FORO DE ANÁLISIS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Psicología social jurídica, derechos humanos radicales de los prisioneros y seguridad pública. Un desafío a los fundamentos de «la ley» y «el orden» penitenciario

MANUEL GALVÁN CASTAÑEDA

8 de abril 2005, Puebla, Pue.

Puebla, Pue., 4 de Abril de 2005

Psicología social jurídica, derechos humanos radicales de los prisioneros y seguridad pública. Un desafío a los fundamentos de la «ley» y el «orden» penitenciario

Manuel Galván Castañeday

A mi hijo Emmanuel, a mi hermano Arturo y a todos los prisioneros del mundo que padecen o han padecido los horrores de una ley injusta por inhumana y de una prisión que, por lustros, se ha creído ciegamente que readapta.

Introducción

«Pero mientras sostengo los derechos del género humano y de la invencible verdad, si pudiese contribuir á salvar de una muerte horrenda, algunas de las desgraciadas víctimas de la tiranía, ó de la ignorancia que es igualmente funesta, las bendiciones y las lágrimas de un solo inocente, vuelto a las sensaciones de alegría y de felicidad, me consolarían del desprecio del resto de los hombres.» (Beccaria, 2004: 6) Las sensibles palabras de este bienhechor de la humanidad son un sugestivo camino a seguir en el desarrollo de este breve ensayo. Se desprende de la cita anterior que sostener los derechos del hombre fundamentándolos en un tipo de conocimiento que consideramos verdadero puede contribuir a la evitación del suplicio y a la búsqueda de la felicidad humana. Las líneas que siguen tratan de seguir este camino tan olvidado, pero en un aspecto muy específico: propondremos algunos derechos humanos de los prisioneros como víctimas del sistema penitenciario. Este trabajo pretende ser el primer esbozo de una contribución más amplia de la psicología social jurídica por nosotros desarrollada al análisis crítico de un problema político-legislativo: la represión de los derechos humanos de los prisioneros y sus consecuencias para la seguridad pública del Estado. Tomaremos como eje central del análisis a la aproximación psicosociojurídica y como ejes periféricos a la aproximación psicosocial de los derechos humanos, las aproximaciones sociológica, histórica y psicojurídica de la prisión, así como a la teoría de las necesidades radicales para esbozar algunos elementos que nos dirijan hacia el esclarecimiento de esta problemática y hacia la construcción social de algunas tesis sobre derechos humanos de los prisioneros como derechos humanos radicales. El desafío que hacemos a «la ley» y «el orden» penitenciario de nuestro Estado es a través de estas iniciativas; es un desafío a favor de los prisioneros expuestos a la falsa ideología de la readaptación social.

Algunas perspectivas críticas de la situación del hombre y sus derechos humanos en la prisión

Doise y Clemense, han propuesto una aproximación psicosocial de los derechos humanos y a estos los definen como «los derechos inalienables los cuales deben beneficiar a cada individuo de nuestra especie independientemente del lugar que ocupe y de la manera en que se comporte en sociedad» (cit. por De Freitas, 2002: 140, subrayado nuestro). Queda claro: nadie puede separarse de los derechos propios de su persona sin importar su posición y su comportamiento en sociedad. Desde una aproximación sociológica se ha formulado que los derechos humanos son históricos pues se troquelan en tiempos y circunstancias, «caracterizadas por las luchas en defensa de nuestras libertades contra viejos poderes y gestados de modo gradual, no de una vez por todas» (Bobbio, cit. en De Freitas, 2002: 140). Esto significa, dada la temática que nos ocupa, que tenemos que asumir nuestro papel histórico en la lucha por construir nuevos derechos humanos de los prisioneros, independientemente de su comportamiento en sociedad, en contra de la prisión como un anquilosado poder que, con la ideología de la readaptación social, vigila y castiga.

En una aproximación sociológica de la prisión como institución total, Goffman la ha definido como «(…) un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente.» (1972: 13). En el esclarecimiento del problema de la situación del interno de las cárceles, el autor nos ha mostrado las características negativas de la prisión (los perjuicios al yo), los efectos perniciosos de la institucionalización sobre las relaciones sociales que el individuo mantenía antes de convertirse en interno («desculturización»)

Foulcault nos ha mostrado magistralmente el origen histórico de la prisión, que ha pasado de una «era de los suplicios al delincuente», en la que el objetivo de la pena es el suplicio al cuerpo del criminal, a una «era de la sobriedad punitiva», en la que el objetivo es «privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y como un bien» (1993:18). En ésta última era, ciertas formas de verdad sobre el delincuente son generadas a partir de prácticas judiciales que se traducen, concretamente, en formas de análisis que el autor denomina «examen» y que nosotros hemos denominado como «formas analíticas intraindividuales» (Galván, 2005: 43). Son los técnicos de la psique, de las «ciencias clínicas» (Foulcault, 1993: 195) del «alma», las que generaron en Occidente «un individualismo racionalista vinculado a un vigoroso sentido del yo» (Porter, 1989: 323) y en el que desde hace más de ciento cincuenta años la psiquiatría, la psicología, antropología y criminología clínicas, juzgan y castigan el «alma» de los delincuentes (Foulcault, 1993: 26). Así, se ha constituido un «complejo científico-legal en el que el poder de castigar toma su apoyo» (Foulcault, cit. por Gergen, 1996: 71, cursivas nuestras). En los mecanismos modernos de la prisión existe «un fondo "supliciante"» en el que la acción sobre el cuerpo de los prisioneros aun no se encuentra suprimida a principios del siglo XXI y que es fundamental para entender muchas violaciones a los derechos humanos de los prisioneros: «Pero un castigo como los trabajos forzados o incluso como la prisión –mera privación de libertad–, no ha funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo que concierne realmente al cuerpo mismo: racionamiento alimenticio, privación sexual, golpes, celda.» (Foulcault, 1993: 23, subrayado nuestro).

La crisis de la «readaptación social» y el «orden» penitenciario: un problema de seguridad pública

En otra parte (Galván, 2004) ya hemos señalado que la seguridad ciudadana se ve conceptualizada en la noción de Seguridad Pública y esta es una obligación del Estado de Derecho, el cual sería una utopía sin aquella: «La seguridad pública es una de las obligaciones ineludibles del Estado y uno de sus fundamentos político ideológicos más importantes. (…) El Estado de derecho no sería concebible, ni posible, sin orden y tranquilidad públicos, es decir, sin seguridad pública.» (Ramírez, 2003: 1).El discurso sobre la seguridad pública tiene dos conceptos importantes: el «sentimiento de inseguridad» y la «necesidad de seguridad» (Gleizal, 1986: 186-190): En sentido restringido, el sentimiento de inseguridad «Estaría constituido por el miedo, la emoción, la exasperación y la angustia colectivas. (…) su principal fundamento objetivo radicaría en el aumento de la criminalidad. (…) La criminalidad que aumenta constituye, para el estado, el contenido de la inseguridad»; pero en sentido amplio incluye otro tipo de violencias entre las que podemos incluir la violencia para vigilar y castigar en la prisión por parte de los funcionarios; la «necesidad de seguridad es la manifestación de una crisis de la sociedad y justifica un incremento del aparato represivo».

Para nosotros, la crisis de la readaptación social del sistema penal y penitenciario, el actual tipo de control de los internos en la prisión, la prisión que desocializa y desculturaliza, la que deshumaniza, la que prisioniza y educa para la delincuencia, la que existe con un fondo supliciante, la que aliena, la que genera rencor social, la que es criminógena, la que expresa injusticia social y consecuencias inhumanas, la que viola sistemáticamente los derechos humanos de los prisioneros, es un problema de seguridad pública. La actual crisis de la readaptación social justificaría, por sí misma, un decremento del aparato represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos de los prisioneros.

Las necesidades radicales: fundamento de los derechos humanos de los prisioneros

¿De qué clase de necesidades partir para la construcción de ciertos derechos humanos de los prisioneros? ¿Qué tipo de prisión necesita la sociedad para que se respeten los derechos humanos de los prisioneros? La teoría de las necesidades radicales nos puede ayuda a aportar algunos elementos de respuesta. Para Marx, la «(…) «necesidad social» es una «necesidad de la sociedad», entendida (…) como sistema de necesidades general, por encima de los individuos y de sus necesidades personales. (…) son «verdaderas» auténticas necesidades de los hombres particulares. (Es una) «necesidad socialmente producida» es sinónimo de necesidad humana, donde «humana» no constituye una categoría de valor.», las «necesidades sociales reales», «las verdaderas necesidades representan las necesidades auténticas, totalmente conscientes (…)» (Heller, 1978: 77-83) Esto es, las necesidades radicales son las necesidades sociales reales, las verdaderamente humanas y se construyen socialmente. Cooper las ha denominado «necesidades de actuar-para ser-diferente, la negación de la negación como una superación hacia otra forma de vida. El nivel de estas necesidades de actuar es cualitativo. Su base es material, su motivación (…) es la toma de conciencia de la persona individual en relación con toda la sociedad.» (1979:54) Estas necesidades se satisfacen socialmente: «los hombres poseen necesidades no sólo producidas socialmente, sino necesidades únicamente susceptibles de satisfacción mediante la creación de instituciones sociales relativas a ellas.» (Heller, 1978: 84) En nuestra época, se ha creído que la satisfacción de la necesidad de readaptación social de quienes infringen la ley penal sólo es posible a través de la prisión como institución adecuada para la «readaptación social» y la «reintegración al seno de la sociedad», sin embargo, en realidad es una institución deshumanizada que está produciendo efectos contrarios a los que promulga su ideología y en el que no es posible la «readaptación social», pues es un medio que desocializa, que priva de las relaciones sociales.

Consideramos que las necesidades radicales pueden ayudarnos a formular tanto una crítica radical al sistema penal y penitenciaio, como una propuesta para entender a los derechos humanos de los prisioneros como derechos humanos radicales. Esto último lo haré ahora desde la visión de la psicología social jurídica.

Psicología social jurídica y derechos humanos radicales

En otra parte (Galván, 2005) hemos definido a la psicología social jurídica como un campo interdisciplinario entre la psicología social («el ser social») y el derecho («el deber ser»), que se encarga de la observación del conflicto entre el sujeto (individuo, grupo) y las normas jurídicas creadas por el Estado que regulan su comportamiento, siempre mediada por la relación del sujeto con el otro sujeto (individuo, grupo) encargado de ejercer control jurídico, cuyo objeto de estudio es la interacción sociojurídica (Ego jurídico – Alter jurídico – Objeto jurídico) en sus procesos psicosociojurídicos (cogniciones y representaciones sociales en un contexto jurídico concreto: creencias, ideologías, estereotipos, prejuicios, etc. Desde la visión psicosociojurídica adoptamos una línea rectora: el comportamiento jurídico es social por naturaleza, pues está constituido fundamentalmente por la interacción (Munné, 1980:119) y las normas jurídicas constituyen «el conjunto de un modelo de interacciones sociales» (Piaget, cit. por Munné, Ibíd.).

Como psicólogos sociales jurídicos que analizamos el sistema penitenciario, nos corresponde observar el conflicto entre los internos de la prisión como institución total y las normas jurídicas creadas en nuestro Estado que regulan su comportamiento, siempre mediado por la relación de los internos con las autoridades del sistema penitenciario (directivos, custodios, consejo técnico interdisciplinario). Situados en este conflicto podemos iniciar una lucha a favor de los derechos humanos de los prisioneros contra el poder de la prisión, partiendo de una pregunta fundamental: ¿qué derechos humanos radicales podemos empezar a construir como una lucha en defensa de las libertades de los prisioneros desafiando, con estas innovaciones e iniciativas, en primer lugar, los fundamentos de «la ley» y «el orden» penitenciario en nuestro Estado y, en segundo lugar, la mentalidad y las prácticas de las autoridades del sistema penitenciario?

Desde una perspectiva psicosociojurídica, entendemos a los derechos humanos radicales de los prisioneros como aquellos derechos que tienen todos los individuos que, independientemente de su comportamiento en sociedad, han sido privados de su libertad por el Estado y que, aún en esta situación de encierro, tienen por objetivo la satisfacción de las necesidades humanas entendidas como necesidades sociales, radicales o necesidades para ser diferente: derecho a una libertad humanizante, derecho a una justicia social, derecho a no ser analizado y tratado intraindividualmente, derecho al tiempo libre, derecho a no ser sometido a procesos alienantes, derecho a una educación en desarrollo moral y en derechos humanos, derecho a no ser privado de su libertad sexual (la prisión atenta contra la libertad sexual), derecho a no ser comido por lo que come, derecho a no ser castigado corporalmente.

Algunos de los fundamentos de «la ley» y «el orden» penitenciario en nuestro Estado que hay que desafiar son la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla/1975 (1997) (LESPL-P) y el Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del Estado/1984 (1997). La mentalidad y las prácticas de las autoridades del sistema penitenciario hacia los internos que deben ser analizadas y transformadas son los estereotipos, las representaciones sociales del delincuente y de sus derechos humanos, las atribuciones de causalidad, la creencia en el mundo justo, las actitudes hacia el castigo, la personalidad autoritaria, etc.

Espero que desde una perspectiva psicosociojurídica podamos avanzar en estas dos líneas de análisis y de intervención. Ahora, iniciemos el desafío al sistema penitenciario de nuestro Estado, proponiendo tres derechos humanos radicales de los prisioneros y agradeciendo no haber nacido en una época en la que, de no ser aceptadas mis iniciativas, habría sido condenado a la pena de muerte.

Derecho a una libertad humanizante y a una justicia social: una libertad para el prisionero en la comunidad de justicia social

«La libertad no es un estado, sino la actividad histórica que crea las formas correspondientes de convivencia humana, es decir, de espacio social»

Karel Kosik

¿Qué tipo de libertad, como derecho humano radical, es posible para los prisioneros en un sistema penitenciario que, se fundamenta en la LESPL-P que tiene por objetivo privar al sujeto de una libertad considerada como un derecho? Retomando el sentido que le da Kosik a la libertad (1962), los daños a la personalidad y a las relaciones que el individuo mantenía antes de convertirse en interno (Goffman), es posible plantear el primer derecho humano radical en la tesis siguiente: todo prisionero tiene derecho a una libertad humanizante, entendida como aquella actividad histórica que construye socialmente las formas correspondientes de convivencia humana. Este tipo de libertad humanizante en la prisión, como valor, tendrá al menos dos objetivos: la reducción o eliminación de la tensión entre el «mundo externo» y el de la prisión (Goffman, 1972: 26), la eliminación de la prisión como institución total de vigilancia y castigo, en la que sigue existiendo un «fondo supliciante» (Faulcault, 1993). Es una forma de libertad de la existencia humana para construir relaciones sociales significativas en una situación en la que la existencia jurídica impone la privación de la libertad como un derecho; es una libertad que humaniza ante la deshumanización de la ley. La prisión ha obligado a los hombres a ceder esa parte de su libertad, pero ahora es necesario que la reclame como algo propio que ni siquiera «la ley» puede violar. «Las relaciones sociales interhumanas son relaciones libres, la humanidad socializada en la libertad domina el reino de la necesidad natural y lo regula, lo controla.» (Heller, 1978: 103)

¿Qué clase de justicia, como derecho humano radical, es deseable para los prisioneros en un sistema penitenciario que cree ciegamente que lo justo es lo que se acomoda a la ley? El derecho de libertad humanizante solo es posible entenderlo en relación con el valor de justicia, que también es histórico: es un valor relacional esencialmente relativo a tiempos y circunstancias (Garrido, 1994: 28). En nuestro tiempo y dada la cotidiana violación a los derechos humanos de los prisioneros en nuestro Estado, se impone que intrínsecamente sea un valor relacionado con la justicia social. Freud entendía la justicia social como una parte del aglutinante que mantiene unidas a las sociedades civilizadas y que la vida en común sólo es posible cuando el poder de la comunidad predomina sobre el poder del individuo (Wallwork, 1994: 283). La justicia social, entonces, se instaura cuando el poder comunitario va más allá del poder del individuo. En este tipo de justicia, hay que considerar a la prisión como comunidad, «como un todo homogéneo, como una unidad, a partir de una visión idealizada (…) poniendo énfasis en la necesidad de transformación social» (De Freitas, 2002: 143, subrayado nuestro). Becaria entendía por justicia «el vínculo necesario para tener unidos los intereses particulares, sin el cual se reducirían al antiguo estado de insociabilidad», y que «Todas las penas que pasan la necesidad de conservar este vínculo son injustas por su naturaleza» (2004: 11). Nosotros entendemos por justicia social aquella que satisface las necesidades humanas, y consideramos que todas las penas que se olvidan de esta necesidad fundamental del hombre son injustas por naturaleza social, es decir, que la privación legal de la libertad de las personas por el Estado es injusta socialmente si no tiene como fin la vida en comunidad, la satisfacción de las necesidades humanas.

Expuesto lo anterior es posible plantear el segundo derecho humano radical en esta tesis: Todo prisionero tiene derecho a una justicia social, entendida como aquella que satisface las necesidades humanas y en la que predomina el poder de la comunidad.

Asumir la justicia social como un valor que supere la deshumanización (Hulsman, 1978), la desadaptación social o «desculturización» en la prisión y la violación sistemática a los derechos humanos de los internos, y comprender que la vida en comunidad es una alternativa de desarrollo y cambio social de las prisiones, nos lleva a proponer un cambio en la ley y en el lenguaje: hacer un cambio profundo de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad/1975 (1997) y del Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del Estado/1984 (1997), para los que propongo los nombres de Ley de Justicia Social y Reglamento Interior para la Comunidad de Justicia Social, respectivamente. Este cambio de sentido solo será posible realizarlo a través de acciones político-legislativas que apunten a transitar de una prisión en la sociedad civil como una «fuerza maléfica» que «mortifica al yo sistemáticamente» (Goffman, 1972: 25) y que tiene un efecto perverso y contraproducente, pues «la subcultura carcelaria produce prisionización y educa para la delincuencia» (Rico, 1997; Verdeguer y De la Fuente, 1998)), por una «fuerza benéfica» que verdaderamente ayude a los internos a satisfacer su necesidad de comunidad (Heller, 1978: 84).

Derecho a no ser analizado intraindividualmente: de los procesos jurídicos intraindividuales a los procesos jurídicos interpersonales

¿Qué tipo de evaluación (análisis) y de tratamiento, como derecho humano radical, es necesario para los prisioneros contra una LESPL-P cuyo «régimen de readaptación social» se basa en el «tratamiento individualizado» por medio de la «clasificación» y que, a su vez, se fundamenta en las obsoletas y deshumanizadas formas analíticas intraindividuales de los técnicos de la psique que, en realidad, constituyen un Consejo Técnico no interdisciplinario? El esquema legal de la intervención penitenciaria en nuestro Estado está en la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla/1975 (1997). En su artículo 2º establece que «El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, procurándose la capacitación para el mismo y la elevación del nivel cultural de los sentenciados a sanción privativa de libertad, como medios para su readaptación social. El régimen de readaptación social se basará en la individualización del tratamiento a que debe ser sometido el recluso sentenciado, en materia de estudio y de trabajo, los cuales serán obligatorios y estarán orientados a modificar las tendencias, inclinaciones y predisposiciones morbosas y antisociales de los reos y a facilitarles la adquisición de conocimientos y aptitudes útiles para su completa reintegración al seno de la sociedad». (LESPL-P, 1997: 55, subrayado nuestro) Con ello, el legislador abate la ejecución penal sobre la readaptación social. Esto es, atribuye al «tratamiento individualizado» una finalidad que canta sus alabanzas a todo el sistema penitenciario: la readaptación social y reintegración al seno de la sociedad. Como falsa que es, la ideología de la readaptación social jamás podrá explicar cómo el tratamiento individualizado podrá «modificar las tendencias, inclinaciones y predisposiciones morbosas y antisociales de los reos» por medio del trabajo y el estudio. Y no lo podrá hacer sencillamente porque, afortunadamente, vivimos en una época en la que ahora sabemos que el delincuente es más un producto de unas pautas de socialización inadecuadas y de la propia ley que crea los delitos, sobre todo el código penal, que un producto de características innatas (Clemente, 1997: 310) que tienen su base en la ideología del determinismo biológico (Lewontin, et al., 1990) Ahí están, por ejemplo, los estudios psicosociales que al mostrar los errores de atribución que cometen los profesionales del sistema penal demuestran el psicologisismo de la ley (Garrido, 1994: 26); y también los estudios psicosociales de la delincuencia que demuestran que no existe una determinación psicológica de la conducta delictiva (Morales y Molero; 1994). Es más, aún los mismos planteamientos del conductismo afirman que sería raro que la conducta delincuente «fuera erradicada por sanciones legales» (Skinner, 1994: 74)

Críticamente podemos observar que la LESPL-P incorpora la idea de readaptación social en tres momentos: en el momento en que ésta pasa por una crisis en el pensamiento penal y penitenciario, en el momento en el que se nos ha invitado a problematizar la «piedra angular del sistema penal actual»: las nociones de «crimen» y «autor» (Hulsman, 1984: 84), y en el momento en el que muchos países plantean su abandono en el marco de sus políticas criminales (Rico, 1997: 312) Se implantó así en la LESPL-P la ideología de la readaptación social y, al parecer, ésta ha modificado significativamente la psicología de las personas (Garrido, 1994: 47) del sistema penal y penitenciario de nuestro Estado.

En su artículo 14, relativo a la clasificación, la LESPL-P establece: «Para la previa clasificación e individualización del tratamiento de sentenciados a sufrir penas privativas de libertad, que se hará con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, considerando sus circunstancias personales, habrá en cada establecimiento penal un CONSEJO TÉCNICO interdisciplinario, con funciones consultivas para la aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de medidas preliberacionales, la concesión de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria y la aplicación de la retención.» (LESPL-P, 1999: 56-57, subrayado nuestro)

Como podemos observar, la LESPL-P incorpora la ideología de la readaptación social por medio del tratamiento individualizado con el auxilio de las «ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto»; y estas son, como cómplices que justifican el tratamiento individualista, nada menos que las llamadas «ciencias clínicas» que observan al prisionero a partir de lo que hemos denominado como formas analíticas intraindividuales que tienen su origen en enfoques disciplinarios individualizadores, psicológicos o intraindividuales que comparten una representación ideológica de la sociedad fragmentada del individuo (Galván, 2005). «Las disciplinas marcan el momento (…) de la individualización. (…) En un régimen disciplinario (…) el poder se vuelve más anónimo y más funciona, aquellos sobre los que se ejerce tienden a estar más fuertemente individualizados; y por vigilancia más que por ceremonias, (…) por medidas comparativas que tienen la "norma" por referencia, (…) por "desviaciones" más que por hechos señalados. (…) Todas las ciencias, análisis o prácticas con raíz "psico" tienen su lugar en los procedimientos de individualización. (…) El individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica» (Foulcault, 1993: 198, subrayado nuestro) Estas disciplinas con sus teorías del yo, que no son más que «definiciones de lo que es ser humano» en las que la psicología «ha modificado significativamente los procedimientos de instrucción legal» (Gergen, 1996: 260).

Sin embargo, desde una perspectiva posmoderna podemos plantear con Gergen que ya es hora de que los sistemas penal y penitenciario pasen de estos procesos jurídicos centrados en los análisis intraindividuales («yo individual») a los procesos jurídicos centrados en los análisis interpersonales («yo relacional»). Desde nuestra perspectiva psicosociojurídica, hemos planteado centrarse en la interacción sociojurídica y en los procesos psicosociojurídicos (Galván, 2005: 93). Para las ciencias sociales está claro que ningún tratamiento individualizado puede generar las pautas adecuadas de socialización y, entonces, seguramente en la prisión se está produciendo en los internos algo totalmente distinto a las pretensiones de la ley.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a formular el tercer derecho humano radical en la tesis siguiente: Todo prisionero tiene derecho a análisis sociales de su comportamiento a partir de perspectivas científicas que privilegien los procesos de interacción social.

En defensa de este derecho humano radical, sería deseable que los profesionales de las ciencias sociales, especialmente aquellas con orientación jurídica (sociología jurídica, antropología jurídica, psicología y psicología social jurídicas, etc.) analizáramos, desde diversas perspectivas, si en las situaciones reales de la vida cotidiana en las prisiones estatales existe o no una cultura de defensa y de respeto de los derechos humanos de los prisioneros y de sus familiares y, una vez demostrada su inexistencia, presentemos proyectos concretos para el establecimiento de esta cultura en la subcultura penitenciaria.

Algunos derechos humanos radicales en perspectiva

No tenemos el espacio suficiente para presentar y desarrollar la iniciativa de otros derechos humanos radicales; así que ahora solamente formularé en perspectiva un grupo de preguntas en las que, al final de cada una, nombraré el derecho humano radical correspondiente para poderlos desarrollar posteriormente.

¿Que clase de educación, como derecho humano radical, es necesaria para los prisioneros en un sistema penitenciario que «produce prisionización y educa para la delincuencia»? Derecho a una educación en desarrollo moral y en derechos humanos. (López, 1999; Montes, 1997)

¿Qué clase de tiempo, como derecho humano radical, es posible para los prisioneros en un sistema penitenciario que lo administra formalmente y en el que predomina el tiempo reprimido, el tiempo de ocio o de aburrimiento? Todo prisionero tiene derecho al tiempo libre. (Heller, 1978; Munné, 2002)

¿Qué forma de humanización o de relación, como derecho humano radical, es necesaria para los prisioneros en una prisión que los somete a la alienación o imbecilización? Todo prisionero tiene derecho a no ser sometido a un proceso de alienación de sí mismo, de los demás hombres y de su trabajo como actividad vital. (Séller, 1978; Schaff. 1979; Cohen 1989)

¿Qué responsabilidad tiene el sistema penal y penitenciario con todo interno que haya sido absuelto en un proceso penal? Estas personas tienen derecho a ser consideradas como víctimas del sistema penal y penitenciario y a que se les repare el daño moral, psicológico, psicosocial, económico y ecológico generado en su desarrollo humano.

Escuchar la voz de los internos: críticos radicales del sistema penitenciario y de la violación a sus derechos humanos

«(…) pero en la sociedad actual es ciertamente deseable que las innovaciones y las iniciativas contesten y desafíen los fundamentos de "la ley" y "el orden". (…) Además, ciertos grupos e individuos por su situación marginal, no pueden menos de ponerlos en cuestión de modo radical. Es, pues, inevitable, que nazcan nuevos problemas y surjan nuevos actores sociales, estableciendo nuevos proyectos y nuevas formas de acción, para defender sus derechos a una existencia plena e íntegra.» Serge Moscovici

Esta última cita nos inspira dos últimas reflexiones en torno a nuestra problemática. Si el presente análisis teórico tiene algo de crítico, ello se debe a que también es un análisis semiempírico que intenta rescatar nuestro conocimiento directo de la realidad del sistema penitenciario, así como las aportaciones de algunos internos que por su situación marginal y desde su posición de anonimato han contribuido conmigo a cuestionar de modo radical los fundamentos de «la ley» y «el orden» penitenciario en nuestro Estado, para poder defender y generar propuestas de nuevos derechos humanos. Mi gratitud y mi solidaridad para ellos.

Sin embargo, lamentamos –más lo lamentan y lo padecen los internos– que la CNDH y la CEDH-Puebla, que han convocado a este Foro, no hayan generado las estrategias necesarias para que, directa o indirectamente, fueran los internos quienes nos hicieran ver las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos en su vida cotidiana; pues son solamente ellos quienes verdaderamente pueden cuestionar de modo radical si las comisiones están cumpliendo o no con las funciones para la que fueron creadas. Recientemente un interno nos expresó:

«Llevo aquí ocho años y aquí los derechos humanos no existen y sabes porqué, porque los de la cárcel y los de derechos humanos son lo mismo. Tengo muchas cosas que decir pero ¿no se sabrá mi nombre verdad? Aquí es muy delicado hablar de todo esto porque nada más te están vigilando y si me ven haciendo esto me castigan, y no puedo preguntarles a otros internos porque aquí todo mundo te traiciona. (…) No es confiable el organismo de los derechos humanos porque los internos no nos atrevemos a denunciar a las autoridades que están a cargo de nuestra supuesta readaptación, ya que las autoridades son hasta más corruptas que los internos, no tienen moral ni principios. Cómo exigir la readaptación si ellos carecen de ética profesional y personal; y así es en los diferentes CERESOS, cómo se va uno a readaptar, si hay tráfico de drogas, maltrato a la visita, violencia, no hay apoyo para trabajar, para realmente estudiar; lo hay, pero al hay se va. El interno es tratado como un delincuente, humillado, presionado, y por ello el interno crea mucho rencor. No se dan cuenta que es un ser humano que a través de los años a perdido todo, familia, economía, y aún así lo siguen pisoteando, bloqueando el acceso a su familia y poniendo un montón de requisitos».

Si en algo se escucha esta voz crítica, ambas comisiones podrán ver con buenos ojos el convocar a un Foro interno de derechos humanos de los prisioneros en su vida cotidiana y el crear un Programa intrainstitucional para la investigación de violación a los derechos humanos de los internos. Este último tendría como objetivo principal coadyuvar en la instauración en la subcultura penitenciaria de una verdadera cultura de respeto y defensa de los derechos humanos de los prisioneros y si estos son radicales mejor para ellos y para toda la sociedad.

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