EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE

El testamento vital y su regulación legal en Colombia

LUZ AMPARO SERRANO QUINTERO

La muerte ha sido una de las cuestiones más complejas que ha tenido que enfrentar el ser humano a lo largo de su existencia. ¿Desaparecemos en forma definitiva o nuestra alma migra a un estado diferente? ¿Debemos o no sufrir al momento de finalizar nuestra existencia? ¿Es posible alcanzar la paz eterna si morimos a través de procedimientos de muerte asistida? Más allá de las respuestas ofrecidas por diferentes credos, lo cierto es que los avances tecnológicos han permitido evitar algunos de los padecimientos previos a la muerte y aliviar el sufrimiento de las personas en su fallecimiento. Sin permanecer ajeno a estos desarrollos, el derecho ha buscado la manera de regular la prerrogativa de los individuos a morir dignamente y a manifestar su voluntad de no prolongar su existencia por medios mecánicos y recibir solo cuidados paliativos para disminuir el dolor.

 

El homicidio por piedad o eutanásico  

En el ordenamiento jurídico colombiano, el artículo 326 del Código Penal tipificó la figura del  homicidio por piedad, imponiendo una pena de prisión de seis meses a tres años para quien “matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable”. No obstante, fue a partir de la reinterpretación de esta figura por parte de la Corte Constitucional que se dio origen a la regulación legal de la eutanasia en Colombia.

En efecto, al responder a una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, la Corte Constitucional tuvo un criterio diametralmente opuesto. A través de Sentencia C- 239 de 1997, la Corte consideró que la actuación del sujeto activo – quien asiste en la muerte – no solo era una conducta altruista, que se convertía en una atenuante al delito, sino que carecía de anti-juridicidad al tratarse de un acto solidario originado en la solicitud de aquel que por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad terminal, pide que le ayuden a morir. Asimismo, la sentencia dispuso que la manifestación de voluntad del sujeto pasivo –  quien solicita la muerte asistida – debe expresarse de forma libre e inequívoca, reflejando su capacidad para comprender la situación en la que se halla. Es decir, se debe contar con la lucidez intelectual suficiente para pedir la muerte digna, pues esta decisión debe basarse en información precisa y confiable acerca de la enfermedad, su pronóstico y las opciones terapéuticas disponibles. Es por ello que para la Corte el sujeto activo del procedimiento debe ser un médico, quien cuenta con la experticia para suministrar la información exacta y para aplicar la solución que mejor se adecue a lo reclamado por el enfermo.

 

El  marco jurídico de la eutanasia en Colombia

Aunque la Sentencia C- 239 de 1997 despenalizó la eutanasia activa en determinadas circunstancias, 18 años después seguía sin expedirse desde el Congreso una ley estatutaria al respecto. A falta de una regulación legal sobre el derecho a morir dignamente, no fue entonces posible hacer efectivo el homicidio por piedad, dando como resultado varios casos de pacientes con cáncer terminal que vieron negado su derecho a pedir la eutanasia activa, incluso cuando muchos de ellos interpusieron tutelas buscando proteger sus derechos fundamentales. Entretanto, el único avance que se presentó por parte del legislativo fue la Ley 1733 de 2014, la cual reguló los servicios integrales de cuidados paliativos para pacientes con enfermedades terminales, crónicas degenerativas e irreversibles. El objeto de esta norma no fue más allá de reconocer la eutanasia pasiva, es decir, el derecho del paciente a desistir de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna para él o ella, específicamente ante diagnósticos con un alto impacto en la calidad de vida.

Fue en estas circunstancias que mediante Sentencia T-970 de 2014, y con base en la Sentencia C-239 de 1997, la Corte Constitucional tomó la decisión de pronunciarse sobre el derecho a una muerte digna invocado por una paciente de cáncer con metástasis. Aunque la mujer murió durante el trámite de la tutela, la Corte de todas formas dictaminó que la entidad promotora de salud que aseguraba a la doliente debía adelantar las gestiones necesarias para acoger su deseo de no continuar padeciendo los insoportables dolores que le conllevaban su enfermedad terminal. De esta manera, buscó evitar que en el futuro un paciente terminal no pudiese hacer efectivo el derecho a morir dignamente, aunque dejó expresa constancia que su pronunciamiento era transitorio, mientras el Congreso de la República procediera a regular la materia.

La Sentencia T-970 de 2014 cobija únicamente a los pacientes que padecen dolores insoportables y quieran terminar con su vida, y deja claro que para quienes tengan padecimientos semejantes pero no hayan decidido morir se les debe brindar como alternativa los cuidados paliativos contemplados en la ya mencionada  Ley 1733/2014 para que puedan continuar viviendo con el mínimo de sufrimiento. Dicho esto, esta Sentencia establece los siguientes presupuestos para hacer efectivo el derecho a morir dignamente:

  1. a) El padecimiento del enfermo terminal debe conllevar intensos dolores, contemplándose dos puntos de vista: el objetivo, que implica que la enfermedad debe estar calificada por un especialista como terminal y que produce un intenso dolor y sufrimiento al paciente; y el subjetivo, donde el paciente es quien determina qué tan indigno es el sufrimiento causado. Aunque el médico no llegue a considerar que la enfermedad terminal sea tan dolorosa, es la voluntad del enfermo la que debe ser priorizada y, por ende, debe respetarse su decisión de poner punto final a sus padecimientos actuales, susceptibles de empeorar por la naturaleza de la enfermedad.
  2. b) Debe existir evidencia de un consentimiento libre, informado e inequívoco, es decir, manifestado de forma indiscutible por una persona con capacidad de comprender la situación en la que se encuentra. Por tanto, se hace necesario que el paciente terminal cuente con la competencia intelectual suficiente para decidir morir dignamente.
  3. c) Para garantizar que el consentimiento vertido se encuentre revestido de los anteriores atributos, se debe prever la instauración de i) un Comité interdisciplinario de acompañamiento al paciente y su familia y de ii) un procedimiento en el que se blinde la decisión del enfermo, para con ello establecer certeza de la voluntad y la autenticidad del consentimiento, siempre garantizando la dignidad del enfermo. Cabe recordar que la labor del Comité es prestar una atención sicológica, médica y social constante durante las fases de decisión y ejecución del procedimiento para una muerte digna, con el fin de que la decisión no genere efectos negativos en el núcleo familiar o en la situación misma del paciente. Deberá ser, además, garante de que el procedimiento se desarrolle respetando los términos de la sentencia y la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso

Buscando aplicar lo dispuesto por la Sentencia T- 970/2014, el Ministerio de Salud logró profundizar sobre ciertos aspectos mediante la Resolución No. 1216 de 2015, comenzando por definir al enfermo en fase terminal como aquel que haya sido diagnosticado por un médico experto con una enfermedad grave, de carácter progresivo e irreversible y sin un tratamiento curativo efectivo para evitar el pronóstico fatal próximo (Art. 2). Además, se dispuso que los cuidados paliativos deben englobar un tratamiento integral del dolor y el alivio del sufrimiento en sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales (Art. 4).

Elaborando sobre los dispositivos que garantizan un consentimiento libre, informado e inequívoco, el artículo 6 formuló que cada Comité contará con tres integrantes: un médico especializado en la patología que padece la persona, diferente al médico tratante; un psiquiatra o psicólogo clínico, y un abogado (Art. 6). Solo el médico que aplica el procedimiento puede manifestar su objeción de conciencia, pues la resolución recuerda que en numerosos fallos la Corte Constitucional prohíbe la objeción de conciencia institucional.

En cuanto al procedimiento (Art. 15), una vez establecida la condición de enfermedad terminal y la capacidad del paciente para expresar su voluntad, se dispuso que el médico tratante convocará al Comité para verificar que se cumplen los presupuestos de la Sentencia antes mencionados (plazo de diez días desde la presentada la solicitud por el paciente); si estos se cumplen y el paciente reitera su decisión, el Comité autorizará el procedimiento, de carácter gratuito, que deberá realizarse en la fecha que el paciente indique o en un máximo de quince días. Debe tenerse en cuenta que el consentimiento puede ser previo a la enfermedad terminal, expresando el paciente su voluntad anticipada a través de un testamento vital, en el cual también podrá autorizar a terceros para que presenten la solicitud en su nombre cuando se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de circunstancias que le impidan manifestar su decisión

Debe concluirse que, pese a los avances de esta reglamentación para concretar el derecho a la eutanasia activa, sigue siendo menester que se expida una ley que regule elementos que continúan ausentes en la Resolución 1216/2015. Así, por ejemplo, mientras se contempla el derecho a manifestar y solicitar la muerte digna a los mayores de edad, se ha dejado sin posibilidades para ello a los pacientes menores de edad y a sus representantes legales. Por otra parte, se discute si los Comités científico-interdisciplinario violan la privacidad e intimidad del paciente, convirtiéndose así en un trámite innecesario que solo contribuye a alargar los padecimientos del enfermo terminal. Todas estas son discusiones importantes que el Congreso debe asumir sin seguir eludiendo su responsabilidad principal, que es la de legislar para asegurar que los derechos de los ciudadanos sean efectivamente garantizados.

7 Comments

  • Carolina dice:

    Temática muy interesante y controversial!

  • Dr Carlos Ruiz dice:

    muy buena presentación, información importante,gracias

  • Gloria Lucía García Alvarez dice:

    Muy importante la oportunidad de discutir esta importante temática: Derecho a morir dignamente. Personalmente he decidido, en caso de estar en una situación terminal dolorosa o no, consciente o inconsciente, no prolongar mi sufrimiento y el de mis familiares, más allá de lo necesario. Esto implica la conexión a aparatos de vida artificial (prefiero que no me conecten), o su desconexión (prefiero que me desconecten). Si no puedo hacerlo directamente porque ya no cuente con la capacidad mental para decidir, delego en mis familiares más cercanos, hacer cumplir mi voluntad expresada por escrito de antemano. De ninguna manera dejo que mi “sistema de salud decida por mi”. Muy oportuno este documento. Gracias…

  • Carlos Tunqui dice:

    Pues en muchos países de nuestra América bella este tema esta cobrando relevancia, felicidades

  • ANGELA CRISTINA TAPIAS SALDAÑA dice:

    Respetada Dra. Luz Amparo:

    Muy interesante reflexion: Ud. cree que si se pone de manifiesto la voluntad de no asumir tratamientos, eso sería Eutanasia? Vulnera el derecho?

    Angela T

  • Edita dice:

    La informacion es muy interesante.

  • Edgar Niño dice:

    La reflexión en la ponencia es bien amplía por parte del expositor

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