HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA Y SUS CAMPOS DE APLICACIÓN EN COLOMBIA

Catalina Caballero

Alejandra Prada

La psicología jurídica es tal vez uno de los campos de aplicación de más reciente aparición, difundida en algunos países de Europa (Inglaterra, España, entre otros), en América del Norte y un poco en América Latina, principalmente en argentina y muy insipientemente en Colombia (Vargas y Beltrán, 1993).

La psicología jurídica es definida como aquel sector de la psicología orientado a aplicar el conocimiento científico y los métodos de la psicología surgidos en el sistema jurídico penal (policía, juzgados tribunales e instituciones, correccionales para infractores, cárceles e instituciones para menores). Tal como lo reporta Jiménez Burrillo (1986), las relaciones entre la psicología y el derecho no han sido fáciles, posiblemente no muy deseadas, y cuando se han dado, éstas han estado cargadas de recelo, estereotipo y actitudes negativas entre los profesionales de estas dos disciplinas. Esta situación a contribuido, entre otras cosas, a que se haya dado poco desarrollo y posibilidades de crear "un cuerpo sistematizado de conocimientos aplicados a la ciencia o a la técnica jurídica" (Muños, Báyes y Munné, 1980).

Estos autores presenta, además, las posibles causas que han contribuido a este atraso. Un caparazón de abogados para recibir y aceptar aportes de otras disciplinas; además, éstos están alejados del método científico y de las preocupaciones antropológicas; un experto psicologismo que los ha inducido a suponer que poseen habilidades innatas en la técnica psicológica, lo cual los lleva a rechaza una psicología que no se ajusta a sus creencias, pues no consideran que necesitan de una psicología especial; por ultimo, la poca cantidad de aplicaciones llevadas con éxito que ha tenido la psicología científica hasta épocas recientes, principalmente en la rama psicosociológica, lo que no a permitido un acercamiento entre estas dos disciplinas.

Muñoz et al (1980) dan una explicación a esto: la psicología se movía anteriormente en corrientes poco claras, creando un vacío que permitió el desarrollo de una cultura psicológica de los juristas, la cual a quedado en muchos libros de derecho, y aun se mantienen.

Pero el panorama no es tan desolador: son varios los intentos para buscar los acercamientos, ya sea por iniciativas de carácter científico, o por simples preocupaciones. Giñazú y Loizo (1982) comentan:

Garrido (1982) dice que hubo que esperar hasta el siglo XIX para que en la psicología jurídica se le dedicara tiempo y esfuerzo de parte de los psicólogos de la época.

Por otra parte, Jiménez Burillo (1986), comenta que se pueden discriminar convenientemente cuatro periodos en la historia de la psicología jurídica: el primero comprendido entre el comienzo del siglo XX, hasta finales de los años 20. Así, hacia 1900 aparecen publicaciones de autores como Stern y Munsterberg (1907), los cuales concentran sus escritos más en aspectos relacionados con los procesos psicológicos del testimonio, y Bose (1917) y Briw (1926), quienes se refieren a procesos de memoria, testimonio y a la psicología del delito.

Un segundo período, que va hasta la época de los años 50, se caracteriza por "la aparición de trabajos, monografías, de la psicología legal". Mc Carty (1929) y Robinsón (1929) son ejemplos de ellos. El primero publicó Psicología para Juristas, y el segundo escribió alegatos a favor de la utilidad de la psicología para el derecho y viceversa, lo que hizo que recibiera ataques de los juristas. Además, está época hay una aplicación de la psicología a los diversos procesos legales, y como consecuencia, el surgimiento de una fuerte critica a las decisiones de los tribunales apoyadas en informes psicológicos. También se encuentra el artículo de Hutchian y Slesinger (1929), quienes dijeron que los jueces y jurados hacen supuestos acerca del comportamiento de la persona. Además, solicitaron en sus conclusiones que se diera el acercamiento entre el derecho y la psicología (Jiménez Burillo, 1986).

Entre los años 40 y 50 se dieron algunos trabajos acerca del testimonio, delito y simulaciones de decisión del de jurados, los cuales no tuvieron un impacto legal importante.

En el tercer periodo, y durante la década de los años 50, siguen apareciendo un aumento de publicaciones relevantes, con aportes a la psicología clínica y social en campos referidos a "trastornos mentales, la influencia de la publicidad sobre las causas antes de celebrarse el juicio y los problemas derivados de la segregación racial y los derechos civiles", trayendo como resultado nuevamente la resistencia de los abogados.

En el cuarto y ultimo periodo, 1970 hasta el presente, se ha presentado un aumento de publicaciones, tanto en libros como revistas. Según Tapp (1976),son 199 publicaciones incluyendo cursos y conferencias. El área de derecho penal ha generado mayor interés, así como los procesos de socialización legal (Vargas y Beltrán, 1993).

Con respecto a Latinoamérica, se conoce que en Argentina, en 1959, el profesor Plácido Alberto Horas creó la cátedra de la psicología jurídica en la facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Cuyo, la cual en la actualidad se ha convertido en un área de especialización en pregrado.

En Colombia, en 1976, Reinaldo Giñazú organizó la especialidad en la Facultad de Psicología en la Universidad de san Buenaventura de Medellín, y un año y medio después, con Mercedes Loizo, en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia (Bogotá) impulsando por el entonces decano José Antonio Sánchez (Vargas y Beltrán, 1993).

En esta última universidad, hasta el año de 1982, se trabajó en dicha área con seminarios electivos en los cuales se veían elementos tales como derecho penal y civil, escuelas psicológicas que explican la conducta criminal, la relación entre psicología y derecho, y sus ciencia auxiliares. Estos temas se trabajaban en séptimo y octavo semestre, y en noveno y décimo de hacia una profundización en temas como el rol del psicólogo, peritaje psicológico, agresión y violencia, tratamiento del delincuente (menor y adulto) y criminología, además de las prácticas en cárceles, penitenciarías y en el instituto de Medicina Legal (Vargas y Beltrán, 1993).

Desde 1982 se incluye en el vitae, como otra introducción a un campo de profesionalización de la psicología, en octavo semestre; para noveno y décimo se llevan a cabo seminarios de profundización en algunos de los temas antes mencionados, tales como: psicología del testimonio, confesión e interrogación, tratamiento penitenciario, entre otros. En el momento se tienen practicantes en la Reclusión Nacional de Mujeres y en la Cárcel Nacional Modelo (Vargas y Beltrán, 1993).

En 1980 se firmo un convenio entre la Facultad de Psicología, a través de su área jurídica, y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de impulsar el sistema penal colombiano. Dicho convenio se ratificó y se renovó hasta el año 1985. se dejó de hacer debido a los cambios administrativos en la Facultad (Vargas y Beltrán, 1993).

En cuanto a los egresados, se puede comentar una experiencia que se considera un peldaño en el proceso de crecimiento de la psicología jurídica: un grupo de exalumnos incursionaron en el campo jurídico, organizando y ejecutando programas de capacitación de magistrados de la rama penal, civil y aduanera, en lo concerniente a la selección de jueces. Igualmente, llevaron a cabo programas de capacitación con jueces de menores y familia en lo que respecta a la indagatoria y al papel del defensor de menores desde una perspectiva psicológica. Estos programas los realizaron apoyados y controlados por el Ministerio de Justicia en su rama judicial. Vale la pena aclarar que estos programas se llevaron a cabo en todo el país. Se iniciaron en 1990 y se tiene proyectado continuar con el programa (Vargas y Beltrán, 1993).

Como ya se a dicho, el desarrollo del psicólogo jurídico es relativamente reciente en el medio colombiano; por lo tanto el sistema legal no a tenido la ocasión de incorporar todas las posibles contribuciones que este profesional estaría en la capacidad de aportar a las actividades propias y relacionadas con la administración de justicia (Vargas y Beltrán, 1993).

Pero es de anotar que éste no es el único campo. El investigativo está por hacerse, aunque se ha despertado en los últimos años un interés por explorar grupos o autores del sistema legal, desde una perspectiva clínica, más que jurídica o social. Estas aproximaciones se encuentran en tesis de grado realizadas en diferentes facultades de psicología en la ciudad de Bogota (Vargas y Beltrán, 1993).

Campos de la Aplicación de la Psicología Jurídica.

El delimitar un campo de acción para la psicología jurídica es una tarea que a primera vista no implica demasiado esfuerzo, pues, aparentemente, el universo legal es restringido exclusivamente a la norma escrita y su interpretación. Tal afirmación podría hacerse desde un punto de vista meramente jurídico – forma, siendo tal realidad diferente. Mergargee (1982), Citado por Jiménez y Díaz(1986), esquematiza la tarea del psicólogo jurídico en tres áreas básicas: evaluación, tratamiento, y entrenamiento dirigidos a los autores en el escenario legal: organismos de seguridad de Estado, tribunales, sistemas penitenciarios, victimas y ciudadanía en general.

Los autores del presente trabajo opinan que el termino tratamiento es restrictivo, por lo que prefieren el de intervención, que tienen connotaciones más amplias e incluye el tratamiento.

La función evaluativa no se limita a la aplicación de tests, tal como la afirma Jiménez y Díaz (1986), sino que se extiende a establecer, entre otros, perfiles de policías y guardianes; en los tribunales, a evaluar la confiabilidad y validez del testimonio u del dictamen sobre imputabilidad o inimputabilidad del sindicado, al igual que la conducta de los jurados en cuanto a la toma de decisiones; presión de grupo y otros procesos psicosociales. En la penitenciaria, la evaluación se debería centra en la clasificación de los sindicados y condenados, orientado a futuras intervenciones con fines resocializadores. En cuanto a la victima, puede evaluarse la extensión del daño psicológico causado por el hecho delictivo; a su vez, se puede evaluar las actitudes del publico hacia el sistema judicial en general, con miras a general un cambio a este respecto (Vargas y Beltrán, 1993).

En el tratamiento, el trabajo se encamina hacia la aplicación de programas de rehabilitación o resocialización para imputables e inimputables; a remediar problemas psicosomáticos y conductuales presentes en el personal implicado en la represión y tratamiento de los delincuentes, y a la realización de psicoterapias a victimas y damnificados del delito (Vargas y Beltrán, 1993).

La intervención del psicólogo es indispensable para el entrenamientos de policías y guardianes en cuanto al manejo de situaciones tales como las manifestaciones y motines y, por supuesto, del estrés causado en estos. Igualmente es necesario diseñar técnicas de interrogatorio para investigadores con el fin de evitar violaciones a los derechos humanos, y técnicas de entrevista a jueces para la recepción de la indagatoria y testimonios (Vargas y Beltrán, 1993).

En el ámbito penal colombiano, la investigación del psicólogo se a centrado en la aplicación de pruebas destinados a servir de apoyo a peritajes legales realizados por psiquiatras forenses; en el tratamiento o prevención terciaria de la delincuencia sólo de han hecho esfuerzos aislados y esporádicos. Así, por ejemplo, Calero y Ortiz (1984), desde una perspectiva comportamental, modificaron la conducta de un grupo de jóvenes entre 17 y 19 años de edad, institucionalizados en un establecimiento carcelario; y más recientemente Palomino, Ríos y Samudio (1991) trataron a un grupo de reclusas de tenidas en la Reclusión Nacional de Mujeres, siguiendo la corriente existencialista y de acuerdo con la metodología de proyecto de vida. Tales esfuerzos no se han traducido en programas concretos y permanentes en el tiempo, que generen alternativas efectivas de tratamiento penitenciario (Vargas y Beltrán, 1993).

Pero en concepto de autores, la intervención debe iniciarse antes de la institucionalización de los individuos cuyos comportamientos pueden ser considerados como delictivos, actuando a través de la prevención primaria y secundaria. Las acciones de prevención primaria estarían centradas en aquellas zonas que por sus características de todo orden presenten una alta probabilidad de generar índices significativos de delincuencia. En tal sentido, la Oficina de Estudios Socio jurídicos y de Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia, ha comenzado un trabajo interdisciplinario en el sector de Bogota (Vargas y Beltrán, 1993).

En cuanto al nivel secundario, en nuestro país no se ha llevado a cabo ninguna acción, pero de podría aprovechar la experiencia de otras latitudes tales como las citadas por Del Pozo (1986), entre las cuales se encuentra el PICA-PREP y el Hunt School Program, que reportan resultados halagadores (Vargas y Beltrán, 1993).

 

Conclusión

El campo de la psicología jurídica en Colombia aun esta en proceso de nacimiento y requiere para su consolidación resultados positivos, ya no esfuerzos aislados y de corta duración, sino programas permanentes que aporten datos de utilidad científica y programática para la compresión y control de conductas de consecuencias jurídico – sociales cuyo daño afecta a la nación entera.

Referencias Bibliográficas

Aniyar de Castro, L. (1977). Criminología de la reacción social. Maracaibo,

Venezuela: Universidad de Zulia.

Bergalli, R., Bustos, J. y Millares, T. (1982). El pensamiento criminológico

I. Bogota: Temis.

Calero, B. I, y Ortiz, A. (1984). Incremento del retardo de la obtención de

recompensas como sistema para modificar el comportamiento

delictivo juvenil. Revista latinoamericana de psicología, 16, 25 – 38.

David, P. (1979). Estructura social y criminología. Maracaibo, Venezuela:

Universidad del Zulía.

Del Pozo, N. (1986). Alternativas psicológicas sociales al encarcelamiento.

En Jiménez Burdillo, F. Y Díaz, C. M (eds). Psicología social y sistema penal. Madrid: Alianza editorial.

García, M. C. (1985). Principales teorías sociológicas de la criminalidad.

Bogota: Manuscrito inédito.

Garrido, V. (1985). Psicología del tratamiento penitenciario: una

aproximación. Madrid: Edersa.

Giñazu, R. Y Loizo, m. (1982) la psicología jurídica. Bogota: manuscrito

inédito.

Jiménez Burillo, F. Y Díaz, C. M. (eds). (1986). Psicología social y sistema

penal. Madrid: alianza Editorial.

Kaiser, N. (1979). Criminología. Una introducción hacia sus fundamentos

científicos. Madrir: Alianza Editorial.

Medenik, S., Moffitt, T., Gabrielli, J. Hutchigs, B. (1986). Genetic factors in

criminal behavior: A review. En D. Olwreus, J. Block y M. Radke Yarrow. (eds). Development of Antisocial and Prosocial Behavior. Orlando: Academic Press.

Muños Sabáte, Li., Bayes, R. Y Munné, F. (1980). Introducción a la

psicología jurídica. México: Trillas.

Orellano, o. (1974). Manual de criminología. México: Porrúa.

 

Palomino, M. L Ríos, G. H. Y Samudio Días, J. (1991). Proyecto de vida y

rehabilitación para delincuentes. Revista Latinoamericana de psicología , 32, 71 – 85.

Salazar, J. M., Motero, M., Muños, C. Sánchez, E., Santoro, E., y Villegas,

J. (1979). Psicología social. México: Trillas.

Salasar, P., y Backman, C. (1982). Psicología social. México: McGraw –

Hill.

Taylor, I., Walton, P, y Young, J. (1982). La nueva criminología crítica.

Buenos aires: Amorrortu.

Yates, A. J. (1977). Terapia del comportamiento. México.: Trillas.

Ardila, A., Ardila, R., Arias, G., Bejarano, G., Beltrán, J. E., Burgos, R.,

Cruz, J. E., Dulcey-Ruiz, E., Escobar, L., Fonseca, G., Giraldo, B., Giraldo, O., Gutiérrez, G., Guzmán, M., López, W., Mankeliuna, M., Martínez, I., Nieto, R. E., Opina, H., Pérez, A., Rodríguez, W., Díaz, J. S., Urdaneta, O., Vargas, N. M., y Velásquez, M. T. (1993). Psicología en Colombia, contexto social e histórico. Bogota: TM editores.

Anexo.

Entrevista a la doctora Sandra Parra.

El día 10 de octubre a las 8.30 PM la doctora Sandra Parra egresada de la universidad Católica nos atendió y nos brindo la información que se presentará a continuación sobre la historia de la psicología jurídica en Colombia, universidades en las cuales se presenta esta área de la psicología y los sitios posibles para realizar la practica profesional.

La doctora Sandra Parra nos comenta que el auge de psicología jurídica se presenta principalmente en Latinoamérica en el país de Argentina y partir de los estudios realizados, En la década comprendida entre los años 70 y 80 las organizaciones colombianas reconocen la presentación de algunos problemas que llevan al doctor Lugo Placido a realizar seminarios selectivos sobre los temas psicológicos relacionados con los procesos jurídicos de nuestro país.

En el año 1972 el doctor Horacio y la doctora Mercedes comienzan a realizar una serie de seminarios de profundización en el área de la psicología jurídica en la universidad San Buenaventura de Medellín.

A pesar de los esfuerzos realizados durante todo este tiempo, en los años 1983 y 1984 hay un estancamiento en los procesos que se adelantaban, una característica de esta etapa es el sierre de la cátedra de la psicología jurídica en la universidad Católica a causa de el cambio del decano de esta facultad.

Los primeros modelos empleados en Colombia sobre psicología jurídica salen de las cárceles Modelo y Nacional en el año de 1993.

Como podemos ver no existe mucha información sobre la historia de la psicología jurídica en Colombia, pero esto no significa que las universidades no hayan reconocido la necesidad de presentar esta área dentro de sus pensul, por medio de cátedras o como seminario, por ejemplo en la universidad Santo Tomas presenta una practica en criminología, en la Universidad Nacional se presenta una cátedra que combina la psicología Social con la política, la cátedra de la universidad Los Andes se basa en la psicología política y existe la oportunidad de realizar la practica en la fiscalia, en la universidad El Bosque se presenta cátedra de psicología jurídica, realizada por la doctora Ángela Tapias egresada de la universidad Nacional, en la universidad Sabana se presenta un seminario electivo.

Las instituciones en donde se pueden realizar las practicas universitarias son: instituciones de menores, defensoria del pueblo, IMPEC, fiscalia, Unidad de vida, Antisecuestro y sala de atención a la victima entre otros.

Como conclusión a esta entrevista podemos decir que las áreas de trabajo de la psicología jurídica requieren de mucha exigencia por la magnitud de los problemas que se presentan, y los colombianos debemos empezar a escribir una historia basada en investigación científica que nos brinde la oportunidad de prestar los mejores servicios posibles.