CARACTERÍSTICAS PSICO SOCIALES DE LA POBLACIÓN DE PENADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL VENEZOLANA

 

GERALDINE HENRÍQUEZ BILBAO

 

Licenciada en Psicología, egresada de la Escuela de Psicología, Opción Psicología Clínica Dinámica, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.

Especialista en Psicopatología Clínica, Facultad de Evaluación y Tratamiento Psicológico, Universidad de Barcelona, Campus Vall d´Hebrons, Cataluña, España.

Psicóloga / Delegada de Prueba adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, Dirección Nacional de Reinserción Social, Centro de Tratamiento Comunitario "Miguel A. Blanco Guerra", Maturín, Estado Monagas, Región Oriental, República Bolivariana de Venezuela.

Psicóloga Coordinación de Desarrollo Estudiantil, Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez", Maturín, Estado Monagas, Región Oriental, República Bolivariana de Venezuela.

 

Agradecimientos muy especiales a la Dra. Angela Tapias por su invitación a participar en tan significativo evento, el cual sin duda permitirá el desarrollo de nuestra disciplina y enriquecerá la discusión de alto nivel entre participantes y autor@s.

 

"...esta conciencia de la importancia de los demás es suficiente para proporcionarme una base absoluta, unos cimientos inmutables para un comportamiento ético..."

U. Eco

 

El presente escrito forma parte de un proyecto de investigación que se inicia y cuyo objetivo último es elaboración de Perfiles Psicológicos en base a los delitos cometidos por la población de penad@s de la Región Oriental Venezolana. Es decir, se pretende lograr encontrar un conjunto de características comunes en sujetos sentenciad@s por los delitos de: a) Distribución/tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, b) Delitos Sexuales, c) Homicidio Intencional/calificado y d) Robo/hurto.

 

Esta investigación se ha dividido en varias etapas, siendo la primera la correspondiente a la caracterización psicosocial de la población venezolana, específicamente la oriental y explorar sus elementos criminógenos y pro-sociales con el fin de obtener una representación de esta realidad, en un marco psicojurídico e histórico-cultural. De eso se trata la presente reseña, de una exploración de las características más resaltantes de la población venezolana y de la población venezolana transgresora de Oriente, para trazar posteriormente, tanto un perfil como líneas de acción para mejorar las condiciones psicosociales de est@s sujetos.

 

Todo ello tiene su punto de partida en la praxis cotidiana, en mi quehacer día a día con la población transgresora oriental venezolana, quien se aprecia en creciente nivel de peligrosidad, con mayores índices de reincidencia delictual, menos adaptada a regímenes alternativos de cumplimiento de pena en prisión. En mi rutina laboral es frecuente la discusión sobre la revocatoria de medidas de pre-libertad (MPL), sobre el aumento de los niveles de supervisión a un caso, en fín, el/la supervisor/a conductual de un/a penado/a en pre-libertad (denominado/a Delegad@ de Prueba, similar rol al de l@s Oficiales de Probación de otros países), pasa parte de su tiempo productivo preguntándose cómo evitar la reincidencia de sus casos y con qué herramientas, si las que ha empleado con anterioridad ya no le dan resultado, asunto que viene sucediendo en los últimos años.

 

Al mismo tiempo, la in-seguridad ciudadana nos está haciendo quedar entre los 5 países mas violentos de América (según cifras recientes de una encuestadora estadounidense), por lo que el llamado a investigar no solo me llega desde la necesidad de actualización profesional y de comprensión de los hechos psicojurídicos y de la conducta humana desplegada en estos espacios, sino de la responsabilidad que como ciudadana mantengo dentro de mi contexto social.

 

En otro sentido, a pesar de las múltiples objeciones que pueden dirigirse hacia las clasificaciones clínicas de carácter descriptivo (no etiológicos ni dinámicos), éstas se han empleado con dos fines primordiales: el diagnóstico y la valoración clínica. La generalización en el ámbito psicopatológico puede traer consigo estigmatizaciones sociales, dificultades a la hora de la elaboración de instrumentos psicométricos (especialmente aquellos cuyo fin último es la etiología, el pronóstico o el tratamiento de una conducta), inconsistencias categoriales y debilitamiento de la postura clínica idiográfica. Sin embargo, al aproximarse a un conjunto de características en sujetos que constituyen una población a estudiar, la utilidad de la clasificación y de la descripción de fenómenos psicosociales comprensibles, lo cual facilita así mismo el desarrollo de la disciplina psicológica. Reconocer entonces conductas, síntomas, etiología, prognosis o tratamiento, ayudará a la comprensión de dimensiones comunes o diferentes dentro de un conjunto de personas que se encuentran en condiciones similares (internas o externas).

 

Las clasificaciones oficiales en el campo de la salud mental, es decir, los grupos diagnósticos de los sistemas DSM y CIE han permitido uniformizar el laborioso trabajo de la clasificación psicopatológica a nivel mundial, con suficientes niveles de confiabilidad y validez. Sin embargo, al tratarse de grupos humanos minoritarios o circunscritos a determinadas subculturas o micro-contextos sociales los sistemas de clasificación tradicionales pierden agudeza en la valoración clínica de los fenómenos que puedan observarse en estas poblaciones.

 

Es por ello, por lo que el presente trabajo pretende extraer las características psicosociales más resaltantes de la población penal masculina de la región oriental venezolana, a fin de contrastar esta descripción de datos con los sistemas clasificatorios internacionalmente aceptados, con interpretaciones clínicas y sociales de carácter etiológico y para iniciar el camino hacia la comprensión de la conducta transgresora de esta población.

 

Este primer encuentro con el material a investigar me permite ubicar los límites de acción y compartir con l@s lector@s mi preocupación por la problemática de la conducta transgresora y las consecuencias de que ella sea percibida como incontenible en un medio social dado.

 

Finalmente, el problema que empiezo a plantear está dirigido a explorar las características psicosociales de la población de penados de la Región Oriental venezolana a fin de conocer las categorías en las que pueden clasificarse los sujetos transgresores de esta zona del país y qué indicios arroja esta clasificación para inferir probabilidades de cambio conductual (hacia el polo pro-social), la incidencia de esta problemática en la seguridad ciudadana y más allá de esto, su impacto en la construcción responsable de una sociedad.

 

 

PARTE I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA CONTEMPORÁNEA

 

1) Marco Histórico Psicosocial

 

Mucho se ha investigado en el área social en relación a las características del/de la venezolan@ promedio (si es que esa categoría puede ser delimitada). Desde Herrera Luque hasta Gerbasi, desde F. Rísquez hasta J.M. Salazar, se ha intentado describir y explicar la conducta del/de la venezolan@ dentro de su marco social.

 

Uno de los autores que mejor ha descrito la conducta del/de la venezolan@ en su medio social contemporáneo, especialmente en el campo de la salud mental es Nelson Álvarez (1993), quien desde los años ‘90 avisoró una crisis del comportamiento basándose en dos aspectos: el primero, la desvinculación o falta de sentido de pertenencia de l@s sujetos venezolan@s a su país o nación y el segundo, la débil formación moral y pérdida creciente de interés por la norma. Pareciera entonces y en base a los datos procesados en este trabajo que visiones socio-históricas pesimistas en relación a la conducta del/de la venezolan@ a inicios del Siglo XXI, han mostrado una realidad, en lo que compete a la formación ciudadana (Essenfeld, 1997).

 

En cuanto la socialización en la familia, escuela, iglesia, nos permite acceder a un discurso moral del deber ser, estas mismas instituciones nos muestran un discurso paralelo de una moral pública permisiva, de la in-seguridad, de la desconfianza, finalmente de la impunidad frente a la trasgresión normativa, lo que convierte al/a la venezolan@ promedio en un/a transgresor/a potencial de la norma (como toda persona pudiera serlo en determinado momento), solo que en un contexto no sancionador (Salazar, 1997). Si, tal como expone Martín Baró (1986), el individuo en sociedad va adquiriendo el rasgo "respeto" a lo largo de su desarrollo moral, pudiendo así alcanzar valores de justicia, libertad, convirtiéndose entonces en un ser con habilidades pro-sociales, centrándose cada vez menos en la autosatisfacción inmediata de sus necesidades para lograr una identidad y una madurez sociales, es posible, por ende, comprender la afirmación de Salazar (1997) en cuanto a la debilidad de la identidad nacional venezolana.

 

Visto así, y acompañado de la creciente crisis socio-económica, del incremento de drogas estimulantes en el mercado del tráfico de estupefacientes, dadas las características de la familia popular venezolana actual y del subsiguiente deterioro en la calidad de vida del/de la ciudadan@ común, se entiende el incremento en los niveles de transgresión a la ley o comisión de delitos, mientras aumenta el umbral de tolerancia a la violencia (Montero, 1997).

 

Mi cuestionamiento, luego de explorar los elementos anteriores, apunta hacia si es esta sociedad la que deseamos construir.

 

2) Algunas Características Psicosociales de riesgo en la Población Venezolana

 

Motivación: entendida como el proceso que permite guiar, dirigir y estimular al ser humano hacia una meta, Esqueda Torres (1987) explica que l@s venezolan@s parecían haber interpretado las condiciones ambientales favorables (clima, tierra, etc.) por el lado mas inadecuado, impulsándose al mantenimiento de la motivación de logro en su mas mínima expresión, sustituyéndola por otras motivaciones sociales como la de competir por el poder y la afiliación. Esto trae como consecuencia una energía vital disminuida en ocasiones en que se exigen esfuerzos intelectuales o desarrollo personal para alcanzar las metas; se toleran con facilidad "pequeñas faltas normativas" que son percibidas como parte de eventos de la vida cotidiana; suelen interrumpirse las planificaciones a mediano o largo plazo y en general se habitúa a una suerte de cultura de la pobreza.

Esta cultura de la pobreza corresponde con la teorización de Lewis (1966), caracterizada por una orientación temporal hacia el presente, un nivel organizativo muy bajo entre los participantes de esta cultura y la presencia sistemática a nivel individual de las expectativas de fracaso, fatalismo y dependencia. Aportes recientes de Romero García (1.981 y siguientes) amplían los hallazgos anteriores, especificando que el origen de tales características es psicosocial, que se pueden ubicar en todos los estratos sociales y que por su génesis social aprendida, son susceptibles de cambio. Esta línea de investigación acerca de la motivación en la población venezolana, se ha consolidado en el Laboratorio de Psicología de la Universidad de los Andes, manteniéndose hasta la fecha el perfil antes descrito. Recientes análisis a este respecto, sugieren que un aumento en la productividad, basada en un modelo de calidad, aunado a la adquisición de herramientas de retroalimentación dirigidas a evaluar nuestra conducta y la generalización de los cambios individuales hacia el colectivo constituyen un conjunto de elementos que facilitarían modificaciones positivas en el perfil motivacional del/de la venezolan@.

 

Violencia: como en todas las sociedades humanas, la violencia está presente en la dinámica del/de la venezolan@. La diferencia se encuentra en el ciclo reproductor que la mantiene activa. Según de Vries, de Vries, Peraza, Hernández y Parra (2000), el/la venezolan@ mantiene una psicología de supervivencia, donde la sublimación de los estímulos agresivos no se produce con facilidad, manteniéndose un funcionamiento egocéntrico y débil de normas. Entre víctima y victimari@, se consolida un ciclo de violencia y resentimiento que no cesa sino que aumenta con el tiempo, en una lucha por el poder y el reconocimiento del mas fuerte. Esta característica que parece muy simple en su descripción, representa un obstáculo para el ejercicio de la justicia, debido a que se dificulta la sublimación de la violencia y esta queda entretejida en la representación social del sentido de justicia.

La Familia Popular Venezolana: según Moreno (1996), la familia venezolana posee características que la identifican, entre ellas:

 

-Es matricentrada,

-Uniparental,

-Con ausencia del padre o falta de protagonismo del mismo en la crianza de l@s hij@s,

-Con ausencia frecuente de cuidador@s adult@s,

-Con debilidad normativa,

-Con vínculos intermiembr@s difusos.

 

Tal como es señalado en la literatura especializada, la familia popular venezolana sin duda ha solucionado sus problemas de forma más exitosa de lo que se cree, dadas las condiciones de las mismas. Sin embargo, el efecto de las características antes señaladas sobre la formación ciudadana es creciente y desfavorable, facilitando la emergencia de situaciones de riesgo durante el desarrollo de l@s niñ@s, que socialmente se encuentran en contextos con niveles de violencia importantes. Quizás esto esté influyendo en el descenso del nivel de edad para la comisión de delitos, no ya en colaboración con adult@s, sino como protagonistas de los hechos. Investigaciones recientes de Pironti y Henríquez (2001), señalan que, sin distinción de sexo, en el Estado Anzoátegui (Región Oriental) hay un inicio promedio en actuaciones delictivas entre adolescentes transgresor@s de 11.5 años E.C., abarcando un rango desde los 9 hasta los 14 años.

 

Si, como lo señala el Dr. Sánchez Gracia (2003), la impunidad es una de las causas de la violencia y del resentimiento social, y siendo aquélla una percepción subjetiva producto de la exposición del/de la sujeto a situaciones maltratantes o discriminatorias frente a un hecho que requiere del ejercicio de la administración de justicia por parte de los entes encargados de ello, el brindar atención especializada solo a agresor@s, dejando fuera a las víctimas de delitos es, entonces, una posible fuente de violencia.

 

Dadas las altas cifras de comisión de delitos y de denuncias por impunidad en nuestro país, la atención a víctimas-victimari@s se convierte en un asunto de salud pública y de alta prioridad de Estado. L@s profesionales que estamos vinculad@s al área psicojurídica somos por ende l@s llamad@s a intervenir, sobre todo como preventor@s.

 

3) Acerca de la Región Oriental

 

Abarca los Estados Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y Nueva Esparta, caracterizándose este último por estar ubicado en la zona insular, mientras el resto se distribuye en costas y llanos, en su mayoría con un clima cálido-húmedo, donde las actividades económicas relevantes varían significativamente desde las dedicadas eminentemente a la actividad de extracción (petrolera o minera) hasta las pesqueras y comerciales-turísticas.

De la idiosincrasia del/de la oriental resalta su extraversión y jocosidad, siendo dad@s a participar en las diferentes actividades festivas y lúdicas de invite y azar, donde resulta frecuente la ingesta etílica, lo que parece influir en la tolerancia a esta sustancia, de inicio temprano en el consumo; igualmente ocurre con el ejercicio de la función sexual y la incursión en el mundo laboral, actividades a las que se incorpora durante la adolescencia o antes.

 

PARTE II. LA POBLACIÓN PENAL VENEZOLANA

Situación Jurídica

 

A partir de la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 1999), se instituye formalmente el cambio de paradigma en el ámbito judicial-penal venezolano, dejando atrás un modelo punitivo, represivo y coercitivo, para dar paso a una posición centrada en el ejercicio de derechos, por ende, en el desarrollo humano.

 

Este cambio paradigmático extrapolado de otra realidad geográfica se implanta en el país sin que para ese momento existiera la debida formación teórico-práctica en los actores públicos, ni la adecuada divulgación e información, el antagonismo de posiciones frente a situaciones legales similares, la no debida asunción de los roles previstos, así como por la dificultad de introyección y consiguiente ejercicio de un comportamiento y funcionamiento correspondiente a la visión filosófica del paradigma emergente. Así, cada región del país asumió "estilos" diferenciales a la hora de hacer justicia, partiendo de lecturas particulares y subjetivas de las nuevas directrices legales.

 

Situación Penitenciaria

 

a. Del Tratamiento Penitenciario:

 

-El ideal: partiendo de que la comisión de un hecho punible es parte del repertorio conductual del sujeto y surge a partir de una historia de conflicto, entonces la privación de libertad como consecuencia de la comisión del delito puede ser vista como una situación conflictiva más en la historia de vida de quien lleva a cabo esta acción. Es decir, el delito -y sus consecuencias- es un problema a analizar e idealmente resolver. El primer paso para solucionar un problema es identificarlo y reconocer su existencia (concientización), convirtiéndose este momento en el primer indicador de cambio o de disposición al cambio conductual.

Se insistirá en que este proceso debe ser facilitado y monitoreado por especialistas del ámbito psicosocial, ya que el cambio de conducta y actitudes hacia valores pro-sociales representan el eje fundamental del cumplimiento de la pena y del objetivo de la privación de libertad (y no esta última en sí misma), dado que el castigo no es garantía de integración social o de intención de resarcir daño alguno provocado por el/la penad@. Como ideal del sistema penitenciario se intenta brindar una propuesta que permita dar el primer paso hacia el abandono de criterios sanitarios, médicos o correctivos sobre el origen de la conducta apartada de la norma social y centrar el proceso de intervención en el pensamiento, a través de la adquisición voluntaria, individual y progresiva de destrezas cognoscitivas mínimas para vincularse de manera efectiva y competente con los grupos sociales significativos. Esto quiere decir que se tomaría como medida de progresividad conductual la evolución de cada sujeto en las áreas o actividades propuestas (intramuros y en Pre-libertad), de acuerdo a criterios cognoscitivos-conductuales como la capacidad de abstracción, el estilo de solución de problemas, el nivel de pensamiento, la internalidad, la capacidad de flexibilidad cognoscitiva, la capacidad crítica y el autocontrol emocional. Todos estos criterios (que son a su vez destrezas psico-sociales) son categorías a evaluarse desde la primera etapa del proceso de cambio, intentando que el/la sujeto haya incursionado en un mínimo de variabilidad conductual respecto a ellas. Lo importante no sería tanto si el/la penad@ realiza un cambio cuantitativamente significativo o repentino, sino que se hayan generado discretas modificaciones subjetivas en las categorías antes descritas (en una o varias), demostrable por cada miembr@ del equipo multidisciplinario del recinto carcelario y luego, por el/la Delegad@ de Prueba (Oficial de Probación o de Libertad Condicional) supervisor/a.

 

Para establecer la comparación conductual desde el estado inicial hasta etapas ulteriores del tratamiento penitenciario es necesaria la clasificación inicial del/de la sujeto al ingresar al centro de reclusión correspondiente, una vez penad@. Es conveniente distinguir entre ubicación y clasificación. Si bien la primera alude al ambiente físico exclusivamente, partiendo de una clasificación básica, a lo que se hace referencia cuando se plantea el término clasificación como punto de partida de la evaluación de la progresividad, es al contacto inicial y directo entre el/la profesional penitenciari@ y el/la intern@, momento en el cual se explorarán los criterios antes mencionados. Esto permitiría, en un encuentro sucesivo, comparar el estado de evolución conductual.

 

Posteriormente a que el/la sujeto incursione en modificaciones respecto a las destrezas cognoscitivas de la primera etapa de tratamiento, el equipo de Medidas de Pre-libertad (MPL) podría entonces realizar la selección de aspirantes, ya que los criterios de selección corresponden a las mismas destrezas previamente trabajadas durante la reclusión. Si el sujeto ha realizado cambios significativos en la primera etapa, podrá modificar las destrezas sociales de la segunda etapa, momento que no necesariamente debe efectuarse dentro del recinto carcelario, ya que bien pudiera monitorearse bajo alguna MPL o alternativa al cumplimiento de pena, correspondiendo la función de facilitación y monitoreo al/a la Delegad@ de prueba tratante de la UTASP (Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario) correspondiente.

 

El proceso de evaluación conductual abarca desde la primera exploración, pasa por los sucesivos monitoreos y reuniones entre l@s miembr@s del equipo multidisciplinario intramuros hasta la evaluación para la postulación o postergación del reo a alguna MPL.

 

Si luego de la evaluación psico-social practicada por el equipo del Centro de Evaluación y Diagnóstico (CED), el pronóstico conductual es favorable, el/la penad@ podrá proseguir hacia la MPL correspondiente. De lo contrario, ambos equipos deberán reunirse a fín de compartir experiencias y el equipo del CED deberá recomendar aspectos específicos para el tratamiento intramuros en miras a una futura reevaluación. A esta fase correspondería la primera retroalimentación del sistema, ya que no hay un tope preconcebido en el tratamiento y siempre existen aspectos a ser superados o estimulados.

 

-Realidad de las instituciones de cumplimiento de pena en régimen cerrado: en la región oriental venezolana existen 6 internados judiciales y un centro penitenciario, cada uno de los cuales está gerenciado por un Director, quien coordina las labores del personal adscrito a dichas dependencias, el cual básicamente está conformado por secretarias, un administrador, personal de custodia y de mantenimiento, algunos de los cuales no cuentan con la debida clasificación para ejercer los cargos asignados. Los centros de reclusión orientales no cuentan con un equipo multidisciplinario de tratamiento, en algunos casos se cuenta con un médico o enfermero/a y con un/a asesor/a jurídico/a, siendo más escasa la presencia de un/a trabajador/a social, cuyo nivel de instrucción formal no supera el medio.

 

En cuanto a las infraestructuras, las instalaciones construidas hace mas de veinte años, no han recibido el adecuado mantenimiento y no cuentan con todos los servicios básicos (agua, luz, aseo, espacios para el deporte, para los comedores, etc), lo cual ha deteriorado la calidad de los ambientes de coexistencia, generando problemas de higiene, hacinamiento y contaminación ambiental.

 

Así como se observa la carencia de equipos multidisciplinarios de tratamiento, asimismo tampoco existen planes de intervención suficientemente organizados o dirigidos a la población existente en dichos centros. No hay por tanto, un modelo de intervención inscrito en el marco legal actual, sustentado en sólidas bases teórico-prácticas de las disciplinas psico-jurídicas sociales y criminológicas, dirigido a la clasificación, identificación, diagnóstico o atención de las problemáticas psicosociales de los individuos penados o de la propia dinámica institucional.

 

b.- Medidas de Pre-libertad: en Venezuela, las personas que son penadas por la ley al haber cometido un delito tipificado en los Códigos y Leyes vigentes, pueden acceder a Medidas de Pre-libertad (MPL) o Alternativas al cumplimiento de pena en prisión, siempre que cumplan los requisitos legales exigidos para ello.

 

Debido a la exigencia de Evaluación Psicosocial (EPS), señalada en el Código Orgánico Procesal Penal (2001), para la obtención de alguna MPL, y basado en la experiencia de 23 años de servicio en el área, el Ministerio del Interior y Justicia designa para la realización de tales estudios a l@s Trabajador@s Sociales y Psicólog@s de los equipos evaluadores y de los Centros de Evaluación y Diagnóstico (CED) adscritos a la División de Medidas de Pre-libertad a nivel nacional, quienes realizan la denominada selección de penad@s aspirantes a MPL.

 

En estos casos, concluir con un pronóstico conductual FAVORABLE o DESFAVORABLE, no solo dependerá de que el/la sujeto se acople o no a los criterios de selección empleados por est@s profesionales durante la exploración psicosocial, sino de variables ambientales, del medio social inmediato (prisión o libertad provisional) y del contexto social de procedencia (rural, urbano, sub-urbano; marginalidad, etc.); de características de personalidad e historia previa del/de la sujeto y de su ajuste a las primeras etapas de lo que se ha declarado como SISTEMA PENITENCIARIO, que incluye el "Tratamiento Intramuros". Como en nuestra realidad no existe tratamiento carcelario alguno, estos equipos deben remitirse a los criterios de selección, revisión de documentos y entrevistas de campo, incluso abarcando aspectos de evaluación que deberían ser cubiertos por el equipo intramuros.

 

Dado que las fases del Tratamiento Penitenciario en Venezuela son diluidas por la participación de múltiples agentes encargados de co-administrar justicia, a quienes no siempre les queda claro el proceso de tratamiento penitenciario, su sentido y consecuencias; debido a que en la práctica se ha observado falta de continuidad entre las distintas etapas del "Tratamiento Penitenciario", se hace necesario reorganizar el ideal y convertirlo en realidad.

 

c.- El Equipo Multidisciplinario: un equipo multidisciplinario es un grupo de profesionales de distintas disciplinas que comparten en sus labores un objetivo global común, desde actividades y metodologías propias de su especialidad, tomando en consideración las necesidades y estado actual del objetivo a lograr.

 

3. Características Psico-sociales de la Población de Penados de la Región Oriental Venezolana

 

a) Descripción de la Población:

 

La población penal masculina de la región oriental venezolana está conformada por 5002 hombres cuyas edades oscilan entre 19 y 65 años, procedentes de los Estados Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Todos ellos sentenciados por las Leyes Venezolanas, por la comisión de al menos un delito, tipificado según el Código Penal Venezolano. De ellos, 2002 se encuentran en alguna MPL y el resto en regímenes cerrados.

 

La muestra estudiada consta de 510 sujetos seleccionados de manera intencional, del sexo masculino, con edades entre 19 y 52 años de E.C., 130 procedentes de MPL y el resto de centros de reclusión, todos de nacionalidad venezolana.

Los siguientes son resultados promediados o globalizados a partir del análisis de datos de la muestra estudiada:

Edad: 27.6 años E.C.

Sexo: M

Nacionalidad: Venezolana

Lugar de nacimiento: Región Oriental

Lugar de procedencia: Medio sub-urbano

Religión: Católico no-practicante

N.S.E. estimado: Medio-Bajo

Nivel de instrucción: Primaria incompleta

Estado civil: S (la mayoría en concubinato)

Profesión/oficio previamente a la sentencia: Obrero no calificado/Comercio informal

Oficio luego de la sentencia: Manualidades (en prisión)/Obrero (en Pre-libertad)

Tiempo en prisión: 4.8 años

Situación legal actual: Penados (sentenciados) 63% en prisión/37% en Pre-libertad

Delito: Robo/hurto 42%; Homicidio/lesiones 28%; Delitos sexuales 25%; Otros 5%

Tiempo de Pena: 10.3 años

Reincidencia delictual: Primarios 32%/Reincidentes o por varios delitos 68%

Antecedentes policiales: SÍ

Revocado M.P.L. anteriormente: Un 9%

Convivencia previa a prisión: Con familia primaria o parte de ella

Cometió el delito: Solo 44%/Acompañado 56%

Redención de pena por trabajo y estudio: Sí

N° de informes de conducta: Buena 87%/Mala 63%

Expedientes: incompletos o inadecuadamente llevados

Consumo de drogas: Sí

Porte de armas: Sí

Comisión de delitos intramuros: Ninguno probado

Poco o nulo tratamiento rehabilitador intramuros, solo reciben tratamiento en pre-libertad

Trabajo o estudio irregular o poco ajustado a la noción de productividad: 65%

Violencia: 77%

Hábitos de sobrevivencia: 83%

Condiciones higiénicas inadecuadas: 98%

Irregular y desbalanceada alimentación: 97%

Ocio: 77%

Nivel intelectual estimado: Limítrofe

Nivel de desarrollo moral: Pre-convencional-convencional

Rasgos de personalidad: Antisociales/Paranoides

Estilo cognitivo: Rígido y estereotipado

Control emocional: Pobre

Afectividad: Lábil o poco resonante

Pensamiento: Egocentrista

Juicio: Debilitado

Consciencia de problemáticas psicosociales: No

Autovaloración: Baja

Motivación: al Poder

Disposición al cambio conductual: Poco (Egosintonía respecto a los rasgos antisociales)

Lenguaje: Parco/Coloquial

Orientación: En tres planos, excepto quienes están en prisión que están mayoritariamente desorientados en tiempo

Memoria: Debilitada

Sensopercepción: Conservada

Psicomotricidad: Pobre coordinación visomotriz/Torpeza en movimientos finos

Autodefinición: No perciben en sí defectos o elementos a cambiar

Relaciones interpersonales: Conflictivas o superficiales

Capacidad de empatía: Pobre

Relación ante la norma y a autoridad: Poca tolerancia e inconformidad

Proyecto de vida: Esbozado/No elaborado

Prácticas religiosas, cultos, pensamiento mágico, etc.: Religión Evangélica/Pensamiento mágico

Antecedentes de maltrato: Sí

Antecedentes de consumo de drogas/alcohol: Sí

Tolerancia a frustraciones: Poca

Postergación de gratificaciones: Poca

Solución de problemas y toma de decisiones: Inmediatista/facilista

Sentimientos de pertenencia y referencia: Superficialidad para con grupos familiares y tendencia a adherirse a grupos de conducta transgresora o a seguir un líder

Impulsividad: Sí

Nivel de funcionamiento psíquico: Dificultad de adaptación

Relaciones objetales: Conflictivas y poco nutritivas

Manejo de la ansiedad: Inadecuado

Mecanismos de defensa: Poco efectivos/debilidad yóica/primitivos

Estructura de personalidad: Neurótica

Funcionamiento Superyóico: Permisivo

DOC (Bender): Sí (leve)

Mentira patológica y manipulación: 85%

Hábitos de juego: 66%

Asunción de roles sociales: Poco compromiso

Necesidad de sobrestimulación: Sí

Capacidad de liderazgo-dependencia: Líderes 22%/Dependientes 80%

Prisionalización: Solo los penados presos 87%

Visión de futuro: Escasa

Calidad de vida: Pobre

Historia de inestabilidad psicosocial: Sí

Constitución familiar: Uniparental, matricentrada

Instauración normativa en el hogar: Inestable

Antecedentes patológicos familiares: 56% han tenido familiares incursos en delitos

Adaptabilidad a ambientes novedosos : Escasa

Percepción social: Distorsión de estímulos

 

PARTE III. ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES

 

La clasificación de un grupo de delincuentes, de transgresor@s, de pres@s, etc. es una tarea harto difícil, ya que de cada un@ podría sin duda abrirse una nueva categoría y con ella descubrir un sinnúmero de comportamientos de significación clínica y psicojurídica. También es posible encontrar características comunes en subgrupos que permitan explicar ciertos fenómenos que se dan en sujetos con historias similares. En parte, dadas las características de la población venezolana, específicamente de la población transgresora (penad@s), las conductas de ésta no terminan de ajustarse satisfactoriamente a la clasificación funcionalista (Tipo DSM ó CIE), ya que existe un gran número de sujetos cuya historia delictiva se inicia en etapa prepuberal y continúa hasta la edad adulta, diversificando su repertorio conductual transgresor, sin que estas conductas puedan categorizarse como con un trastorno de personalidad antisocial, como tampoco son explicables por un comportamiento antisocial de adulto.

Por ello, se ha decidido seleccionar una clasificación propia de la psicología criminológica, derivada del Modelo de Lykken (1995) a partir del cual se dividió en categorías a l@s sujetos transgresor@s según las características del hecho punible. Esta clasificación parte de catalogar la conducta transgresora como producto de la interacción entre factores etiológicos predisponentes y el ambiente donde el/la sujeto se desarrolle. El Modelo "diátesis/desarrollo" de Lykken considera a la conducta antisocial como una función multiplicativa de las proclividades o tendencias antisociales (tendencia a la conducta delictiva) al interactuar con agentes protectores o facilitadores del ambiente inmediato. Por lo tanto, la delincuencia y la criminalidad serán el resultado de la interacción de l@s factores genéticos y de las experiencias tempranas (sociales y principalmente habilidades de crianza paterno-maternas).

Lykken propone entonces, que es el comportamiento delictivo es producto de una predisposición que se desarrolla en un ambiente propicio para ello. Esta concepción no se contrapone a posiciones teóricas dinámicas o psicoanalíticas contemporáneas, ya que estas presuponen que los comportamientos criminales se asocian a la internalización de la ley paterna a partir de las primeras experiencias y las relaciones objetales derivadas.

 

Lykken agrega que el rasgo "responsabilidad" es el opuesto al rasgo "impulso delictivo", variando ambos situacionalmente y de un/a sujeto a otr@s. Variables como control de la impulsividad, temor al castigo, culpa ante el error y nivel de restrictividad externa pueden ser variables que generen en un/a sujeto tendencia al autocontrol, mientras que lo contrario puede hacerle sentir un pluss de energía o excitabilidad que le lleve a cometer actuaciones no permitidas socialmente.

 

Como puede observarse, el papel otorgado a la socialización es primordial. Un/a niñ@ cuya socialización derive en búsqueda de sensaciones, escaso temor al peligro, alo-agresividad, dureza emocional, rigidez cognoscitiva, tendencia a manipular en situaciones en las que siente ha sido "descubierto" e impulsividad, posee mayor probabilidad de desarrollar conductas transgresoras de adult@, ya que se convierten en factores de riesgo. Los factores de protección que menciona Lykken como determinantes son la calidad de la supervisión de l@s cuidador@s, los agentes de contención externos, el acceso a instituciones socializadoras formales y los valores y competencias sociales que los padres y las madres puedan brindarles.

 

3. Bien se podría decir que la muestra estudiada es clasificable en 5 categorías:

 

-Sujetos con trastorno antisocial de la personalidad

-Sujetos de comportamiento antisocial de adulto

-Sujetos con un funcionamiento antisocial desde la edad prepuberal hasta la etapa adulta

-Agresores sexuales

-Delincuencia organizada

 

TPA

CAA

FA

AS

DO

15%

20%

35%

25%

5%

 

Clasificación I

Estos cinco renglones pueden bien ser incluidos en la categorización acuñada por Lykken de la siguiente forma:

 

-Delincuentes psicológicamente normales: se trata de personas primarias, sin trayectoria delictiva, cuyas razones para involucrarse en el delito tienen relación con situaciones concretas, sin intencionalidad de daño a terceros y con fines individualistas (por dinero, por solucionar un problema fácilmente, por probar fuerza, etc.).

 

-Personalidades antisociales: incluye el grueso de la población transgresora e incluye a los trastornos de personalidad, al comportamiento antisocial del adulto y otros renglones asociados a factores etiológicos.

a) Incompetentes sociales: suelen ser varones jóvenes con alguna trayectoria delictiva y cuyo proceso de socialización activara los factores de riesgo.

 

a.1) Delincuente subcultural: sus características son, un pobre control normativo durante su desarrollo vital, una estructura social atávica, poca consciencia del otro, débil perspectivas de futuro, inmediatismo en la solución de problemas, con motivación al poder.

a.2) Delincuente alienado: su característica básica es el fallo en la empatía y debilidad y superficialidad en los lazos afectivos.

a.3) Delincuente agresivo: son sujetos que han aprendido a disfrutar dañando, con alta motivación al poder.

a.4) Delincuente disocial: son sujetos psicológicamente normales cuya falla consiste en adherirse fielmente a grupos de comportamiento transgresor, tomando sus reglas, frecuentemente antitéticas respecto a las socialmente convenidas.

b) Personalidad psicopática: lo mas cercano al TPA, cuya predominancia etiológica es de índole endógena, mas que ambiental.

b.1) Psicópata Temperamental: sujetos cuya socialización ha sido ajustada a lo esperado, mas su deterioro orgánico le ha llevado a la pérdida de control impulsivo.

b.2) Psicópata Primario: son sujetos que naturalizan un tipo de delito en el cual se incluyen como protagonistas, sin razones lógicas para ello. Su historia presenta conflictos intermitentes en la socialización. Poseen motivación al poder y hacia su propia conveniencia, el castigo no les es eficaz para emprender cambios conductuales, sus síntomas son egosintónicos, su indiferencia a la moral convencional puede estar enmascarada por éxito bajo la apariencia de conformidad social.

b.3) Psicópata Secundario: es agresivo, impulsivo, con conflictos en sus procesos de socialización, pero a la vez intravertido, reservado, propenso a la ansiedad frente a ambientes sobre-exigentes, que le son frecuentes dada su búsqueda de sensaciones y situaciones de riesgo.

b.4) Psicópata Carismático: con características similares al primario, presenta gran encanto y capacidad de manipulación, suelen ser hábiles verbalmente, a veces inteligentes, con alta motivación al poder y al control, son indiferentes al afecto y viven situaciones borderline.

c) Personalidad Antisocial de carácter neurótico: pueden tener un superyo lacunario, tienden a desplegar conductas pulsionales y repetirlas en la búsqueda de castigos, actúan por necesidad de reconocimiento, son inmaduros emocionalmente, tienden a la hipervigilancia y son más vulnerables que el promedio ante factores de riesgo.

 

-Delincuentes psicóticos: con padecimiento psicopatológico psicótico, cometen delitos bajo crisis.

 

DPN

PA

DP

15%

85%

0%

 

Clasificación Lykken

 

Conclusión: La mayoría de los penados evaluados corresponde, según Lykken, a Personalidades Antisociales, siendo minoritarios los casos de sujetos primarios, con presumible menor nivel de peligrosidad que el resto. Según la primera clasificación empleada, la mayor parte de penados evaluados tienen un funcionamiento antisocial, adquirido y reforzado durante su interacción con medios violentos y deprivados socio-cultural-afectivamente, con altos niveles de reincidencia; el segundo grupo en orden descendente de frecuencia, corresponde al de agresores sexuales, cifra mas alta que otras registradas a nivel nacional e internacional, lo cual puede deberse a los niveles de problematización y degradación de la sexualidad en la región, lo cual influye en las representaciones sociales que se tiene acerca de la sexualidad; le sigue la categoría de conducta antisocial de adulto, luego el trastorno antisocial de personalidad y la minoría está penada por delitos organizados. Este último dato puede deberse a que en Venezuela los delitos organizados se han venido produciendo recientemente, ya que su incidencia era mínima en décadas anteriores.

 

4. Existe actualmente un creciente consenso en la necesidad de orientar la prevención tanto a la reducción de las variables de riesgo como al desarrollo o potenciación de las variables protectoras. Por condiciones de riesgo suele hacerse referencia a aquellas que aumentan la probabilidad de que se produzcan problemas graves de adaptación social. Y como condiciones protectoras o compensadoras del riesgo se consideran a aquellas que disminuyen dicha probabilidad (Cichetti y Rizley, 1981; Jessor, 1992; c.p. Pironti y Henríquez, 2001). La identificación de ambos tipos de variables es, por tanto, uno de los requisitos necesarios para llevar a cabo una intervención preventiva, vía indispensable para modificar los esquemas reforzadores de la conducta transgresora.

 

En uno de los primeros intentos de categorizar las condiciones protectoras y de riesgo, Albee (1980) destaca cinco factores, que con propósitos descriptivos sitúa en una fracción. La ecuación queda formulada de la siguiente forma:

 

"Un aumento de los determinantes orgánicos y del estrés contribuye a aumentar la incidencia de los problemas; factores que se sitúan por tanto en el numerador de la fracción. Mientras que un aumento en las habilidades de afrontamiento, la autoestima y los grupos de apoyo disponibles contribuye a reducir dicha incidencia; factores que se sitúan por tanto en el denominador de la fracción" (Albee, 1980; c.p. Pironti y Henríquez, 2001).

 

La prevención es un concepto extraído del modelo de salud pública, aplicada al área de las ciencias sociales, y se sustenta en el consenso existente entre l@s profesionales del área social y de la salud, acerca de que actuar a nivel preventivo es significativamente más favorable para el/la individuo y la sociedad, que actuar a nivel de tratamiento y rehabilitación. Al individuo se le evita el sufrimiento de verse en una situación de desventaja, dolor y limitaciones que le impiden interactuar con su medio ambiente de manera satisfactoria. A la sociedad, en tanto, se le evita el alto costo que significa invertir en atención especializada para tratar y rehabilitar a personas cuyas situaciones en muchos casos, dejarán secuelas irreversibles, las cuales deberán ser asumidas indefinidamente por la sociedad; en el caso de la conducta transgresora, cuesta también en términos de los riesgos de violentar los derechos humanos básicos, asunto que poco es tomado en cuenta.

 

5. Si se recuerda tan solo que los penados han sido víctimas de maltrato, a la vez que se han involucrado en acciones contra los derechos de l@s otr@s, se puede comprender la necesidad de los equipos profesionales (Delegados de Prueba) de conocer la historia de violencia y maltrato en los casos atendidos, ya que lo contrario implica dejar sin intervención uno de los mas contundentes factores de riesgo presentes en esos casos.

 

6. El maltrato como fenómeno social, tiene un doble impacto: por una parte se encuentran los daños individuales de quien lo vive y lo padece y por otra, la consecuencia colectiva que, por lo que ha podido observarse, es un ciclo de violencia que parte de una violación de derechos individuales y llega a daños socio-culturales de gran cuantía. Las cifras mundiales y las nacionales sobre hechos violentos, abusos y maltratos en todos sus niveles y modalidades, son suficientemente relevantes como para entender la necesidad de prevención en todos sus niveles. Es pertinente considerar especial atención en relación a la noción de tolerancia a la violencia en la sociedad. Es cierto que en la bibliografía, en las recientes investigaciones en el área (Agudelo, 1994; Blanco, 1997; Pedraza, 1998; Díaz Aguado, 2000, por ej.; c.p. Henríquez y Flores, 1998) e incluso en las opiniones de los/as funcionarios/as encargados/as de la atención de transgreso@s, de prevención del delito, etc., es común la opinión de que ha habido un aumento del índice de violencia social y que esta genera un circuito difícil de romper. Sin embargo, ¿cómo entender esta tolerancia en sociedades donde existe un riesgo inminente de colapso por violencia?

 

7. En términos de pronóstico, este parece ser mejor en cuanto los comportamientos violentos o maltratantes en el/la victimari@ resultan -aunque habituales- de un impulso o llevada al acto de una tendencia pulsional, a la vez que los componentes cognitivo-emocionales no estén rígidamente ubicados en el ciclo de violencia.

 

8. La reciente incorporación de nuevas leyes como la Ley Orgánica de Protección a Niñ@s y Adolescentes, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre los Géneros, y las Reformas recientes a la Ley de Régimen Penitenciario y al Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, crean y denuncian a la vez dos realidades: por una parte, la necesidad de abordar desde nuevas y eficientes perspectivas los problemas sociales con asidero jurídico-legal y por otra, cimentar la base psico-socio-jurídica para el ejercicio de derechos en miras a la construcción de una sociedad libre y justa. Se trata de que efectivamente estamos en un tránsito hacia el cambio de paradigma, hacia uno donde se respete el saber derivado de todas las disciplinas y sus profesionales, uno donde el ejercicio personal de derechos sea la base para la práctica profesional, donde la responsabilidad de una acción sea comprendida como individual y colectiva y donde el límite venga puesto por el posicionamiento ético como sujetos.

INTERPRETACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

 

El constructo psicopatía ha representado históricamente una de las categorías clínicas más polémicas. Desde las concepciones más biologistas hasta las mas moralistas, pasando por todo tipo de explicaciones mágico-religiosas, la trasgresión a la norma social y la violencia dirigida a otros han sido foco de interés desde múltiples disciplinas: el derecho penal, el penitenciarismo, la religión, la criminología y los sistemas de salud mental y bienestar social. Las teorías de la personalidad y el intento por delimitar perfiles de los delincuentes han sido dos aspectos fundamentales para desarrollar la etiología y valoración clínica de la psicopatía. En este sentido, es importante resaltar la diferencia entre conducta o acto y disposición o rasgo. La conducta puede concebirse como el resultado de la actividad de un individuo, producida como consecuencia del efecto del ambiente y su interacción con aquél. Por otra parte, un rasgo es una característica o atributo del sujeto que le predispone a actuar de un modo determinado en una situación dada. Ello no implica que esta predisposición requiera necesariamente del despliegue de acciones observables del sujeto frente a las situaciones predisponentes, dado que la manera en que el sujeto haga uso de esos rasgos, interactúe con el ambiente y sus objetos, adquiera nuevos hábitos y cree nuevas necesidades, constituyen modelos únicos de comportamiento idiosincráticos.

 

En base a todo lo anterior, las clasificaciones en salud mental empleadas universalmente han distinguido, en relación al concepto de psicopatía y obviando este término, dos categorías diagnósticas: el trastorno de personalidad antisocial (TPA) y el comportamiento antisocial del adulto (CAA). Es bien conocido a través de la literatura especializada que la mayoría de las cárceles mundiales poseen un bajo porcentaje de reclus@s diagnosticables con trastornos de personalidad antisocial. La mayoría de la población penitenciaria mundial puede ser clasificable en dos grupos: uno correspondiente al comportamiento antisocial del adulto y el segundo ubicable en categorías dependientes del delito cometido. En este segundo grupo se encuentran algunos abusadores sexuales, traficantes y/o consumidores de droga y homicidas seriales, grupo que por sus características criminológicas merecen especial atención.

 

En Venezuela un 28% de la población penitenciaria nacional es estimada con posible trastorno de personalidad. En la muestra estudiada, un 15% se diagnosticó con TPA. Mientras que el 20% corresponde a CCA, esta última categoría con necesarios ajustes en función de la población estudiada. Considerando esta muestra como representativa de la población de penados de la Región Oriental, y habiendo sido diagnosticados ya iniciado su período de cumplimiento de pena, puede inferirse que, aun comenzado el tratamiento penitenciario (intra o extramuros), los sujetos continúan manifestando un funcionamiento antisocial, lo que les hace proclive a la reincidencia.

 

En otras categorías fueron ubicados los sujetos penados por delitos sexuales (primarios o reincidentes), cuyo historial delincuencial únicamente corresponde al mismo tipo de delito (89 %). Esta categoría se separó de las anteriores debido a la falta de correspondencia entre el conjunto de síntomas o conductas de este delito respecto a los otros. Puede incluso decirse que es difícil realizar un perfil psicosocial del abusador sexual de la Región Oriental venezolana debido a que, si bien comparten características clínicas básicas e historiales sociales con episodios comunes, no es posible establecer una categoría diagnóstica propiamente dicha ya que tal como lo señala Echeburúa (1999), no existe un abusador sexual sino tantos tipos como formas de abuso y manifestaciones de este hay. Es mas frecuente, hallar similitudes psicológicas propiamente dichas que psicosociales en el grupo de abuso sexual. Las características comunes encontradas en la muestra estudiada pudieran entonces servir tan solo de guía para un trabajo clínico-criminológico mas profundo.

 

La última categoría extraída a partir de la muestra ha sido catalogada delincuencia organizada (5%); en esta categoría se agrupó un mínimo de sujetos diagnosticados por el equipo evaluador, habiéndose incluido personas cuyas conductas remiten a la pertenencia a grupos organizados de bandas con fines estrictamente lucrativos.

 

Habiéndose empleado la clasificación anterior para ubicar a los sujetos de la muestra estudiada fue posible evidenciar que la mayor parte de penados tienen alta probabilidad de reincidir por mantener un funcionamiento antisocial.

 

Sin embargo, la clasificación de la personalidad de los trasgresores aportados por Lykken permite ubicar a todos los sujetos de dicha muestra satisfactoriamente también, corroborándose la anterior conclusión.

Volver a la pregunta inicial. Que tipo de sociedad deseamos construir? Y unir esfuerzos en tal sentido.

"La no-violencia es creer... en la fuerza de la verdad, la justicia y el amor."

Hélder Cámara.

 

PARTE IV. VISION FUTURA

 

Sin duda, considero muy personalmente, que en Venezuela nos encontramos en un período de transición en el que la efervescencia sociopolítica actual no ha permitido revisar la interrogante que inspira este trabajo. Pese a esto, la incorporación de facto de nuevas leyes y códigos, con lineamientos filosóficos y teóricos emergentes, con miras al desarrollo y al pleno ejercicio de derechos humanos, derechos para tod@s, nos dice que es el momento para ir decodificando los esquemas sociales que han mantenido nuestra conducta frente a la ley. El reto está en descubrir esos valores y contribuir al alcance de ese ideal social, que pareciera va en dirección coincidente con las el de las Naciones Unidas: un paradigma de comprensión y cooperación interhumana y una doctrina de justicia social. Este reto es complejo: parte por aclarar si lo anteriormente planteado es verdaderamente una necesidad social, contrastando lo que socialmente se ha mantenido como deber ser en los distintos momentos históricos; ello requiere de una capacitación académica rigurosa, pero sobre todo implica asumir responsablemente el cambio de paradigma y de doctrina, comprender que la realidad se construye socialmente, que no existen verdades absolutas y que el conocimiento se desarrolla histórica-socio-culturalmente a partir del aporte práctico y de la investigación científica; significa una apropiación vivencial, una introyección de una postura global de defensa de los derechos humanos en toda su extensión (Pérez, 2003).

 

Estamos ante un momento de reflexión, análisis y hasta podría decirse, de prevención; esperemos llegar a un momento de bienestar y concientización plural. En este trabajo exploratorio quisiera tal solo exponer algunas de las ideas que pudieran incluirse en un próximo proyecto de país:

 

Asunción global del principio de co-responsabilidad en la prevención de delitos, que no es otra cosa que un compromiso de acción coordinada.

Coordinar políticas perdurables de acceso equitativo, masivo, a la salud, a la educación y a fuentes de empleo compatibles con la capacitación.

Revalorizar la educación formal en todas sus instancias y niveles, facilitando no sólo el acceso a la misma, sino también evitando la deserción temprana.

Facilitación de programas masivos de educación – formación alternativa en el área de sexualidad, drogas, ecología, formación ciudadana y educación para la no violencia.

Reformular en el núcleo familiar los lineamientos básicos de desarrollo moral, resaltando su importancia para la vida cotidiana.

En el ámbito judicial-penal, es necesario capacitar y especializar a l@s encargad@s de la co-administración de justicia y facilitar la introyección de nuevos paradigmas en ciencias jurídicas.

El aspecto anterior incluye la concientización respecto a la necesidad de planificar la intervención a brindar a la población penal, constituyendo grupos multiprofesionales, elaborando proyectos con basamento científico actualizado y tomando en cuenta la realidad de la población a atender.

Dirigir esfuerzos hasta lograr en equipo realizar un trabajo transdisciplinario, donde cada profesional comprenda el aporte de su disciplina y el de las restantes que participen en la discusión de un caso. Entender y enfrentar la violencia son tareas sociales transdisciplinarias, interinstitucionales, transnacionales y multifocales, pero en las cuales cada persona, cada institución, cada campo práctico o disciplina puede y debe hacer mucho.

Abandonar patrones subjetivos-paternalistas de administración de justicia y asumir con responsabilidad y ética profesional el cambio de paradigma y el cambio social implicado. El camino está por construirse: el reto está en atravesar este puente entre el paradigma antiguo y el emergente con cuidado y esmero, para que podamos continuar cotidianamente avanzando hacia el logro de una cultura de paz y tolerancia; donde se faciliten caminos en vez de asistir el drama de otros; donde se potencien virtudes en vez de regalar dones superficiales y perecederos; comprendiendo que toda conducta humana se da en un complejo dinámico y que el cambio posible parte de conocer la conducta y el proceso implicado; donde se sustituya la actitud paternalista y de empoderamiento, por una de respeto por el pensamiento libre, creativo y responsable.

Sustituir la intervención psicosocial dirigida a la población transgresora basado en modelos asistenciales por otros de corte ecológico, sistemático e integracionista, que den cabida a la participación transdisciplinaria.

 

Tratar de enfatizar la acción sobre los agentes socializadores más que sobre l@s "posibles transgresor@s", aunque sin perder jamás la perspectiva de potencialidad de los roles de víctima-victimari@ en cada caso.

"Así la prevención no es sólo una cuestión de modificar factores puntuales de riesgo y conductas desviadas, la prevención de la violencia, en sus raíces, significa también modificaciones de fondo en la cultura, en las prácticas políticas, en el ordenamiento económico y en la institucionalidad vigente -trascender las relaciones inmediatas y contribuir a reconocer los trasfondos reales, los mensajes cifrados de la violencia, es una de las tareas urgentes en la agenda de la salud pública frente a la violencia. El caso de la violencia intra familiar es un buen ejemplo. Es necesario describirla, mapearla, cuantificarla y mirar el entorno inmediato y se requieren medidas, de corto, mediano y gran alcance. Los altísimos índices de violencia en este espacio socialmente mistificado podría indicar que son su propia estructura y dinámicas básicas las que están en crisis" (Agudelo, 1994).

En Venezuela, el gremio psicológico ha acostumbrado actuar e intervenir desde lo micro, desde lo idiográfico, desde lo individual y privado. Si bien el principio de corresponsabilidad es indispensable para enfrentar los retos sociales contemporáneos, lo que remite a que todas las partes asociadas a un evento social comparten responsabilidad al momento de evaluar y resolver un problema dado, no hay duda de que el llamado a l@s psicólog@s a la participación y al compromiso para con el proyecto de país y de continente en construcción es inminente. Se trata del compromiso como ciudadan@s, como profesionales de la psicología, como conocedor@s del marco jurídico y como seres humanos con deberes y derechos.

Todo lo anterior, volcarlo hacia una reforma penitenciaria coherente, global, profunda, que lleve al ejercicio de derechos-deberes en pro del desarrollo humano de penados y de la comunidad.

Y es que se ha estado tratando el tema de los valores: la crisis de la que tanto se habla, no es otra que el cuestionamiento que hacemos en relación a "¿qué tipo de sociedad queremos tener actualmente, qué valores deseamos hacer prevalecer frente a otros?".

 

"El derecho a la vida y la valoración suprema de la libertad que disfrutamos en nuestros días, nos demanda mirar al ya iniciado Siglo XXI confiando en el ser humano y en su posibilidad de reparar el daño provocado por vías cada vez menos anuladoras de la dignidad esencial e inalienable que se encuentra en cada persona bajo el respeto de los derechos humanos y con una perspectiva integradora."

Jesús Núñez Peña y Miguel Clemente Díaz (1997)