa comprensión.

Aquí,  debe  hacerse  la  salvedad  de  que,  para  ponderar  los  aspectos ligados a la capacidad para comprender la criminalidad de los actos, hay que partir de la base de que el comprender constituye un proceso mucho más complejo que el mero entendimiento que  implica  simplemente la captación; (quedando  en  el  plano  del  conocimiento);  en tanto  la  comprensión implica captar y aprehender (apropiarse) del concepto, internalizarlo y hacerlo propio.

Entonces,   deberá   evaluarse   la   estructura   de   la   personalidad   y alteraciones psicopatológicas, el estado de las funciones psíquicas superiores al momento de la acción (conciencia, atención, sensación, percepción, memoria, inteligencia, afectividad, pensamiento y lenguaje, aprendizaje, conducta, comportamiento y  motivación), y las posibles alteraciones que pudieren haber sufrido; mecanismos defensivos; capacidad judicativa, modalidad vincular; capacidad de controlar los impulsos; nivel de tolerancia a  la tensión y a la frustración;   nivel de ansiedad; y otras variables contextuales que puedan aparecer.

Resulta importante señalar que ningún examen pericial puede dejar por fuera intención simulatoria del sujeto examinado. Por cuanto en todo proceso judicial existen intereses subjetivos. El Manual de Criterios Diagnósticos conocido actualmente como DSM V,  explica que “La característica esencial de la simulación es la representación de síntomas físicos o psicológicos falsos o muy exagerados,  motivada  por  incentivos  externos,  como  evitar  el  servicio  militar  o  el trabajo, obtener una compensación económica, evadir responsabilidades criminales u obtener fármacos.

Su  evaluación  implica  considerar  una  serie  de  variables,  a  saber:  el contexto forense legal que dió lugar al examen; el nivel de congruencia entre las referencias del sujeto y los resultados objetivos arrojados por el análisis de las técnicas de exploración psicológica administradas; la concordancia o no entre el lenguaje gestual y el verbal; la actitud frente al examen (cooperación, rechazo, o reticencia); y la presencia o no de trastornos de la personalidad.

Este  examen  integrado  y  global  de  la  personalidad  del  sujeto,  sus mecanismos defensivos, el funcionamiento intrapsíquico, y las variables contextuales que puedan determinar su conducta; arrojará conclusiones científicamente fundadas.

Dentro de los lineamientos iberoamericanos, el criterio común está signado por la relevancia que pueda detentar una alteración del psiquismo en el momento del hecho, ya que ello será el factor el factor específico que jurídicamente se consiederará para ponderar la existencia de un caso de inimputabilidad. Por lo que los psicólogos forenses debemos ser taxativos al exponer nuestras conclusiones, las que deben incluir:

  1. a) los aspectos estructurales y psicodinámicos de la personalidad;
  2. b) el análisis motivacional de la conducta;
  3. c) los  indicadores  de  simulación  y  sus  alterativas  (disimulación , sobresimulación o metasimulación); y
  4. d) el posible estado peligroso.

Resumiendo, en palabras de la Lic. Miotto (Perito Oficial del Poder Judicial de la Nación) “Adquiere así un significativo lugar en el conjunto de variables que van a posibilitar el enfoque jurídico definitivo en cada caso, siendo necesario que la óptica  comprenda  la  evaluación  holística  de  la  problemática  en  atención  al  sujeto concreto como sistema bio-psico-axio-socio-familiar.”

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