VICTIMOLOGÍA Y ACCIDENTES DE TRANSITO

ROLANDO MARTIN REICH

La Argentina ostenta, lamentablemente, una de las más alta tasas de accidentes, provocados por el tránsito, del mundo. Esto se traduce en un luctuosa cifra de mutilados, tullidos y fallecidos, con su secuela de familias destruidas por los daños físicos, afectivos, emocionales, psíquicos y económicos.

Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, la cifra de muertos en accidentes de tránsito durante el año 2004 se elevaba a 7137, cifra que incluye a los fallecidos dentro de los treinta días posteriores.

La misma entidad, señalaba, en base a datos referidos al año 2001, que además de haber fallecido unas 20 personas por día, resultaron más de 120.000 heridos anuales de distinto grado, así como cuantiosas pérdidas materiales, que se estimaron en unos 10.000 millones de dólares anuales. Una verdadera pandemia.

No obstante lo extenso y grave del problema, poco es lo que se realiza, tanto en materia de prevención como de paliativo o reparación de los daños sufridos por la víctimas.

Las consecuencias dañosas, consisten en homicidios o lesiones de diversa consideración, punibles penalmente o no. La gran cantidad de casos ha impedido en muchos casos, la retaliación pública contra el autor, colapsando el sistema punitivo, por lo que gran cantidad de estos delitos ni siquiera resultan materia de proceso completo.

Trataremos, en principio de exponer algunas definiciones básicas:

VICTIMOLOGÍA: Es la disciplina criminológica que estudia el papel que la víctima desempeña con relación al delito y las consecuencias que el delito ocasiona en las mismas.

VÍCTIMAS: Aquellas personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños físicos o psíquicos, sufrimiento emocional, pérdidas financieras, patrimoniales o menoscabo en sus derechos fundamentales como persona, todo ello independientemente de que la Justicia juzgue o no al delincuente o de la relación entre víctima y agresor, incluidos los abusos de poder. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

VICTIMOGÉNESIS: Consiste en los estudios que tratan de delimitar los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objeto de delitos. Se trata de analizar la conducta de las víctimas que pudieran tener relación causal con un incremento del riesgo de jugar ese rol.

LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 establece que las victimas, sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico deberían contar con los siguientes derechos

1) Contar con un adecuado acceso a la a la justicia y a un trato justo Implicando ello que las víctimas han de ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad.

Deberían tener derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido.

Los procedimientos deberían ser expeditos, justos, poco costosos y accesibles, debiendo informarse a las víctimas de sus derechos, para obtener reparación mediante esos mecanismos.

Debería prestarse asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial, minimizando sus molestias, protegiendo su intimidad y garantizando su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

Deberían, asimismo, evitarse demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

Deberían utilizarse mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.

2) En cuanto al resarcimiento , los delincuentes o los terceros responsables de su conducta, deberían resarcir equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Este resarcimiento debería comprender la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

3) Respecto de la indemnización, cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados deberían indemnizar financieramente:

a las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;

y a la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.

4) Se debería fomentar el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas.

En cuanto a la asistencia, las víctimas deberían recibir la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.

Debería informarse a las víctimas, de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos..

A tal fin debería proporcionarse al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.

Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se debería prestar atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos .

NIVELES DE VICTIMIZACIÓN

Comúnmente se diferencia entre victimización primaria, secundaria y terciaria, conceptos estos que hemos de adecuar a nuestro criterio y la problemática específica que aquí se trata: Se consideran actualmente la posibilidad de que se produzcan otros grados de victimización.

VICTIMIZACIÓN PRIMARIA:

La víctima es, en estos casos, sujeto pasivo de un accidente de tránsito. Generalmente, pero no en forma excluyente esto es tipificado como un delito culposo. El damnificado sufre una experiencia personal que le acarrea consecuencias psicológicas (ansiedad, angustia, abatimiento, miedo a que se repita, culpabilidad, etc.), además de las físicas, económicas y las relacionadas con su entorno social.

Ante esta experiencia individual, la sociedad adopta diferentes actitudes que gradúan desde la indiferencia a la identificación. Confluyen sentimientos de indignación, miedo desprecio, culpabilización, negación, etc. No resulta común una respuesta solidaria.

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA:

Engloba la relación y experiencia personal de la víctima con el sistema policial y judicial. Las víctimas tienen una nueva experiencia que puede llegar a ser más cruel que la victimización primaria, cuando las instituciones que deberían protegerla no la comprenden, no la escuchan, le hacen perder el tiempo, el dinero e incluso pueden sentirse acusadas (Ser imputadas de estar bajo los efectos del alcohol, de descuidar a sus hijos menores ante la muerte de estos y aun de simular el hecho dañoso o le adjudicar daños no producidos en el hecho al mismo).

La victimización secundaría en materia de victimas de accidentes de tránsito no reconoce antecedentes legislativos nacionales o internacionales como en el caso de la victimas de otros actos violentos. En la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una conocida tragedia en una "disco", se dictó una norma para otorgar subsidios a las víctimas.

VICTIMIZACIÓN TERCIARIA: La victimización terciaria sería aquella padecida por la persona, ante la falta de asistencia social de las de los organismos de la red social estatal, (Hospitales, servicios de salud mental, servicios de asistencia social etc.), así como de las Entidades Aseguradoras Privadas, quienes no cumplen siquiera con las mínimas normas que se han dictado en materia de prevención de esta victimización. Tales como el art 68 de la ley 24449 cuyo propósito era que las víctimas de accidentes de tránsito, antes de que se discutiera sobre quien recae la responsabilidad, debían ser asistidas médicamente (debería agregarse psicológicamente), sin perjuicios de las acciones que correspondieran para la reparación "ad integrum". Lamentablemente la norma dejo librada esta cobertura de seguro, a la reglamentación a efectuar por el Poder Ejecutivo, a través de un organismo autónomo, como lo es la Superintendencia de Seguros de la Nación, la que redujo estas prestaciones a su mínima expresión. Esta falta de respuesta de la sociedad mediante sus mecanismos de prevención, genera una profunda sensación de desamparo.

Además de los niveles precedentes, algunos organismos vinculados a la atención de víctimas de delitos han comenzado a identificar dos niveles más de victimización, producidos ya no en la figura de la víctima directa, sino en actores diversos. Así se refiere la existencia de un cuarto nivel de victimización padecida indirectamente por las personas que rodean a la víctima, como la pareja y los hijos, los familiares y amigos, que tienen que modificar sus comportamientos para brindar apoyo que ayude a la superación psicológica del evento sucedido. Y por último una victimización de quinto nivel padecida por los profesionales que trabajan para la administración de justicia, como jueces, fiscales, abogados, peritos, etc.

FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO FORENSE ANTE LA VICTIMA

¿Qué puede hacerse desde el punto de vista de la victimología en particular, como disciplina integrada, y desde el campo de la psicología en particular?

Comúnmente se recurre al psicólogo forense en función pública como una apelación a un "supuesto saber" referido a determinar cuales han sido las "consecuencias psíquicas" del "hecho traumático". Además del aspecto burocrático y de una descripción semiológica el psicólogo debería cumplir, a nuestro criterio, otras funciones

Ante todo, debe cumplir una función de contención tendiente ayudar a tramitar adecuadamente los sentimientos emergentes tales como, angustia, ansiedad, desasosiego, miedo, desamparo, pena. Se entiende que se trata de una intervención muy acotada y en un proceso agudo.

Una segunda función es de orientación en materia de atención en general y en particular psicológica, para lo que convine estar adecuadamente informado de los recursos estatales tanto a nivel local como nacional, tanto público como privado de carácter asistencial comunitario, y las medios de contacto. Ello permitirá una ademada derivación y no un "sacarse de encima" un problema.

La intervención precoz en materia de traumas físicos o perdidas importantes facilitara el proceso del duelo, evitando cronificaciones y duelos patológicos.

La experiencia indica que duelos no atendidos adecuadamente provocan consecuencias letales tanto del orden psíquico como físico. La orientación, aunque sea someramente, deberí,a abarcar los derechos que asisten a la victima en cuanto requerir la atención de los medios institucionales y aun privado tales como aseguradoras y administradoras de riesgos del trabajo, obras sociales, etc.

La tercera función es la de protección, obviamente en la medida de lo posible, interviniendo en cuanto fuera de su incumbencia de forma de minimizar, en el proceso judicial, las molestias causadas a la víctimas, proteger su intimidad, y propender a que se garantice su seguridad así como las de su familiares. Especialmente contra toda acto de intimidación o amenaza de represalias.

Una cuarta función será la de control de la evolución de la victima. Esto implica establecer, en el marco de las posibilidades de la función que desarrolle el Psicólogo mecanismos de comunicación con el o los afectados de forma que pueda evaluarse la evolución de las respuestas de los organismos que componen la red de atención, social, el sistema judicial y las del propio afectado ante la atención.

Una quinta función, si se desea contribuir con la Victimología, es la investigación. Este campo es sumamente importante, no solo para determinar las consecuencias derivadas de la victimización sea esta primaria secundaria o terciaria, sino fundamentalmente para establecer cuales son los factores que determinan que algunas personas sean mas propensas a resultar víctimas que otras, si es que ello es así, en la materia específica que nos ocupa.

Una sexta función sería la de promoción por lo medios que se disponga de la adopción de medidas por parte del Estado y de los particulares, de medidas tendientes a disminuir las causa de victimización en todo orden.

[1] http://www.luchemos.org.ar/espa/mapa0004.htm

[2] http://www.luchemos.org.ar/espa/emundo.htm

[3]  Capitulo II del libro: "La Victima", (2004) de Jorge Nuñez de Arco. Paginas: 27 a 32.  Editorial: Proyecto Sucre Ciudad Universitaria. Sucre Bolivia. ISBN: 99905-0-447-6

[4]  Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985

[5] Ante diversas situaciones los Estados de la U.E, han reconocido esta victimización secundaria se han visto obligados a reparar sus deficiencias protectoras de la sociedad por lo que han legislado diferentes recomendaciones y leyes dirigidas a las víctimas de delitos graves: muerte, lesiones corporales, daños a la salud física y mental y a las personas más inmunes a esos ataques: niños, mujeres, ancianos.

Podemos citar la recomendación de 1.985 del Consejo de Europa sobre- trato policial a la víctima - ayudas materiales a las que tiene derecho - interrogatorio cuidadoso y considerado.etc.

En España el Real Decreto. 673/1992 de 19 de junio y Real Decreto 1.879/1.994 de 16 de septiembre. - resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y acciones terroristas.

La Leu Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre - protección de testigos y peritos en causas criminales.

La ley Orgánica 35/1995 de 11 de diciembre - ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. E

[6] En el orden nacional, puede citarse el reciente otorgamiento de un subsidio a las personas afectadas por la tragedia de un local bailable conocido como “República de Cromagnon” en la que fallecieron o resultaron con graves daños físicos y psíquicos un gran número de personas, pero ínfimo en relación a las víctimas de accidentes de tránsito. Resulta sugestivos los fundamentos de la exposición de motivos  de la que podemos recortar: “.. una vez superada la emergencia y a los fines de coadyuvar en el proceso de recuperación integral de las personas afectadas por los hechos ocurridos en el local "República de Cromagnon", resulta necesario implementar una segunda etapa en las acciones de asistencia a través de los recursos disponibles en las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”

“Que resulta oportuno, en el marco de las referidas acciones, brindar ayuda material directa, de carácter excepcional, a las víctimas que en la actualidad se encuentran en situación de vulnerabilidad, entendida ésta como el desequilibrio e indefensión que experimentan los individuos en sus condiciones de vida como consecuencia del impacto provocado por algún evento traumático y que les impide continuar o retomar sus tareas habituales;”

“...entre la población afectada, debe considerarse que aquellos que sufrieron la pérdida de un familiar directo se encuentran atravesando un período de duelo cuyas consecuencias pueden derivar en momentos de extrañamiento, estados de depresión y pérdida del sentido de la vida que requieren de instancias apropiadas de contención y elaboración;”

“..esta ayuda se sustenta en el principio de solidaridad social, en el convencimiento de que el Estado debe atender situaciones como la aquí referida sin que ello implique asumir responsabilidad material sobre los hechos acaecidos;”

.”..para contribuir a la recuperación integral de las víctimas la asistencia económica debe coordinarse con el conjunto de acciones vigentes que prevé el mencionado Programa, tales como la atención médica, la contención psicológica y la asistencia social a las que resulta necesario acompañar con un seguimiento integral de los afectados..”

[7] ley 24449 -articulo 68.-seguro obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no.

 

Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

 

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del ARTICULO 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.

 

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del ARTICULO 66 inciso a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.

 

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.

 

Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago.

 

La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia del seguro.

Sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 23 de diciembre de 1994. Promulgado por Decreto 179/95.

 

Bs. As. 6/2/95 

[8] Cynthia Gajani Rospide.  La Psicología Jurídica En Chile . En Psicología Jurídica Org. 2006