ANÁLISIS PSICO JURÍDICO DEL PROCESO DE VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

 

Luz Amparo Salazar Arango

Paola Enith Vásquez González

 

Teniendo en cuenta la situación a la que se ve enfrentada la niñez colombiana en el marco del conflicto armado interno y el interés puesto sobre el mismo por parte de algunas instituciones, reflexionamos sobre la posición que han asumido la sociedad y el Estado, frente al desarrollo del conflicto armado colombiano y la influencia en la niñez colombiana. Basados en esto, surge entonces el cuestionamiento sobre los aspectos que inciden en la vinculación y la desvinculación de los niños, niñas y jóvenes de los grupos insurgentes; convirtiéndose ésta en una fuente de interés de la psicología y en especial de la psicología jurídica, marcando las pautas para intervenir sobre un terreno más contextualizado que permita el reconocimiento de sus derechos fundamentales; por consiguiente, el siguiente documento se fundamenta en la psicología y su relación con el derecho y pretende analizar cómo la presencia de profesionales en psicología jurídica pueden dar respuesta oportuna en la atención a víctimas, agresores y que de igual forma, capaciten, asesoren y acompañen los procesos que se relacionan directamente con la atención de los niños, niñas y jóvenes de los grupos armados al margen de la ley que entran a formar parte de los procesos de desvinculación propuestos por el Estado.

 

Al acercarnos a la definición de psicología jurídica, sus campos de su profundización y la relación de ésta con el conflicto armado colombiano, logramos develar muchos aspectos pertinentes con la estructura del mismo, su relación con la ley y especialmente con el tema de la vinculación de la población civil, en particular de niños, niñas y jóvenes como participantes activos en las confrontaciones armadas entre gobierno e insurgencia.

 

Si bien, el comportamiento de las víctimas, compone una de las áreas de aplicación de la psicología jurídica, lo hace en especial la rama de la victimología, que dentro de sus objetivos busca estudiar a las víctimas directas e indirectas de un delito, su descripción, relaciones, y las predisposiciones personales, psicológicas y sociales que producen los procesos de victimización, así como la dinámica interpersonal en el crimen, en este caso particular los niños, niñas y jóvenes vinculados y desvinculados al conflicto armado colombiano, quienes dentro de éstos dos procesos se enmarcan como víctimas, puesto que son ellos los que padecen daños físicos y mentales al entrar en contacto directo con las hostilidades. Bajo esta perspectiva, podríamos decir que los menores vinculados al conflicto armado interno, por encontrarse en condiciones especiales, aún no comprenden la ilicitud de sus actos por inmadurez psicológica, lo que los lleva simplemente a actuar por un deseo de venganza o por la situación vivida en sus hogares, caracterizados la mayoría de veces por violencia intrafamiliar y abusos de poder por parte de padres o padrastros, factores que unidos a la situación vivida en algunas poblaciones o el constante contacto con los insurgentes, motivan a un niño(a) o joven a pertenecer a un grupo armado al margen de la ley, donde las opciones ofrecidas empiezan a tener más peso, como por ejemplo el dinero y el poder a través de un arma.

 

Paralelo a lo anterior, encontramos que el déficit de políticas de Estado sociales y de juventud encargadas de promover el desarrollo y la potencialización de habilidades propias de la niñez y de la adolescencia, favorece la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto, situación que es aprovechada por los grupos armados al margen de la ley, ya que vinculan menores por su ímpetu y por la obediencia demostrada en sus entrenamientos, además si tenemos en cuenta que los niños (as) y jóvenes, provienen de poblaciones en conflicto, que es lo que usualmente sucede, los imaginarios de guerra que traen facilitan por supuesto su adaptación al grupo armado.

 

Esta situación conlleva otro tipo de consecuencias en el ámbito psicológico puesto que los menores presentan desórdenes emocionales severos y sus proyectos de vida ya no tienen un sentido congruente con las expectativas del medio social al que pertenecían y al que en algún momento han de volver nuevamente.

 

La presencia de un profesional especializado en la atención a víctimas del conflicto armado es un primer paso para la adecuada intervención que ellas requieren en un inicial momento de encuentro con el aparato judicial al que se ven enfrentados una vez dejan sus armas y se someten a las condiciones establecidas por el Estado. La situación de los niños (as) y jóvenes que viven las circunstancias propias de la guerra en cada una de las facetas, como el uso del poder, la fuerza y la violencia como estrategia de supervivencia o de relación, hacen que su recepción e intervención requiera de asesoramiento en las medidas a aplicar comprendiendo realmente la situación de los niños y las posibilidades de atención, tratamiento y seguimiento cuando sea necesario.

 

Si bien ya hablamos de víctimas como objeto de estudio de la psicología jurídica y la victimología, cabe anotar entonces, que los agresores, su perfilación, alternativas de recuperación y tratamiento constituyen de igual forma pilares de estudio de las mismas.

 

Al revisar la historia, observamos que en las últimas décadas la violencia ha enmarcado de forma significativa las memorias sobre la evolución de nuestro país, inicialmente fue la lucha de poder entre partidos políticos que dejó miles de muertos, desplazados y viudas; y posteriormente las desigualdades sociales y la ausencia de justicia llevaron a que se gestaran organizaciones con objetivos e ideologías específicas que buscaban minar las estructuras jerárquicas que de alguna forma excluían a los menos favorecidos y los colocaban en posición de indefensión frente a los poderosos.

 

Desde entonces, la población civil ha estado inmersa dentro de la estructura de la guerra, apoyando o repeliendo los ataques de los diversos grupos, ya sean éstos armados o no, en pro de salvaguardar sus vidas. No obstante, sabemos que es el Estado el encargado de proteger y velar por el cumplimiento de garantías y derechos como ciudadanos, pero notamos que en los inicios de la guerra civil fue el mismo Estado quien persiguió, desplazó y torturó a los ciudadanos con excusas de corte político, convirtiendo a la población civil en víctima de una guerra sin sentido.

 

Por lo tanto, la población civil y en particular los niños, niñas y jóvenes han sido victimizados, revictimizados y olvidados. El proceso al que se encuentran sometidas las víctimas de los diferentes delitos se puede, contemplar en cuatro fases, en donde también se tiene en cuenta el conjunto de factores que acaecieron para que se presentara dicha situación, éstas etapas son la victimización primaria, secundaria, terciaria y en cuarto grado.

 

Vemos entonces, una primera forma de victimización, entendida esta como la relación entre las víctimas y los autores de los hechos punibles, en este caso los llevados a cabo en cabeza del Estado, quien como juez y parte del conflicto vulneró de forma degradante derechos sustanciales de quienes formaban su estructura, permitiendo que la estigmatización por colores políticos y de partidos llegara a transgredir las mínimas reglas de convivencia ciudadana.

 

Así mismo, tenemos la victimización a la que fue expuesta la población civil, luego de la creación de grupos irregulares alzados en armas, quienes aprovechando la situación de vulnerabilidad de la ciudadanía conformaron sus filas inicialmente en defensa de los más débiles, pero que con el paso del tiempo, la tecnificación de la guerra y la pérdida de ideologías claras de contienda, terminaron alzados contra los mismos ciudadanos por quienes se hacía la lucha en sus inicios. De esta forma, la población civil resultó violentada y revictimizada por los grupos al margen de la ley, que dentro de sus estrategias vinculaban personas del común y por ende los pobladores fueron quienes comenzaron a poner los muertos de la guerra y hasta los mismos actores armados; es decir, los hombres, mujeres y niños que resultaron involucrados en la misma por la inasistencia del Estado que no logró controlar el crecimiento de dichas organizaciones insurgentes o por el reclutamiento forzoso del que fueron víctimas en razón de la lucha armada en sus poblaciones de origen.

 

Siguiendo este orden de ideas, los niños(as) y jóvenes que se vinculan a los grupos alzados en armas son victimizados en un primer momento por dichas organizaciones, puesto que violentan sus derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la unión familiar, etc. siendo excluidos una vez más de la sociedad, desadaptados de su proceso de desarrollo, y utilizados como escudos humanos, informantes u objetos sexuales en el caso de las niñas, según lo reporta la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones.

 

Observamos en este punto que estando dentro de los grupos armados ilegales, los menores son victimizados, los reglamentos que rigen los frentes, grupos o filas son en su mayoría tendente a la minimización de garantías y respeto por los derechos, las labores que deben llevar a cabo, las situaciones que deben solventar, la imposibilidad de ver a sus familiares y por supuesto, las infracciones cometidas al Derecho Internacional Humanitario, empezando por la vinculación de menores de edad en los grupos alzados en armas, son sólo unos pocos motivos que se encuentran para la deserción y entrega al Estado.

 

Con la agudización del conflicto armado interno aumentó la vinculación de menores de edad y empezó otra de las formas de victimización, definida esta como victimización secundaria, dada por la inadecuada intervención del Estado, sus instituciones y profesionales encargados de impartir justicia. En este caso particular la victimización la ejerce el Estado dada la incapacidad del mismo para evitar la violación de derechos y la prevención de la vinculación, a través de estrategias contundentes de educación, capacitación, salud, seguridad; es decir, condiciones mínimas para lograr sobrevivir en un medio inhóspito como el que se vive actualmente en Colombia.

 

Es interesante observar cómo el Estado ha asumido una actitud pasiva frente a la dinámica de la violencia en el transcurrir del tiempo y no se ha interesado en la preponderancia que se le debe asignar a los derechos de los menores que se encuentran inmersos en el conflicto interno, situación que se evidencia en la parsimonia manifestada al no agilizar proyectos tan importantes como la reforma al código del menor y el proyecto de Ley 180 de 2001 por el cual se dictan las normas para la protección y atención integral de los niños, niñas y adolescentes reclutados u obligados a participar en hostilidades o acciones del conflicto armado.

 

De igual forma, sucedió en el caso de las autodefensas, que hasta hace poco se les hizo el reconocimiento político para que sus desvinculados también gozaran de los beneficios que el Estado les otorga por la desmovilización y dejación de armas, pues dicho grupo también vincula directamente dentro de sus filas a menores de edad vulnerando sus derechos.

 

El fenómeno de la desvinculación es relativamente nuevo, los procesos de desmovilización se han dado de manera grupal y en la actualidad comienzan a aparecer con mayor auge de manera individual; sin embargo, esta situación no es del todo alentadora puesto que la existencia de programas de atención a víctimas del conflicto armado no cuenta con especialistas en el área y con la cobertura a escala nacional para la recepción y atención; por tanto, la intervención se dirige a otro tipo de problemáticas distales del impacto del conflicto armado, sobretodo en lo que se refiere a la vinculación y desvinculación de niños, niñas y jóvenes, siendo esta una de las formas de victimización secundaria dentro de la desvinculación.

 

El proceso por el que pasan los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado está constituido por diversas momentos o etapas que en ocasiones sólo complican la situación especial por la que atraviesan dichos menores, puesto que facilitan y permiten la victimización de los niños(as) en casos como por ejemplo, el tiempo que debe transcurrir desde que el menor es presentado a las instituciones y funcionarios competentes en el caso de desvinculación de grupos al margen de la ley que no puede ser superior a 36 horas; sin embargo, en las investigaciones publicadas por la Defensoría del Pueblo, se encuentra que en ocasiones este tiempo no es respetado y los niños (as) son utilizados para extraer información reteniéndolos sin justa causa y privados de ser entregados inmediatamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, convirtiéndolos una vez más en víctimas, pero esta vez en víctimas directas del Estado.

 

Otra forma de victimización secundaria presentada en el proceso de desvinculación se relaciona con las instancias por donde deben pasar los menores antes de ingresar al programa de atención a menores desvinculados del conflicto, pues deben rendir declaración al juez, al defensor y por supuesto hablar de su situación a la persona a la que se entregan o son entregados.

 

Se presentan casos en donde la falta de conocimiento de la legislación que en el momento existe frente al tema lleve a que se confundan, el proceso de entrega voluntaria de menores de edad con el de personas adultas de los grupos armados ilegales; ya que para ellos hay un tratamiento muy similar al que se les está dando a los menores y en donde es clara la ley en las diferencias que se encuentran entre uno y otro proceso. Además de esto se encuentra que los funcionarios encargados de estos procesos no conocen a ciencia claramente qué beneficios y procedimientos se deben seguir con los niños, niñas y jóvenes.

 

Es deber del Estado y como estrategia para reducir los efectos negativos de la revictimización, ofrecer a las víctimas el tratamiento debido estableciendo en primer lugar compromisos para que se de prioridad a la resolución de la situación legal, familiar y educativa de los niños, niñas y jóvenes; así como, el énfasis en el diseño de programas integrales donde se ofrezca una adecuada y oportuna atención psicosociojurídica a los niños, niñas y jóvenes vinculados a grupos al margen de la ley.

 

Si hablamos de victimización impartida por las instituciones estatales, podríamos igual hablar de pasividad de la población frente al interés puesto en la planeación y ejecución de normatividades que protejan de manera real a la población civil; la concepción de Estado paternalista y asistencialista manejada a través del tiempo, toma en este punto particular una connotación diferente puesto que el cambio en los ordenamientos debe provenir primariamente de los realmente interesados; por consiguiente, la revictimización y la victimización terciaria, si ha de llamarse así, competen no sólo al Estado sino a la sociedad en general como agente protector de los más débiles, en este caso la niñez.

 

Vemos entonces cómo la sociedad se convierte en elemento constitutivo del círculo vicioso de victimización al que son expuestos los niños(as) y jóvenes, porque si bien la sociedad se ha pronunciado en contra de la vinculación, no ha hecho en realidad nada contundente para que deje de suceder; por el contrario, excluye y estigmatiza al que haya pertenecido a un grupo al margen de la ley, y por lo tanto, una vez más los niños (as) se ven victimizados, esta vez por el sistema social por el que dicen luchar sus comandantes y líderes. Entonces, ¿La sociedad si se encuentra preparada para recibir sin mayores pretensiones y prejuicios a aquellos que se desvinculan del conflicto, ya sean menores o no?.

 

Esta forma de victimización ejercida por la sociedad en el proceso de desvinculación, se caracteriza porque la asignación de nuevos roles y responsabilidades sociales dificultarían en un principio la adaptación por el estilo de vida que llevaban los menores dentro del grupo armado al margen de la ley y por las alternativas que encuentran al salir a la vida civil, pues si bien éstas son bajas para los profesionales que abundan en la sociedad, ¿cómo serán para los jóvenes que deciden reinsertarse y sólo conocen ahora los oficios aprendidos en el programa del Estado o en su grupo armado?.

 

Así como la población civil victimiza a sus miembros, también ella se convierte en ficha clave del proceso de victimización del que hemos venido hablando, encontramos la victimización en cuarto grado, referida a la victimización a la que son expuestas las personas indirectamente víctimas del delito, es decir las que rodean a la víctima; no obstante, según la situación de vulneración de derechos vivida en nuestro país, la mayoría si no todos los ciudadanos padecen de una cuarta victimización, en lo que concierne a la vinculación de menores al conflicto armado interno, tenemos la destrucción del tejido social que lleva consigo la situación de desplazamiento forzoso, que a su vez integra dentro de su estructura la pérdida de bienes familiares, materiales y personales. Por consiguiente, las familias se ven victimizadas; por un lado, porque viven en zonas donde los fuegos cruzados facilitan que se tome partido frente al conflicto, razón por la cual son víctimas de amenazas si deciden rebelarse contra los insurgentes; y por otro, porque sufren la partida de sus hijos, quienes son llamados, forzados, manipulados o seducidos a participar directamente de las hostilidades.

 

La victimización a la que se ven expuestos los familiares de los niños, niñas y jóvenes en el proceso de desvinculación se relaciona con el hecho de que son ellos mismos los que en muchas ocasiones desean volver a tener a sus hijos cerca, pero por motivos de seguridad, los jóvenes mismos y/o el Estado prefiere tenerlos bajo cuidado como medida de protección especial; por consiguiente, los lazos familiares se ven resquebrajados por el miedo, la amenaza o simplemente por la falta de voluntad de alguna de las partes para recuperar el vínculo. Sin embargo, el objetivo primordial del programa ofrecido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está dirigido a la reintegración del menor a su medio familiar, educativo y social, objetivo compartido de igual forma por la psicología jurídica y su relación con el derecho de familia, al querer lograr que se acojan nuevamente las familias dentro de un proceso de adaptación y reinserción congruente con las necesidades especiales de los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado interno.

 

Si bien el psicólogo jurídico y sus actuaciones son pertinentes en el campo de la atención a víctimas de la violencia, también lo es para los procesos legales que se suscitan dentro de la desvinculación de niños del conflicto armado colombiano. En este punto no hay que olvidar que si bien el Estado ha sido de una u otra forma verdugo de sus ciudadanos, también es él, el que ha intentado formas de protección para los mismos como es su deber. Como se dijo en líneas anteriores, la parsimonia del mismo en la atención y rehabilitación de niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano ha llevado a que se revictimicen los menores y se preste una atención especializada de manera errada. Afortunadamente en la búsqueda de soluciones para resarcir los derechos de los niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos ilegales al margen de la ley, el Estado creó el programa de atención a las víctimas del conflicto armado que funciona a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del que se busca reestablecer los derechos que a los menores les han sido vulnerados, brindándoles la oportunidad de crear un nuevo proyecto de vida. Por tanto, es tarea del psicólogo jurídico, asesorar y acompañar dichos procesos para que cumplan el objetivo para el que fueron creados los programas especializados.

 

En este sentido, el Estado lo que pretende es saldar cuentas pasadas y obtener reconocimiento por sus falencias, ¿pero acaso un acto de justicia tardía puede resarcir los derechos que han sido violados, vulnerados y obviados dentro de una guerra como la vivida en nuestro contexto? Y ¿en qué medida el Estado puede garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados ilegales, si en la actualidad no se ha logrado establecer el pleno cumplimiento de los derechos de la población en general?.

 

Para dar una respuesta a los cuestionamientos planteados, podríamos hablar entonces de una justicia restaurativa como la esbozada por el criminólogo contemporáneo Beristain, A. (1998) al proclamar un innovador sistema recreativo que dentro de la dogmática penal se debe a las víctimas, por justicia y no por caridad, una completa atención recreadora, una reconciliación entre la víctima y el victimario. Esta reparación de las víctimas debe proclamarse como la primera finalidad de ésta y otras sanciones penales.

 

Bajo este paradigma recreativo propuesto por Beristain, el deber del delincuente, pero también de la víctima y de la sociedad, es reconocer el daño causado por su acción y comprometerse a recrear una convivencia futura, de ahí parte que el Estado colombiano haya empezado a pensar en la reparación de su inoperancia a través del programa de atención a víctimas del conflicto armado interno; por tanto, el Estado como garante de derechos, viene asumiendo la responsabilidad de reparar las infamias ocurridas en el pasado, orientándose a la reconciliación con sus víctimas y con los rebeldes que han optado por la vía armada para la solución del conflicto y lucha por la igualdad.

 

Es deber de la sociedad y el Estado velar porque se respeten los derechos humanos en cualquier circunstancia, así como es deber de los profesionales de las ciencias sociales entrar a formar parte del equipo que vive y recrea una justicia diferente para todos, basada en el reencuentro y por qué no, la reconciliación. Las víctimas no pueden quedarse en el olvido.

 

Otro campo de actuación de la psicología jurídica se relaciona con los profesionales, en este caso, las intervenciones directas que se hacen a los profesionales encargados de impartir justicia, que se traducen en los funcionarios públicos que recepcionan y atienden a los menores que se vinculan a los programas establecidos por el Estado para su intervención en caso de desvinculación de los grupos al margen de la ley, e igualmente, el estudio de los procedimientos judiciales que se hacen evidentes en el proceso de vinculación y desvinculación de niñez y conflicto armado colombiano, se constituyen también en temas que competen a la psicología jurídica dentro de su actuación en el medio legal.

 

Destacamos la importancia de la participación del psicólogo jurídico dentro del equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el diseño de los lineamientos técnicos y jurídicos, como por ejemplo, la unificación de objetivos y contenidos en los programas ofrecidos por los centros de atención especializada, pues mientras para unos lo prioritario es la intervención en el nivel psicológico y emocional, para otros lo realmente importante lo constituye la capacitación en oficios de corte tradicional de instituciones de reeducación. La estructura de vida de estos jóvenes y los imaginarios sobre los que se desarrollan dentro del grupo armado están distantes de ser congruentes con tareas u oficios propios de un estilo de vida que no les pertenece o que dejaron atrás por diversas causas; por consiguiente, es de vital importancia encausar de manera integral la adaptación a la vida civil a través de intervenciones heurísticas, pertinentes y dirigidas hacia un mismo objetivo, lejos de ideas guerreristas y de poder a través de la violencia, donde haya espacio para la reflexión y conformación de un nuevo proyecto de vida adecuado a sus capacidades y alternativas, todo con el fin de que éstos se adapten mejor a la situación dinámica del conflicto y se logre la satisfacción de las necesidades de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran dentro del proceso de desvinculación y así lograr restituir plenamente los derechos que les han sido vulnerados en repetidas ocasiones.

 

El programa de atención a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado interno consta de tres etapas, en este punto nos parece pertinente anotar que el actuar del psicólogo jurídico en la primera fase de atención (hogar transitorio) se enmarcaría en varios frentes, por un lado se dirige hacia los funcionarios encargados de recepcionar a estos niños, dándoles a conocer los procesos jurídicos que se llevan a cabo, las normas y los beneficios a los que tienen derecho, además de hacer énfasis en la relevancia que adquiere una adecuada intervención psicológica de primer nivel, en donde se individualice a cada menor en su situación particular para así estructurar adecuadamente los diferentes procesos que se llevará a cabo en las instituciones.

 

El psicólogo jurídico también puede actuar dentro del equipo interdisciplinario que acompaña al defensor de familia, para realizar una capacitación especializada permanente al personal que labora en los hogares transitorios, con el fin de reducir la victimización secundaria de la que son víctimas los menores desvinculados y así lograr la protección plena de sus derechos. Como profesional que hace parte del equipo técnico, el psicólogo jurídico puede actuar evaluando la exactitud y credibilidad del testimonio y el estado psicológico del menor. Por último; dentro de esta primera fase, el psicólogo jurídico puede intervenir realizando directamente con los niños, niñas y jóvenes asesorías, en donde ellos tengan conocimiento real de su situación legal y de los beneficios que gozan por su condición particular.

 

La segunda etapa del programa que ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su programa de atención a menores desvinculados del conflicto armado es el Centro de Atención Especializada, en esta etapa el psicólogo jurídico puede intervenir dentro el equipo interdisciplinario que acompaña al defensor de familia, asesorando la modificación de medidas y el egreso del menor del centro, teniendo en cuenta los informes que suministre el equipo técnico encargado del menor. También se brinda un servicio de acompañamiento al menor en su proceso de acercamiento con el entorno y con las diversas situaciones a las que se va a enfrentar en el futuro, además de dar a conocer en que punto se encuentra su situación legal.

Paralelo al proceso que se desarrolla en esta primera etapa, el Comité Operativo para la dejación de armas, debe encargarse de verificar la permanencia del niño, niña o joven en el grupo armado al margen de la ley en caso que se entregue voluntariamente; en esta instancia el psicólogo jurídico puede intervenir realizando la valoración de las circunstancias del abandono voluntario y evaluando la voluntad de reincorporarse a la vida civil que tenga el desmovilizado.

 

Finalmente se encuentran las Casas Juveniles, en las que se busca que los jóvenes construyan y vivencien su plan de vida, además de favorecer la convivencia en comunidad; en esta etapa la intervención del psicólogo jurídico no se hace tan evidente como se manifiesta en las etapas anteriores. Sin embargo, es pertinente que se haga un seguimiento a los niños (as) y jóvenes para así prevenir otra forma más de victimización.

 

El tema de la vinculación y la desvinculación de los niños, niñas y jóvenes de los grupos armados al margen de la ley, es un aspecto que a la luz de la psicología jurídica, no ha sido trabajado; por esto y teniendo en cuenta el contexto histórico, psicosocial y jurídico de los niños, niñas y jóvenes vinculados y desvinculados del conflicto armado interno colombiano, encontramos pertinente anotar que una de las áreas de menor interés ha sido la investigación, siendo ésta el punto de partida para evitar la vinculación como participantes directos de los niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado interno. Algunos de los puntos en los cuales se podría desarrollar investigación desde la rama de la psicología jurídica, sería en primer lugar, en el campo de la prevención, indagando las causas y patrones culturales de violencia, capacitación a la comunidad contra la vinculación; esto con el fin de participar en la formulación de leyes y lineamientos técnicos para la intervención en ésta población en particular. Otra de las áreas de investigación de dirige a la perfilación y estudios de personalidad, para comprender de mejor forma el "ser" y "actuar" de los niños, niñas y jóvenes desmovilizados y el seguimiento que a ellos se les realiza dentro de su proceso; además de buscar psicopatologías que coadyuven en la vinculación directa al grupo armado al margen de ley.

 

Es importante resaltar que la presencia de un psicólogo jurídico dentro de la estructuración de ordenamientos legales dirigidos al "ser" con el firme propósito de consolidar estrategias para la recuperación y tratamiento de víctimas, sería sólo una cara de la moneda en la infinita y pertinente actuación de un profesional del área social-humana y su vital importancia a la hora de intervenir en casos donde los ciudadanos se encuentran en conflicto con la ley penal, en realidad, se trata de estar al servicio de una mejor ley.

 

La actuación de profesionales en psicología especializados en jurídica permitirá, que la humanización de la justicia minimice el impacto de procesos de victimización por parte del aparato estatal y judicial, así como una mayor participación de familias, víctimas y ofensores dentro de un proceso que compete finalmente a toda la sociedad.