LAS VÍCTIMAS Y EL SISTEMA JUDICIAL: LA INTERVENCIÓN PSICOJURÍDCA

STELLA MARIS PUHL

GABRIELA OTEYZA

RESUMEN

El propósito del presente trabajo es interrogarnos en referencia a las intervenciones piscojurídicas   y a los efectos que dichas intervenciones tendrán sobre las personas que se encuentran en una situación de victimización.

Para ello debemos diferenciar entre las obligaciones éticas y legales y estar alertados de los posibles conflictos entre administración de justicia y salud mental. Nuestro actuar debe prevenir y evitar los procesos de victimización y promover la desvictimización, dando respuestas jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación del daño sufrido por la victima.

Si estamos convencidos que nuestra praxis mas alla del entrecruzamiento discursivo entre Psicología y Derecho se dirige siempre al sujeto del sufrimiento psíquico, la  dos pregunta que imperiosamente  como peritos debemos formularnos para no quedar atrapados en el discurso de la Ley es ¿Dónde esta la victima en el proceso penal? ¿Es escuchada la voz de la victima en el proceso penal?

La Ética debe dejar de ser solo un concepto, nuestro actuar debe humanizar los procedimientos judiciales, escuchando y conteniendo a la victima propendiendo al bienestar psíquico, entendiendo a este como un Derecho Humano fundamental, acompañándola, dando  a conocer y respetando los derechos de la victima y exigir su cumplimiento.

 

PALABRAS CLAVES Perito Psicólogo- Etica Profesional- Victima- Proceso Penal

INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo es interrogarnos en referencia a las intervenciones piscojurídicas   y a los efectos que dichas intervenciones tendrán sobre las personas que se encuentran en una situación de victimización.

En este capitulo abordaremos el concepto de víctima  y como a lo largo de la historia la misma ha sido el gran personaje olvidado para el sistema jurídico penal. Es aquí, donde los peritos psicólogos debemos planteranos que al momento de realizar las evaluaciones psicoforenses tenemos la obligación de un abordaje que permita la recuperación de los derechos de quiene han sido victimas de un hecho delictual y dañoso.

En este punto debemos discriminar y diferenciar entre las obligaciones éticas y legales y estar alertados en nuestro actuar en el ámbito tribunalicio los posibles conflictos entre administración de justicia y salud mental. En este sentido nuestro actuar debe prevenir y evitar los procesos de victimización y promover la desvictimización entendiendo a esta como el conjunto de respuestas jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación del daño sufrido por la victima.

La víctima en un sentido estricto es definida como aquella persona que ha vivido un hecho traumático de carácter delictivo, habiendo sufrido la violencia interpersonal de tipo criminal. En un sentido amplio y tal como se conceptualiza en la actualidad desde la victimología, hace alusión a las víctimas de otros acontecimientos traumáticos no delictivos.

De este modo cobra relevancia en nuestras intervenciones periciales lo dispuesto en los Códigos de Ética en cuanto al compromiso de hacer propios los principios establecidos por la Declaración de los Derechos Humanos, respetando el derecho de los sujetos objetos de peritación a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía, sin importar el fuero en donde debamos intervenir.

RESEÑA DEL CASO

El caso bajo  análisis refiere a una intervención pericial realizada en una causa penal caratulada como “Abuso sexual agravado por la situación de convivencia”.

El hecho tipificado en el Código Penal Argentino en su articulo 119 como Delito contra la Integridad Sexual fue cometido por el padrastro de la víctima cuando esta era menor de edad.

Al momento de la evaluación pericial la joven contaba con 21 años de edad y manifiestaba su deseo de no continuar con el proceso penal  y que la causa no se eleve a juicio oral puesto que transitar las instancias del mismo sería nocivo para ella. Considera que la situación había generado en el seno de su familia mucho daño y que la continuidad del proceso le genera angustia y culpa ya que la denuncia realizada fue hecha por temor al enojo de su madre. Asimismo, manifiesta que si algo tenía que pagar su padrastro ya lo ha hecho puesto que se encuentra detenido desde hace 5 años.

Asimismo en las entrevistas que se iban realizando la joven pone en conocimiento de la perito que en su primer infancia ha vivenciado situaciones de abuso sexual por parte de un tío materno y que esto era la primera vez que lo relataba.

Para la joven el delito que debía ser castigado era el ocurrido en su primera infancia, el cual no se encontraba impune siendo además desconocido para su familia.

Durante la evaluación psicoforense se puede constatar que las vivencias abusivas padecidas siendo niña han sido altamente traumáticas, dando lugar a la ocurrencia de síntomas compatibles con Trastorno por Estrés Postraumático detectándose en la actualidad la permanencia de ideación intrusiva, flashbacks, amnesia psicogénica, sensación de aislamiento, irritabilidad, disminución del rango de afecto.

En referencia al hecho que motiva la intervención de la Justicia señala que habiendo concurrido es reiteradas oportunidades a la fiscalía  solicitando la no continuidad del proceso manifiesta no haber encontrado hasta el momento recepción a su pedido, señalando no sentirse cuidada y escuchada.

PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ÉTICOS EN LA LABOR PERICIAL

Si bien para la Justicia la situación de abuso sexual implica un daño a un bien jurídico tutelado por el Estado, desde nuestro actuar no podemos desconocer que el daño experimentado tiene efectos altamente traumáticos para el psiquismo.

Es por ello que en nuestro rol de perito psicólogos debemos preguntarnos antes de dar inicio a nuestra tarea ¿Qué nos demanda un Juez en cada intervención? ¿Guía nuestro actuar las normas éticas de nuestra profesión? ¿Es escuchada la voz de la victima en el proceso penal? ¿Qué debería hacer desde la profesionalidad del psicólogo la perito actuante?

La relación que se establece entre peritado y perito en cualquier proceso judicial en el cual se pida nuestra intervención, como toda relación humana esta regida y regulada por el Derecho.

La procedencia de la prueba pericial esta establecida en el Código de Procedimiento  en su Art.457, en tanto en el Código de Procedimiento Penal la encontraremos en el Art. 253; en ambos  Códigos se establece que el Juez podrá ordenar pericias cuando la apreciación de los hechos controvertido o para conocer algún hecho o circunstancias pertinene a la causa que requiera de conocimientos especiales

El Juez por lo tanto tendrá la facultad de ordenar la realización de una evaluación pericial psicológica y los que nos demandara en ese ordenamiento es que actuemos como asesores de la Justicia ahí en donde el discurso del Derecho no encuentra los argumentos explicativos que le permita arribar a la verdad. La peritación psicológica “…indaga en busca de la verdad articulada en los requerimientos procesales procurando compatibilizar la verdad psíquica con la jurídica, (…) Es reclamada por los jueces para apoyar con argumentos científicos sus fallos…[1]

En este intendo de conciliar la verdad psíquica con la jurídica es que la intervención de los psicólogos forenses debe estar sostenida sobre conocimientos científico- técnicos que garanticen la objetividad de su actuación así como la obligación del cumplimiento de los Códigos de Ética que nos imponen nuestra profesión.

El cumplimiento de nuestros deberes como profesionales muchas veces nos enfrenta con interrogantes y desafíos técnicos, que nos obligan a examinar el marco de nuestra intervención. Es de este modo que será necesario, a la luz de los requerimientos teóricos del caso expuesto con anterioridad, encuadrar el quehacer del Psicólogo Forense respecto de las Leyes nacionales y provinciales y los Códigos de Ética vigentes que regulan el ejercicio profesional.

En primer lugar, cabe destacar que la pericia implica que quien haya de emitir un dictamen pericial lo haga en relación con su idoneidad profesional y los conocimientos especializados que posee. La prueba pericial convoca al proceso judicial a quien pueda aportar máximas de conocimiento, a quien de forma única puede instruir sobre cuestiones que hacen al objeto del debate. Las condiciones que debe reunir un experto para ser convocado por la justicia como perito, están reglamentadas en los Códigos de Procedimiento Civil y Penal, y se basan fundamentalmente en su idoneidad profesional que se acredita mediante el título habilitante: “Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante para la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse...”[2]. En este sentido la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de la Psicología Nº 23.277 sancionada el 27 de septiembre de 1985 y promulgada de hecho el 6 de noviembre de ese mismo año habilita el actuar del Perito Psicólogo en tanto establece “….A los efectos de esta Ley, se considera ejercicio profesional de la psicología: la enseñanza, investigación, aplicación o indicación de teorías, métodos, recursos, procedimientos y técnicas específicamente psicológicas en: (…) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, designaciones de autoridades públicas, incluso nombramientos judiciales; () La emisión, evacuación, expedición, presentación de: asesoramiento, certificación, consulta, estudios, consejos, informes, dictámenes, peritajes…” [3]

En este sentido la práctica forense se encuadra dentro del marco de legalidad que brinda la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de la Psicología. Del mismo modo en la Provincia de Buenos Aires rige la Ley 10306 de Ejercicio Profesional de la Psicología, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el 1º de agosto de 1985 cuyos lineamientos generales se encuentran supeditados a la Ley Nacional.

Retomando los interrogantes que fueron planteados con anterioridad será importante pensar entonces en las implicancias del rol pericial. La actuación pericial de especialistas de distintas ciencias, disciplinas o artes surge del pedido de los Magistrados, quienes deben dar respuesta a la problemática que los convoca, y ante la insuficiencia de elementos técnicos necesarios para arribar a un fallo o dictamen judicial requieren de los aportes de otras ciencias, por lo que solicitan de la intervención de los peritos. El perito es convocado entonces cuando se requiere de la contribución de un experto. Así, el perito se convierte en un asesor de la Justicia, asistiendo con su conocimiento al magistrado en el proceso judicial a través de la pericia, la cual es un medio de prueba, dentro de un proceso judicial, en donde el perito plasma sus apreciaciones profesionales acerca de lo que el Juez le ha requerido.

Queda entonces enunciado que el rol pericial se adecua a la expedición de una pericia para ayudar a la Justicia. No obstante la tarea pericial surge de la necesidad de las ciencias del Derecho para dar cuenta de una resolución judicial, la psicología debe contemplar otros aspectos de la práctica profesional. En este sentido es que la deontogénesis nos exige pensar y considerar la práctica profesional en cada una de las actividades en que nos desempeñamos, imponiéndonos el esfuerzo de encontrar vías posibles para limitar el padecimiento psíquico de las personas con las que intervenimos.

Surge así la necesidad de analizar los diferentes Códigos de Ética Profesional que enmarcan la práctica pericial, entre ellos

  • El Código De Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A.),
  • El Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires,
  • El Código de Ética de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina (APFRA) y
  • El Código de Ética del Diagnosticador de la Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico (ADEIP).

El Código De Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A.) aprobado por la Asamblea del 10 de Abril de 1999, tiene como propósito “…proveer tanto principios generales como normativas deontológicas orientadas a las situaciones con que pueden encontrarse los psicólogos en el ejercicio de su profesión, estableciendo así las reglas de conducta profesional que han de regir su práctica () Las Disposiciones deontológicas establecen reglas de conducta profesional, las que expresan deberes que afectan a todos los profesionales psicólogos, considerando que descuidar estos deberes atenta contra los derechos de los receptores de los servicios profesionales…”[4]

En la práctica profesional el psicólogo se enfrenta en diversas oportunidades frente a situaciones dilemáticas en donde debe tomar decisiones relativas a su conducta profesional, es en este marco que los profesionales deben considerar este Código de Ética, además de las leyes vigentes que regulan la práctica profesional. Los principios que el Código establece “…constituyen objetivos deseables que guían a los psicólogos hacia los más elevados ideales de la Psicología; expresan así el espíritu de este Código y si bien no son en sí mismos reglas obligatorias deben ser considerados prioritariamente ya que constituyen el fundamento mismo del actuar ético de los psicólogos…”[5]

El Código establece la obligación de los profesionales de respetar los derechos y la dignidad de las personas manifestando que se “…Respetarán el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía…”[6]

Cabe pensar entonces, respecto del caso que nos convoca, que la perito interviniente, mas allá de las implicancias que establecen  las leyes vigentes acerca del rol pericial podría sustentar otras posibilidades de intervención. Estas posibilidade se las otorga en tanto el Código de Ética establece como principio fundamental el deber de los profesionales de respetar la autodeterminación y autonomía de las personas con las cuales estamos interviniendo.

 Es desde este posicionamiento que la experta da lugar a la palabra de la víctima  acompañando a la joven a exponer su pedido ante la fiscalía, De este modo el actuar de la perito no solo contempló la legislación vigente si no también los Códigos de Ética que establecen las conductas esperables para los profesionales psicólogos.

De la misma forma la Asociación de Psicólogos Forenses ha redactado el Código  de Ética de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina “…Este Código de Ética está dirigido a todos los Profesionales Psicólogos que estén vinculados con la Psicología Jurídica, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en las Instituciones vinculadas al mismo, es decir: peritos oficiales, de oficio y de parte, consultores técnicos, delegados tutelares, psicólogos que se desempeñan en institutos carcelarios y de menores, etc..[7] El presente Código establece “…entender el bienestar psíquico como uno de los Derechos Humanos fundamentales y trabajar según el ideal social de promoverlo a todos por igual, en el mayor nivel de calidad posible y con el solo límite que la ética y la ciencia establecen…”[8]. Se observa también como el presente Código contempla el actuar del psicólogo Jurídico en relación con el bienestar psíquico de las personas con las que estamos interviniendo.

A partir de estos postulados plantearemos que el perito psicólogo se debe regir por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, prudencia en la aplicación de instrumentos  y técnicas, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales.

La Psicología y  el Derecho[9] plantearan discordancias en su modo de comprensión, explicación y abordaje a los hechos y a las conductas humanas.

El derecho centraliza su discurso en la conducta exteriorizada donde la Ley en tanto norma general, abstracta, impersonal y obligatoria regula la conducta humana. El saber jurídico cumple su función en la búsqueda de la verdad jurídica, la cual se asienta sobre criterios de objetividad respondiendo al imperativo del “deber ser”. La idea de responsabilidad jurídica y verdad objetiva presupone un individuo consciente, racional y autónomo.

La psicología en tanto, se ocupara fundamentalmente del aspecto interno de la conducta y la verdad subjetiva en donde la Ley deja de ser una norma general e impersonal para devenir en ley subjetiva particular y personal.

En este contexto de entrecruzamientos discursivos debemos llevar adelante nuestra praxis, dirigida siempre al sujeto del sufrimiento psíquico, cuyo abordaje se sustenta necesariamente en el campo de la singularidad. Si bien como profesionales nuestras acciones estarán regidas por las normas legales vigentes, éstas no pueden constituir la única referencia que guíe nuestras intervenciones, constituyendo el criterio profesional una herramienta fundamental a la hora de procurar el resguardo de la subjetividad, en tanto principio ético fundamental.

EL LUGAR DE LA VICTIMA EN EL PROCESO JUDICIAL

Si estamos convencidos como señalábamos en los párrafos anteriore que nuestra praxis mas alla del entrecruzamiento discursivo se dirige siempre al sujeto del sufrimiento psíquico, la  dos pregunta que imperiosamente  como peritos debemos formularnos para no quedar atrapados en el discurso de la Ley es ¿Dónde esta la victima en el proceso penal? ¿Es escuchada la voz de la victima en el proceso penal? Estas preguntas si bien fundamentales en nuestro actuar ético profesional no siempre son formuladas lo que puede llevar a intervenciones que devienen en un incremento del daño y de la sensación de desamparo de la victima.

La víctima a lo largo de la historia ha sido el “gran personaje olvidado” siendo múltiples las explicaciones que tradicionalmente se han dado para evidenciar dicho olvido.

El lugar de la victima en el proceso penal ha recorrido diferentes camino a lo largo de la historia. Es así que en lo que podríamos llamar primitivos sistemas penales, anterior a la organización de los pueblos en Ciudades- Estados, la venganza[10] era reconocida socialmente como el principal medio de reacción contra el delito cumpliendo de algún modo la función de la pena. Dentro de estas formas primitivas de punición encontramos:

  1. a) La venganza privada absoluta, como “…reacción arbitraria, instintiva y desproporcional al daño material del autor como medio de defensa individual del ofendido contra el ofensor sin la intervención de autoridad pública…”[11]
  2. b) La venganza de sangre, “…muerte del ofensor o algún otro miembro de su clan por parte del clan del ofendido…”[12]
  3. c) La expulsión de la paz, “…destierro que sufre un individuo de su propio grupo tribal por transgredir reglas sociales de la tribu…”[13]

Estas modalidades de punición nos muestran en que medida la autotutela, como modalidad de solución privada a los conflictos individuales, era el mecanismo de respuesta. La victima, el clan o la tribu decidían que hechos eran merecedores de castigo el cual se aplicaba a través de la venganza. Los conflictos entre personas se resolvían entre las partes involucradas en el mismo. Tanto la victima como el acusado cumplían un rol claramente determinado en el litigio, el cual se desarrollaba en torno al daño que una de las partes le hubiera causado a la otra.

La dificultad que traía aparejada la venganza, ya sea que se materializara en forma individual o colectiva, es que la misma no se ajustaba a ningún patrón de proporcionalidad entre  la ofensa recibida y la respuesta a ella.

En este contexto histórico surge la Ley del Talión[14] como el primer intento por establecer una proporcionalidad entre el daño recibido por el delito y el daño producido por la venganza poniendo un límite a la venganza libre. La misma se plantea como un principio jurídico de Justicia retributiva en donde la norma impone un castigo que se equiparaba con el crimen cometido.

La Justicia retributiva se cimienta en asignar al delincuente el castigo  a partir de  la pena, en especial la de privación de la libertad por el mal causado a la víctima con el delito. El delito pasa a ser problema entre el Estado y el delincuente, en donde la víctima, su familia o la comunidad no participan en la búsqueda de la solución generada con el delito.

Otros ordenamientos jurídicos se inspiraron en la Ley del Talión, así el Código de Hammurabi, la Ley Romana de las XII Tablas, el Código de Manú establecen claramente el principio de reciprocidad al hacer justicia transformándose la misma en un atributo del Estado.

De este modo a medida que las sociedades se hacen más complejas no solo será importante el interés puesto en la victima sino que surge el interés comunitario de resolución y sanción del delito.

Posteriormente, con la conformación de los primeros estados absolutistas europeos y el nacimiento de las Monarquías la transgresión a la norma adquiere otro estatuto, el delito deja de ser un daño individual pasando a ser una amenaza al poder del Monarca. No debemos olvidar que el poder le era conferido al Monarca por transmisión directa de Dios, por lo cual ofender al Monarca significaba una ofensa a Dios que no podía, ni debía permanecer sin condena. De este modo el Estado se adjudica el derecho a castigar.

La noción de daño a un particular pierde su valor para constituirse, entonces, en una infracción, una ofensa al soberano y al estado que este representaba. Es así que el conflicto entre particulares queda definitivamente confiscado por una instancia de poder externa, que mediante la transformación del delito en una cuestión de interés público produce la exclusión de la victima del proceso penal. No se trata más de la reparación de un daño, sino de perseguir y castigar a quien ha producido una injuria contra la máxima autoridad, y como tal, se ha constituido en un enemigo del orden social y del estado en su conjunto. Mediante el nacimiento del sistema de enjuiciamiento de carácter inquisitivo, basado en la centralización del poder político y judicial, tanto victima como imputado pasan a ser objetos del proceso.

Quienes eran los actores principales del litigio, se transforman ahora en simples medios habilitadores para la intervención penal por parte del estado, sufriendo la perdida de la autonomía de sus voluntades. Su participación dentro del proceso se ve relegada, a través de diversas formas de indagación y al aporte de pruebas que permitan arribar a la verdad jurídica.

Así a medida que el Estado fue haciéndose responsable de la administración de justicia el delincuente se transforma en el personaje principal, la victima es excluida del conflicto, como bien señala Bovino “…Una vez que la victima es constituida como tal por un tipo penal queda atrapada en el mismo tipo penal que la ha creado…[15]

El paso de la venganza privada a la venganza pública donde el Estado juzga en nombre del pueblo significó el fin del protagonismo de la victima y su neutralización quedando condenada al olvido.

Para el derecho penal la infracción penal y la reacción social son los cimientos sobre los que se fundará el derecho punitivo, dedicándose al estudio del delito y de la pena.

El delito es apreciado como una ofensa, una ruptura del contrato social poniéndose énfasis en el autor del hecho punible, a fin de proteger el bien jurídico dañado quedando la victima despojada de su  lugar.

El foco de interés se desplaza de la victima al delincuente y a la necesidad de proteger a la sociedad de aquel que atenta contra ella; el criminal se convierte de este modo en el enemigo interno al romper el pacto social siendo merecedor de castigo. (Foucault. 1996)

Tal como señala el Dr. Zaffaroni “…la característica diferencial del poder punitivo es la cosificación del conflicto, o sea, la usurpación del puesto del damnificado o victima por parte del señor (poder público), degradando a la persona lesionada o victima a la condición de puro dato para la criminalización…”[16]

Este camino de Protagonismo- Neutralización de la victima dentro del proceso penal termina recién en la década del cuarenta con su redescubrimiento a partir de los primeros estudios victimológicos.

DESCUBRIENDO A LA VICTIMA

Los primeros estudios victimológicos se le atribuyen  en la dácada del cuarenta a Hans Von Henting, aunque ya en 1947 Benjamín Mendelsohn utilizara por primera vez el término Victimología.

La Victimología fue definida en el Primer Symposiun Internacional de Victimología de Jerusalén celebrado en 1973 como el estudio científico de las víctimas.

Señala Ceverino Domínguez que los primeros pasos de esta disciplina se centraron en el desarrollo de tipologías victímales en correspondencia con las tipologías criminales tan difundidas en esa época.  Los primeros  desarrollos se centralizan en el análisis de la “pareja penal” o “el delincuente y su víctima” tendiéndose a establecer clasificaciones y categorías de víctimas asentados en parámetros positivistas

En las últimas décadas el interés de la Victimología se focalizó en las consecuencias persistentes del trauma en la victima, las repercusiones psíquicas y en establecer, garantizar y hacer visible la preservación de sus derechos.

Para Tamarit la Victimología puede definirse en la actualidad como la ciencia multidisciplinar que se ocupa del estudio del modo en que una persona deviene victima en sus diversas dimensiones y de las estrategias de prevención y reducción de la misma.

Según el Diccionario de la Real Academia Española victima es aquella persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. Puede aplicarse también a aquella persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita produciendo asi su victimización.

En este aspecto se pueden establecer diferentes grados de victimización; victimización primaria, secundaria, terciaria y difusa.

La victimización primaria es aquella producida  por el delito mismo dando cuenta de la experiencia individual de la victima y las consecuencias dañosas producidas por el hecho traumático. Landrove (1988) señala que la victimización primaria refleja la experiencia personal de la victima y las consecuencias físicas, económicas, psicológicas y/o sociales producidas por el delito.

Si bien el delito atenta contra un bien jurídico tutelado por el Estado las consecuencias subjetivas del mismo excede lo enunciado en el tipo penal[17] produciendo según la gravedad del delito a) consecuencias inmediatas- traumáticas delictivas, b) consecuencias emocionales- sociales y c) consecuencias familiares- sociales (Marchiori, 2003)

El sufrimiento de la victima producido por la conducta violenta de otro genera conmoción y estrés, llegando según la gravedad del delito a consecuencias que modifican y fracturan la vida de la victima.[18]

La victimización secundaria es la respuesta que da el sistema a  una victima, incluye todas las agresiones psíquicas que la misma sufre en su relación con los servicios de salud, policial y/o judicial en su paso por los diferentes momentos del proceso penal.

Tamarit y Villacampo (2006) señalan que en muchas ocasiones el interés del proceso penal es ajeno al interés de la victima, produciendo como consecuencia la vulneración de sus derechos e insensibilidad frente a sus necesidades.

Albertin (2006) especifica los siguientes factores como causantes de la victimización secundaria por parte del sistema jurídico penal:

  • Se da prioridad al suceso delictivo despersonalizando el trato a la victima.
  • Falta de información sobre la evolución del proceso.
  • Entorno carente de intimidad y protección.
  • Excesivos tecnicismos jurídicos.
  • Los tiempos procesales interfieren con el proceso de recuperación y readaptación de la victima.

En este sentido las instancias formales de control social pueden a partir de su intervención empeorar las consecuencias de la primera victimización generando mayor daño. Emergen de este modo en la victima  sentimientos de desprotección e indefensión ya que el daño proviene de aquellos que deberían ampararla y protegerla.

La victimización terciaria refiere a la victimización que sufre el victimario por parte del propio sistema legal.

La victimización difusa es producida por la ausencia de receptividad social, ya no solo por parte de los organismos estatales sino que la misma se extiende hacia el mismo grupo de referencia de la victima. (Eiras Nordenstahl, 2008)

Ahora bien, la pregunta que se impone es ¿Por qué los organismos del Estado encargados de proteger a la victima pueden producir una segunda victimización? Si bien podrán esgrimirse argumentaciones diversas nos parece interesante para la reflexión mencionar lo que ha sido denominado como victimización vicaria.

Se entiende la victimización vicaria como “…el proceso mediante el cual algunas características psicológicas de la victima, tales como la ansiedad, el temor, la inseguridad, angustia, etc. terminan proyectándose en los profesionales que se encuentran insertos en el trabajo victimológico…”[19]

El relato de la victima produce en muchas ocasiones un efecto no esperado de intrusión en el psiquismo de los profesionales, intrusión que produce una fractura en la coraza que defiende al psiquismo de estímulos excesivos (Maldavsky 2000) pudiendo dar lugar a la aparición de la traumatización vicaria o desgaste por empatía.

Estos términos darían cuenta del estrés y del fuerte impacto subjetivo sufrido por los funcionarios judiciales involucrados en el manejo y atención de situaciones traumatizante vivenciadas por la victima.

El desgaste por empatía es de aparición súbita, puede surgir como consecuencia de un solo evento, y, al igual que el trastorno por estrés postraumático, esta caracterizado por tres tipos de síntomas: de reexperimentación, de evitación y embotamiento emocional, y de hiperactivación. Se diferencia del burnout en que este es un proceso de agotamiento físico, emocional y mental producto de la exposición continua y durante un tiempo prolongado a situaciones emocionalmente demandantes.

Tanto el desgaste por empatía como el burnout afectan negativamente la capacidad empática de los operadores judiciales  favoreciendo la respuesta silenciadora  (Danieli, 1984; Baranowsky, 1997).entendiendo por ella la incapacidad para interesarse en las experiencias de las victimas adoptando conductas de distracción, minimización, distanciamiento y evitación lo cual genera en un solo acto la victimización vicaria del profesional y la victimización secundaria de aquel que acude a la justicia en busca de la reparación de un daño.

Para Kovadloff lo terrible de la experiencia dolorosa es que el dolor quebranta la ilusión de plenitud, de control y de dominio que cada individuo cree tener sobre su vida. La irrupción del dolor de la victima a partir del relato del traumatismo sufrido desmantela la ambición omnipotente de ser dueño de uno mismo. “…El dolor obra de manera inconsulta: se utoimpone. Tiene la prepotencia de la fatalidad…”[20]

La presencia de la victima doliente confronta a los profesionales con la certeza de ser vulnerables y a estar expuestos también ellos a las acciones dañosas de otros. Esto puede producir reacciones negativa o inadecuadas por parte de profesionales y funcionarios encargadas de la atención a la victima. Se intenta neutralizar la sensación del sufrimiento y de despojar de todo sentido al dolor, “el dolor debe cancelarse” (Kovadloff 2003)

En este sentido la Asamblea General de la ONU en su declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos y del Abuso de Poder[21]  produce un avance en relación al trato que debe recibir la victima señalando:

  • Se entenderá por “victima” las personas que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estado Miembros, incluida la que proscribe el uso de poder.
  • Podrá considerarse “victima” a una persona con arreglo de la Declaración independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la victima. En la expresión victima se incluye además, en su caso, a los familiares o dependientes inmediatos de la victima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la victima o para prevenir la victimización.
  • Las victimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
  • Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las victimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las victimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.
  • Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
  1. a) informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, asi como la decisión de sus causas, especialmente cuando se trata de delitos graves y cuando haya solicitado esa información;
  2. b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema de justicia penal pertinente;
  3. c) Prestando asistencia apropiada a las victimas durante todo el proceso judicial;
  4. d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia.

El perito psicólogo no esta exento de realizar intervenciones que conduzcan a un proceso de revictimización que si bien no intencional es perjudicial. Es por ello que su práctica debe adecuarse al caso concreto y evitar intervenciones rígidas ya que en los casos en que  interviene con  victimas debe tener presente que el compromiso ético implica, entre otros, responsabilidad,  competencia, confidencialidad y bienestar del sujeto.

No obstante lo cual, en tanto auxiliares de la justicia, la misma nos compele a dar respuesta a su demanda para poder dilucidar la verdad objetiva, no debemos  arrogarnos el lugar del juzgador. En este sentido se impone un corrimiento que permita no solo conocer, comprender sino además acompañar a la victima en la búsqueda de la reparación del daño sin generar una victimización secundaria.

Conclusiones

¿Qué contribución y aporte se debía hacer para evitar más sufrimiento en la joven (victimización secundaria) mediante la agravación de la primera situación de victima, debido a la falta de reacción y de sensibilidad en los órganos encargados? ¿Qué postura ética se pone en juego cuando la actuación del psicólogo debe comportar el establecer un contacto intenso al asistir a las victimas, y mas aun, brindar apoyo evitando agravar las consecuencias del hecho traumático por el que ha pasado? ¿Cómo intervenir a fin de restablecer su estabilidad emocional para asumir los problemas que se derivan de la primera y segunda revictimización?

Los psicólogos nos hallamos, como en el caso planteado, ante dilemas éticos, realidades en las que la mejor actuación profesional no se encuentra estipulada. Las consideraciones éticas nos brindan algunas observaciones que permiten determinar cuál es el mejor modo de desenvolvernos en nuestras prácticas profesionales en estas situaciones.

La Ética debe dejar de ser solo un concepto, la intervención profesional del psicólogo en el ámbito del poder judicial debe propender al bienestar psíquico al asistir a las victimas, entendiendo a este como un Derecho Humano fundamental. Nuestro actuar debe humanizar los procedimientos judiciales, escuchando y conteniendo a la victima, acompañándola en el cumplimiento de ciertos actos procesales, dar a conocer y respetar los derechos de la victima y exigir su cumplimiento.

Es por ello, que las diferentes asociaciones de profesionales han redactado principios éticos y han determinado códigos deontológicos, el propósito de los cuales es ayudar a los psicólogos a decidir y actuar de manera procedente y de acuerdo a mejores prácticas de la profesión.

La construcción de la victimización permite la sustitución de la noción de sujeto por la noción de victima, esta desubjetivización implica un desconocimiento de la victima en tanto que la misma no busca compasión sino que exige el ejercicio de sus derechos (Botero. 2000).

Bibliografía

Botero, E. (2000) De la queja a la elaboración. Bogotá. ESAP.

Ceverino Dominguez, A. Conceptos fundamentales de Victimología. Fundación Instituto de Victimología

Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la Republica Argentina.

Código de Ética de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina.

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.(1998). Buenos Aires. Abeledo Perrot.

Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición.

Eiras Nordenstahl, U. (2008) ¿Dónde esta la victima? Apuntes sobre Victimología.    Buenos Aires. Librería Histórica

Landrove, G. (1988) La moderna victimología. Valencia. Tirant  lo Blanch.

Ley Nacional de Ejercicio Profesional de la Psicología Nº 23.277.

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Zaffaroni, E. (2006). El enemigo en el derecho penal. Buenos Aires: Editorial Ediar.

[1] Tkaczuk, J. Peritación en Psicología forense, Depalma, 1994.

[2]   Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Artículo 464.

[3]   Ley Nacional del Ejercicio Profesional de la Psicología Nº 23.277

[4]   Código De Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina.

[5]   Ídem Anterior

[6]   Ídem Anterior

[7]   Código  de Ética de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina

[8]   Ídem Anterior

[9]     Javier Urra Portillo define al derecho como un conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están sometidos los hombres en su vida social, es la ciencia que estudia las leyes y su aplicación. En Sarmiento, A.,  Varela, O., Puhl, S.M.& Izcurdia; M; La Psicología en el campo jurídico, pág.162.

[10]  Venganza. F. Satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. Castigo, pena. Diccionario de la Real Academia Español, vigésima segunda edición.

[11]     Machicado, J; El derecho penal a través de las escuelas penales y sus representantes, pág. 9

[12]     Machicado, Ibid

[13]     Machicado, Ibid

[14]     Pena del Talión.#1. f. La que imponía al reo un daño igual al que él había causado.#2. f. Perjuicio o daño, de intereses o moral, que sufre quien causó otro semejante. Diccionario de la Real Academia Español, vigésima segunda edición.

[15]   Bovino Alberto, “La víctima como sujeto público y el Estado como sujeto sin derecho”, publicado en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica Nº 15, del mes de diciembre de 1998. Ponencia presentada al V CONGRESO LATINOAMERICANO UNIVERSITARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA realizado en Santiago, Chile, del 12 al 15 de mayo de 1993.

[16]     Zaffaroni, Eugenio; El enemigo en el derecho penal, pág.30.

[17]  El tipo penal es un instrumento legal que individualiza las conductas humanas prohibidas que están sancionadas penalmente.

[18] Marchiori, H. Victimología. Los procesos de victimización desde un enfoque criminológico, pág. 471.

[19]   Eiras Nordenstahl; ¿Dónde esta la victima? Apuntes sobre Victimología, pág. 115

[20] Kovadloff, S; El enigma del sufrimiento. En Mardones, J.y Reyes Mate; La ética ante las víctimas, pág. 30.

[21]           Naciones Unidas. Los principios fundamentales de justicia y asistencia a las victimas del delito. Milán.1985

13 Comments

  • Carolina dice:

    Gracias por compartirlo.

  • Gloria Lucía García Alvarez dice:

    Es meritoria la labor de un Congreso como el que hemos asistido pues permite ilustrar desde muchos ángulos la labor que los psicólogos jurídicos, clínicos, educativos, comunitarios y los que se atrevan a la política, tenemos por hacer en nuestros medios. El liderazgo que se puede hacer con la difusión de la importante información que nuestros colegas han compartido, significa un importante avance profesional para el gremio. Hay unos vacíos en los ámbitos judiciales que lógicamente nos pertenecen pero si no se gestiona la inclusión, nadie nos llamará. Gracias por su aporte y en especial, gracias los colegas que han expuesto sus investigaciones y al equipo organizador por su incansable labor en favor de la motivación por la participación. Desde ahora espero el próximo congreso. MIL GRACIAS…

  • Cleta Antonia Torres Pérez dice:

    Una ponencia que merece el respeto y agradecimiento al fortalecer y no olvidar esa linea tan delgada de la que pende el psicólogo forense de manera permanente!

    Estos encuentros son los que reorientan y nos ayudan a religar el sentido de una labor tan loable.

    Gracias una vez más por este Congreso!!!

  • Carlos Tunqui dice:

    Sin duda aun se debe incicidir más que entre las acciones legales y las estructuras psicológicas hay una brecha que revictimiza… Será posible trabajar en prevención?

  • Guiomar Bejarano Gerke dice:

    Estimada Stella!! Qué lindo enfoque para considerar a la víctima…. me encantó… gracias.

  • Roxana Vuanello dice:

    Muy iluminador el enfoque que le otorga Stella a este tema, que se encuentra en esa linea delicada del encuentro de la Psicología con el Derecho. Sobre todo en la necesidad del cuidado y la escucha atenta que se debe brindar a la víctima en el proceso que la afecta, espacio en el que como peritos podemos colaborar si se trabaja desde la ética y el compromiso profesional desde el marco de los derechos vulnerados.Felicitaciones!!!

  • stella maris puhl dice:

    Gracias a todos por los comentarios, junto a Gabriela tenemos un postura ética que defenderemos siempre

  • María Gregoria Ramos García dice:

    Gracias por su ponencia

  • ANGELA CRISTINA TAPIAS SALDAÑA dice:

    Respetada Lic. Stella:

    Muy ilustrativo el texto y el caso que en efecto hace pensar en un lugar especial para la víctima.

    Angela T

  • Francisco Maffioletti dice:

    Muy interesante Stella!
    Gracias por aportar esa mirada desde lo ético, como principio generador de nuestras intervenciones.
    En Chile estamos en proceso de revisión del Código Nacional de ética profesional del psicólogo, para incluir, dentro de otros tópicos, aquellos relativos al ejercicio del psicólogo forense.
    Un abrazo!

  • Edita dice:

    Es muy interesante este tema de las victimas y el sisitema judicial,gracias por compartirlo.

  • Edgar Niño dice:

    El enfoque de la temática es considerar a la víctima, gracias por la ponencia

  • Rebeca M de Delgado dice:

    Me parece excelente , el mirar el otro lado de la moneda , por lo general la víctima sale mas lastimada del proceso, por la experiencias que debe vivir completando el protocolo legal

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